Gil Gil y Gil: el instrumento de Lerroux para condenar a Companys.-a

 Barcelona, 22 de noviembre de 1934. Seis semanas después de los Fets del Sis de Octubre (la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal española) se producía un formidable desembarque del aparato político-judicial de la República española con el propósito —cuando menos, oficialmente— de tomar declaración al gobierno de Catalunya. Desde el día siguiente de los hechos (07/10/1934) el presidente Companys y los consellers Mestres, Lluhí, Comorera, Esteve y Gassol estaban encarcelados en el barco-prisión Uruguay (anclado en el puerto de Barcelona), la Generalitat había sido intervenida y el Parlament de Catalunya había sido clausurado.

El "desembarque"

La prensa de la época (La Vanguardia, edición del 23/11/1934) lo relataba explicando que “en el expreso de Madrid, llegaron el diputado don Joaquín de Pablo Blanco, presidente de la Comisión de suplicatorios, y los diputados vocales de dicha Comisión, don Nicasio Velayos, don Teodoro Pascual Cordero y don Rafael Esparza; el secretario don Alonso Gullón y García Prieto y los taquígrafos don Clemente Marín y don Joaquín Ibáñez. En el apeadero fueron recibidos por el delegado del Gobierno, señor Carreras Pons, y algunos amigos particulares. Seguidamente se dirigieron dichos señores al hotel dondo se hospedan”.

El discreto instrumento

Gil Gil y Gil y Lorenzo Gallardo 

El mismo artículo, en un segundo plano, informaba que “En el mismo tren llegó de Madrid el vocal ponente del Tribunal de Garantías, don Gil Gil y Gil, acompañado del secretario de sección de dicho Tribunal (de Garanties) señor Joaquin Herrero, y el taquígrafo señor Julio Anglada”.

 Una posición discreta que no revelaba el verdadero propósito de Alejandro Lerroux, el líder del Partido Republicano Radical, y en aquel momento presidente del gobierno de la República. Gil Gil y Gil sería el responsable de cargar las tintas contra el gobierno de Catalunya; y con Lerroux dibujaría uno de los vasos comunicantes —entre los poderes político y judicial— más escandalosos de la época republicana.

¿Quién era Gil Gil y Gil?

Según la Real Academia de la Historia (española, naturalmente) Gil Gil y Gil era profesor de Derecho Civil Común y Foral de la Universidad de Zaragoza. La misma academia revela que entre junio de 1931 y octubre de 1933 (primera legislatura republicana), fue diputado del Partido Republicano Radical —de Lerroux— en las Cortes por la circunscripción de Zaragoza-ciudad. En cambio, en los segundos comicios generales (19/11/1933), el PRR casi duplicó resultados con respecto a 1931 (pasaría de 59 a 104 diputados), pero Gil no conseguiría renovar su escaño, y Basílio Paraíso Labad, hijo del fundador del Heraldo de Aragón quedaría como el único representante lerrouxista a la circunscripción.

Las puertas giratorias política-justicia

En aquel momento, probablemente en modo de compensación, se activaron las puertas giratorias entre las esferas del poder político y judicial, y de una forma absolutamente discreta pero efectiva Lerroux y Àlvarez-Valdés —ministro de Justicia que había amnistiado al general Sanjurjo condenado por el intento de golpe de estado de 1932— lo nombraba vocal del Tribunal de Garantías. Naturalmente, este cargo —por su naturaleza— lo obligaba a abandonar las responsabilidades políticas. Pero en cambio según el Archivo Histórico Nacional (español, naturalmente), Gil y Gil continuó discretamente vinculado al aparato ejecutivo del PRR lerrouxista, hasta dos años después del juicio (1936).

La fabricación de la acusación

Gil y Gil se movió por Barcelona como pez en el agua". Después del Seis de Octubre, Lerroux había depurado las instancias judiciales catalanas, con el clarísimo propósito de facilitar al Tribunal la máxima acumulación de pruebas incriminatorias. La misma prensa revela que Gil y Gil fue seis días a Barcelona, pero tan sólo dedicó dos horas a los presos políticos. Y poco más o menos, a los interrogatorios a los funcionarios del Palau de la Generalitat. El resto del tiempo, lo empleó en largas —y sospechosas— reuniones con los magistrados ultraconservadores González Prieto y López Avilés que, desde la depuración, dirigían —respectivamente— el Tribunal de Casación y la Audiencia de Barcelona.

El premio

Gil y Gil debió cumplir con nota la misión que le había encomendado Lerroux para que según el Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho (de la Universidad Carlos III, de Madrid), el 1 de marzo de 1935 —concluida la instrucción del caso—, el ministro de educación Joaquín Dualde Gómez le impuso la banda de la Orden de la República “como premio a su fecunda labor educativa”, cuando, según el Archivo Nacional, ya hacía cuatro años que no se dedicaba a la docencia. También, curiosamente, después de la Guerra Civil (1936-1939), Dualde sería el abogado de Joan March (conocido popularmente como el banquero de Franco), en la oscura maniobra de derrumbe de la Canadenca.

La corrupción

También según el Diccionario, Gil y Gil se jubiló el 5 de marzo de 1935. Pero eso no le impidió seguir vinculado a la causa judicial contra el gobierno de Catalunya, y al Partido Republicano Radical. Es decir, retribuido por el erario público (por partida doble, como jubilado y como vocal del tribunal), y a sueldo del partido de Lerroux. Conviene destacar que, poco después (05/09/1935) saltaría a la palestra el corrupto sistema de financiació del PRR: el escándalo del Estraperlo (sobornos a cambio de autorizar la instalación de una ruleta fraudulenta en varios casinos españoles). Y conviene destacar, también, que el gobierno Companys había prohibido la instalación de esta ruleta en Catalunya.

El juicio y la condena

6 de junio de 1935. Madrid. El Tribunal Supremo hacía suya la tesis del fiscal Lorenzo Gallardo Gonzalez —que había trabajado con la pretendida investigación del lerrouxista Gil— y dictaba sentencia:

  “el Código de Justicia Militar, establece que (...) los procesados se alzaron en armas contra esa Constitución, proclamando el Estado Catalán de la República Federal Española (...) implica la subversión del régimen constitucional (...) transformando las regiones autónomas en Estados miembros (...) con alteración profunda de poderes (...) Fallamos: (...) condenamos a cada uno de los .procesados (...) autores de un delito de rebelión militar, a la pena de treinta años de reclusión mayor."

Gil Gil y Gil Biografía Gil y Gil, Gil. Zaragoza, 6.III.1865 – 28.IV.1947. Catedrático, abogado y foralista aragonés. Pertenecía por ambas líneas a la casa de Gil de Jasa, en el valle de Jaca. Vivió toda su vida en la calle de Jaime I de la ciudad del Ebro, que los aragoneses denominan calle “San Gil”, ciudad que eligió como lugar de residencia “por decidida voluntad” y en la que sus padres tenían comercio. Tuvo también una hermana llamada Teresa. Licenciado en Derecho en 1885, obtuvo el grado de doctor en 1886. Ejerció la profesión de abogado y trabajó algunos años en el despacho de su tío y padrino Joaquín Gil Berges como pasante, alcanzando luego gran prestigio, despacho que después pasó al hijo de Gil, Joaquín Gil y Marraco. Desempeñó ininterrumpidamente la profesión de abogado durante medio siglo. Fue profesor auxiliar de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza desde 1890 y obtuvo la cátedra de Derecho Civil Común y Foral en 1904. Según el relato de Juan Moneva y Puyol, alumno suyo por aquella época:  “Quiso ser Catedrático de Derecho procesal de Zaragoza, única Universidad que le convenía a él, decidido a no salir de Aragón ni del despacho de su tío Gil Berges, que era su despacho mismo, pues en el mismo local trabajaban: no ganó la oposición él sino don Francisco Xavier Comín y Moya, y Gil fue su afectuoso suplente en toda ausencia o impedimento; en la vacante de don Domingo Alcalde y Prieto, sacada a oposición, fue triunfante Gil y tomó posesión de su Cátedra de Derecho civil común y foral, día 23 de diciembre de 1904”. Era vocal y secretario de la Junta Parroquial de San Felipe y Santiago. De convicciones republicanas, fue nombrado rector de la Universidad de Zaragoza (22 de mayo de 1931), pero dimitió en diciembre de ese mismo año, y junto a él cesaron el vicerrector —Savirón Carabantes— y los decanos de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho y Medicina. Así relata el nombramiento Moneva y Puyol:  “Triunfante la segunda República, declarado cesante por ella el Rector Miral, comprendimos los claustrales que convenía guardar al Gobierno la atención de elegir para la vacante un catedrático republicano, si el candidato, demás de esa conformidad con el Régimen, plenamente nos agradaba: ambas circunstancias concurrían en Gil Gil y Gil y sólo en él; lo elegimos; y, en la misma sesión para Vice-Rector, a Paulino Savirón y Caravantes, monárquico, por votación más copiosa”. Diputado a Cortes por Zaragoza en las Constituyentes de 1931, fue después vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales. Como premio a su fecunda labor educativa le fue concedida la Banda de la Orden de la República (9 de abril de 1935). Moneva y Pujol escribe que de los “brillantes profesores auxiliares” de entonces “era Gil a quien los alumnos tratábamos con mayor confianza; siempre con respeto; era Gil tan modesto como es difícil hallar en hombres de carrera”. Junto a Jerónimo Torres, Carlos Vara de Aznárez, Ignacio Aybar, Marceliano Isábal, Roberto Casajús, Pascual Comín y Gregorio Rufas, como vocales, y su tío Joaquín Gil Berges como presidente, formó parte de la comisión especial nombrada el 24 de abril de 1899, encargada de redactar el proyecto de ley que contenía las instituciones forales aragonesas que fueran convenientes conservar en concepto de excepciones al Código Civil para el territorio aragonés. En unión de otros profesores del claustro zaragozano, redactó en 1894 el informe que la Facultad de Derecho debía elevar en virtud de consulta solicitada por el Gobierno acerca del Proyecto de Bases para la reforma sobre las leyes de organización judicial y de Enjuiciamiento civil publicado por Real Decreto de 17 de octubre de 1894, habiendo sido aprobado dicho informe y poco tiempo después publicado. Su discurso de apertura en la Universidad de Zaragoza en 1928 causó gran impresión y se refería a los Precedentes inmediatos y ligera crítica del Apendice al Código civil, correspondiente al Derecho foral de Aragón. La obra aparece dividida en una primera parte de “Precedentes”, y una segunda “Ligera crítica del Apéndice al Código Civil correspondientes al Derecho Foral de Aragón”. Entre estos precedentes sitúa la crítica doctrinal a la “desdichada tendencia del Tribunal Supremo de insistir en el criterio iniciado por la sentencia de 23 de marzo de 1893...” y agregaba:  “Pareció que íbamos a llegar en España a la unificación del Derecho Civil mediante el violento, injusto, anticientífico procedimiento de la absorción de las legislaciones forales por la de Castilla, arbitrariamente impuesto por los fallos del Tribunal Supremo... claro que el repetido criterio del Tribunal Supremo fue atinada y briosamente impugnado por poderosas inteligencias de algunos jurisconsultos regionales, dando lugar a muy acertadas observaciones, publicadas en periódicos profesionales unas, otras en periódicos de carácter general, y algunas constituyendo folletos, debidas a las plumas de los Sres. Isábal, Castán, Ortega (D. Ramón), Carner, Gil Berges y varios otros”. En cuanto a la regulación ofrecida por el Código Civil a la legítima vidual, institución de gran raigambre aragonesa, critica la regulación ofrecida por el Código Civil a esta institución:  “Al pretender reproducirla en parte, sólo se hace desvirtuar la institución, ofreciendo burdas caricaturas de la misma, como ocurre con lo ordenado en los artículos 834 al 839 del Código Civil. Donde sólo se asigna al cónyuge sobreviviente, que no se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa del difunto, la consabida y variable cuota en usufructo, y se incurre en la enormidad de consentir el disfrute de la misma, aun cuando el viudo pase a ulteriores matrimonios. Con lo cual se echa por tierra el fundamento más racional y justo de la institución, se convierte el matrimonio en nuevo título de adquirir, para quienes gozan de longevidad frente a cónyuges prematuramente muertos, y vemos cómo los longevos saltan en vistoso ejercicio acrobático sobre los esposos fallecidos, arrancándoles a cada uno parte de su patrimonio, prescindiendo de toda piadosa memoria, y compartiendo los bienes de éstos con quienes contribuyeron a olvidarlos; siquiera a veces sean los vengadores del desprecio infligido a los difuntos por el cónyuge sobreviviente”. No pueden pasarse en silencio las últimas palabras que incluye en su conocido discurso de apertura:  “Y para terminar, queridos alumnos de la Universidad de Zaragoza, permitidme un consejo deducido de mi ya larga vida, de la experiencia heredada de mis maestros académicos y familiares, y del intenso ejercicio de la abogacía. Procurado siempre el cumplimiento de los deberes de todo género; educado vuestra voluntad en la práctica de la virtud; no dejéis jamás de estudiar; sed honrados y sabios, como recomendaba en ocasión idéntica a la presente el inolvidable D. Ricardo Sasera, quien seguramente reunió ambas condiciones. De esa suerte satisfaréis legítimos anhelos de vuestras familias, seréis útiles a la Patria, honraréis a nuestra Universidad, lograréis una completa tranquilidad de conciencia, que os compensará con creces de las contrariedades que la vida os ofrezca, y podréis servir de ejemplo a vuestros hijos. Tened seguridad de que otra conducta no habría de produciros satisfacción verdad ni duradera. He dicho”. Obras de ~: Precedentes inmediatos y ligera crítica del Apendice al Código civil, correspondiente al Derecho foral de Aragón. Discurso leído en la Universidad de Zaragoza en la solemne apertura de los estudios del año académico de 1928 a 1929, Zaragoza, Universidad Literaria de Zaragoza, Tipografía La Académica, 1928. Bibl.: J. Moneva y Puyol, “Notas necrológicas”, en Anuario de Derecho Aragonés, IV (1947-1948), págs. 551-553; J. F. Baltar Rodríguez, “Gil Gil Gil”, en J. Peláez, Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), I, Zaragoza-Barcelona, Facultad de Derecho Universidad de Málaga, 2005, pág. 373.

El franquista "siniestro" que presidió La Caixa durante 32 años.-a

La Caixa o Fundación Bancaria la Caixa es el nombre por el que se conoce a la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en catalán),​ una fundación bancaria española. Su sede social se ubica en Palma de Mallorca desde 2017. Se trata de la entidad resultante de la trasformación de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa", en fundación bancaria, realizada en 2014 para cumplir con la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (Ley 26/2013, de 27 de diciembre). Es la principal accionista de CaixaBank, con un 30,00 % del capital (a través de Criteria Caixa). Su misión principal, además de ejercer la labor financiera a través de esta sociedad, es la gestión de la obra social y cultural heredada de la caja de ahorros.

El hombre que presidió La Caixa durante 32 años apenas merece una mención de pasada en la web corporativa de la entidad. No hay cuadro de honor en la casa para Miguel Mateu y Pla, la persona que más años ha ostentado el cargo institucional.  En Cataluña, desde siempre, ser presidente de La Caixa ha dado prestigio y, sobre todo, poder. Aunque Mateu y Pla nunca necesitó el cargo para sentirse poderoso. Porque nació en familia acaudalada e influyente y supo cultivar amistades de altos vuelos. La más insigne, la de Francisco Franco, su amigo -de verdad- durante tres décadas.  Para Miguel Mateu y Pla, el despacho en la sede de La Caixa era sólo uno más de los muchos que ocupó en su boyante trayectoria. Fue alcalde de Barcelona y embajador en París. Y procurador en las Cortes. Y presidente de la Agencia EFE y la patronal Fomento del Trabajo. Y tuvo despacho hasta en un castillo –su castillo-, el de Peralada, donde compartió veladas íntimas con el Caudillo, rodeados de arte exquisito, a orillas de los viñedos del Ampordá. Mateu y Pla nació rico y murió más rico aún. Su padre era Damián Mateu, industrial exitoso que pasaría a la historia del motor en España por ser uno de los padres de la mítica Hispano Suiza. De aquella factoría salieron los primeros coches de lujo fabricados en España (hoy sueño de coleccionistas). La empresa catalana acabaría vapuleada por la guerra y engullida en la posguerra por el Instituto de Industria (INI). Pero sus años dorados, a principios del siglo XX, sirvieron para enriquecer a los Mateu. El encargado de engordar las arcas familiares fue Miguel. Se formó en la Universidad de Barcelona y aderezó su currículo con estudios en Estados Unidos y Francia. En la década de los 20 ya era un miembro destacado de la élite catalana. Tenía contactos ilustres en la iglesia (su tío era Enrique Plá, arzobispo de Toledo y Primado de España); y, por supuesto, en el mundo de los negocios: se crió rodeado de empresarios y acabó casándose con la hija del hombre fuerte de la alemana Basf en España (Julia Quintana). Su fortuna era tal que, en 1923, le compró el castillo a los condes de Peralada, cuyos cimientos se plantaron en la Edad Media. El edificio histórico se convirtió rápidamente en el símbolo del poderío familiar. Miguel Mateu era -como recuerda la web corporativa de la familia- «uno de los mayores coleccionistas de su tiempo». «Don Miguel hizo de Peralada su particular centro de arte, reuniendo allí sus colecciones de vidrio, pintura, cerámica, etc», explica la compañía, convertida en la actualidad en uno de los principales productores de vino de la región -entre otros negocios- y dueña del famoso casino cobijado en un ala del castillo. Por Peralada pasaron los personajes más ilustres de los años 20, de la esfera cultural a la política y, por supuesto la empresarial. Y del castillo tuvo que huir Mateu cuando estalló la guerra. Su estrecha relación con Franco le blindó frente al enemigo rojo. Gracias a ellos, logró cruzar al lado de los rebeldes e instalarse junto al líder de la revuelta militar. El empresario vio desde la distancia, como miembro destacado de la cohorte de Franco, cómo sus propiedades cambiaban de manos. La fábrica de coches -pulmón del negocio familiar- fue nacionalizada por el president Lluis Companys, después de que la tomaran huestes exaltadas de la CNT (en la incautación murió el administrador). La guerra civil sirvió para que Miguel Mateu reforzará aún más su amistad con Franco. El periodista Lluc Salellas recuerda en su libro El franquisme que no marxa cómo le definía en su día Josep Pla. «Un personaje siniestro, un burgués dominado por el miedo, por un ansia económica sin límites, el auténtico representante del franquismo en Catalunya”, escribió el famoso escritor catalán. La victoria de Franco abrió una etapa de gloria para Mateu. Además de recuperar sus legítimas propiedades, no regresó a Barcelona como un ciudadano más, sino como alcalde. Gobernó la Ciudad Condal en los primeros años de la posguerra, entre 1939 y 1945. El glamour regresó al Castillo de Peralada, cuyos salones serían testigos de encuentros políticos de alto nivel. Hasta allí se desplazaron los enviados de Adolf Hitler para dialogar con el gobierno franquista sobre la ocupación de Francia. Y en una de sus alcobas durmió Franco en 1940, de camino a su encuentro con Benito Mussolini en Bordighera. Fue justo ese año cuando La Caixa le ofreció el sillón de presidente.  «Con el inicio de la Guerra Civil española, se viven unos años convulsos y de estancamiento. Con ella, Miguel Mateu y Pla, empresario y alcalde de Barcelona, es nombrado nuevo presidente de la entidad», explica CaixaBank en un documento titulado «Historia del grupo» y publicado en la web corporativa. La entidad había nacido en 1904 de la mano de Francesc Moragas, bautizada como Caja de Pensiones para la Vejez. Contaba con el apoyo de «diversas entidades de la sociedad civil catalana», con el objetivo de « estimular el ahorro y la previsión». El negocio de la caja se asentó pese al agitado panorama político y económico de la primera mitad del siglo. Empezaron por abrir oficinas de cara al público, luego dieron el salto a Baleares y tomaron la acertada decisión de integrar plenamente y profesionalizar la Obra Social (en la actualidad no sólo pervive, sino que dedica más de 500 millones anuales a proyectos sociales y culturales). Acabada la Guerra Civil, la entidad tenía por delante el reto de crecer en un país destrozado, en lo económico y en lo anímico. La Caixa dejó la estrategia en manos de su director general, Josep María Boix, quien había cogido las riendas tras la muerte del fundador. Y entregó al alcalde de Barcelona la presidencia, de carácter institucional. Miguel Mateu la ostentaría hasta su muerte en 1972. Durante sus 32 años de presidente hubo dos directores generales que movieron las palancas de la estrategia. Primero Boix y más tarde Enrique Luño Peña, un aragónes a quien se encomendó la tarea de mantener el negocio financiero alejado de las tentaciones de los políticos, locales y nacionales. La misión no podía ser más espinosa, teniendo en cuenta que la propia entidad estaba presidida por un político con enorme peso en el establishment. Así lo recordaba su sucesor, Josep Vilarasau, en un artículo publicado en La Vanguardia tras la muerte de Luño, en 1985. «Durante su mandado, La Caixa mantuvo su independencia ante los diversos grupos de presión políticos y económicos. Un conservador tradicionalista como Luño Peña rehusó enrolar La Caixa en ninguna órbita de las que entonces luchaban por el poder», escribía Vilarasau. «Y no la sometió tampoco a ningún grupo económico. Y ello pese a que un régimen político como el entonces imperante en nuestro país reducía inevitablemente el margen de independencia de toda institución que tuviera una proyección importante». Durante tres décadas, Mateu dejó hacer a quien sabía de finanzas. Entre 1945 y 1947 ejerció de presidente a distancia, ya que Franco le envió a París como embajador. En la capital francesa trabajó duro: la embajada proyectó decenas de informes y reuniones dirigidos a mejorar la imagen del régimen en el exterior. Cuando volvió a Barcelona, ya era una reverencia para la burguesía catalana. Y para la madrileña: fue procurador en las Cortes durante 24 años, como consejero nacional de la Falange. Fainé gana la partida: la jugada definitiva del ‘último mohicano’ de la banca española. Carmen Mateu  Miguel Mateu murió tres años antes que su amigo Francisco Franco. Dejó tras de sí un importante emporio empresarial que crecería de la mano de su hija Carmen, una de las grandes mecenas de la cultura catalana y fundadora del conocido Festival Castell de Peralada. Cuando murió, en 2018, Carmen Mateu contaba con grandes distinciones, de la medalla de Oro del Cercle del Liceu a la Creu Sant Jordi de la Generalitat. El Consejo de Ministros también le concedió la medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes. La empresaria murió sin poder recogerla el mismo año en que el Ayuntamiento de Barcelona le retiraba una distinción idéntica a su padre. Miguel Mateu y Pla (Barcelona, 1898-Barcelona, 1972) también conocido con el apodo de Mateu dels Ferros, fue un financiero, empresario y político español. Alcalde de Barcelona (1939-1945), embajador en París (1945-1947), presidente de la compañía automovilística Hispano-Suiza (1935-1945), presidente de la Caja de Pensiones, "la Caixa" (1940-1972), presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional (1952-1972), fue consejero nacional de Falange Española y Procurador en Cortes (1943-1972). El viernes 27 de abril de 2018, el pleno del consistorio, encabezado por Ada Colau, aprobó la retirada de la medalla de oro de la ciudad. Así justifica el Ayuntamiento de Barcelona la medida:  «Miquel Mateu Pla fue el primer alcalde falangista de la ciudad y máximo responsable de la represión de los trabajadores municipales. El proceso se produjo al amparo de la ley franquista para la depuración de los funcionarios y las funcionarias públicos de 10 de febrero de 1939 sin las mínimas garantías de defensa para las personas implicadas». El consistorio recuerda cuál fue el resultado de la purga:  «Más de 922 funcionarios y funcionarias fueron destituidos, algunos por incomparecencia, ya que se exiliaron o renunciaron a los cargos cuando supieron que estaban marcados como republicanos; y 696 personas más fueron sancionadas e incluso inhabilitadas por cargos de mando. La retirada de la medalla fue acompañada de otra medida aprobada el mismo día por el pleno: la anulación de 1.618 expedientes de depuración. Ese viernes de 2018, Miguel Mateu, héroe para el bando franquista, quedó registrado como villano en la historia oficial de la ciudad. Distinciones Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad (1948) Gran Cruz de la Orden de Cisneros (1964) Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco (1964) Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola (1966)

DOCUMENTACIÓN INÉDITA La actividad del exalcalde de Barcelona como embajador en París en 1945. Los papeles inéditos de Miguel Mateu. JOSEP PLAYÀ MASET BARCELONA 01/05/2017 El archivo del monasterio de Poblet es noticia porque gracias a un acuerdo con la Generalitat pasará a ser una sección territorial del Arxiu Nacional de Catalunya con autonomía propia. El convenio facilitará el tratamiento archivístico, la digitalización y difusión de los fondos que incluyen el archivo monástico, el de la Casa Ducal de Medinacelli y el archivo Montserrat Tarradellas, creado por el president Tarradellas y enriquecido con otros 62 fondos entre los que destacan los de Lluís Gausachs, Jaume Miravitlles, Carles Sentís, Joan Antoni Samaranch, Josep M. Bricall, Manuel Ortínez, el general Batet y Paul Preston. La última incorporación al archivo de Poblet son los fondos del abogado y exdiputado Jorge Trias, tal como ya informó este diario (26/III/2017). Son 163 cajas de documentos, mayoritariamente referidos a su padre, Carlos Trias, falangista de primera hora y teniente de alcalde de Barcelona entre 1939 y 1945. Pero también hay parte del archivo personal de Jorge Trias y nueve cajas relacionadas con el empresario y político Miguel Mateu Pla (1898-1972). La documentación relacionada con Miguel Mateu es prácticamente inédita y se relaciona con los periodos en que fue alcalde de Barcelona (1939-1945) y los dos años en que fue embajador de España en Francia (1946-1947. Es un material imprescindible para entender la posguerra y para la biografía de un personaje clave dentro del franquismo, exponente de la burguesía catalana que apoyó al Caudillo. La relevancia de estos fondos para los historiadores queda de manifiesto en algunos de los informes y documentos que se relacionan a continuación. Protestas contra los consulados El 16 de noviembre de 1944 Franco nombra embajador de España en París a Miguel Mateu, que acaba de dejar la alcaldía de Barcelona. La ayuda de los exiliados republicanos a la resistencia francesa y la estrecha relación entre los maquis y los comunistas eran un quebradero de cabeza para el franquismo. Y Mateu, por sus contactos empresariales, podía romper el aislamiento de España. Según un documento, su sueldo personal era de 27.000 pesetas anuales, más 90.000 por “gastos de representación´”. Nada más llegar a París, Miguel Mateu empezó a desplegar una gran actividad. Enviaba informes a diario al gobierno de Franco. Informaba sobre la situación política internacional y cuestiones relacionadas con los refugiados españoles (completados con dossieres del policía Pedro Urraca, el mismo que detuvo a Companys). Se quejaba, por ejemplo, de las manifestaciones de protesta contra los cónsules españoles, de la presencia de “guerrilleros desarmados que pululan por Toulouse” y del sindicato de policía de Perpiñán, que “ha tomado el acuerdo de negarse a cumplir las órdenes que pudieran dársele para proteger al cónsul de España”. Miguel Mateu intentó un acercamiento a los aliados y romper la imagen de una España prohitleriana. En una de sus primeras notas pide que se desmienta “la patraña” de que barcos alemanes se han abastecido en los puertos del Cantábrico. En otra, dice que se ha quejado al Quai d’Orsay por ataques de la prensa que atribuyen “al gobierno español el envío a prostíbulos de niñas arrancadas a sus hogares y por tratar de felones a los oficiales españoles”. En una nota del 5 de abril de 1945 dice que de 245 noticias de la prensa francesa sobre España, sólo seis son favorables. Interesante es su advertencia sobre la llegada de los deportados internados en los campos de concentración de Buchenwald, Bilsen y otros. “Las manifestaciones de estos deportados no pueden ser más terribles para los alemanes. Han cometido con ellos horrores de todas clases, y el clamor que este trato inhumano ha levantado aquí es general. Muchos vienen con sus número tatuados en los brazos. Se ha probado que en Buchenwald hubo un promedio de 300 muertes diarias”.  Días después informa que ha llegado a París “el joven Jorge Semprún, hijo del ex gobernador civil de Toledo y cuñado de Maura”, detenido en Buchenwald. En abril, recién acabada la guerra, llegan a París dos vagones llenos de naranjas para ser repartidos entre la población francesa. Era una iniciativa de Mateu, que pide que se repita, por su buena acogida (“es en los sectores pobres donde existe un ambiente más contrario a nosotros”).  El 19/IV/1945 informa que en Francia hay de 2.000 a 2.500 mutilados republicanos y pregunta “si se pudiese encontrar una manera de ayudar un poco” Se sabía que en el castillo de Peralada, propiedad de Miguel Mateu, se alojó Franco de camino hacia Bordighera para entrevistarse con Mussolini o que allí se celebró en 1940 una reunión con altos mandos nazis cuando estos ocuparon Francia. Pero los documentos de Poblet revelan una cumbre secreta entre la cúpula militar franquista y la gaullista, a punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa de Mateu pretendía que los militares franceses controlaran a los republicanos españoles que les habían secundado en su lucha contra los nazis, los desarmaran y alejaran de las frontera. En un documento de cinco páginas, Mateu informa al ministro Félix de Lequerica del encuentro celebrado el 20 de enero de 1945 en Peralada, al que por parte española asistieron “los generales Ungría y Madariaga, los tenientes coroneles Moyano y Montesinos, el comandante Castro, el capitán Maristany, mi secretario y yo”. Y por parte francesa, “el general Caille, el cónsul general de Francia en Barcelona sr. Coiffard, el capitán Fontaine y el teniente Delon”. Hubo comida y una sobremesa que se prolongó dos horas. Hablaron de “la situación general de Francia y de la guerra, las actividades de los rojos españoles y la cuestión de Andorra”. El general Caille, jefe de la frontera de los Pirineos, a quien define como “amigo y colaborador del general De Gaulle”, les explica que hay de 7.000 a 8.000 exiliados en el sur de Francia “perfectamente vigilados, prácticamente desarmados y, en su mayoría, alejados a 40 o 50 km de la frontera”. Reconoce que su manutención corre a cargo del gobierno francés y que cuentan con complicidades, razón por la que no pueden ser internados, como al parecer se le pide. En un momento dado se refiere a ellos como el “joli cadeau” que hizo España a Francia. Los militares españoles replican: “Mándenoslos usted para España”. Según este informe, el general Caille añadió que “los rojos españoles tienen una ignorancia completa de lo que pasa y de lo que les pasaría en España”, y una discreta propaganda estimularía su repatriación. Por otra parte, el general se queja de que unas locomotoras francesas están retenidas en la frontera de Canfranc. Mateu, en otra carta al ministro, informa de que a poco de llegar “me enteré de que en el campo de concentración de Noé se habían internado 24 guardias civiles y soldados que los individuos del maquis español, rechazados por nuestras fuerzas hace unos meses, habían traído con ellos en calidad de prisioneros”. La nota (17/III/1945) precisa que los 24 detenidos “han sido acompañados hasta la frontera por las autoridades militares francesas y han pasado por los Pirineos (Pont du Roy) el 22 de febrero ”.  Fue su primer éxito diplomático como embajador. Catalanes por raza y costumbre. Cuando Miguel Mateu llega a la embajada se encuentra sobre la mesa el “conflicto de Andorra”. Un grupo de maquis ha intentado ocupar la radio de Andorra, y Francia tiene allí un centenar de gendarmes. España ha enviado también a la Guardia Civil. Entre los documentos de Poblet figura un informe de 14 páginas (Situación política social de los valles), fechado en Les Escaldes a 4 de febrero de 1945, que el jefe del destacamento de la Guardia Civil envía a las altas instancias políticas. Para el jefe de la Guardia Civil el drama de Andorra es “el choque de una constitución política y social de la edad media con las exigencias de la vida moderna”. Empieza por decir que “Andorra era un país pobre”, pero “acaso no haga más de veinte años” empezó un gran cambio: explotación de hulla blanca, creación de la hidroeléctrica Fhasa [de la que era consejero Miguel Mateu], Ràdio Andorra, red de carreteras, hoteles, turismo... También señala el deseo de los andorranos de “conservar la independencia, no ser españoles ni franceses”, ya que “para ellos es substancial, porque ahí radica la base de su bienestar, logrado a base de las concesiones aduaneras y de las posibilidades de su intenso contrabando. Además gozan de una gran libertad, no pagan tributos apenas, ni están sujetos al servicio militar” El jefe de destacamento sugiere enviar maestros catalanes para “españolizar con palabras catalanas” En su descripción del país reconoce que “el idioma oficial es el catalán y la población es catalana por raza, por costumbres, por su cultura”. Y añade:  “Del mismo modo que afirmamos que el territorio y la población son catalanes, mejor dicho españoles, es preciso aclarar que el Estado Español no tiene directamente ninguna soberanía de derecho y que esta corresponde íntegramente a los dos copríncipes”.  De ahí que proponga actuar siempre a través de la mitra, incluso hasta el punto de poner el escudo episcopal sobre la bandera española. A otro nivel, pide reforzar la enseñanza para evitar que vayan más alumnos a la escuela francesa, como pasa en Canillo. Y sugiere enviar maestros catalanes porque dominan el habla de los andorranos (“es preciso españolizar con palabras catalanas”). También analiza el limitado papel de la policía andorrana (un jefe y seis policias), de la que dice que no controla nada. Y además, “el jefe bebe bastante y es incondicional de los franceses”. “Si queremos hacerla española es preciso tratar de lograrlo con una política hábil y continua pero sin decirlo. Incluso si llegásemos a la absorción, dejarles por mucho tiempo la ilusión de independencia, como por puro formalismo”, dice. Propone retirar a la Guardia Civil, pero que quede en La Seu d’Urgell de tal modo que “vayan con frecuencia a Andorra, utilizando cualquier pretexto, con objeto de que no se pierda la relación con la población y se acostumbren a ver la Guardia Civil en dependencias del Episcopado”

 

El castillo de Peralada.

El castillo de Peralada, mencionado ya en el siglo ix con el nombre de castillo Tolón, fue el centro del condado de Perelada. La dinastía de los vizcondes de Perelada se inició con Berenguer, hijo del conde Ponce I de Ampurias, que al morir su padre se convirtió en señor de Perelada. Más tarde, los vizcondes llevaron los apellidos de Quermançó y Rocabertí. En 1285, durante la invasión francesa del Ampurdán, durante la Cruzada contra Cataluña de Felipe el Atrevido, el castillo fue destruido y la población incendiada. Los restos de este primitivo castillo y de la iglesia parroquial de San Martín están en la parte superior del casco urbano. A mediados del siglo xiv fue construido un segundo y nuevo recinto de murallas, más amplio, y el nuevo palacio de los Rocabertí levantó extramuros. En 1472, durante la guerra de los Remences, el rey Juan II volvió a invadir y ocupar el castillo y años después, en 1599, el vizconde Francesc Jofre de Rocabertí fue investido conde de Perelada por Felipe III de España. Ha sido objeto de varias reformas y ampliaciones, la fachada oriental es de estilo renacentista y al final del siglo xix fue nuevamente ampliado, bajo la dirección del arquitecto francés Grant. Lo rodea un gran jardín. El palacio fue adquirido en 1923 por Miguel Mateu,2​ que reunió una notable colección de arte (cristales, cerámica, pintura, libros, manuscritos) y patrocinó la edición de libros eruditos «Biblioteca de Peralada». Hoy, la propiedad sigue en manos de la familia Mateu y es la sede de una bodega de vinos, por lo que no se puede visitar en su totalidad. Sin embargo, en una parte del castillo se encuentra el casino, y los jardines permanecen abiertos en julio y agosto con motivo del Festival Internacional de Música de Peralada. Biblioteca. La biblioteca es uno de los elementos culturales de mayor importancia y fama del castillo. Construida de nueva planta en la restauración del Carmen y acabada hacia 1886, pasó a disponer de los libros de los últimos miembros de la casta Rocabertí. La condición universitaria de los condes (uno de los dos hermanos era abogado, mientras que el otro era ingeniero de minas) y sus múltiples intereses (personajes de la Renaixença, al tiempo que persistentes viajeros, con una posición familiar equidistante de Peralada, Mallorca y París), les impulsaron a la búsqueda de ejemplares humanísticos y científicos, además de la suscripción a las mejores revistas de su época. Al extinguirse el linaje (1899), la biblioteca constaba de 28.000 volúmenes. Heredó la propiedad Fernando Truyols Despuig, marqués de la Torre, quien fue propietario desde 1899 hasta 1923. En esta época no se aumentó el fondo bibliográfico. El año 1923, al adquirir el castillo Miquel Mateu conservó la biblioteca y, con el tiempo, aumentó considerablemente sus fondos. Su actividad de bibliófilo fue frenética, siendo en su época un de los mejores compradores de libros de España. Por un lado, Miquel Mateu  hizo una biblioteca temática, fundamentalmente histórica y literaria. Por otro, sus compras se dirigieron hacia a la bibliofilia, o sea, libros con características particulares, independientemente de su tema. Así consiguió unos doscientos incunables, unos setecientos ejemplares únicos o rarísimos, ochocientas ejecutorias de nobleza, aparte de numerosísimos góticos o manuscritos. Sin duda, la colección más espectacular es la cervantina, una de las mejores del mundo a nivel privado, con unos 5.000 ejemplares, de los cuales más de mil son diferentes  ediciones de Don Quixote, con traducciones a 33 lenguas diferentes. Cabe destacar que también es muy importante el archivo, con documentación a partir del siglo IX. El archivo histórico cuenta con un fondo documental procedente del propio convento del Carme y el resto es fruto de la adquisición de Miguel Mateu. Se conserva también el importante archivo personal de Miguel Mateu y buena parte del epistolario de su padre, Damià Mateu. A la muerte del primero (1972), la biblioteca contaba con unos 70.000 volúmenes; actualmente hay unos 100.000.

La resolución completa del Parlamento catalán que declara a Cataluña republicana.-a

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno extraordinario que provocó él personalmente en el parlamento autonómico sobre "la situación política creada  por la crisis de la monarquía española" tras la marcha del Rey emérito. Foto: Marc Brugat/EP.  11 Agosto, 2020 Fue aprobada el pasado viernes, a las 22 horas, por el parlamento autonómico catalán por una mayoría de 69 votos –de ERC, Junts per Catalunya y la CUP– frente a 65 de Ciudadanos, PSC, los comuns, y el PP.

RESOLUCIÓN 905/XII DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA CREADA POR LA CRISIS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  Pleno del Parlamento, sesión 59, 07.08.2020, DSPC-P 106 El Pleno del Parlamento, en la sesión celebrada el 7 de agosto de 2020, ha debatido las propuestas de resolución presentadas por los grupos y subgrupos parlamentarios, subsiguientes al debate sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española, tenido el día 7 de agosto. Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento del Parlamento, ha adoptado lo siguiente: RESOLUCIÓN 1. LA SITUACIÓN POLÍTICA CREADA POR LA CRISIS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA I. 1. RATIFICACIÓN DE LA VOLUNTAD REPUBLICANA DE CATALUÑA  1  El Parlamento de Cataluña declara que Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey. 2 El Parlamento de Cataluña constata que en Cataluña hay una amplia mayoría a favor de ejercer por referéndum el derecho a la autodeterminación y en contra de la monarquía. 3 El Parlamento de Cataluña constata que la forma política del Estado español es ajena al principio democrático, dado que la condición de jefe de estado se transmite por vía hereditaria y no por elección de la ciudadanía, y constata también que Cataluña se quiere republicana, dado el rechazo mayoritario de la ciudadanía a esta forma política, impuesta pero nunca refrendada. 2. LA HERENCIA FRANQUISTA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  4  El Parlamento de Cataluña recuerda que el linaje de los borbones ha sido una calamidad histórica para Cataluña, y específicamente que Juan Carlos de Borbón aceptó la sucesión del general Franco, juró fidelidad a los principios del régimen franquista y afirmó que recibía del dictador «la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936», en referencia al golpe de estado militar perpetrado contra la Segunda República española. En este sentido, la monarquía española es la continuación del régimen precedente y resulta inseparable de la persona del rey Juan Carlos, porque así lo establece el artículo 57 de la Constitución española. 5 El Parlamento de Cataluña constata que Juan Carlos I fue nombrado heredero del régimen fascista por el dictador Francisco Franco, por lo que juró dos veces las leyes fundamentales y los principios del Movimiento Nacional –el 22 de julio de 1969 y el 22 de noviembre de 1975– y dio continuidad a «la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936». 6 El Parlamento de Cataluña denuncia que la monarquía española es sucesora del régimen franquista, del que recibió «la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936». 3. LA CRISIS DEL PACTO CONSTITUCIONAL DE 1978  8 El Parlamento de Cataluña constata el fracaso y la crisis definitiva del pacto constitucional de 1978, que, por su carácter irreformable, blinda un sistema autonómico fallido, una democracia intervenida por el poder judicial, unas políticas sociales que son anuladas cuando las aprueba el Parlamento de Cataluña y una legislación que castiga el ejercicio de derechos fundamentales. 9 El Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como es la monarquía.  10 El Parlamento de Cataluña defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el modelo republicano como la mejor forma de gobierno para garantizar la plena igualdad entre los ciudadanos, y manifiesta su apoyo y su solidaridad con todos los pueblos y movimientos de España que luchan para alcanzar este objetivo. 11 El Parlamento de Cataluña constata que el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación es la vía para la construcción de la República catalana y esta es la mejor muestra de solidaridad con todos los proyectos republicanos y emancipadores de los pueblos del Estado español para a tumbar el régimen del 78. 4. LA FALTA DE CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA INSTITUCIÓN MONÁRQUICA 12 El Parlamento de Cataluña denuncia la connivencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para sustraer la monarquía a cualquier fiscalización o control democrático, connivencia que llega a su momento culminante con la fuga consentida del rey Juan Carlos para evadir la acción de la justicia. 13 El Parlamento de Cataluña lamenta que los poderes del estado operen de forma coordinada y concertada, aniquilando la necesaria separación de poderes, cuando se ponen en crisis los elementos estructurales del régimen del 78. 14 El Parlamento de Cataluña expresa su indignación y condena por las actividades irregulares o delictivas de miembros de la familia real española conocidas recientemente y por las estructuras de corrupción que implican.  15 El Parlamento de Cataluña constata que ningún miembro de la monarquía borbónica no ha sido sometido nunca a control público ni parlamentario, amparándose en la legislación vigente y con la connivencia del aparato del Estado para la protección de las figuras reales. 16 El Parlamento de Cataluña rechaza la sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de octubre de 2019 (STC 111/2019), que ha consagrado un marco de impunidad absoluta para la corrupción de la monarquía, más allá de la anulación de la comisión de investigación acordada por este Parlamento, y reprueba los magistrados del Tribunal Constitucional por haber consagrado este marco de impunidad, que es incompatible con el sistema democrático y contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 17 El Parlamento de Cataluña reitera la necesidad de que las instancias judiciales del Estado español y de los otros estados afectados investiguen y castiguen debidamente la corrupción de la monarquía borbónica para evitar que quede impune gracias a una aplicación abusiva del privilegio constitucional de la inviolabilidad. 18 El Parlamento de Cataluña interpreta la fuga del rey emérito como un indicio de culpabilidad en relación con los hechos por los que se le investiga y como un intento burdo de esquivar la acción de la justicia y disfrutar de impunidad. 19 El Parlamento de Cataluña considera que la complicidad del Gobierno -integrado por el PSOE y por Podem- en la fuga del rey emérito es un escándalo democrático, y que un gobierno que se reivindica como progresista debería velar por que todas las personas sospechosas de corrupción respondan ante los tribunales, en vez de cooperar para que eludan la acción de la justicia. 20 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a exigir al Gobierno del Estado explicaciones sobre el papel que ha tenido en la fuga del rey emérito, y estudiar las acciones necesarias para depurar las responsabilidades que correspondan. 21 El Parlamento de Cataluña reprueba el conjunto del Gobierno del Estado, y específicamente la vicepresidenta Carmen Calvo, por haber colaborado en la huida de Juan Carlos I y como cómplices de la impunidad perpetrada por la monarquía borbónica.  22 El Parlamento de Cataluña alerta que la arbitrariedad y parcialidad de los poderes del Estado español, que persiguen el exilio de los líderes independentistas y al mismo tiempo facilitan la fuga del rey emérito investigado por corrupción, degrada la democracia y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones. 5. LA FALTA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN ESPAÑA  23 El Parlamento de Cataluña se reafirma en la reivindicación del pleno ejercicio de todos los derechos protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos y deplora que los magistrados del Tribunal Constitucional español hayan convertido este órgano en un ariete contra el ejercicio de los derechos fundamentales.  24 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a reclamar a la Comisión Europea que actúe en defensa del estado de derecho y exija en España la aplicación debida y estricta de los tratados que regulan las obligaciones de los estados en este ámbito. 25 El Parlamento de Cataluña constata que la monarquía borbónica y España han actuado y actúan aplicando medidas legislativas y judiciales de orden penal, como la Ley de seguridad ciudadana o Ley mordaza (Ley Orgánica 4/2015), con graves consecuencias sobre el alcance de la libertad de expresión y la acción política cuando se trata de movimientos sociales y disidencia política independentista, republicana y social. 26 El Parlamento de Cataluña condena la persecución penal, los últimos años, de expresiones políticas, intelectuales o artísticas que, en ejercicio de la libertad de expresión o del derecho de representación política, han denunciado la corrupción de la monarquía española, y asimismo expresa su solidaridad con las víctimas de esta persecución, reclama el archivo de todas estas causas y exige la amnistía de las personas que han sido condenadas. 27 El Parlamento de Cataluña manifiesta su apoyo a los músicos, activistas y políticos perseguidos por el sistema judicial español por haber expresado opiniones críticas con la monarquía. 28 El Parlamento de Cataluña muestra su apoyo a todas las personas represaliadas por haber mostrado el rechazo a la monarquía, desde los jóvenes de la izquierda independentista de Girona y Mallorca hasta los cantantes Josep Miquel Arenas (Valtònyc), Pablo Hasél o Alex Nicolaev (ELGI). 29 El Parlamento de Cataluña constata que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por haber impuesto una pena de prisión a dos independentistas que quemaron la foto de los reyes en 2007 en Girona, una sentencia que muestra la clara deriva autoritaria del Estado español. 30 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a reclamar al Gobierno del Estado que impulse las medidas necesarias para derogar el delito de injurias contra la Corona, así como la Ley mordaza (la Ley Orgánica 4/2015, del 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), porque son disposiciones que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales y se utilizan sistemáticamente para censurar la libertad de expresión de la disidencia política. 31 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a elaborar un informe sobre monarquía y libertad de expresión, en un plazo de tres meses, que recoja las vulneraciones de derechos que ha perpetrado la judicatura del Estado en defensa de la Corona e incluya una propuesta de reparación. 32 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad evitar cualquier colaboración activa del Departamento de Interior en dispositivos de represión de manifestaciones y protestas bajo la excusa de una supuesta protección de la familia real, y revisar en este sentido la actuación de los mozos de escuadra que discriminaron ideológicamente la ciudadanía el pasado 20 de julio en los accesos al monasterio de Poblet. 6. LA RETIRADA DE LAS PRERROGATIVAS A JUAN CARLOS DE BORBÓN 33 El Parlamento de Cataluña reclama la retirada de los privilegios antidemocráticos de que todavía goza Juan Carlos de Borbón, incluido su aforo ante el Tribunal Supremo, y en este sentido considera urgente impulsar, por el trámite de lectura única, una proposición de ley orgánica ante las Cortes Generales que incluya: a) La retirada del título de rey a Juan Carlos de Borbón. b) La confirmación de que la inviolabilidad protege la cabeza del estado exclusivamente con relación a los actos que lleva a cabo en ejercicio de sus funciones y que son refrendados por otra autoridad. c) La derogación del artículo 55 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para eliminar el aforo injustificado de Juan Carlos de Borbón ante el Tribunal Supremo. d) La derogación de los artículos 490.3 y 491 del Código penal, que regulan los delitos de calumnias e injurias contra la Corona. e) La modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1982, del 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, para incluir en su ámbito de aplicación la Casa Real y para establecer la obligación de todos los miembros de la Familia Real de efectuar una declaración periódica completa de actividades, bienes e intereses económicos. f) La modificación del artículo 2 de la Ley del Estado 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, para incluir en su ámbito de aplicación todas las actividades de la casa Real. g) La modificación de la Ley del Estado 3/2015, del 15 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, para someter a todos los miembros de la Familia Real en el régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades que determina. 34 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a reclamar al Gobierno del Estado que impulse las medidas necesarias para suprimir el aforo a Juan Carlos de Borbón, y por retirarle la condición de rey emérito y todos los derechos, prerrogativas y privilegios de carácter institucional, protocolario y económico de que goza. 7. LA RETIRADA DE HOMENAJES PÚBLICOS A LA MONARQUÍA BORBÓNICA  35 El Parlamento de Cataluña invita a todas las instituciones y entidades del país a tomar las medidas necesarias para la retirada de cualquier símbolo, distinción o mención conmemorativa de exaltación o enaltecimiento de la monarquía borbónica o de alguno de sus miembros.  36 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a elaborar un catálogo de simbología y nomenclatura urbana monárquica, con el objetivo de facilitar su supresión y sustitución a los entes locales. 8. LA ABSTENCIÓN DE COLABORAR CON LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  37 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a no colaborar ni participar en ningún acto en el que participen miembros de la monarquía española. 38 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a realizar las gestiones pertinentes para que las otras instituciones y entidades de Cataluña no colaboren ni participen tampoco en ningún acto en el que estén presentes miembros de la monarquía española. 39 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con los entes locales, todas las herramientas institucionales y políticas para expulsar los miembros de la monarquía española de las instituciones y fundaciones compartidas. 9. LA RESTITUCIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DINERO HURTADO POR LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  40 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a reclamar al Gobierno del Estado que establezca las herramientas necesarias para fiscalizar las cuentas y las actividades de la Casa Real, investigar cualquier sospecha de corrupción de la monarquía y, en su caso, garantizar el retorno del dinero que los miembros de la institución hayan podido obtener de manera ilícita. 41 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias, en todas las instancias competentes, a fin de conseguir la plena restitución de todo el dinero robados a la hacienda pública por la monarquía borbónica, con el fin de que sean destinados a la lucha contra la Covid-19 y a las necesidades sociales extraordinarias causadas por esta pandemia. 42 El Parlamento de Cataluña considera que las supuestas irregularidades fiscales o delictivas del rey emérito Juan Carlos I, como no puede ser de otro modo en un estado de derecho y social como España, deben ser investigadas por la fiscalía y la agencia tributaria, con la atribución de las responsabilidades correspondientes y la imposición de las sanciones que sean adecuadas llegado el caso. 10. EL COMPROMISO CONTRA TODOS LOS CASOS DE CORRUPCIÓN  43 El Parlamento de Cataluña considera que el compromiso contra la corrupción debe guiar el comportamiento de las instituciones al frente de la Administración pública. 44 El Parlamento de Cataluña condena todas las formas de corrupción, especialmente las practicadas desde las más altas instancias del poder político e institucional, como ha sido presuntamente el caso del rey emérito a lo largo de décadas de mandato. 45 El Parlamento de Cataluña considera que el Gobierno de la Generalitat debe personarse como acusación particular en el caso judicial contra la familia Pujol Ferrusola y en el caso del 3%, que afecta Convergencia Democrática de Cataluña, instruidos ambos por la Audiencia Nacional, para garantizar que, en caso de que hubiera despilfarro de recursos públicos, el resarcimiento fuera a favor de la Generalidad de Cataluña. 46 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a emprender todas las acciones legales a su alcance contra los responsables de las acciones perjudiciales contra los bienes y el patrimonio público de la Generalitat a raíz de los procedimientos judiciales para la causa del 3% y por la causa contra la familia Pujol, que están bajo juicio en la Audiencia Nacional. 11. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN  47 El Parlamento de Cataluña acuerda notificar esta resolución por conducto oficial a la Casa Real ya las Cortes Generales de España, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa.

La Candidatura de Unidad Popular (en catalán, Candidatura d'Unitat Popular), conocido simplemente por sus siglas CUP, es un partido político español de izquierda, defensor de la independencia de Cataluña y de los territorios denominados "Países Catalanes"​ y adscrita ideológicamente a la Esquerra Independentista.​ La CUP ha sido definida como «un partido movimiento: un híbrido entre un clásico partido de masas y una compleja alianza entre partidos y movimientos sociales».  Su ámbito de actuación no se circunscribe a Cataluña sino que se extiende al conjunto de los llamados Països Catalans y además se opone al centralismo de Barcelona —tiene su sede en Manresa—. No reconoce al Estado Español ni a la monarquía y «su programa combate activamente el patriarcalismo y el envenenamiento del territorio», comenta el historiador Enric Ucelay-Da Cal. Por otro lado, como ha señalado este mismo historiador, «toda la variedad de grupúsculos que salieron del PSAN y del nacimiento del independentismo han encontrado su espacio efectivo y operativo en la CUP». Rasgos ideológicos Con un carácter asambleario y defensora de posturas independentistas y ecologistas, su programa ha sido encuadrado dentro de un «republicanismo anticapitalista».​ Defiende la salida de una hipotética Cataluña independiente tanto de la Unión Europea como de la OTAN.​ Aboga por la nacionalización de entidades financieras.18​ Ha sido considerada tanto una organización de «extrema izquierda» como de «izquierda radical». La CUP, cuya defensa de la construcción política de los llamados «Países Catalanes» es uno de sus ejes ideológicos fundamentales, comparte las tesis pannacionalistas del nacionalismo romántico. Historia La CUP tiene como precedente en las elecciones municipales españolas de 1979, las primeras después de la muerte del dictador Francisco Franco, a diferentes candidaturas críticas con el rumbo que iban tomando los acontecimientos y adoptaron ese nombre. En la década de 1980 se coordinarían entre sí y se acercarían hacia posturas independentistas. En 1987 se inscribe la CUP como agrupación de electores en tres municipios, siendo la marca de gentes del Moviment d'Esquerra Nacionalista (MEN) y del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) para presentarse en las elecciones municipales. El término «unitat popular» hace referencia a la alianza de izquierdas chilena encabezada por Salvador Allende, que impulsó un movimiento de transformación socialista y gobernó hasta el golpe de Estado de Augusto Pinochet. La CUP en sus inicios fue una plataforma de coordinación de las candidaturas del independentismo de izquierda radical que se presentaron en diferentes localidades en las elecciones municipales. Aunque ya había habido candidaturas con las siglas CUP desde las primeras elecciones municipales de 1979, su precedente inmediato fue la Assemblea Municipal de la Esquerra Independentista (AMEI) fundada en diciembre de 1986 como parte del fallido proceso de confluencia entre el PSAN y su antigua escisión Independentistes dels Països Catalans (IPC) que daría lugar al Moviment de Defensa de la Terra (MDT).  En las elecciones de 1987, las candidaturas impulsadas por la AMEI con o sin las siglas CUP, consiguieron unos 50 concejales y alrededor de 11.000 votos pero en las siguientes, las de 1991, bajaron a 40 concejales y a 3000 votos, lo que les llevó a presentarse en las municipales de 1995 y de 1999 en candidaturas conjuntas con Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds, obteniendo unos 40.000 votos y aproximadamente los mismos concejales que en 1991. Entre el año 2000 y el 2002 tuvo lugar el Proceso de Vinaroz, resultado del proceso de confluencia entre la PUA, ahora articulado con el nombre de Endavant-Organització Socialista d'Alliberament Nacional (Endavant-OSAN), y el Moviment de Defensa de la Terra (MDT) refundado como partido por antiguos miembros de IPC. Como resultado del procés de Vinaròs se acordó que la acción política se centraría en el ámbito local, renunciando las CUP a presentase a las elecciones al Parlamento de Cataluña. El órgano encargado de llevar adelante la propuesta fue la AMEI. Sin embargo en las elecciones municipales de 2003 los resultados no mejoraron (se obtuvieron unos 40 concejales y unos 25.000 votos en toda Cataluña), por lo que la AMEI dio paso a la Asamblea Nacional Extraordinaria de Candidatures d'Unitat Popular cuya primera reunión tuvo lugar en Martorell en 2006.  Allí se decidió dotarla de unos estatutos y reforzar las funciones del secretariado nacional, aunque la naturaleza del proyecto no cambió pues la Asamblea siguió siendo una coordinadora de los núcleos locales. Dos años antes las CUP se habían presentado a las elecciones europeas de 2004 con un resultado desastroso, lo que les reafirmó en la idea de seguir circunscribiendo la actividad política al ámbito local. En 2008 se celebró la Asamblea Extraordinaria en Manlleu y allí se dio el paso decisivo de convertir las CUP, en la CUP, es decir, el conjunto de organizaciones locales con una estructura entre ellas muy laxa pasaba a convertirse en un partido político. Se aprobaron unos nuevos estatutos en los que la CUP quedó estructurada en alrededor de cincuenta asambleas locales agrupadas en asambleas territoriales que eran las que elegían al "consejo político", el máximo órgano entre asambleas que debían celebrarse anualmente.  El secretariado nacional, el máximo órgano ejecutivo, se renovaría cada tres años. Sin embargo, las organizaciones políticas y sociales que habían participado en las CUP desde el principio mantuvieron su identidad diferenciada —aunque sin representación en los órganos de dirección—, por lo que se creó un sistema de doble afiliación. Quedó confirmando así el carácter híbrido de la CUP, partido político y alianza política al mismo tiempo. En la Asamblea Extraordinaria celebrada en Molins de Rey en octubre 2012 se acordó la participación de la CUP en las elecciones al Parlamento de Cataluña que se iban a celebrar al mes siguiente. La candidatura se llamaría CUP-Esquerra Alternativa para conseguir también el apoyo de las diversas organizaciones políticas y sociales de la izquierda independentista catalana como Endavant-OSAN, el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), la organización juvenil Arran o el Sindicat d'Estudiants del Països Catalans, entre otros.  En la misma Asamblea se aprobaron las cuatro listas que se iban a presentar a las elecciones, así como los lemas de campaña: És l'hora del poble ('Es la hora del pueblo') y Ho volem tot ('Lo queremos todo'), en referencia este último a que no solo apostaban por la independencia sino por un cambio radical de las políticas «neoliberales» que había aplicado hasta entonces el govern de la Generalitat presidido por Artur Mas.  El resultado fue un completo éxito pues consiguieron superar la barrera del 3% de los votos (obtuvieron 126.000 votos) y los tres primeros candidatos de la lista por Barcelona resultaron elegidos (David Fernàndez, Giorgina Rieradevall y Quim Arrufat). En la Asamblea de Olot de 2013 se acordó crear el Grupo de Acción Parlamentaria como órgano de coordinación y de supervisión de la actividad de los tres diputados del Parlament que pronto se convirtió en uno de los órganos clave del partido. En las elecciones al Parlamento de Cataluña de septiembre de 2015 la CUP volvió a presentarse en coalición con otras fuerzas independentistas y de la izquierda radical. La candidatura se llamó esta vez CUP-Crida Constituent ('CUP-Llamada Constituyente') y el lema de campaña fue Governem-nos ('Gobernémonos'). Como cabeza de lista por Barcelona fue elegido en unas primarias Antonio Baños, debido a que según los estatutos de la CUP los anteriores diputados no podían volver a presentarse.  El resultado fue aún mejor que el de las elecciones de 2012 pues casi consiguieron triplicar el número de votos (obtuvieron 340.000, el 8,3% de los votantes), lo que se tradujo en 10 diputados, por lo que pudo tener grupo parlamentario propio. La importancia de esos 10 diputados se puso de manifiesto enseguida cuando consiguieron que Artur Mas, candidato a la presidencia de la Generalitat por Junts pel Sí, renunciara a la investidura en enero de 2016 proponiendo en su lugar a Carles Puigdemont, aunque en el proceso Antonio Baños acabó renunciando a su acta de diputado siendo sustituido al frente del grupo parlamentario por Anna Gabriel.  En la asamblea celebrada en Esparraguera en mayo de 2016 se hizo evidente la tensión existente entre Endavant-OSAN y Poble Lliure —organización heredera del Moviment de Defensa de la Terra— por determinar la línea política de la CUP, especialmente en cuanto a su relación con Junts pel Sí y con el govern de Puigdemont.  En ese momento la CUP contaba con algo más de 2000 militantes, aunque en algunos momentos había permitido la votación en la asamblea de los miembros de las organizaciones políticas y sociales integradas en la CUP y de los simpatizantes registrados —unos 1900 entre los dos colectivos

Junts per Catalunya (JxCat; en español, Juntos por Cataluña) es un coalición política española de ideología independentista catalana.​ Nació como una candidatura electoral independentista que se presentó a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017​ configurada como una coalición electoral entre el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC),12​13​ en cuyas listas se incluyeron también independientes. La candidatura fue liderada por Carles Puigdemont. En febrero de 2019 el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, anunció que el partido se presentaría con la marca Junts per Catalunya a las elecciones generales, europeas y municipales de este año, para dar cabida a otras formaciones soberanistas e independientes en sus listas. El partido Acció per la República creado a partir del colectivo de independientes Junts per la República que conformaban parte de JxCat,16​ integran la coalición junto al PDeCat desde 2019 en el contexto de las elecciones generales, municipales y europeas del mismo año. Origen La marca Junts per Catalunya fue registrada en julio en 2016 por la cúpula de Convergencia Democrática de Cataluña, al ser uno de los nombres propuestos a la militancia en el congreso fundacional del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), aunque finalmente fue rechazado en favor de este último. El 11 de julio de 2018 fue registrado el partido homónimo Junts per Catalunya en el Ministerio del Interior​, aunque dicho partido acabaría adoptando identidad propia diferenciada a esta Coalición

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC; en español, Izquierda Republicana de Cataluña), cuya marca genérica es Esquerra Republicana o simplemente Esquerra, es un partido político español fundado en Barcelona en 1931. Con presencia sobre todo en Cataluña, desde la década de 1990 también está presente en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y el departamento francés de los Pirineos Orientales.​ De ideología independentista catalana, apuesta por la independencia de los territorios que comparten la lengua, cultura y la historia catalana, los denominados «Países Catalanes». ERC, partido de relevantes políticos catalanes como Francesc Macià, Lluís Companys o Josep Tarradellas, desarrolló un importante papel en la política catalana y española durante la Segunda República, durante la lucha antifranquista y la transición a la democracia. Actualmente cuenta con aproximadamente 10 000 militantes. A nivel municipal y regional está asociado con Acord Municipal y Esquèrra Republicana Occitana. En Cataluña su federación se llama Esquerra Republicana de Catalunya, mientras que en la Comunidad Valenciana su federación es Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) y en las Islas Baleares es Esquerra Republicana-Islas Baleares. Ideología Esquerra Republicana de Catalunya se declara de izquierdas, aunque históricamente se sitúa al margen de los partidos de izquierdas de origen sindical y filiación socialista o marxista. Su ideología puede resumirse en: izquierda, republicanismo, socialdemocracia, independentismo catalán y nacionalismo. De creencia republicana y favorable a la independencia de Cataluña, entendida ésta como nación catalana o Países Catalanes, un conjunto que englobaría todos los territorios de cultura catalana (las actuales comunidades autónomas de Cataluña, la Comunidad Valenciana e Islas Baleares, una franja del territorio de Aragón fronteriza con Cataluña y de habla catalana (la llamada Franja de Poniente) y la denominada Cataluña Norte (el departamento de los Pirineos Orientales, en Francia). ERC propugna la independencia de Cataluña por la vía pacífica. Rechaza la violencia y participa activamente en las instituciones políticas con el objetivo de conseguir por la vía democrática el derecho a la autodeterminación. Participó en la disolución de la banda terrorista Terra Lliure, después de lo cual algunos de sus miembros se incorporaron a las filas de ERC. La organización del partido es federal y esta se organiza en tres federaciones en cada uno de los ámbitos territoriales. En Cataluña se organiza en 10 federaciones regionales, siguiendo el modelo de veguerías (más Cataluña Norte), y toma el nombre de Esquerra Republicana de Catalunya. En la Comunidad Valenciana se organiza en federaciones comarcales y toma el nombre de Esquerra Republicana del País Valencià. En las Islas Baleares se organiza en federaciones insulares y toma el nombre de Esquerra Republicana. Por su parte, en el Valle de Arán el partido cuenta con Esquèrra Republicana Occitana como sección local.