 |
I. HECHOS PROBADOS
PRIMERO. – En el año 1.989 El Salvador vivía un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que duraba ya más de 10 años.
Hacía una década, el 15 de octubre de 1979, un grupo de oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas da un golpe de Estado frente al Gobierno entonces presidido por el General Carlos Humberto Romero. Se constituye entonces una Junta cívico-militar que, entre otros cambios, pretendía reformar las Fuerzas Armadas, mediante el retiro o la expulsión de los mandos y oficiales que hasta entonces habían ostentado el poder.
Frente a ello, la milicia, las fuerzas armadas y sus aliados ultraconservadores respondieron lanzando una campaña de asesinatos masivos. Caracterizado por un patrón de extensas masacres, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, este terror apuntaba en su mayor parte a civiles no combatientes. Como resultado, El Salvador se vio inmerso en una guerra civil que duró una década, entre las Fuerzas Armadas y el FMLN.
El ejército salvadoreño se organizaba en tandas o promociones, en las que los grupos de oficiales permanecían Juntos durante su formación, se les nombraba a todos a la vez y posteriormente se les promocionaba al siguiente rango también en grupo, independientemente de sus méritos y de su rendimiento. Tradicionalmente, el poder rotaba de una tanda a otra, conforme al transcurso de los años.
La promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño del año 1.966, a la que pertenecía el acusado, Inocente Orlando Montano, fue conocida como “la tandona”, debido a que fue la clase más grande, más poderosa y cohesiva del ejército. Dado el tamaño inusualmente grande de esta promoción, los oficiales de “la tandona” esperaban gobernar al final de la década, una opción que habían estado anticipando desde por lo menos 1980. Un pequeño “círculo íntimo” al que denominaban “los compadres” gobernaba “la tandona”. El liderazgo, generalmente, pero no siempre, se obtenía graduándose como el mejor de la clase. Inocente Orlando Montano era miembro de este “círculo íntimo” y participaba en decisiones con los demás. Si “la tandona” era muy unida, este grupo era más unido todavía; pues tenían puestos de alto mando y tomaban decisiones clave mediante el consenso de “la tandona”.
Ante esta situación, los militares que formaban parte de “la tandona” se unieron para evitar las reformas que pretendía realizar la junta cívico- militar, retomando los principales puestos de mando de las Fuerzas Armadas, y reiniciando la guerra contra las principales organizaciones guerrilleras que, a su vez, aumentaron las acciones armadas.
En enero de 1980 los miembros civiles de la Junta presentan su dimisión, siendo sustituidos por dos miembros del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El día 24 de marzo de 1980 es asesinado, mientras oficiaba una misa, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, y firme defensor de la paz, propiciando el diálogo y la negociación para su consecución.
En el mes de octubre de 1980 se constituye el FMLN, organización guerrillera, que comienza a preparar la ofensiva militar que pretendían condujese a la insurrección popular y al establecimiento de un gobierno revolucionario.
La situación de conflicto armado interno que sufría El Salvador hizo que distintos gobiernos, europeos y latinoamericanos, así como organizaciones políticas intentaran abrir vías de diálogo entre las partes en conflicto.
En 1.982 se celebran elecciones a la Asamblea Constituyente, que redactaría una nueva Constitución Política de el Salvador. El Partido Demócrata Cristiano tan sólo obtuvo una mayoría relativa, con 24 de los 50 diputados de la Asamblea. Al no haber obtenido dicho partido la mayoría absoluta, y con el voto del resto de los diputados, resulta elegido como presidente provisional el miembro del Partido Conciliación Nacional (PCN), Álvaro Magaña, quien toma posesión del cargo el día 2 de mayo de 1982.
El 15 de julio de 1982, la Conferencia Episcopal de El Salvador exhortó a las partes implicadas en el conflicto salvadoreño a “abrirse a un diálogo sincero y de buena voluntad, y a poner de lado los intereses particulares o en grupo en favor de la paz en El Salvador”, lo que dio lugar a que el gobierno, a través de la constituida para tal efecto “Comisión de Paz”, y el FMLN mantuvieran contactos, que finalmente no fructificaron.
El 25 de marzo de 1984 se celebran elecciones presidenciales, y al no obtener ninguno de los partidos un porcentaje superior al 45% de los votos, se procede a una segunda vuelta electoral, el día 6 de mayo de 1.984, en la que resulta vencedor José Napoleón Duarte, del PDC, por un mandato de cinco años.
El presidente Duarte, en el discurso pronunciado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, convocó al FMLN a asistir a una reunión de diálogo, a celebrar en la ciudad de La Palma, el 15 de octubre, actuando como moderador el Arzobispo de El Salvador, reunión tras la que las partes emitieron un comunicado en el que manifestaban estar de acuerdo en constituir una comisión mixta, con cuatro delegados del gobierno y cuatro del FMLN, bajo la moderación de un miembro de la Comisión Episcopal de El Salvador, y con el fin de “estudiar propuestas de paz e las partes en conflicto, de incorporar otros sectores sociales, económicos, etc., en la búsqueda de la paz y, finalmente, de humanizar la guerra”.
Esta reunión tuvo continuidad en la realizada el 30 de noviembre de 1984 en la ciudad salvadoreña de Ayagualo, en la que se adoptó el acuerdo de continuar con el diálogo, acuerdo que no se cumplió al rechazar el gobierno las propuestas que en tal sentido le hizo el FMLN, si bien de nuevo se recupera en diálogo en una reunión entre ambas partes mantenida el Lima (Perú), el día 26 de abril de 1.986, a la que le seguiría otra reunión celebrada en México entre los días 20 a 23 de agosto de 1986, en la que se acordó celebrar una nueva reunión en Sesori, el día 9 de septiembre y reafirmar los acuerdos de La Palma y Ayagualo, si bien esta reunión no llegó a tener lugar.
El 26 de mayo de 1987, el FMLN presentó una propuesta de “18 puntos para la humanización de la guerra”, y convocó una reunión de alto nivel político y militar. El presidente Duarte finalmente acepta la reunión, a mantener los días 4 y 5 de octubre de 1987 en la Nunciatura Apostólica de San Salvador, y en la que se acordó apoyar las gestiones de paz de los presidentes de América Central, realizados en Esquipulas, Guatemala, el 7 de agosto de 1.987, y crear dos comisiones dedicadas a preparar los acuerdos sobre el alto el fuego y sobre los puntos de Esquipulas. Ambas comisiones se reunieron en Caracas (Venezuela), los días 21 a 23 de agosto de 1987, acordando reunirse nuevamente en México, entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre.
A causa del asesinato del presidente de la organización no gubernamental de los Derechos Humanos de El Salvador, Herbert Anaya, el FMLN decidió interrumpir el diálogo. Por otra parte, el secuestro de la hija del presidente Duarte supuso la paralización del diálogo emprendido.
En las elecciones de 1989, el partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que presidido por Roberto D´Aubuisson siempre había sido contrario a al diálogo o a la negociación con el FMLN, se presentó, bajo el mando de Alfredo Cristiani, esta vez como partidarios al diálogo para llevar la paz a El Salvador.
El FMLN formuló, el 23 de febrero de 1.989, una propuesta a fin de participar en las elecciones, como un partido político, consistente en que el Gobierno y las Fuerzas Armadas cesaran en la represión, encuartelar a los militares y para-militares el día del escrutinio, que se estableciera un código electoral y se garantizara el derecho a voto de los salvadoreños que se encontrasen en el extranjero, así como que se garantizara la no injerencia de los Estados Unidos en las elecciones. A cambio, prometía respetar el proceso electoral y a las autoridades municipales, observar una tregua militar de dos días antes y dos días después de la votación, y aceptar el resultado de las elecciones. Dicha propuesta no fue finalmente aceptada, ante lo que el FMLN hizo un llamamiento a la población a fin de que no acudiese a votar en las elecciones.
El 1 de julio de 1.989. Alfredo Cristiani tomó posesión como presidente electo de El Salvador y en su primer mensaje a la nación propuso al FMLN la apertura de un diálogo para conseguir una solución pacífica a la guerra. EL FMLN, a pesar de considerar como ilegítimo al gobierno de Cristiani, manifestó su disposición a negociar y el 29 de mayo hace una propuesta para retomar el diálogo con los partidos políticos y crear las condiciones para comenzar un proceso de negociación y diálogo. Finalmente, el gobierno y las fuerzas armadas aceptan iniciar conversaciones con el FMLN, y encontrarse en México los días 13 y 14 de septiembre de 1.989. Entre las propuestas que formulaba el FMLN, como en anteriores ocasiones, se encontraba la de autodepuración y profesionalismo de la Fuerza Armada, lo que conllevaba la pérdida de sus cargos de poder de los altos mandos, que en su mayoría formaban parte de “la tandona”.
El 11 de octubre de 1989, el FMLN vuelve a realizar una propuesta de negociación al gobierno, y con el fin de alcanzar la paz propuso, entre otras cuestiones, un alto el fuego para el día 15 de noviembre de 1989, condicionado, entre otros puntos, al enjuiciamiento de los responsables de la muerte de Monseñor Romero y a los implicados en los escuadrones de la muerte, y a la depuración, democratización y disminución del número de efectivos militares y hacer de la Fuerza Armada una institución profesional, disolviendo los cuerpos de seguridad para formar un solo comando civil.
El 16 de octubre de 1989, fecha en que se iniciaba un nuevo dialogo entre las partes en la localidad de San José (Costa Rica), el gobierno de ARENA y la Fuerza Armada responden favorablemente a la propuesta del FMLN, excepto en los dos puntos anteriormente mencionados, declarando el presidente Cristiani que nunca permitiría que el FMLN dictase la reestructuración de las Fuerzas Armadas.
La respuesta del FMLN no se hizo esperar, y el 25 de octubre de 1.989 emitió un comunicado en el que se decía que: "Sin la purga de las Fuerzas Armadas de sus miembros asesinos y corruptos, no hay ninguna posibilidad para la democracia, y sin democracia, no puede haber paz”
El 11 de noviembre de 1.989, el FMLN inició la ofensiva militar más importante del conflicto con éxito inesperado en la capital, San Salvador, que sorprendió a los líderes del ejército.
SEGUNDO. – La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, conocida como “UCA”, se fundó por la Compañía de Jesús en el año 1.965, como alternativa privada a la Universidad pública de El Salvador.
El sacerdote español Ignacio Ellacuría Beascoechea, comenzó a dar clases de filosofía en la UCA en el año 1967. Desde 1972 fue Jefe del Departamento de Filosofía. A partir del año 1976 dirigió la revista Estudios Centroamericanos (ECA) y en 1.979 fue nombrado Rector de la UCA y Vicerrector de Proyección Social, cargo que ocupaba en el mes de noviembre de 1.989.
Ignacio Ellacuría, era considerado como uno de los analistas políticos más importantes de El Salvador, e insistía en la idea de que no creía que fuese posible una victoria militar ni de las Fuerzas Armadas ni del FMLN. Durante años había argumentado que la única vía de salida posible a la guerra civil era el diálogo. Bajo su punto de vista, tanto ARENA como el FMLN habían avanzado lentamente hacia el centro; el papel que él había elegido era el de potenciar la creación de una "tercera fuerza" formada por civiles que ayudara a conseguir un acuerdo negociado. En su papel de mediador entre el gobierno y el FMLN, Ellacuría tuvo éxito en alentar al comandante militar del FMLN más partidario de la línea dura a declarar por primera vez y públicamente su disposición a entablar una negociación. En sus reuniones con el presidente Cristiani, presionó para que se produjese el diálogo y tras ellas comentó que los cambios del ARENA "no eran superficiales”. Asimismo, estimaba que también se había producido un "cambio positivo" en la política estadounidense con la entrada de la Administración Bush, que podía comprobarse en los mensajes especialmente duros a favor de los derechos humanos y de una respuesta
más abierta a la propuesta de paz de FMLN. Por tanto, cuando ARENA subió al poder en marzo de 1989, Ellacuría se mostró optimista. Creía que la idea de una "tercera fuerza” civil podría poner freno a los partidarios de la línea dura de cualquiera de las dos partes. Declaró ante miles de personas reunidas con motivo del cada vez mayor Debate Nacional por la Paz:
"Nunca hemos estado cerrados a la paz. No podemos dejar que esta oportunidad se nos escape".
En su trabajo “Análisis ético-político del proceso de diálogo en El Salvador”, defendía que la necesidad de un proceso de diálogo era una exigencia ética y política, “desde el punto de vista político, porque el estancamiento del diálogo implica tener que adoptar o adaptar posiciones importantes en los agentes principales del conflicto salvadoreño; desde el punto de vista ético, porque ese estancamiento debe no sólo evaluarse, sino valorizarse, a la par que debe tomarse como un reto porque en el asunto se están jugando valores fundamentales y acciones de enormes consecuencias sobre el presente y el futuro del país”.
Frente a quienes defendían que a la paz debía llegarse a través de la victoria militar, razonaba que “en esto parecen coincidir contradictoriamente las Fuerzas Armadas y el FMLN, aquéllas aseguradas por una ayuda sin cortapisas de Estados Unidos y éste confiado en que a su creciente esfuerzo militar se añadirá otra vez un poderoso movimiento popular propicio a la insurrección. Contra esta objeción se levantan dos poderosos argumentos: no hay probabilidad razonable de que pueda terminarse la guerra por la vía de las armas como vía principal y, aunque, la hubiera, la solución militar no sería una buena solución”.
Y concluía con la siguiente reflexión: “Si realmente llegara a constituirse una tercera fuerza independiente de las dos partes en conflicto se podría pensar en ampliar el papel de la mediación. La tercera fuerza es por su propio concepto una fuerza representativa directamente de los intereses populares y no debe someterse a los intereses de ninguna de las partes en conflicto. Ciertamente, todavía no está en condiciones organizativas que le permitan un papel orgánico de mediador, pero no por eso su contribución dejaría de ser mediadora. Ella podría plantear puntos fundamentales de diálogo y su voluntad sobre ellos. Podría, además, emitir su juicio sobre la actuación de las partes en conflicto antes, en, y después del diálogo”.
Esta persistente invitación al diálogo entre las partes para la construcción de la paz supuso una división en el partido ARENA, entre empresarios más abiertos a la negociación, que querían influir en el Presidente Alfredo Cristiani en esa dirección y las fuerzas a favor de una posición de guerra más agresiva, representadas en la persona de Roberto D'Aubuisson, el "presidente honorífico vitalicio" del partido. Para los miembros menos extremistas del partido, los líderes de las Fuerzas Armadas se habían convertido en un problema. Los fondos de la seguridad social del ejército constituían la mayor fuente de capital líquido del país, lo que le permitía tener su propio banco comercial y competir con las élites tradicionales: había comprado sectores enteros de producción y un significativo porcentaje de los bienes inmuebles del país.
Ignacio Ellacuría también se caracterizó por su influencia en la sociedad salvadoreña a través de sus artículos, charlas, análisis y propuestas. En el proceso de transformación agraria de 1.976, el entonces presidente solicitó el apoyo de la UCA, que obtuvo porque Ellacuría pensaba que, pese a sus limitaciones, el plan beneficiaría a las mayorías populares. El presidente finalmente no llevó a cabo el plan, ante la presión de la oligarquía, lo que provocó que Ellacuría escribiera un artículo titulado “A sus órdenes mi capital”, en el cual denunció que “el gobierno ha cedido, el gobierno se ha sometido, el gobierno ha obedecido. Después de tantos aspavientos de previsión, de fuerza de decisión, ha acabado diciendo: “a sus órdenes mi capital”.
Esta participación en la vida pública de El Salvador le había creado poderosos enemigos; los jesuitas y los religiosos de otras órdenes habían sido durante mucho tiempo el objetivo de los militantes de la extrema derecha; y así llegó a haber, aproximadamente, 250 incidentes de amenazas, atentados, expulsiones y asesinatos. Culpaban a la Iglesia de "incitar" a los campesinos y de formar parte de una conspiración comunista internacional "al servicio del Kremlin". Como teólogos de la liberación, a los jesuitas se les acusaba sobre todo de enseñar la "opción preferencial por los pobres" en los colegios más elitistas del país (y, por tanto, de "envenenar la mente de los jóvenes"), y se ganaron la eterna enemistad de los terratenientes salvadoreños por su histórico apoyo a la reforma agraria. Como algunos de sus estudiantes habían sido esenciales en el nacimiento de la rebelión armada, a los jesuitas se les consideraba responsables del surgimiento de la disidencia (y por tanto, del movimiento de la guerrilla y de la guerra en sí). A Ignacio Ellacuría se le acusó en repetidas ocasiones de ser "uno de los principales consejeros y estrategas del FMLN", a pesar de su punto de vista de que una victoria del FMLN no era posible.
Los Jesuitas habían sido un blanco durante toda la década: amenazas de muerte, registros y atentados en la UCA, con ataques que fueron creciendo en intensidad y en número, hasta cuarenta y nueve durante 1989. Las amenazas que se referían expresamente al rector, Ignacio Ellacuría, habían comenzado allá por el año 1980. Posteriormente, los nombres de Segundo Montes y de Jon Sobrino comenzaron a aparecer con frecuencia. Para el año 1989, las acusaciones contra los líderes de la UCA se habían vuelto más virulentas y más alejadas de la realidad: los jesuitas eran "extranjeros enviados por España para recolonizar el país"; eran los líderes de "hordas de terroristas" y lo más importante, eran los líderes intelectuales, el "cerebro" del FMLN. Este odio se originó en la creencia que los marxistas habían penetrado en la Iglesia.
En definitiva, el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia, se enfocaba especialmente a la figura de Ignacio Ellacuría, cuya insistencia hizo que cada vez hubiera más presión respecto de alcanzar una solución negociada al conflicto en los meses inmediatamente anteriores al asesinato de los Jesuitas. La línea dura centró su atención en obstaculizarla, teniendo en cuenta que uno de los elementos centrales de la negociación era la depuración de las Fuerzas Armadas, lo que llevaba inexorablemente a la expulsión de “la tandona” del poder. En el contexto de la ratificación del plan de paz regional Esquipulas II, de agosto de 1989, el Rector Ellacuría se reunió con el Presidente Cristiani; y posteriormente, por primera vez, las negociaciones celebradas en México
D.F. entre el gobierno y el FMLN mostraron verdaderos avances. A mediados de septiembre, Ellacuría había emitido declaraciones cada vez más favorables acerca del gobierno de Cristiani, mientras hacía un llamamiento público al FMLN para que renunciase a algunas de sus demandas y para que se alejara de la opción militar. La reunión de San José, Costa Rica, del 16 al 18 de octubre entre el gobierno y el FMLN, celebrada un mes antes de la muerte de los jesuitas de la UCA, fue la reunión clave y se centró en lo que para los rebeldes era el punto central de la negociación: la reestructuración de las Fuerzas Armadas, lo que suponía que los efectivos de “la tandona” perdieran el poder que en ese momento acaparaban. De esta forma se achacaba a Ignacio Ellacuría haber logrado influir en Cristiani, mediante la tutela que había ejercido en las negociaciones.
El creciente consenso para que hubiera una purga de los oficiales de “la tandona” en las Fuerzas Armadas se debía principalmente a los esfuerzos de mediación de paz de Ignacio Ellacuría, que siempre había creído que una “mediación era una necesidad histórica y una demanda ética”. Como único intermediario visible que conversaba con ambas partes en guerra, era el “puente clave” entre los guerrilleros, los oficiales más jóvenes disidentes dentro de las Fuerzas Armadas y el presidente Cristiani. Para los líderes de “la tandona”, que ya veían a los jesuitas de la UCA como columna vertebral intelectual del FMLN, el rol intermedio de Ellacuría en los acuerdos de paz era un desastre.
Como quiera que su poder se encontraba en peligro, los “compadres” pertenecientes a “la tandona” rechazaban con firmeza cualquier idea de una “auto-purga” que involucrara su despido. Un acuerdo político de este tipo significaba el fin de su dominio y la terminación de su mandato justo cuando finalmente habían llegado a los puestos de mando superiores.
Fruto de tales maniobras, el día 3 de julio de 1989, la Cruzada Pro Paz y Trabajo publicó una carta abierta al presidente Alfredo Cristiani reclamando la captura y el juicio sumario de, entre otros, los sacerdotes Ignacio Ellacuría y Segundo Montes, culpándoles de "toda la destrucción de la infraestructura y de todos los viles y cobardes asesinatos que han cometido en nombre de la teología de la liberación". Al día siguiente, el entonces Viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando MONTANO, acusó a la UCA de valerse de espacios pagados “para tratar de desprestigiar a la Seguridad Pública y a la Fuerza Armada”. Días después, siete bombas fueron colocadas en la imprenta de la UCA, causando cuantiosos daños materiales.
Ignacio Ellacuría era objeto de reiterados ataques, culpándosele de ser "él cerebro" oculto de las negociaciones y, a finales de octubre, el coche de Ignacio Ellacuría y de su compañero jesuita Segundo Montes apareció pintado con esvásticas y una pintada que decía: "Muerte a los comunistas de la UCA".
TERCERO. – De esta forma, se había ido gestando entre los miembros que componían el Alto Mando, los cuales pertenecían casi en su totalidad a “la tandona”, la consideración de Ignacio Ellacuría como la de un “enemigo”, cuya labor de intermediación entre el gobierno y el FMLN, dadas sus relaciones personales con el presidente y los mandos de la guerrilla, y su afán por conseguir la paz a través del diálogo, suponía una amenaza para la perpetuación de su privilegiada posición, por lo que los miembros de este Alto Mando comenzaron a plantearse la conveniencia de acabar con la vida de Ignacio Ellacuría, como medio de dar un golpe de fuerza, atemorizando a la población, cegando las vías de diálogo para la consecución de la paz y, de esta forma, conservar sus posiciones de mando y privilegio dentro de la sociedad y el ejército salvadoreño.
En 1989, la Fuerza Armada salvadoreña tenía una cadena de mando formal y operativa. La autoridad residía en el Alto Mando, que incluía a: el Presidente, que era según la Constitución el Comandante General y a quien no afecta la presente resolución, el Ministro de Defensa y de Seguridad Pública, cargo ostentado por un General a quien no afecta esta resolución, el Viceministro de Defensa, ocupado por un Coronel, miembro de “la tandona”, y a quien no afecta la presente resolución, el Viceministro de Seguridad Pública, cargo que lo ostentaba el Coronel Inocente Orlando MONTANO, que también formaba parte de “la tandona”, el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que era un Coronel, también de “la tandona” y a quien no afecta esta resolución y, por último, el Subjefe del Estado Mayor, y que lo era otro coronel perteneciente a “la tandona,” y a quien tampoco afecta esta resolución. Todos ellos tenían responsabilidades específicas. El Presidente nombraba al Ministro de Defensa, quien a su vez estaba en la cúspide de la estructura militar y gestionaba las Fuerzas Armadas según la relación militar normal de mando y dependencia. El Presidente también estaba oficialmente a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia o DNI.
El Ministro de Defensa, en virtud del artículo 140 de la Ordenanza Militar, era responsable de "la administración del ejército" y era la institución con más poder en el país, especialmente en periodos de estado de sitio. Tenía la autoridad y la responsabilidad de investigar y castigar los delitos contra civiles, los crímenes contra la humanidad y las violaciones de derechos humanos. También tenía el poder de degradar a los oficiales y, junto con cualquiera de sus viceministros, uno de los cuales era Inocente Orlando MONTANO, según el servicio exigido, tenía la capacidad de ordenar traslados internos masivos, traslados al extranjero y jubilaciones. La legislación confería una amplia discreción a los viceministros de defensa. Podían emitir órdenes, sin solicitar autorización, y todos eran considerados la "mano derecha" del ministro. Su mayor poder residía en la capacidad de recomendar cambios en el personal que normalmente el ministro aceptaba. Además, el Viceministro de Defensa era el que se encargaba directamente de entidades tales como la Escuela Militar, a cuyo frente estaba un Coronel, perteneciente a “la tandona” y al que la presente resolución no afecta.
Con el crecimiento de la insurgencia, el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada se convirtió en el cargo más importante, dado que servía de apoyo al Alto Mando y tenía capacidad para dirigir todas las misiones operativas militares. Por tradición, el Jefe del Estado Mayor, asistido por un subjefe del Estado Mayor, de alto rango, también era comandante del ejército. Este cargo dependía del Personal General Conjunto formado normalmente por seis coroneles jóvenes que coordinaban un aspecto del mando nacional: Personal (C-1), Inteligencia (C-2), Operaciones (C-3), Logística (C-4), Operaciones Psicológicas (C-5) y Comunicaciones (C-6). La misión del Estado Mayor era transformar las órdenes emitidas por el mando general a través del Ministerio de Defensa y convertirlas en órdenes que se enviaban a través de los canales subordinados.
El resto de los puestos estaban subordinados al Alto Mando, incluidos los tres directores de las fuerzas de seguridad, bajo las órdenes directas del Viceministro de Seguridad Pública: la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional.
Asimismo, se encontraban los comandos especializados, tales como la Fuerza Aérea, seis brigadas militares, con la Primera Brigada, vista como el cargo más importante ya que cubría todo San Salvador, seis destacamentos militares y cinco batallones de infantería de élite de "reacción inmediata" (BIRI). Cada uno de estos batallones estaban formados por unos mil hombres que no tenían responsabilidades regionales específicas, sino que eran trasladados según las órdenes del Jefe del Estado Mayor. Su superior inmediato era el comandante de la brigada responsable de la zona en la que operaban. El batallón de infantería de reacción inmediata más conocido de los cinco BIRI establecido por las Fuerzas Especiales estadounidenses en 1981 para operaciones flexibles en cualquier parte del país era el batallón Atlacatl (conocido por luchar bajo una bandera negra decorada con una calavera y una serpiente).
Operaban en pequeñas unidades de comandos armados que se enviaban con regularidad a los puntos calientes para combatir a la guerrilla. Esta unidad era una de las principales beneficiarias de la formación continua impartida por los EE. UU. Una de estas unidades de comando, liderada por un teniente, y a quienes no afecta la presente resolución, fue enviada a San Salvador, el día 11 de noviembre de 1989, poniéndose bajo las órdenes del Jefe de Estado Mayor. A dicha Unidad de Comando se consideraba como la "élite de la élite".
Las órdenes se obedecían habitualmente a cualquier nivel. Se había establecido un procedimiento burocrático, requerido por ley, para informar incluso de cualquier detalle de las operaciones a los comandantes operativos por muy insignificante que fuera. Las órdenes se comunicaban con facilidad en un día, aunque a menudo se daban oralmente para después recurrir al procedimiento formal de las órdenes directas.
Aunque el ejército salvadoreño respetaba la cadena de mando, también operaba mediante un complejo sistema de consenso, tanto en la organización interna de las tandas como en la relación entre ellas, y en las promociones de la Escuela Militar salvadoreña. Este era el caso de la toma de decisiones importantes. Cuando “la tandona” asumió el poder de la Fuerza Armada se hizo con todos los puestos de mando excepto la posición del Ministro de Defensa, que no era miembro de “la tandona”, y que era conocido con la expresión de “el pato rengo” o “pato cojo”, dado que quienes realmente ocupaban la posición de mando en las Fuerzas Armadas eran los miembros de “la tandona” y, de entre ellos, el Jefe del Estado Mayor, quien era el reconocido líder y candidato favorito de “la tandona”, y que terminó siendo nombrado Ministro de Defensa.
Si bien no se tomaba ninguna decisión de importancia sin el conocimiento y la aprobación del Jefe del Estado Mayor, este buscaba consensos en lo que respecta a una estrecha colaboración con sus propios “compadres” de “la tandona”. Las normas por las que se regía este grupo eran muy claras, y la protección de los “compadres” de “la tandona” era la prioridad más importante.
CUARTO. – El día 11 de noviembre de 1.989 se esperaba la tan anunciada ofensiva del FMLN. A primera hora de la tarde, breves horas antes de que comenzara la ofensiva, el vicepresidente del gobierno, llegó en helicóptero al cuartel general del batallón Atlacatl, y permaneció allí durante dos horas. Se desconoce el motivo de la visita.
Tan pronto como comenzó la ofensiva del FMLN, las Fuerzas Armadas lanzaron una operación psicológica militar diseñada por la Unidad de Operaciones Psicológicas (C-5) del Alto Mando. Esta campaña estaba oficialmente diseñada para "subir la moral de los soldados y desmoralizar a los adversarios", pero en realidad consistió en emitir amenazas en Radio Cuscatlán, la emisora oficial de La Fuerza Armada. Esta campaña de amenazas estuvo coordinada por el COPREFA, y estuvo asistida por el Centro de Información Nacional (CIN), vinculado al gobierno. Entrada la tarde, se había obligado a todas las emisoras de radio del país a conectar con la red nacional de Radio Cuscatlán. Así todo el mundo que sintonizara cualquiera de las emisoras del país escucharía las amenazas a varios líderes, muchas de las cuales se dirigían al rector Ignacio Ellacuría que, en ese momento, se encontraba en Europa aceptando un galardón en representación de la UCA en España y hablando en el Parlamento de Alemania Occidental. En lo que parecía ser un micrófono abierto "espontáneo", se recibían denuncias sobre Ellacuría y los jesuitas a los que se acusaba de ser "terroristas" y "el cerebro del FMLN”. Entre otras expresiones, se dijeron frases como que: “Ellacuría es un guerrillero. Que le corten la cabeza”, “Debemos sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas”. El vicepresidente del gobierno llegó a acusar a Ellacuría específicamente de "envenenar la mente" de los jóvenes salvadoreños en las instituciones educativas. Tales ataques verbales a través de la radio se sucedieron hasta el día 14 de noviembre, tratando a Ellacuría de enemigo, llegando a publicar el diario “La Prensa Gráfica” que: “Estas condenas y críticas declaraban categóricamente que había una gran urgencia de expulsar del país a los jesuitas porque habían estado ocultando armas en la UCA durante los últimos diez años”.
Ante esta situación, el Subsecretario de Estado estadounidense para Latinoamérica, Bernard Aronson, telegrafió el día 14 de noviembre al embajador de EE. UU. William Walker, para "transmitirle al presidente Cristiani el deseo de la Administración estadounidense de que su gobierno, dentro de los límites de la libertad de prensa, no permitiese la emisión de tales amenazas en un medio de comunicación controlado por el gobierno".
QUINTO. – El día 12 de noviembre, y ante el hecho de que la ofensiva del FMLN era cada vez más amenazante, el Presidente declaró el Estado de Excepción y el toque de queda desde las 18:00 hasta las 6:00. En vista de la ofensiva, la estructura de mando comenzó a cambiar. El Ministro de Defensa designó como jefe de plaza de urgencia al Coronel que ocupaba el cargo de Director de la Guardia Nacional, partidario de la línea dura y “compadre” de “la tandona”. Aunque no se le dio el control del despliegue de tropas, que era responsabilidad del Jefe del Estado Mayor, se le concedió la mayor autoridad en el área metropolitana de San Salvador directamente bajo las órdenes del Alto Mando.
Entre las 9:00 y las 10:00 horas, se dio permiso a una patrulla militar para entrar en la UCA, que estaba contigua a la sede del Estado Mayor, y por tanto necesitaba ser registrada para la propia seguridad del ejército. Acompañados por el padre Segundo Montes, los soldados del batallón de elite Belloso, cuyo despliegue tenía que ser ordenado por el Jefe del Estado Mayor, registraron la UCA para ver si había armas y no se encontró ninguna, pero se llevaron un dispositivo que no había explotado y que los jesuitas habían encontrado cerca de la entrada y que los propios jesuitas entregaron a los militares. Tras ello, las tropas se apostaron a la entrada del complejo universitario y en los barrios adyacentes de los Jardines de Guadalupe. Se encontró una descripción de una página de estos acontecimientos en el ordenador del Padre Ignacio Martín Baró tras su muerte. "Desde ese momento", escribió, “un grupo de soldados se apostaron a la entrada del complejo universitario, registrando a todos los que entraban o salían, y desde el lunes 13 de noviembre, prohibiendo la entrada o la salida a todo el mundo”. Los alrededores de la UCA y del complejo militar eran los lugares con más vigilancia de la ciudad, pues en esa área se encontraba la sede de importantes centros de mando militar como la del Estado Mayor, o de la Dirección Nacional de Inteligencia, y la colonia militar, donde residían militares con sus familias.
Sobre las 11:30 del mismo día, la Policía de Hacienda entró en el Centro Loyola, también regido por los jesuitas, y situado aproximadamente a un kilómetro y medio de la UCA. Una vez en el Centro Loyola, la Policía de Hacienda buscó armas del FMLN, encontrando algunas armas que habían sido abandonadas por el FMLN en su huida, unos días antes, a través de un cafetal adyacente al Centro.
SEXTO. – El día 13 de noviembre de 1.989, el Jefe del Estado Mayor ordenó otro registro de la universidad. La justificación formal de la orden no era otra que la posible presencia de elementos de la guerrilla, armados, dentro de la Universidad; aunque en realidad se pretendía que la fuerza encargada de realizar esa diligencia conociese el lugar, y evaluara la posibilidad de realizar un ataque armado en la misma.
Ese mismo día, apenas dos horas antes de ejecutarse la orden de registro, se produjo el regreso de Ignacio Ellacuría a El Salvador. El mismo había sido recogido del aeropuerto de Comalapa por sus dos compañeros Amando López y Miguel Francisco Estrada, dirigiéndose directamente a la UCA, dado que habían de llegar antes de que se produjese el toque de queda. A su llegada al recinto de la UCA, por la puerta principal desde la autopista del sur, tanto Ellacuría como sus acompañantes fueron identificados por efectivos de la Policía de Hacienda, apostada en dicha entrada.
Para realizar esta misión de cateo, el Jefe del Estado Mayor asignó a la Unidad de Comando del Batallón Atlacatl, a los que ordenó trasladarse hasta la capital en dos turnos, el 12 y el 13 de noviembre, desde su base de operaciones en Sitio del Niño (La Libertad). De esta forma, se desplazó a la unidad especial, encabezada por un teniente y un subteniente, y se la colocó bajo orden directa del Alto Mando.
Casi inmediatamente después de haber llegado a San Salvador, a la Unidad de Comandos se le encomendó la tarea de registrar la UCA según la orden dada por el Jefe del Estado Mayor, a través del Coronel que ocupaba el cargo de Director de la Escuela Militar.
Al Director de la Escuela Militar, con cargo de Coronel, y a quien no afecta esta resolución, se le designó para dirigir el Comando de Seguridad, de nueva creación y consecuencia de la ofensiva del FMLN, que se encontraba a las puertas de San Salvador, y que incluía las sedes del Mando Conjunto (que comprendían el Ministerio de Defensa la Escuela Militar, la Dirección de la Inteligencia Nacional (DNI), un batallón de la Policía Nacional y dos barrios residenciales militares). También se incluían los alrededores de la UCA. En esta nueva tarea, el superior directo del Director de la Escuela Militar era el Jefe del Estado Mayor.
El registro (cateo) de la UCA comenzó a las 18:30, cuando unos 135 militares rodearon el campus. Al líder del comando del Batallón Atlacatl que entró en la UCA, se le dijo que un “número indeterminado de delincuentes" había entrado en la UCA y que debían corroborar su presencia. En algún momento entre las 18:30 y las 19:45, la unidad de comando Atlacatl salió de la Escuela Militar por su puerta sur y marchó hacia la Universidad para registrar la residencia de los jesuitas y el Centro de Reflexión Teológica, que se ubicaban en el mismo edificio. Dos patrullas de aproximadamente veinte hombres cada una entraron en el campus. Una vez dentro, varios soldados se encaramaron para entrar por la ventana de los edificios y comenzaron a abatir a patadas las puertas cerradas de las oficinas que querían registrar. El Padre Juan Ramón Moreno se ofreció a abrir las puertas para que no las dañasen. El rector Ellacuría se presentó y cuestionó el derecho del ejército a registrar el edificio sin una orden de registro. Sugirió que volviesen al día siguiente con la luz del día, porque “así sería más fácil encontrar lo que estaban buscando”, una sugerencia que declinaron. Cuando el teniente al mando de la Unidad Especial de Comandos le dijo al rector que estaba resuelto a llevar a cabo su misión de registrar la residencia de los sacerdotes, Ellacuría dijo que no les daba permiso porque era propiedad privada, el teniente insistió y se produjo el registro de la residencia.
El resultado del registro fue negativo. No se encontraron materiales de guerra ni se detectó presencia alguna de miembros del FMLN. Una vez terminada la entrada y registro, el teniente al mando de la Unidad se dirigió al Estado Mayor a dar parte indicando que sólo encontraron a los sacerdotes, entre ellos al padre Ignacio Ellacuría.
El registro se centró en la residencia de los jesuitas. Al contrario de lo sucedido en registros anteriores de la UCA, no se examinó ningún material escrito para determinar si había documentación "subversiva", no se hicieron preguntas y no se llevaron ningún libro ni documento. No se encontraron ni armas ni guerrilleros del FMLN. Cuando finalizó el registro de la residencia, el teniente al mando le dijo al rector Ellacuría -que se había unido a los Padres Segundo Montes e Ignacio Martín Baró- que el resto del registro del campus sería relativamente superficial, ya que sólo registrarían los edificios cuyas puertas estuvieran abiertas.
A dicha diligencia asistió un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
SÉPTIMO. – El día 14 de noviembre todos los accesos a la UCA permanecían fuertemente controlados, y nadie pudo entrar ni salir sin permiso. Las tropas de la Unidad del Batallón Atlacatl desplazadas a San Salvador se situaron detrás de la UCA y en un vecindario adyacente a la universidad.
OCTAVO. – El día 15 de noviembre de 1.989 fue un día de constantes reuniones en las sedes del Estado Mayor y de la Escuela Militar.
Sobre las 10:00 horas se produce una primera reunión en la Escuela Militar, a la que asisten el Jefe del Estado Mayor, el General de las Fuerzas Aéreas, a quien no afecta la presente resolución, el Viceministro de Defensa y el Coronel Director de la Escuela Militar.
La siguiente reunión tuvo lugar cerca del mediodía. Esta reunión incluyó además al Viceministro de Defensa y civiles miembros del poderoso grupo ultraderechista conocido como "los maneques", y en ella se decidió presionar al Presidente Cristiani en post de una "guerra total" para retomar la iniciativa militar sobre el FMLN. Otros participantes fueron el Vicepresidente y el Secretario del Presidente.
Una tercera reunión tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00. En ella estuvieron presentes los oficiales de mayor rango del país: el General de las Fuerzas Aéreas; el Ministro de Defensa; los Viceministros de Defensa y Seguridad Pública, siendo este último Inocente Orlando MONTANO; el Jefe del Estado Mayor; el Vicejefe del Estado Mayor; y los dirigentes de todas las fuerzas operativas de San Salvador, así como el jefe del Batallón Atlacatl.
En citada reunión se decidió llevar a cabo una respuesta más agresiva a la ofensiva del FMLN, y tras ella se celebraron varias reuniones menores a lo largo de la tarde para implementar los planes reales correspondientes a los bombardeos, ataques contra la universidad de El Salvador y alrededores, ataques contra dirigentes políticos, y una acción contra la UCA.
Sobre las 18:00 horas, el Director Adjunto de la Escuela Militar, a quien no afecta esta resolución, llamó por radio al teniente Rene Yusshy Mendoza y a otro teniente de la Escuela Militar, a quien no afecta esta resolución, para enviarles a la Escuela Militar donde se encontrarían con el Coronel Director de la misma.
A continuación, se dio la orden de reunir a las tropas del Atlacatl en la zona y llamaron a varios integrantes de cada pelotón, tan solo por sus apodos.
Sobre las 19:00 horas, el Subteniente de la Unidad de Comandos del Atlacatl ordenó a ocho hombres que lo acompañasen al Centro Técnico de Instrucción Policial (CETIPOL) en la vecina Santa Tecla para recoger uniformes de camuflaje. Los soldados recibieron unas quince cajas con uniformes "nuevos americanos” “modelo de lujo" completados con "botas de montaña" como premio a los miembros del Atlacatl que iban a participar en la misión. Al regresar a la Academia Militar, los uniformes se distribuyeron entre las tropas elegidas previamente.
Mientras los soldados recogían sus uniformes para la misión, veinticuatro oficiales de alto rango se reunieron desde alrededor de las 18:30 hasta las 22:00 o 22:30 horas en los cuarteles del Estado Mayor Comando Conjunto (EMCFA). Allí debatieron cómo acelerar la contraofensiva militar.
El Jefe del Estado Mayor autorizó la eliminación de cabecillas, sindicalistas, y reconocidos miembros líderes del FMLN y se tomó la decisión de bombardear haciendo uso de la Fuerza Aérea y artillería y tanques para desalojar al FMLN de las zonas que ocupaba. El Ministro de Defensa preguntó si alguien tenía alguna objeción. Nadie levantó la mano y se acordó que se consultaría entonces al Presidente. La reunión finalizó con los oficiales tomados de la mano, rezando, y solicitando "iluminación divina".
Durante la reunión los oficiales se mantuvieron de pie, hablando en grupos; uno de estos grupos estaba formado por el Jefe del Estado Mayor, el Jefe de la Fuerza Aérea, el Coronel Jefe de la Primera Brigada de Infantería, y a quien esta resolución no le afecta, el Viceministro de Defensa y el Viceministro de Seguridad Pública, Coronel Inocente Orlando MONTANO. En esta situación, el Jefe del Estado Mayor llamó al Coronel Director de la Escuela Militar y, delante de los otros cuatro oficiales, le ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos. También le ordenó usar las unidades del batallón Atlacatl que llevaron a cabo el registro dos días antes. Para ello, el Jefe del Estado Mayor dio la orden de que la Unidad de Comandos del Batallón Atlacatl se pusiera a las órdenes del Coronel Director de la Escuela Militar.
El Coronel Director de la Escuela Militar, escribió una nota sobre cómo se desarrollaron las reuniones, la primera, más amplia, y la segunda, tras la anterior y en la que se le dio la orden directa de dar muerte a Ignacio Ellacuría, en las cuales y textualmente se recoge lo siguiente:
NOVENO. – Después de medianoche, la Unidad de Comandos del Atlacatl se reunió fuera de la Escuela Militar para cumplir su misión. El teniente de la Escuela Militar destinado junto a Rene Yusshy Mendoza a la misión poseía un fusil AK-47, de fabricación rusa, y generalmente utilizado por el FMLN, que aportó a fin de ser utilizado en el asalto a la Universidad y hacer parecer que el mismo se había ejecutado por miembros del FMLN. Dicha arma se le encomendó a un soldado de la Unidad de Comandos del Atlacatl, que conocía su manejo, y se le dijo que debía ser el "hombre clave". El teniente les dijo a los líderes del comando que el uso de un AK-47 desviaría la culpabilidad de las Fuerzas Armadas hacia los rebeldes y les ordenó dejar propaganda mencionando al FMLN en el lugar de los asesinatos.
A su llegada a la UCA, a estos soldados se les unieron otros veinte hombres, incluyendo el resto de la unidad y algunos refuerzos adicionales. Reunidos alrededor de su comandante, algunos de ellos, que aún no lo sabían, fueron informados de que sus objetivos reales eran los sacerdotes de la UCA. También se les pidió que simularan una confrontación militar una vez que los sacerdotes ya estuviesen muertos para dar la impresión de que habían sido asesinados por el FMLN. Aproximadamente la 1:00 horas, bajo las órdenes del teniente del Atlacatl, toda la unidad marchó hacia la UCA, y esperó en el aparcamiento cerca de media hora.
La operación se efectuó en tres círculos concéntricos: un grupo permaneció en el área adyacente; otros, rodearon el edificio; y un pequeño grupo "selecto" fue elegido para llevar a cabo las ejecuciones. Estos soldados se acercaron a la residencia de los sacerdotes, y, por el camino, se encontraron a dos mujeres, la cocinera, Julia Elba y su hija Celina, que estaban sentadas en un diván, en una de las habitaciones. Asustadas y sin poder volver a su hogar, buscaron protección con los jesuitas donde pensaron que estarían más seguras.
El resto de los comandos rodearon la residencia de los jesuitas. Cuando los ocho sacerdotes salieron alertados por el ruido, se les ordenó que se tirasen al suelo.
Tras escuchar al Jefe del Comando preguntarle a qué estaba esperando, el soldado que portaba el AK-47, empezó a disparar a los tres sacerdotes que yacían en el suelo justo enfrente de él, intentando dispararles en la cabeza. Este rifle fue identificado como el arma que mató a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, y Segundo Montes.
Tras ello, el subsargento también empezó a disparar y mató a otros dos jesuitas, Amando López y Juan Ramón Moreno.
Por su parte, un cabo de la unidad se encargó de disparar contra Joaquín López y López, acabando con su vida.
En ese mismo momento, el sargento que se había quedado custodiando a las mujeres, disparaba a Julia Elba y a su hija Celina, que se agarraban la una a la otra en la habitación en la que había estado vigilándolas. Cuando el Sargento descubrió que las dos mujeres aún seguían vivas en el suelo, abrazadas la una a la otra, ordenó un soldado que se asegurase de su muerte. El soldado descargó su M-16 hasta acabar con ellas y, prácticamente, partirlas por la mitad.
Inmediatamente después, otro de los soldados, siguiendo instrucciones del teniente de la Escuela Militar escribió en la pared: "El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN”.
Los miembros de la Unidad de Comandos regresaron a la Escuela Militar sobre las 3:00 horas. Algunos regresaron en una furgoneta de color beige y fueron recibidos por el Director de la Escuela Militar, a quienes dieron las novedades.
el acta de inspección ocular y levantamiento de cadáver, extendida por la Jueza Tercera de Paz de la Ciudad de San Salvador, a las 10 horas y 10 minutos del día 16 de noviembre de 1.989, se hace constar lo siguiente:
UNDÉCIMO. – Ignacio Ellacuría Beascoechea, S.J. nació el 9 de noviembre de 1930 en Portugalete, Vizcaya, e ingresó en la Compañía de Jesús el año 1.947. Era rector de la UCA desde el año 1.979, y dirigía la revista de extensión cultural Estudios Centroamericanos (ECA).
En la autopsia que le fue practicada, se dictaminó, como causa directa y por si sola de la muerte la de traumatismo craneoencefálico severo producido por lesiones de arma de fuego, lo cual provocó destrucción de la masa encefálica y shock hemorrágico cerebral irreversible
Ignacio Martín Baró, S.J., nació en Valladolid el año 1.942 y entró en la Compañía de Jesús el año 1.959, al momento de su muerte era el vicerrector académico y de investigaciones de la UCA, jefe del departamento de psicología y miembro del consejo de redacción de la ECA.
En la autopsia que le fue practicada, se dictaminó como causa directa y por si sola de la muerte la de traumatismo cráneo encefálico severo, producido por arma de fuego, lo cual provocó un shock hemorrágico cerebral irreversible
Segundo Montes Mozo, S.J. nació en Valladolid el 15 de mayo de 1.933, y tras entrar en la Compañía de Jesús es enviado a El Salvador el año 1.951. Desde 1985 dirigía el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
En la autopsia que le fue practicada, se dictaminó como causa directa y por si sola de la muerte la de traumatismo cráneo encefálico severo, producido por arma de fuego, lo cual provocó un shock hemorrágico cerebral irreversible
Amando López Quintana, S.J., nació en Burgos, el día 6 de febrero de 1.936 y tras ingresar en la Compañía de Jesús es enviado a El Salvador el año 1.953. Era profesor de filosofía y de teología en la UCA, y coordinador de la carrera de filosofía.
En la autopsia que le fue practicada, se dictaminó como causa directa y por si sola de la muerte la de traumatismo craneoencefálico severo producido por lesiones de arma de fuego, lo cual provocó destrucción de la masa encefálica y shock hemorrágico cerebral.
Juan Ramón Moreno Pardo, S.J., nació en Villatuerta, Navarra, el 29 de agosto de 1.933, siendo enviado a El Salvador en 1.951, después de ingresar en la Compañía de Jesús y de desarrollar su trabajo en Nicaragua, en Italia y en Panamá regresa en 1.985 a El Salvador, siendo director asistente del Centro Pastoral Monseñor Romero de la UCA.
En la autopsia que le fue practicada, se dictaminó como causa directa y por si sola de la muerte la destrucción de la masa encefálica producida por lesiones de arma de fuego, la cual a su vez provoca shock hemorrágico cerebral irreversible.
Joaquín López y López, S.J., nació en El Salvador en el año 1.918, siendo uno de los fundadores de la UCA y era parte integral de la comunidad de jesuitas de la UCA.
En la autopsia que le fue practicada, se dictaminó como causa directa y por si sola de la muerte las lesiones producidas con arma de fuego y que dañaron pulmones, corazón e hígado, produciendo esto a la vez shock hemorrágico toraco-abdominal irreversible.
Julia Elba Ramos, nacida en Santiago de María, El Salvador, en 1.947 era la cocinera de una casa de estudiantes jesuitas de la UCA, y se encontraba en la UCA junto a su hija Celina Mariceth Ramos, nacida el 21 de febrero de 1.973, quien, por tanto, tenía 15 años. Ambas se encontraban refugiadas en la Residencia.
En la autopsia de Julia Elba Ramos, se dictaminó como causa directa y por si sola de la muerte la destrucción de la masa encefálica producida por arma de fuego, la cual provoca shock hemorrágico cerebral irreversible.
Y en la de Celina Mariceth Ramos, se dictaminó que la causa directa y por si sola de la muerte fueron los traumatismos craneoencefálico y toráxico severos, producidos por arma de fuego, el cual a su vez produjo shock hemorrágico irreversible.
DUODÉCIMO. – La muerte de los seis sacerdotes jesuitas, de su empleada y de la hija de esta provocó la reacción internacional, exigiendo la investigación y aclaración de los hechos, por lo que, siguiendo las órdenes emanadas del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, en un principio se quiso hacer ver a la opinión pública que los hechos los había cometido el FMLN, para lo que se realizaron distintas acciones destinadas a hacer parecer que ello fue así, como el uso del fusil AK-47 para la ejecución de las víctimas, el cambio de los cañones de los fusiles de los soldados que llegaron a disparar esa noche, la destrucción del libro en el que se recogía la salida del Comando del Batallón Atlacatl de la Escuela Militar en dirección a la UCA, no obstante lo cual dicha versión no se pudo sostener, lo que dio lugar a que, en virtud de la presión internacional existente, se formasen distintas comisiones de investigación, como la llamada “Comisión de Honor”, que tenía un carácter interno, para la que el Jefe del Estado Mayor escogió a un militar próximo a él, el Director de la Policía Nacional, a quien encargó investigar los hechos. Esta comisión, liderada por un coronel de la Fuerza Aérea, sustituyó a la Unidad de Investigaciones Especiales originalmente establecida con el apoyo de los EE.UU.
Más adelante fue creada la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIDH), como parte de un programa de ayuda estadounidense para la Administración de Justicia salvadoreña con el mandato único de investigar el asesinato de los jesuitas de la UCA sin un control del ejército. Se crea como órgano auxiliar de la Justicia para complementar las funciones de la Dirección General de la Guardia Nacional, de la Dirección General de la Policía Nacional, de la Dirección General de la Policía de Hacienda y la Dirección General de la Renta de Aduanas.
Y, por otra parte, el Juzgado núm. 4º de lo Penal de San Salvador, incoó diligencias penales, tramitando el procedimiento núm. 1074/89. En diciembre de 1990 se dictó auto de procesamiento por asesinato y terrorismo contra nueve acusados, y decretó la apertura del plenario o juicio oral, en el marco del procedimiento 19/1990.
El 8 de enero de 1991 los fiscales asignados al caso, HENRY CAMPOS y SIDNEY BLANCO, renunciaron a su cargo mediante una carta dirigida al Fiscal General de la República con fecha de 22 de octubre de 1990. La carta señalaba que la renuncia estaba motivada por haber recibido órdenes precisas del Fiscal General de no presentar escritos para impulsar el proceso, no dar información alguna a los medios de comunicación, separar a los Fiscales (CAMPOS y BLANCO) del trabajo conjunto y en armonía que habían venido desarrollando en el transcurso de la investigación judicial y no interrogar a testigos de importancia.
El 23 de enero de 1992, el Juez ZAMORA sentenció al coronel BENAVIDES y al teniente YUSSY MENDOZA a treinta años de prisión, la pena máxima en el Código Penal salvadoreño vigente en la época. Los demás acusados fueron únicamente condenados por conspirar para cometer actos de terrorismo y todos ellos recibieron condenas inferiores a cinco años.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el marco del presente procedimiento , mediante auto de fecha 20 de abril de 2015 dispuso, en relación con esta causa que el proceso judicial penal seguido en El Salvador revelaba indicios suficientes de que no garantizó el castigo y persecución efectiva de sus responsables, sino más bien su sustracción a la justicia. Señaló que hubo ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad. Y, en concreto, que existieron dilaciones de la Comisión Investigación de Hechos Delictivos en obtener documentos -parte de los cuales así pudieron ser destruidos- y otros medios probatorios; la ocultación de datos al juez instructor por parte de dicha comisión; la renuncia de los Fiscales del caso porque el Fiscal General les ordenaba no impulsar el procedimiento, no informar a la prensa, les separaba de su previo trabajo conjunto y en equipo o no les permitía interrogar a determinados testigos militares importantes; las presiones externas durante el desarrollo del juicio oral, o las amenazas denunciadas por los miembros del jurado.
Y concluye, al igual que lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no existió una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido, ni un proceso imparcial y objetivo; y por otro, que las únicas personas declaradas culpables por los tribunales salvadoreños fueron amnistiadas poco después, mediante la aplicación de la Ley de Amnistía General, la cual, según el citado informe, podría haber vulnerado el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, además del derecho a la justicia y su obligación de investigar, procesar y reparar establecida en los artículos 1(1), 8 y 25 de la citada Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas y de los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que pertenecían.
El Coronel Director de la Escuela Militar, condenado por estos hechos en El Salvador, escribió entre sus notas estas operaciones, dirigidas a falsear la verdad, de la siguiente manera:
No hay comentarios:
Publicar un comentario