La resolución completa del Parlamento catalán que declara a Cataluña republicana.-a

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno extraordinario que provocó él personalmente en el parlamento autonómico sobre "la situación política creada  por la crisis de la monarquía española" tras la marcha del Rey emérito. Foto: Marc Brugat/EP.  11 Agosto, 2020 Fue aprobada el pasado viernes, a las 22 horas, por el parlamento autonómico catalán por una mayoría de 69 votos –de ERC, Junts per Catalunya y la CUP– frente a 65 de Ciudadanos, PSC, los comuns, y el PP.

RESOLUCIÓN 905/XII DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA CREADA POR LA CRISIS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  Pleno del Parlamento, sesión 59, 07.08.2020, DSPC-P 106 El Pleno del Parlamento, en la sesión celebrada el 7 de agosto de 2020, ha debatido las propuestas de resolución presentadas por los grupos y subgrupos parlamentarios, subsiguientes al debate sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española, tenido el día 7 de agosto. Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento del Parlamento, ha adoptado lo siguiente: RESOLUCIÓN 1. LA SITUACIÓN POLÍTICA CREADA POR LA CRISIS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA I. 1. RATIFICACIÓN DE LA VOLUNTAD REPUBLICANA DE CATALUÑA  1  El Parlamento de Cataluña declara que Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey. 2 El Parlamento de Cataluña constata que en Cataluña hay una amplia mayoría a favor de ejercer por referéndum el derecho a la autodeterminación y en contra de la monarquía. 3 El Parlamento de Cataluña constata que la forma política del Estado español es ajena al principio democrático, dado que la condición de jefe de estado se transmite por vía hereditaria y no por elección de la ciudadanía, y constata también que Cataluña se quiere republicana, dado el rechazo mayoritario de la ciudadanía a esta forma política, impuesta pero nunca refrendada. 2. LA HERENCIA FRANQUISTA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  4  El Parlamento de Cataluña recuerda que el linaje de los borbones ha sido una calamidad histórica para Cataluña, y específicamente que Juan Carlos de Borbón aceptó la sucesión del general Franco, juró fidelidad a los principios del régimen franquista y afirmó que recibía del dictador «la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936», en referencia al golpe de estado militar perpetrado contra la Segunda República española. En este sentido, la monarquía española es la continuación del régimen precedente y resulta inseparable de la persona del rey Juan Carlos, porque así lo establece el artículo 57 de la Constitución española. 5 El Parlamento de Cataluña constata que Juan Carlos I fue nombrado heredero del régimen fascista por el dictador Francisco Franco, por lo que juró dos veces las leyes fundamentales y los principios del Movimiento Nacional –el 22 de julio de 1969 y el 22 de noviembre de 1975– y dio continuidad a «la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936». 6 El Parlamento de Cataluña denuncia que la monarquía española es sucesora del régimen franquista, del que recibió «la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936». 3. LA CRISIS DEL PACTO CONSTITUCIONAL DE 1978  8 El Parlamento de Cataluña constata el fracaso y la crisis definitiva del pacto constitucional de 1978, que, por su carácter irreformable, blinda un sistema autonómico fallido, una democracia intervenida por el poder judicial, unas políticas sociales que son anuladas cuando las aprueba el Parlamento de Cataluña y una legislación que castiga el ejercicio de derechos fundamentales. 9 El Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como es la monarquía.  10 El Parlamento de Cataluña defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el modelo republicano como la mejor forma de gobierno para garantizar la plena igualdad entre los ciudadanos, y manifiesta su apoyo y su solidaridad con todos los pueblos y movimientos de España que luchan para alcanzar este objetivo. 11 El Parlamento de Cataluña constata que el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación es la vía para la construcción de la República catalana y esta es la mejor muestra de solidaridad con todos los proyectos republicanos y emancipadores de los pueblos del Estado español para a tumbar el régimen del 78. 4. LA FALTA DE CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA INSTITUCIÓN MONÁRQUICA 12 El Parlamento de Cataluña denuncia la connivencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para sustraer la monarquía a cualquier fiscalización o control democrático, connivencia que llega a su momento culminante con la fuga consentida del rey Juan Carlos para evadir la acción de la justicia. 13 El Parlamento de Cataluña lamenta que los poderes del estado operen de forma coordinada y concertada, aniquilando la necesaria separación de poderes, cuando se ponen en crisis los elementos estructurales del régimen del 78. 14 El Parlamento de Cataluña expresa su indignación y condena por las actividades irregulares o delictivas de miembros de la familia real española conocidas recientemente y por las estructuras de corrupción que implican.  15 El Parlamento de Cataluña constata que ningún miembro de la monarquía borbónica no ha sido sometido nunca a control público ni parlamentario, amparándose en la legislación vigente y con la connivencia del aparato del Estado para la protección de las figuras reales. 16 El Parlamento de Cataluña rechaza la sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de octubre de 2019 (STC 111/2019), que ha consagrado un marco de impunidad absoluta para la corrupción de la monarquía, más allá de la anulación de la comisión de investigación acordada por este Parlamento, y reprueba los magistrados del Tribunal Constitucional por haber consagrado este marco de impunidad, que es incompatible con el sistema democrático y contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 17 El Parlamento de Cataluña reitera la necesidad de que las instancias judiciales del Estado español y de los otros estados afectados investiguen y castiguen debidamente la corrupción de la monarquía borbónica para evitar que quede impune gracias a una aplicación abusiva del privilegio constitucional de la inviolabilidad. 18 El Parlamento de Cataluña interpreta la fuga del rey emérito como un indicio de culpabilidad en relación con los hechos por los que se le investiga y como un intento burdo de esquivar la acción de la justicia y disfrutar de impunidad. 19 El Parlamento de Cataluña considera que la complicidad del Gobierno -integrado por el PSOE y por Podem- en la fuga del rey emérito es un escándalo democrático, y que un gobierno que se reivindica como progresista debería velar por que todas las personas sospechosas de corrupción respondan ante los tribunales, en vez de cooperar para que eludan la acción de la justicia. 20 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a exigir al Gobierno del Estado explicaciones sobre el papel que ha tenido en la fuga del rey emérito, y estudiar las acciones necesarias para depurar las responsabilidades que correspondan. 21 El Parlamento de Cataluña reprueba el conjunto del Gobierno del Estado, y específicamente la vicepresidenta Carmen Calvo, por haber colaborado en la huida de Juan Carlos I y como cómplices de la impunidad perpetrada por la monarquía borbónica.  22 El Parlamento de Cataluña alerta que la arbitrariedad y parcialidad de los poderes del Estado español, que persiguen el exilio de los líderes independentistas y al mismo tiempo facilitan la fuga del rey emérito investigado por corrupción, degrada la democracia y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones. 5. LA FALTA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN ESPAÑA  23 El Parlamento de Cataluña se reafirma en la reivindicación del pleno ejercicio de todos los derechos protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos y deplora que los magistrados del Tribunal Constitucional español hayan convertido este órgano en un ariete contra el ejercicio de los derechos fundamentales.  24 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a reclamar a la Comisión Europea que actúe en defensa del estado de derecho y exija en España la aplicación debida y estricta de los tratados que regulan las obligaciones de los estados en este ámbito. 25 El Parlamento de Cataluña constata que la monarquía borbónica y España han actuado y actúan aplicando medidas legislativas y judiciales de orden penal, como la Ley de seguridad ciudadana o Ley mordaza (Ley Orgánica 4/2015), con graves consecuencias sobre el alcance de la libertad de expresión y la acción política cuando se trata de movimientos sociales y disidencia política independentista, republicana y social. 26 El Parlamento de Cataluña condena la persecución penal, los últimos años, de expresiones políticas, intelectuales o artísticas que, en ejercicio de la libertad de expresión o del derecho de representación política, han denunciado la corrupción de la monarquía española, y asimismo expresa su solidaridad con las víctimas de esta persecución, reclama el archivo de todas estas causas y exige la amnistía de las personas que han sido condenadas. 27 El Parlamento de Cataluña manifiesta su apoyo a los músicos, activistas y políticos perseguidos por el sistema judicial español por haber expresado opiniones críticas con la monarquía. 28 El Parlamento de Cataluña muestra su apoyo a todas las personas represaliadas por haber mostrado el rechazo a la monarquía, desde los jóvenes de la izquierda independentista de Girona y Mallorca hasta los cantantes Josep Miquel Arenas (Valtònyc), Pablo Hasél o Alex Nicolaev (ELGI). 29 El Parlamento de Cataluña constata que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por haber impuesto una pena de prisión a dos independentistas que quemaron la foto de los reyes en 2007 en Girona, una sentencia que muestra la clara deriva autoritaria del Estado español. 30 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a reclamar al Gobierno del Estado que impulse las medidas necesarias para derogar el delito de injurias contra la Corona, así como la Ley mordaza (la Ley Orgánica 4/2015, del 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), porque son disposiciones que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales y se utilizan sistemáticamente para censurar la libertad de expresión de la disidencia política. 31 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a elaborar un informe sobre monarquía y libertad de expresión, en un plazo de tres meses, que recoja las vulneraciones de derechos que ha perpetrado la judicatura del Estado en defensa de la Corona e incluya una propuesta de reparación. 32 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad evitar cualquier colaboración activa del Departamento de Interior en dispositivos de represión de manifestaciones y protestas bajo la excusa de una supuesta protección de la familia real, y revisar en este sentido la actuación de los mozos de escuadra que discriminaron ideológicamente la ciudadanía el pasado 20 de julio en los accesos al monasterio de Poblet. 6. LA RETIRADA DE LAS PRERROGATIVAS A JUAN CARLOS DE BORBÓN 33 El Parlamento de Cataluña reclama la retirada de los privilegios antidemocráticos de que todavía goza Juan Carlos de Borbón, incluido su aforo ante el Tribunal Supremo, y en este sentido considera urgente impulsar, por el trámite de lectura única, una proposición de ley orgánica ante las Cortes Generales que incluya: a) La retirada del título de rey a Juan Carlos de Borbón. b) La confirmación de que la inviolabilidad protege la cabeza del estado exclusivamente con relación a los actos que lleva a cabo en ejercicio de sus funciones y que son refrendados por otra autoridad. c) La derogación del artículo 55 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para eliminar el aforo injustificado de Juan Carlos de Borbón ante el Tribunal Supremo. d) La derogación de los artículos 490.3 y 491 del Código penal, que regulan los delitos de calumnias e injurias contra la Corona. e) La modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1982, del 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, para incluir en su ámbito de aplicación la Casa Real y para establecer la obligación de todos los miembros de la Familia Real de efectuar una declaración periódica completa de actividades, bienes e intereses económicos. f) La modificación del artículo 2 de la Ley del Estado 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, para incluir en su ámbito de aplicación todas las actividades de la casa Real. g) La modificación de la Ley del Estado 3/2015, del 15 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, para someter a todos los miembros de la Familia Real en el régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades que determina. 34 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a reclamar al Gobierno del Estado que impulse las medidas necesarias para suprimir el aforo a Juan Carlos de Borbón, y por retirarle la condición de rey emérito y todos los derechos, prerrogativas y privilegios de carácter institucional, protocolario y económico de que goza. 7. LA RETIRADA DE HOMENAJES PÚBLICOS A LA MONARQUÍA BORBÓNICA  35 El Parlamento de Cataluña invita a todas las instituciones y entidades del país a tomar las medidas necesarias para la retirada de cualquier símbolo, distinción o mención conmemorativa de exaltación o enaltecimiento de la monarquía borbónica o de alguno de sus miembros.  36 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a elaborar un catálogo de simbología y nomenclatura urbana monárquica, con el objetivo de facilitar su supresión y sustitución a los entes locales. 8. LA ABSTENCIÓN DE COLABORAR CON LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  37 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a no colaborar ni participar en ningún acto en el que participen miembros de la monarquía española. 38 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a realizar las gestiones pertinentes para que las otras instituciones y entidades de Cataluña no colaboren ni participen tampoco en ningún acto en el que estén presentes miembros de la monarquía española. 39 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con los entes locales, todas las herramientas institucionales y políticas para expulsar los miembros de la monarquía española de las instituciones y fundaciones compartidas. 9. LA RESTITUCIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DINERO HURTADO POR LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  40 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a reclamar al Gobierno del Estado que establezca las herramientas necesarias para fiscalizar las cuentas y las actividades de la Casa Real, investigar cualquier sospecha de corrupción de la monarquía y, en su caso, garantizar el retorno del dinero que los miembros de la institución hayan podido obtener de manera ilícita. 41 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias, en todas las instancias competentes, a fin de conseguir la plena restitución de todo el dinero robados a la hacienda pública por la monarquía borbónica, con el fin de que sean destinados a la lucha contra la Covid-19 y a las necesidades sociales extraordinarias causadas por esta pandemia. 42 El Parlamento de Cataluña considera que las supuestas irregularidades fiscales o delictivas del rey emérito Juan Carlos I, como no puede ser de otro modo en un estado de derecho y social como España, deben ser investigadas por la fiscalía y la agencia tributaria, con la atribución de las responsabilidades correspondientes y la imposición de las sanciones que sean adecuadas llegado el caso. 10. EL COMPROMISO CONTRA TODOS LOS CASOS DE CORRUPCIÓN  43 El Parlamento de Cataluña considera que el compromiso contra la corrupción debe guiar el comportamiento de las instituciones al frente de la Administración pública. 44 El Parlamento de Cataluña condena todas las formas de corrupción, especialmente las practicadas desde las más altas instancias del poder político e institucional, como ha sido presuntamente el caso del rey emérito a lo largo de décadas de mandato. 45 El Parlamento de Cataluña considera que el Gobierno de la Generalitat debe personarse como acusación particular en el caso judicial contra la familia Pujol Ferrusola y en el caso del 3%, que afecta Convergencia Democrática de Cataluña, instruidos ambos por la Audiencia Nacional, para garantizar que, en caso de que hubiera despilfarro de recursos públicos, el resarcimiento fuera a favor de la Generalidad de Cataluña. 46 El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a emprender todas las acciones legales a su alcance contra los responsables de las acciones perjudiciales contra los bienes y el patrimonio público de la Generalitat a raíz de los procedimientos judiciales para la causa del 3% y por la causa contra la familia Pujol, que están bajo juicio en la Audiencia Nacional. 11. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN  47 El Parlamento de Cataluña acuerda notificar esta resolución por conducto oficial a la Casa Real ya las Cortes Generales de España, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa.

La Candidatura de Unidad Popular (en catalán, Candidatura d'Unitat Popular), conocido simplemente por sus siglas CUP, es un partido político español de izquierda, defensor de la independencia de Cataluña y de los territorios denominados "Países Catalanes"​ y adscrita ideológicamente a la Esquerra Independentista.​ La CUP ha sido definida como «un partido movimiento: un híbrido entre un clásico partido de masas y una compleja alianza entre partidos y movimientos sociales».  Su ámbito de actuación no se circunscribe a Cataluña sino que se extiende al conjunto de los llamados Països Catalans y además se opone al centralismo de Barcelona —tiene su sede en Manresa—. No reconoce al Estado Español ni a la monarquía y «su programa combate activamente el patriarcalismo y el envenenamiento del territorio», comenta el historiador Enric Ucelay-Da Cal. Por otro lado, como ha señalado este mismo historiador, «toda la variedad de grupúsculos que salieron del PSAN y del nacimiento del independentismo han encontrado su espacio efectivo y operativo en la CUP». Rasgos ideológicos Con un carácter asambleario y defensora de posturas independentistas y ecologistas, su programa ha sido encuadrado dentro de un «republicanismo anticapitalista».​ Defiende la salida de una hipotética Cataluña independiente tanto de la Unión Europea como de la OTAN.​ Aboga por la nacionalización de entidades financieras.18​ Ha sido considerada tanto una organización de «extrema izquierda» como de «izquierda radical». La CUP, cuya defensa de la construcción política de los llamados «Países Catalanes» es uno de sus ejes ideológicos fundamentales, comparte las tesis pannacionalistas del nacionalismo romántico. Historia La CUP tiene como precedente en las elecciones municipales españolas de 1979, las primeras después de la muerte del dictador Francisco Franco, a diferentes candidaturas críticas con el rumbo que iban tomando los acontecimientos y adoptaron ese nombre. En la década de 1980 se coordinarían entre sí y se acercarían hacia posturas independentistas. En 1987 se inscribe la CUP como agrupación de electores en tres municipios, siendo la marca de gentes del Moviment d'Esquerra Nacionalista (MEN) y del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) para presentarse en las elecciones municipales. El término «unitat popular» hace referencia a la alianza de izquierdas chilena encabezada por Salvador Allende, que impulsó un movimiento de transformación socialista y gobernó hasta el golpe de Estado de Augusto Pinochet. La CUP en sus inicios fue una plataforma de coordinación de las candidaturas del independentismo de izquierda radical que se presentaron en diferentes localidades en las elecciones municipales. Aunque ya había habido candidaturas con las siglas CUP desde las primeras elecciones municipales de 1979, su precedente inmediato fue la Assemblea Municipal de la Esquerra Independentista (AMEI) fundada en diciembre de 1986 como parte del fallido proceso de confluencia entre el PSAN y su antigua escisión Independentistes dels Països Catalans (IPC) que daría lugar al Moviment de Defensa de la Terra (MDT).  En las elecciones de 1987, las candidaturas impulsadas por la AMEI con o sin las siglas CUP, consiguieron unos 50 concejales y alrededor de 11.000 votos pero en las siguientes, las de 1991, bajaron a 40 concejales y a 3000 votos, lo que les llevó a presentarse en las municipales de 1995 y de 1999 en candidaturas conjuntas con Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds, obteniendo unos 40.000 votos y aproximadamente los mismos concejales que en 1991. Entre el año 2000 y el 2002 tuvo lugar el Proceso de Vinaroz, resultado del proceso de confluencia entre la PUA, ahora articulado con el nombre de Endavant-Organització Socialista d'Alliberament Nacional (Endavant-OSAN), y el Moviment de Defensa de la Terra (MDT) refundado como partido por antiguos miembros de IPC. Como resultado del procés de Vinaròs se acordó que la acción política se centraría en el ámbito local, renunciando las CUP a presentase a las elecciones al Parlamento de Cataluña. El órgano encargado de llevar adelante la propuesta fue la AMEI. Sin embargo en las elecciones municipales de 2003 los resultados no mejoraron (se obtuvieron unos 40 concejales y unos 25.000 votos en toda Cataluña), por lo que la AMEI dio paso a la Asamblea Nacional Extraordinaria de Candidatures d'Unitat Popular cuya primera reunión tuvo lugar en Martorell en 2006.  Allí se decidió dotarla de unos estatutos y reforzar las funciones del secretariado nacional, aunque la naturaleza del proyecto no cambió pues la Asamblea siguió siendo una coordinadora de los núcleos locales. Dos años antes las CUP se habían presentado a las elecciones europeas de 2004 con un resultado desastroso, lo que les reafirmó en la idea de seguir circunscribiendo la actividad política al ámbito local. En 2008 se celebró la Asamblea Extraordinaria en Manlleu y allí se dio el paso decisivo de convertir las CUP, en la CUP, es decir, el conjunto de organizaciones locales con una estructura entre ellas muy laxa pasaba a convertirse en un partido político. Se aprobaron unos nuevos estatutos en los que la CUP quedó estructurada en alrededor de cincuenta asambleas locales agrupadas en asambleas territoriales que eran las que elegían al "consejo político", el máximo órgano entre asambleas que debían celebrarse anualmente.  El secretariado nacional, el máximo órgano ejecutivo, se renovaría cada tres años. Sin embargo, las organizaciones políticas y sociales que habían participado en las CUP desde el principio mantuvieron su identidad diferenciada —aunque sin representación en los órganos de dirección—, por lo que se creó un sistema de doble afiliación. Quedó confirmando así el carácter híbrido de la CUP, partido político y alianza política al mismo tiempo. En la Asamblea Extraordinaria celebrada en Molins de Rey en octubre 2012 se acordó la participación de la CUP en las elecciones al Parlamento de Cataluña que se iban a celebrar al mes siguiente. La candidatura se llamaría CUP-Esquerra Alternativa para conseguir también el apoyo de las diversas organizaciones políticas y sociales de la izquierda independentista catalana como Endavant-OSAN, el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), la organización juvenil Arran o el Sindicat d'Estudiants del Països Catalans, entre otros.  En la misma Asamblea se aprobaron las cuatro listas que se iban a presentar a las elecciones, así como los lemas de campaña: És l'hora del poble ('Es la hora del pueblo') y Ho volem tot ('Lo queremos todo'), en referencia este último a que no solo apostaban por la independencia sino por un cambio radical de las políticas «neoliberales» que había aplicado hasta entonces el govern de la Generalitat presidido por Artur Mas.  El resultado fue un completo éxito pues consiguieron superar la barrera del 3% de los votos (obtuvieron 126.000 votos) y los tres primeros candidatos de la lista por Barcelona resultaron elegidos (David Fernàndez, Giorgina Rieradevall y Quim Arrufat). En la Asamblea de Olot de 2013 se acordó crear el Grupo de Acción Parlamentaria como órgano de coordinación y de supervisión de la actividad de los tres diputados del Parlament que pronto se convirtió en uno de los órganos clave del partido. En las elecciones al Parlamento de Cataluña de septiembre de 2015 la CUP volvió a presentarse en coalición con otras fuerzas independentistas y de la izquierda radical. La candidatura se llamó esta vez CUP-Crida Constituent ('CUP-Llamada Constituyente') y el lema de campaña fue Governem-nos ('Gobernémonos'). Como cabeza de lista por Barcelona fue elegido en unas primarias Antonio Baños, debido a que según los estatutos de la CUP los anteriores diputados no podían volver a presentarse.  El resultado fue aún mejor que el de las elecciones de 2012 pues casi consiguieron triplicar el número de votos (obtuvieron 340.000, el 8,3% de los votantes), lo que se tradujo en 10 diputados, por lo que pudo tener grupo parlamentario propio. La importancia de esos 10 diputados se puso de manifiesto enseguida cuando consiguieron que Artur Mas, candidato a la presidencia de la Generalitat por Junts pel Sí, renunciara a la investidura en enero de 2016 proponiendo en su lugar a Carles Puigdemont, aunque en el proceso Antonio Baños acabó renunciando a su acta de diputado siendo sustituido al frente del grupo parlamentario por Anna Gabriel.  En la asamblea celebrada en Esparraguera en mayo de 2016 se hizo evidente la tensión existente entre Endavant-OSAN y Poble Lliure —organización heredera del Moviment de Defensa de la Terra— por determinar la línea política de la CUP, especialmente en cuanto a su relación con Junts pel Sí y con el govern de Puigdemont.  En ese momento la CUP contaba con algo más de 2000 militantes, aunque en algunos momentos había permitido la votación en la asamblea de los miembros de las organizaciones políticas y sociales integradas en la CUP y de los simpatizantes registrados —unos 1900 entre los dos colectivos

Junts per Catalunya (JxCat; en español, Juntos por Cataluña) es un coalición política española de ideología independentista catalana.​ Nació como una candidatura electoral independentista que se presentó a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017​ configurada como una coalición electoral entre el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC),12​13​ en cuyas listas se incluyeron también independientes. La candidatura fue liderada por Carles Puigdemont. En febrero de 2019 el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, anunció que el partido se presentaría con la marca Junts per Catalunya a las elecciones generales, europeas y municipales de este año, para dar cabida a otras formaciones soberanistas e independientes en sus listas. El partido Acció per la República creado a partir del colectivo de independientes Junts per la República que conformaban parte de JxCat,16​ integran la coalición junto al PDeCat desde 2019 en el contexto de las elecciones generales, municipales y europeas del mismo año. Origen La marca Junts per Catalunya fue registrada en julio en 2016 por la cúpula de Convergencia Democrática de Cataluña, al ser uno de los nombres propuestos a la militancia en el congreso fundacional del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), aunque finalmente fue rechazado en favor de este último. El 11 de julio de 2018 fue registrado el partido homónimo Junts per Catalunya en el Ministerio del Interior​, aunque dicho partido acabaría adoptando identidad propia diferenciada a esta Coalición

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC; en español, Izquierda Republicana de Cataluña), cuya marca genérica es Esquerra Republicana o simplemente Esquerra, es un partido político español fundado en Barcelona en 1931. Con presencia sobre todo en Cataluña, desde la década de 1990 también está presente en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y el departamento francés de los Pirineos Orientales.​ De ideología independentista catalana, apuesta por la independencia de los territorios que comparten la lengua, cultura y la historia catalana, los denominados «Países Catalanes». ERC, partido de relevantes políticos catalanes como Francesc Macià, Lluís Companys o Josep Tarradellas, desarrolló un importante papel en la política catalana y española durante la Segunda República, durante la lucha antifranquista y la transición a la democracia. Actualmente cuenta con aproximadamente 10 000 militantes. A nivel municipal y regional está asociado con Acord Municipal y Esquèrra Republicana Occitana. En Cataluña su federación se llama Esquerra Republicana de Catalunya, mientras que en la Comunidad Valenciana su federación es Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) y en las Islas Baleares es Esquerra Republicana-Islas Baleares. Ideología Esquerra Republicana de Catalunya se declara de izquierdas, aunque históricamente se sitúa al margen de los partidos de izquierdas de origen sindical y filiación socialista o marxista. Su ideología puede resumirse en: izquierda, republicanismo, socialdemocracia, independentismo catalán y nacionalismo. De creencia republicana y favorable a la independencia de Cataluña, entendida ésta como nación catalana o Países Catalanes, un conjunto que englobaría todos los territorios de cultura catalana (las actuales comunidades autónomas de Cataluña, la Comunidad Valenciana e Islas Baleares, una franja del territorio de Aragón fronteriza con Cataluña y de habla catalana (la llamada Franja de Poniente) y la denominada Cataluña Norte (el departamento de los Pirineos Orientales, en Francia). ERC propugna la independencia de Cataluña por la vía pacífica. Rechaza la violencia y participa activamente en las instituciones políticas con el objetivo de conseguir por la vía democrática el derecho a la autodeterminación. Participó en la disolución de la banda terrorista Terra Lliure, después de lo cual algunos de sus miembros se incorporaron a las filas de ERC. La organización del partido es federal y esta se organiza en tres federaciones en cada uno de los ámbitos territoriales. En Cataluña se organiza en 10 federaciones regionales, siguiendo el modelo de veguerías (más Cataluña Norte), y toma el nombre de Esquerra Republicana de Catalunya. En la Comunidad Valenciana se organiza en federaciones comarcales y toma el nombre de Esquerra Republicana del País Valencià. En las Islas Baleares se organiza en federaciones insulares y toma el nombre de Esquerra Republicana. Por su parte, en el Valle de Arán el partido cuenta con Esquèrra Republicana Occitana como sección local.