Argentina, la justicia y el franquismo.-a

Querella.

La querella argentina contra los crímenes del franquismo es una denuncia presentada ante un tribunal penal argentino por los crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
El caso fue abierto por la jueza Maria Romilda Servini de Cubría, en base al principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad; comenzó con dos denuncias realizadas el 14 de abril de 2010 por diversas organizaciones humanitarias argentinas y españolas junto a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, Inés García Holgado y Darío Rivas, hijo de Severino Rivas Barja, alcalde socialista de Castro de Rei asesinado en 1937 por falangistas.​ 
La querella recibió el apoyo de Amnistía Internacional,​ que en el informe de 2012 Casos cerrados, heridas abiertas​ denuncian que no se ha llevado a cabo una investigación judicial exhaustiva en España para descubrir la verdad sobre las circunstancias que rodean los abusos cometidos durante la dictadura franquista.
 En apoyo de la denuncia, también se creó la red ciudadana Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), que reúne a numerosas organizaciones y consejos.​ También recibió el apoyo de los parlamentos del País Vasco, Cataluña y Andalucía y de la Cámara de Diputados de Argentina.​ 
El Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición pidió que "la colaboración con los procedimientos de la corte de justicia españoles en el exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los juzgados españoles".
 De acuerdo con el gobierno español, los crímenes juzgados "ya prescribieron en España", y también colidían la ley de amnistía española de 1977. Según la jueza, se trata de "crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, este crimen no prescribe".

Opinión de Jueza.

En el juzgado de Servini de Cubría no son muy optimistas sobre el futuro de la causa (“nos golpearon mucho y nos pusieron muchas trabas”). Para que no acabe archivada con el paso del tiempo, España debería cambiar su actitud y tener un criterio coherente respecto de la justicia universal, advierte la magistrada:

“El futuro depende de que España colabore. O que pidan esta causa y la investiguen allá. Acá hay declaraciones, hay prueba. Pero el problema es que a los jueces españoles no les dejan investigar”. 

Hasta ahora, a España ni siquiera se le ha movido una ceja por los rapapolvos que ha recibido de la ONU, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional por su inmovilismo en este asunto.  Por eso le pide a Pedro Sánchez que haga lo propio: 

“Tiene que dejarnos investigar y tratar de calmar los ánimos en su propia nación porque no es cierto que esté todo el mundo tranquilo. La gente ha sufrido y aún sigue sufriendo. Hay que buscar y, en la medida de lo posible, ir entregando los restos (de las víctimas) a los familiares”.

 Para la jueza, no se trata de abrir heridas ni de despertar rencores. “Las heridas –sostiene– están ahora abiertas”.

Opinión personal.

Es muy tarde para actuar, ya que han pasado mas de 45 años de muerte de Francisco  Franco, y los presuntos  victimarios , si es que esta vivos  son en su mayoría muy ancianos, y para probar estos delitos, tardarías décadas de investigación y procesos, ya que los testigos, las victimas y los victimarios en su mayoría están muertos hace décadas.

Juez Federal №1 de Buenos Aires. María Romilda Servini, antes conocida como María Romilda Servini de Cubría, (San Nicolás de los Arroyos, 1 de diciembre de 1936) es una abogada y juez argentina a cargo del Juzgado Federal n.º 1 de Buenos Aires. Nació en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, en una familia de clase media alta. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde en 1958 conoció a Juan Tomás Cubría.​Un año después se casaron, tuvieron un hijo y él fue designado agregado militar en Río de Janeiro, donde la pareja vivió dos años. Tiene dos hijos, Eduardo Cubría y Juan Carlos Cubría.​Fue operada del corazón por obstrucciones arteriales mediante angioplastia coronaria con stent por el cardiólogo intervencionista Luis M. De la Fuente en el Instituto del Diagnóstico. Cuando volvieron al país, Servini de Cubría terminó sus estudios como escribana y ejerció esa labor durante el año 1966 en escribanías de la provincia de Buenos Aires.​Cuando tuvo a su segundo hijo decidió terminar la carrera de Derecho junto a su hermano, quien también se había anotado. Realizó la carrera judicial desde el cargo más bajo hasta llegar a su primer cargo como funcionaria al ser nombrada «defensora oficial». En ese cargo fue que tuvo su primera causa relevante, ya que le tocó defender a la expresidenta Isabel Perón quien había sido apresada y procesada por distintas causas criminales por la dictadura cívicomilitar (1976-1983) que en ese momento se hallaba en el poder.​ Luego de que Isabel Perón fue derrocada por la Dictadura, su marido, quien era capitán de la Fuerza Aérea, fue pasado a retiro por decisión del brigadier Ramón Agosti. Posteriormente fue nombrada «juez de menores», y allí se habría encargado de varios casos de apropiación de niños siendo la primera en restituir a los menores a la familia de los desaparecidos. En los años 1980 fue jueza subrogante en un juzgado de instrucción de mayores. Allí, fue la jueza del caso del clan Puccio. Secuestro de niños Fue investigada por haber entregado menores en adopción de manera irregular, al igual que el ya renunciado juez Mitchell: Servini manifestó que todos recibían menores «en la misma cantidad». Yomagate El 19 de noviembre de 1990, el entonces presidente Carlos Menem la nombró jueza nacional en lo criminal y correccional n.º 1 con competencia electoral, tenia 54 años. Tuvo a su cargo la causa denominada Yomagate, donde se acusaba a Amira Yoma ―cuñada del presidente― de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Al respecto se le ha imputado el haber manejado políticamente la investigación de dicha causa cajoneando un pedido de la Justicia española, más específicamente del juez Baltazar Garzón para que se encarcelara y extraditara a la por entonces cuñada del presidente de la Argentina. En 1992 presentó un amparo judicial para que se censurase al cómico Tato Bores por una sátira que él realizaría en su programa humorístico. La justicia civil falló en su favor y la orden de no nombrarla se aplicó al conocido humorista. En respuesta, un coro de famosos (que incluía a Mariano Grondona, Alejandro Dolina, Susana Giménez, China Zorrilla, Magdalena Ruiz Guiñazú, Luis Alberto Spinetta, Ricardo Darín, Victor Hugo Morales y los integrantes de Soda Stereo, entre otros) le dedicaron una canción que decía «La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay». Asesinato del general chileno Carlos Prats El 9 de noviembre de 1999, Servini de Cubría interrogó a Michael Townley ―exagente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional)―.10​En ese momento, Townley tenía 56 años (nació el 9 de diciembre de 1942), y por primera vez no solo confesaba cómo asesinaron al general Carlos Prats y su esposa, sino también cómo huyó de Chile en 1973 para eludir la justicia luego del asesinato de un obrero en las instalaciones del Canal de TV de la Universidad Católica en Concepción, durante el Gobierno de Salvador Allende.​Un antecedente que poco después le daría el pase inmediato para integrar los escuadrones secretos de la DINA. Represión en 2001 El 20 de diciembre de 2001, la jueza Servini de Cubría dirigió la represión policial desde la comisaría segunda junto al Fino Palacios apersonado en la propia Plaza de Mayo. Demanda a Google y a Yahoo En 2008, la jueza interpuso un recurso para que se bloqueara el acceso a cualquier información e imágenes de la magistrada existentes en los buscadores Google y Yahoo que no tuviera su consentimiento. Sin embargo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal decidió desistimar el pedido. Reforma Judicial 2013 En junio de 2013 la jueza Servini de Cubría dictó la sentencia "Rizzo" que declaró inconstitucional la reforma del consejo de la magistratura llamada "democratización de la justicia" por el oficialismo. La sentencia fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema. Rapto de bebés durante el franquismo En septiembre de 2013, Servini de Cubría abrió una causa para investigar el alegado «robo de bebés» ocurrido, según los querellantes, durante el franquismo en España. El 31 de enero de 2014 fueron recibidas las primeras denuncias de españoles residentes en España tras la habilitación del consulado de Argentina en Madrid para estos fines. Asunción 2015 En diciembre del año 2015, Servini de Cubria, a resultas de una acción iniciada por la alianza Cambiemos, dictó una sentencia declarativa que estableció la hora de finalización del mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de comienzo del presidente Mauricio Macri.  En 2017 María Romilda Servini abandonó el juzgado federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Mientras salía a denunciar presiones de parte del Gobierno para que tome esa decisión.

Dolores Delgado García (Madrid, 9 de noviembre de 1962)​ es una fiscal y política española, actual fiscal general del Estado desde febrero de 2020. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Ministerio Fiscal, destinada en las fiscalías del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Fiscalía Especial Antidroga y en la Audiencia Nacional, donde ha trabajado desde 1993 como experta en terrorismo yihadista. En junio de 2018, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la nombró ministra de Justicia y ex officio Notaria Mayor del Reino del Gobierno de España, cargo que ocupó hasta su cese en enero de 2020. Tras esto, el Gobierno la nombró Fiscal General del Estado, cargo que ocupa en la actualidad. Nació en Madrid en 1962 Se licenció en derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y cursó posteriormente un máster impartido por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid y la Universidad Complutense.​  Contrajo matrimonio en 1986 con Jordi Valls, con quien ha tenido dos hijos. Ganó una plaza de fiscal por oposición en 1989. Conocida como «Lola»,​ ha trabajado como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (1989-1993),​ en la Fiscalía Especial Antidroga,​ y, desde 1993, en la Audiencia Nacional. Próxima a Baltasar Garzón,​ es experta en la lucha contra el terrorismo yihadista. En 2013 se mostró en contra de la entrega a Suiza del informático francoitaliano Hervé Falciani.12​ Delgado, que participó como fiscal en el caso de Adolfo Scilingo, se ha mostrado contraria a recortes al principio de justicia universal. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales, en abril de 2018 se convirtió en vocal del Consejo Fiscal. Fue escogida por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para formar parte de su nuevo consejo de ministros, constituido tras la moción de censura contra Mariano Rajoy que salió adelante el 1 de junio de 2018. Felipe VI sancionó mediante Real Decreto de 6 de junio su nombramiento como titular de la cartera de Justicia;​ Delgado tomó posesión del cargo —que también conlleva el título honorífico ex officio de «Notaria Mayor del reino»— el 7 de junio en La Zarzuela. En septiembre de 2018 fue reprobada en el Senado con los votos de Partido Popular y Ciudadanos por no ser suficientemente contundente a la hora de defender al juez Pablo Llarena ante los tribunales belgas. El 9 de octubre de 2018 fue reprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular por sus «perversas amistades» con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y también por su relación con el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El 24 de octubre de 2019, fue una de los representantes del gobierno en funciones en la exhumación de Francisco Franco, ejerciendo como Notaria Mayor del Reino, dando fe de la extracción sin incidentes del féretro con los restos del dictador en su interior. El 22 de noviembre de 2018 fue reprobada de nuevo por la Cámara Baja, siendo ésta la segunda vez (tercera con la reprobación del Senado), por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión a los líderes separatistas encarcelados. Cesó como ministra de Justicia el 13 de enero de 2020, siendo sustituida por Juan Carlos Campo. Fiscal General del Estado Tras la formación del nuevo gobierno resultante de los pactos derivados de los resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, éste la propuso como candidata a Fiscal General del Estado el mismo día de su cese como minstra. El 16 de enero de 2020, el Consejo General del Poder Judicial avaló su nombramiento como Fiscal General por 12 votos a favor y 7 en contra.24​ Uno de los principales argumentos en contra de su nombramiento, y al que se sostuvieron la mayoría de los que lo rechazaron, fue que no había solución de continuidad entre su puesto como miembro del Gobierno y su nombramiento como fiscal general, lo que podría hacer percibir a la ciudadanía una falta de independencia del Ministerio Fiscal. La candidata a fiscal general compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2020, con el objetivo de que la cámara baja valorase su idoneidad. En su comparecencia, Delgado —cuestionada su idoneidad debido a su anterior cargo ministerial— rechazó tal extremo y afirmó que su paso por el Gobierno había sido un factor que había «enriquecido» su perfil. Prometió el cargo ante el rey de España, Felipe VI, el 26 de febrero.

El 14 de abril de 2010 varias denuncias apelaron al principio de jurisdicción universal para pedir en Buenos Aires la investigación al régimen de Franco por "genocidio" y crímenes contra la humanidad. Darío Rivas entra, emocionado, a un juzgado de Buenos Aires. Es el 14 de abril de hace 10 años y el hijo de un asesinado por el fascismo español está, a 11.000 kilómetros de su Galicia natal, dando el primer empujón a la única causa abierta en el mundo para juzgar los crímenes del franquismo: la querella argentina. Una década después, el proceso sigue vivo, sumando testimonios y denuncias. Aquel día de 2010 le acompañan las denuncias de Inés García Holgado, con varios familiares ejecutados por los golpistas, y de una decena de asociaciones. Apelaban al principio de jurisdicción universal para reclamar a la Justicia argentina que investigara el "genocidio" consumado contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Muertos en fosas y cunetas, bebés robados, presos esclavos… Las querellas, que ya suman varios centenares, solicitan seguir la pista a las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Pero han encontrado hasta ahora el boicot de España. El muro de la impunidad franquista sigue fuerte. Aunque con grietas. Porque la causa 4591/2010 acumula desde entonces grandes victorias, como la declaración por primera vez de decenas de víctimas ante un juez. La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1, María Servini de Cubría, ha recogido testimonios tanto en suelo argentino como en suelo español –y también por videoconferencia– para apuntalar centenares de querellas, incluidas de algunas instituciones públicas. Esas palabras nunca antes pronunciadas ante un magistrado han conseguido poner nombre y apellidos a presuntos criminales en un procedimiento penal: los de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina o del policía franquista y torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. La querella suma hitos como la exhumación de Timoteo Mendieta y otras decenas de represaliados que estaban en fosas comunes. Y también algunas pérdidas. Como la dificultad continuada de avanzar en la investigación por los regates del Estado español. O las desapariciones de referentes dentro de sus filas, como el propio Darío Rivas, hace un año. También se fueron Ascensión Mendieta y María Martín, el abogado Carlos Slepoy o, en mitad de la pandemia de la COVID-19, el ex preso del franquismo Chato Galante. El comienzo Coincidía aquel 14 de abril de hace una década con el día de la proclamación en 1931 de la Segunda República Española. Darío Rivas (Castro de Rei, Lugo, 1920 – Buenos Aires, 15 de abril de 2019) era el primer firmante de la Querella Argentina al denunciar el asesinato por los golpistas al poco de estallar la guerra civil de su padre, Severino, alcalde republicano de su localidad natal. Rivas falleció a punto de cumplir 100 años sin encontrar justicia. Aunque sí logró exhumar el cuerpo de su padre en 2005 en un paraje de Portomarín. Inés García Holgado sumó al proceso la desaparición forzada de uno de sus tíos y otros dos "fusilados". Las demandas, para determinar los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, apelan a los autos de 2008 en los que el juez Baltasar Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. Nacía así el único proceso abierto en el mundo, una causa que sigue creciendo y acumula miles de casos. "En el oscuro manto de impunidad que cubre España, hace diez años se abrió una pequeña grieta que poco a poco se va agrandando y dejando pasar, tras 40 años de oscuridad, un poco de esa luz que es la justicia", resume Alejandro Lerena, abogado de la Querella Argentina. Una década "de esperanza", dice. El juicio al franquismo, vivo "Si no creyera en la justicia universal no estaría acá", declaró la jueza Servini a eldiario.es en uno de sus viajes a España. Porque la causa continúa. "A día de hoy se han unido más de 330 querellas en nombre de incontables víctimas, así como numerosas denuncias en los Consulados Argentinos de diferentes países", subraya Lerena. La corte de Buenos Aires "sigue investigando en la actualidad las graves violaciones de derechos humanos cometidos en España" por los golpistas de Franco. "Cuando los tribunales españoles decidieron bloquear cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo, a las víctimas sólo les quedó la opción de la jurisdicción universal", explica el letrado. El mismo "recurso jurídico", afirma, "que pocos años antes había permitido a los tribunales españoles juzgar, entre otros, los crímenes cometidos por las dictaduras argentina o chilena". El país austral "mantiene la esperanza de completar ese camino de ida y vuelta contra la impunidad" que impulse "la apertura en España de procedimientos penales contra los crímenes del franquismo". El boicot de España Los regates de España a la persecución argentina del franquismo han sido continuados. La Fiscalía General del Estado llegó a paralizar en 2014 las declaraciones judiciales de víctimas y cargos franquistas. El Gobierno de Mariano Rajoy negó la detención de exministros de la dictadura alegando que las órdenes de Interpol no son vinculantes. El Estado español incumple las obligaciones y tratados internacionales que obligan el arresto y posterior extradición de los imputados por la Justicia argentina. El firme bloqueo alude a la supuesta prescripción de los delitos y la aplicación de la preconstitucional Ley de Amnistía del 77. Desde el inicio de la investigación, cada fisura abierta por Servini en el muro de la impunidad franquista ha sido cerrada con urgencia por España. "En estos años las autoridades judiciales y políticas españolas han puesto todas las trabas posibles al desarrollo del procedimiento", en palabras del abogado Alejandro Lerena. La querella "sigue avanzando y los pasos dados hasta hoy son muy importantes". Como lo fue la declaración en la Audiencia Nacional. Y las citaciones a querellantes en sedes judiciales españolas, incluso por videoconferencia. "Yo tenía tres años, sacaron a mi madre de casa y la fusilaron", contaba entonces Antonio Narváez en Sevilla (83 años). Y Antonio Martínez (81), que perdió a su padre, ejecutado y arrojado a una fosa común: "ese día llevaban un camión lleno para el cementerio". O la toma de testimonios a finales de 2013 por la jueza Servini, en vivo, con el viaje a Argentina de un grupo de 16 españoles para ofrecer su testimonio en el tribunal de Buenos Aires. "Estoy contenta pero agotada", dijo a Efe Merçona Puig Antich, que relató la detención, juicio sumarísimo, sentencia de muerte y ajusticiamiento por garrote vil de su hermano Salvador el 2 de marzo de 1974. Criminales (presuntos) con nombres y apellidos Cuando la Justicia argentina ordenó en 2014 la detención de 19 altos cargos del franquismo, ponía por primera vez nombre y apellidos a investigados por crímenes contra la humanidad. Como el político de extrema derecha y destacado miembro de la dictadura José Utrera Molina, imputado por convalidar con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich. Otro de los acusados es el exministro Rodolfo Martín Villa. Está acusado de delitos de homicidio agravado durante la Transición por matanzas como las de los Sanfermines del 78 y los sucesos de Vitoria. La jueza argentina lleva seis años intentando sentar en el banquillo al único investigado en la querella argentina dispuesto a declarar. El último capítulo quedó cerrado en falso este año. La magistrada viajaría a España para tomar declaración indagatoria a Martín Villa el 20 de marzo en la embajada argentina en Madrid. Un plan frustrado, de momento. "La solicitud de asistencia fue remitida por las autoridades argentinas el 28 de enero y se encuentra todavía pendiente de contestación, lo que debería acontecer en breve plazo", respondía en marzo a eldiario.es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Y Billy el Niño. El ex-policía Antonio González Pacheco está acusado de torturas cuando era miembro de la Brigada Político Social de la dictadura de Franco. El Congreso aprobó desclasificar las medallas, premios y condecoraciones tras la hoja de servicios que publicó en exclusiva eldiario.es. Los juzgados españoles están archivando las denuncias presentadas por sus víctimas. Mientras, Billy el Niño continúa libre. Timoteo Mendieta, Lorca y los desaparecidos Argentina ha pedido al menos cuatro veces a España que abra fosas comunes. La única que salió adelante fue el caso de Timoteo Mendieta en Guadalajara. Su hija Ascensión logró rescatar sus huesos de la tierra. "Muchas gracias a todos por venir a este acto tan triste", declaraba en el entierro de su padre, en julio de 2017. Solo dos años más tarde fallecía la hija de Timoteo. Ambos yacen, juntos, en el Cementerio Civil de La Almudena (Madrid). La lucha de Ascensión facilitó además que en la excavación arqueológica en Guadalajara fueran recuperados en total los restos óseos de 50 víctimas del franquismo. En total, hasta 105 personas han sido exhumadas gracias al proceso en Argentina. La justicia de ese país también investiga el asesinato del poeta Federico García Lorca. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó la denuncia en abril de 2016. El caso quedó incorporado a la causa múltiple abierta en Buenos Aires por crímenes contra la humanidad. En este tiempo un puñado de instituciones públicas, sobre todo ayuntamientos, han presentado demandas. Y los consulados argentinos en suelo español han recibido numerosas querellas. El impulso a las denuncias de particulares y asociaciones ha venido en muchos casos unido al trabajo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA). Son varios los desaparecidos de la Querella Argentina. Los impulsores que han ido quedando en el camino. Los que ya no verán los cabos que quedan por atar. Como el autor de la primera firma, Darío Rivas, el abogado experto en Derechos Humanos y miembro del equipo de la querella, Carlos Slepoy y el ex preso Chato Galante, entre otros perdidos estos años. Estos, como los otros, alimentan con su recuerdo la pelea de muchos españoles por encontrar justicia. Aunque para ello haya que cruzar el mar.

20/08/2020  La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dejado sin efecto una orden firmada en el 2016 por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina por crímenes franquistas entre 1976 y 1978. La decisión de Delgado se ha materializado en una nota remitida a todos los fiscales jefes de España con el objetivo de evitar poner trabas a los procedimientos que requieren cooperación jurídica internacional. La última palabra sobre una comparecencia será del juez al que le toque admitir o no la diligencia. En el caso concreto de la querella argentina, supondrá dar cumplimiento al convenio bilateral de cooperación en materia de justicia penal ya existente entre los dos países, por el que las peticiones que vayan llegando se estudiarán de forma individualizada, atendiendo a si se ajustan o no al documento. La decisión de la Fiscalía de no oponerse a las diligencias que puedan practicarse puede tener trascendencia de cara a la última citación realizada en este asunto por la titular del juzgado criminal y correccional federal 1 de la República Argentina, María Servini, que ha fijado para el próximo 3 de septiembre el interrogatorio por vía telemática del exministro Rodolfo Martín Villa, imputado en este proceso. En todo caso, la última palabra sobre una comparecencia de estas características –que ha sido fijada y finalmente paralizada durante los últimos años– será del juez al que le toque admitir o no la diligencia. La juez Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976 en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

Jueves, 20 de Agosto de 2020 El principio de Justicia Universal Guiño de España para que Argentina investigue los crímenes del franquismo Lo decidió la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, quien anuló una disposición de 2016 que obstaculizaba los procedimientos que implicaran cooperación jurídica internacional. España dejará de poner trabas a la investigación de la Justicia argentina sobre los crímenes cometidos por el franquismo. Aunque no lo verbalizó de ese modo, es lo que decidió la Fiscal General del Estado español, Dolores Delgado, quien este jueves anuló una disposición de 2016 que obstaculizaba los procedimientos que implicaran cooperación jurídica internacional. Delgado, ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez y cuyo nombramiento como Fiscal General fue cuestionado porque la oposición la considera “poco imparcial”, envió una nota a los fiscales jefes de toda España para que dejen de oponerse a querellas como la que el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de la jueza argentina María Servini, lleva adelante contra los abusos cometidos por el franquismo. La decisión de la fiscal Delgado llega a dos semanas de la declaración que la jueza Servini espera poder tomarle, por videoconferencia, al ex ministro de la Transición Rodolfo Martín Villa, imputado en la causa como responsable de los crímenes de Vitoria, en el País Vasco, en 1976, y de otros delitos de lesa humanidad. Los hechos La declaración indagatoria a Villa será el 3 de septiembre por “delitos de homicidio agravado” durante la Transición. La jueza Servini investiga si los asesinatos de Vitoria y lo que la historia reciente española conoce como “los Sanfermines del ’78”, donde un estudiante recibió un tiro en la frente y hubo más de 150 heridos, fueron hechos puntuales o si fueron parte de “un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Si se comprobaran los crímenes de lesa humanidad que se le imputan al ex ministro Villa, la pena podría ser de prisión perpetua. En 2014, Servini había ordenado su detención, pero el ex ministro logró esquivar el pedido de extradición. “Viendo de lo que me acusan, estoy muy tranquilo”, dijo hace tres años, cuando el rey Felipe VI lo condecoró por haber sido parte del Parlamento que integró las Cortes Constituyentes en 1977. Entre los doce delitos por los que se lo acusa, está la masacre de Vitoria del 3 de marzo del ’76:  cinco obreros fueron asesinados por la Policía Armada que golpeó e hirió a más de cien personas luego de arrojar gases lacrimógenos en la iglesia de Gasteiz, en Vitoria, donde los obreros se habían reunido. Martín Villa era, por entonces, ministro de Relaciones Sindicales del gobierno cuyo presidente era Carlos Arias Navarro. En enero de 1976, cerca de seis mil trabajadores iniciaron una huelga para protestar en contra de los topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después convocaron, por tercera vez, a la huelga general del 3 de marzo, donde la represión del franquismo asesinó y reprimió. “Tenía 20 años y estaba trabajando en una empresa que no estaba en huelga pero salíamos solidariamente a las movilizaciones. Era una jornada valorativa de la huelga. La Policía intencionalmente dejó que se llenara la iglesia y luego conminó a que saliera la gente. El cura les dijo que era una reunión pacífica. Se calcula que había entre cuatro y cinco mil personas. La Policía acordonó la iglesia y lanzó gases lacrimógenos. Aquello se convirtió en un infierno” Recuerda para Clarín Andoni Txasko, miembro de la Asociación de las Víctimas del 3 de Marzo, que fue reprimido al día siguiente y quedó casi ciego. En Argentina​ Txasko estuvo en Buenos Aires en 2013 para declarar ante la jueza Servini y volvió a Argentina en febrero de este año. “Fue un gran alivio haber podido hablar y declarar en la causa. La Transición no ha sido pacífica y modélica, como algunos creen, sino que ha sido sangrienta. Hubo más de 600 muertos”, dice el hombre que perdió la vista del ojo derecho por los golpes policiales pero cuyo certificado de invalidez sólo señala “accidente no laboral”. La causa argentina que intenta develar lo que le sucedió a Txasko y a otras víctimas de la mano dura durante la Transición ya cumplió diez años: en abril de 2010 el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez-Esquivel, y dos damnificados por los abusos del franquismo que vivían en Argentina, Inés García Holgado y Darío Rivas, se presentaron en un juzgado de Buenos Aires para presentar una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo. “La decisión de la fiscal Delgado es una noticia positiva pero estamos esperando saber más -dice a Clarín Txasko, que hoy tiene 65 años y es un referente entre las víctimas del franquismo-. Hay que ver si esta decisión deja sin vigor la anterior disposición fiscal, pero no sabemos hasta dónde va a llegar ésta. Es vergonzoso porque los jueces siguen aplicando la amnistía y la prescripción para los delitos de lesa humanidad.” -¿Cómo se siente ante el hecho que la única investigación sobre la represión que usted sufrió la esté llevando adelante otro país? -Es vergonzoso que un país que se dice democrático y que ha asumido la legislación internacional en material de derechos humanos, sea incapaz de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad e impida que otros los juzguen. En 2013 estuve declarando en Buenos Aires. Es una frustración muy grande cuando la jueza ha decretado órdenes de detención para declaraciones indagatorias y fue el Consejo de Ministros de España el que no permitió. -¿Cuál es su reclamo? -No pretendemos que gente como Martín Villa o represores nonagenarios vayan a la cárcel, pero sí que pasen a la historia con la responsabilidad que tuvieron en aquellos crímenes y no como los adalides de la libertad y de la democracia. La Justicia española se ha reído siempre de nosotros. La burla fue total. -¿Por qué lo califica de “burla”? -Estuvieron recorriendo juzgados hasta que nuestro reclamo cayó en la jurisdicción militar que determinó el sobreseimiento de los sumarios porque se decía que, aunque se habían producido delitos de homicidios y de lesiones, no se sabía a ciencia cierta quiénes habían disparado. Es una burla tremenda. Hay grabaciones de los policías que se interceptaban por frecuencia modulada en las que ellos mismos reconocían que habían participado en la paliza, que se había producido una masacre. Querían darle un escarmiento al movimiento huelguístico que se estaba dando en Vitoria y no querían que se extendiera a otros lugares del Estado español. La Transición no era pasar de una dictadura extrema a una democracia por arte de magia. Es frustrante que haya tenido que ser Argentina, en base al principio de justicia universal, la que haya abierto una causa contra los crímenes del franquismo. -En todos estos años, ¿usted siguió los pasos de los represores? -Siempre hemos querido que se supiera la verdad. La versión oficial está totalmente tergiversada y manipulada. Nosotros queríamos que los hechos se recogieran tal cual como sucedieron y que los responsables fueran juzgados. Y luego, buscar una reparación moral y económica. Pero nos hemos chocado con un muro de impunidad por parte del Estado español. -¿Cree que ese comportamiento sistemático del Estado español cambiará con el actual gobierno de coalición? -Es nuestra esperanza. Del llamado régimen del ’78, los verdugos han salido favorecidos y las víctimas nunca han sido reconocidas.