El Día de Colón en Nueva York: héroe de italo-americanos y villano de los nativos americanos.-a

Desembarco de Colón de Dióscoro Puebla

El 12 de octubre, día en que se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492.

Este día se celebra en la mayor parte de los países de América y , España. Fue creado a inicios del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y no oficial, para conmemorar la nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los conquistadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano.

Feriado 

Argentina: Fue establecido en la Argentina en 1916.

Bahamas: Día festivo, llamado Discovery Day (Día del Descubrimiento).

Belice: Día festivo, llamado Pan-American Day (Día Panamericano).

Bolivia: Día festivo.

Chile: fue declarado feriado el 1922, que lo denominó "Aniversario del Descubrimiento de América".

Colombia: Fiesta 1939

República Dominicana: Fiesta.

Ecuador: Fiesta.

España: fiesta desde 1918.

Guatemala: Día de la Hispanidad​

Estados Unidos de América: denominado Día de Colón (en inglés Columbus Day) o Día de la Raza según el estado. 

Honduras: festivo nacional Día de la Raza.

México: oficialmente desde 1928.

Nicaragua: es fiesta nacional.

El Salvador: se celebra como el "Día de la Raza".

Uruguay:  Desde 1915)

Venezuela: la celebración del Día de la Raza se incorporó mediante la Ley de Fiestas Nacionales de 1921. 

No celebra.

Costa Rica: no es día festivo.  En 2019 se eliminó el feriado del 12 de octubre para sustituirlo por el 1 de diciembre: Aniversario de la Abolición del Ejército en Costa Rica. 

Cuba: no se celebra el 12 de octubre. 

Panamá: no es día festivo.

Perú: no es día festivo

La estatua de Cristóbal Colón en  Columbus Circle, en Nueva York Pixabay Los activistas indígenas piden fundir la estatua frente a Central Park, el alcalde y el gobernador defienden el símbolo de la comunidad italiana y las escuelas se replantean cómo enseñar la historia de Colón con más perspectiva. Sarah Yáñez-Richards Nueva York — Vallas metálicas y varias patrullas policiales custodian día y noche la neoyorquina rotonda de Columbus Circle, que está coronada por una estatua de mármol de Cristóbal Colón de cuatro metros que reposa sobre una columna de más de veinte metros. Los "guardaespaldas" aparecieron en junio, cuando, en el marco de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial que se dieron por todo el país, este tipo de esculturas empezaron a ser atacadas. En Boston, el explorador amaneció decapitado, en Richmond, en Virginia, bajo agua y en Saint Paul, en Minnesota, un grupo de personas tiró una estatua de Colón entre gritos y aplausos. Aunque nunca antes se había dado en esta magnitud, la controversia detrás de esta figura lleva años existiendo, no sólo con respecto a las estatuas, sino también en torno a la celebración de Columbus Day, el Día de Colón que festeja el aniversario de la llegada del explorador a América el 12 de octubre de 1492 y que algunos piden que se llama el Día de los Pueblos Indígenas. En Nueva York, se considera el día de la celebración de los italianos. La otra celebración Melissa Iakowi:he'ne' Oakes, directora ejecutiva de la casa de la comunidad indígena americana en la ciudad de Nueva York, explica a el Diario.es que en las últimas tres décadas este día que celebra a los nativos americanos ha sido reconocido por varios estados y ciudades del país norteamericano, pero no por la Gran Manzana.  "Por alguna razón Nueva York se acerca a esta narrativa racista de la historia, como si estuviera orgullosa de ello". Pese a que esta jornada no es oficial en la gran ciudad, hace años que esta comunidad lo celebra de manera extraoficial con festivales y una protesta frente a monumentos "racistas", como la estatua de Colón. Aunque este año, debido a la pandemia, todos los eventos serán virtuales. "No somos un peligro para la estatua, la estatua es la que nos daña a nosotros. La muestran como algo heróico cuando no lo es", subraya la activista, quien cree que este monumento debería de ser trasladada a un almacén pues "no existe ninguna razón por la que se deba de aplaudir el genocidio y el holocausto americano hacia los indígenas, los negros y la gente de color". "Es hora de crecer y pasar a otra etapa, pero no podemos hacerlo si la gente sigue apoyando esas atrocidades como parte de su legado. ¿Cómo podemos confiar en la gente que se aferra a este tipo de cultura? En una relación que va hacia delante no podemos, no es sano", apostilla Oakes y dice que, eventualmente, habrá un cambio pues su comunidad está "trabajando duro" para que se dé un "reconocimiento de la verdad" que incluya la perspectiva de los indígenas. El legado italo-americano Una de las razones por la que esta activista cree que Nueva York no se anima a seguir el camino que tantas otras ciudades estadounidenses han tomado es porque tanto el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, como el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, son descendientes de italianos. "La estatua de Cristóbal Colón representa el legado de los italo-americanos y su contribución en este país", dijo Cuomo en junio durante una conferencia de prensa. También señaló que, pese a que no apoya algunos de los actos del explorador, la escultura ahora simboliza también la apreciación de la ciudad por esta comunidad de emigrantes europeos. En Nueva York el día del explorador se celebra habitualmente con un desfile en honor a los italo-americanos. Este año el desfile se ha cancelado por la pandemia, pero habitualmente la Quinta Avenida se inunda de verde, blanco y rojo, los colores de la bandera italiana. "Seguimos celebrando el Día de Colón. Como en cualquier otra fiesta, das la gracias por lo que el tipo hizo", comenta con un puro en la boca y un libro de crucigramas en la mano un dueño de un restaurante ubicado en el neoyorquino barrio de Little Italy. Prefiere no dar su nombre y dice que toda la controversia alrededor del explorador es un "sinsentido y una mierda política". No obstante, sí que se está viendo un pequeño cambio en algunos sectores de esta comunidad. La Organización Nacional de Mujeres Italo-Americanas señala en un comunicado que la función de la organización es "promover y cultivar el legado cultural de Italia" y que el Día de Colón se ha convertido en un "momento para que los estadounidenses de ascendencia italiana celebren los logros pasados y presentes", pero en dicho texto también apuntan que "entre los pueblos indígenas de América, Colón se ha convertido en un símbolo del imperialismo europeo". "El objetivo (de la celebración) para nuestra organización es comprender mejor las complejidades de su historia, mientras celebramos nuestro orgullo compartido como italoamericanos", concluye. Black Lives Matter contra la estatua "Entiendo que los italo-americanos, quieran tener un héroe y un ancestro al que mirar con orgullo, pero Cristóbal Colón no debería ser esa figura, él vino y robó la tierra de los indígenas, los infectó con enfermedades y fue un reconocido pedófilo. Él estaba en contra de los derechos humanos", subraya a elDiario.es la cofundadora de Black Lives Matter Greater NY Chivona Newsome. Ella defiende derretir la polémica estatua que está a la entrada del Central Park y convertirla en algún héroe indígena.  "El Gobierno debería de hablar con los indígenas para saber cómo ellos quieren que este día sea recordado". Por su parte, el también fundador de esta organización Hawk Newsome destaca que Estados Unidos está viviendo su segundo movimiento de los derechos civiles y que la gente ahora se replantea qué es América. En ese sentido, el activista dijo que el movimiento de Black Lives Matter intentó que la ciudad de Nueva York retirase tanto la estatua de Colón como la de Theodore Roosevelt que está frente al Museo de Historia Natural. Esta estatua, de 1939, no es polémica por el presidente, sino por la representación concreta del mandatario en su caballo, con un hombre negro y un indígena que caminan a su lado. El alcalde organizó una comisión para debatir el tema. En junio, el museo anunció que la retiraría y el alcalde apoyó la decisión porque la estatua "representa explícitamente a los negros e indígenas como subyugados y racialmente inferiores". "El Ayuntamiento apoya la solicitud del museo. Es la decisión correcta y el momento adecuado para eliminar esta estatua problemática", dijo De Blasio. Las carabelas Newsome recuerda que su primer contacto con Colón fue en la escuela cuando tenía siete años y le hicieron colorear dibujos de las tres carabelas que usó Cristóbal Colón en su primer viaje, pero señala que en el instituto público del Bronx al que asistió sus profesores le contaron lo sucedido desde otra perspectiva. "En octavo -que equivale a segundo de la E.S.O.- el señor Forte nos dijo que Cristóbal Colón no descubrió una mierda". El afroamericano se acuerda de que su profesor explicó que "el hecho de que haya visto un bonito Mercedes aparcado en el parking del colegio" no significa que lo haya descubierto, pues el coche ya tiene un dueño. Algo similar le pasó a la neoyorquina Jessica Martell, quien dice que de pequeña le enseñaron que Colón era un héroe y que aprendió los nombres de la Niña, la Pinta y la Santa María a base de canciones. "Cuando me convertí en profesora eso no me parecía bien, porque a medida que aprendía sobre la colonización, algo que no me enseñaron en el colegio, no me sentía a gusto repitiendo mensajes falsos a mis estudiantes", explica la descendiente de puertorriqueños. Martell confiesa que al principio de su carrera ni siquiera trataba el concepto del Día de Colón y que simplemente le decía a sus alumnos que era un festivo más. Hablar sobre Colón con dos perspectivas "Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que con mi silencio tampoco ayudaba a mis estudiantes y estaba haciendo algo similar a lo que habían hecho conmigo al darme una versión blanqueada de lo que pasó ese día", recuerda. Tras largas conversaciones con sus colegas, creó un plan interactivo para que sus alumnos pudieran entender mejor los dos puntos de vista. Cuando enseñaba segundo de primaria, aprovechó que su clase estaba en educación física y le pidió al profesor de cuarto de primaria que junto con sus alumnos "conquistaran" su clase.  "Cuando mis alumnos regresaron a clase, su aula había sido colonizada, por lo que seguimos con el teatro -de europeos contra indígenas- y hablamos sobre cómo se sentía cada grupo".   Según la maestra, los niños de cuarto al principio decían sentirse"poderosos" e incluso aceptaban la idea de que tenían el derecho de tomar la clase y sus materiales. "También leímos el libro ‘Encuentro’, que relata la historia del día que Cristóbal Colón llegó a América pero a través de la perspectiva de un niño Taíno y eso nos ayudó a explicar qué es tener más de una perspectiva". Martell ahora enseña cuarto y quinto de primaria, por lo que en los últimos años ha podido adentrarse más de lleno en el debate sobre lo que representa la figura del explorador y el origen del Día de Colón. "Los alumnos siempre se sorprenden cuando aprenden que la festividad del día se instauró en 1934 por el presidente Franklin Roosevelt para hacerse con el voto de la comunidad de italo-americanos", cuenta. Aunque lo más llamativo que hace con sus alumnos es un juicio contra Cristóbal Colón, en el que los alumnos, divididos en dos grupos, debaten si el italiano es un héroe o un villano. "Otra pregunta que hago en el ejercicio es si se debería de seguir llamando al segundo lunes de octubre Día de Colón. Muchos llegan a la conclusión de que no y señalan que se debería de llamar Día de los Indígenas o Día de la Raza. También pregunto si el día debería de ser festivo o no, pero ninguno de ellos quiere perder un día de vacaciones", señala entre risas la mentora. Debido a la pandemia, este año no podrá poner en práctica otro de sus ejercicios: ir a ver la estatua de Colón. "Observamos cómo su cara controla la totalidad de la avenida de Columbus -también conocida como la Novena Avenida- y que es como la estrella de la ciudad, pero lo que a los alumnos más le sorprende es que Colón nunca pisó Nueva York". Martell nunca ha tenido a un estudiante italo-americano en su clase, pero dice que le gustaría tener esa oportunidad para ampliar aún más el debate. También señala que suelen ser los alumnos latinos los que más reaccionan durante este tipo de ejercicios al darse cuenta de que se trata del lugar del que vienen sus ancestros.

El rastro que dejó en Chile el ex viceministro de Energía venezolano investigado por corrupción.-a

Nervis Villalobos Cárdenas (Maracaibo, Venezuela, 1967)

De acuerdo con una investigación publicada por el diario español El País, Nervis Villalobos habría cobrado 7,4 millones de euros a la compañía energética vasca Elecnor por conseguir adjudicaciones de la planta de abastecimiento de agua de Souk Tleta en Argelia en 2008 y la línea de transmisión eléctrica Ancoa-Alto Jahuel en Chile 2009. Ese mismo año, Hugo Chávez pactó con un consorcio, en el que también participaba Elecnor, la construcción de una planta de generación termoeléctrica. Eran además tiempos en que los mandatarios Michelle Bachelet y Hugo Chávez mantenían una estrecha relación.

Sorpresa causó en el año 2009 el anuncio de que el grupo español Elecnor había ganado la licitación para el desarrollo de la línea de transmisión Ancoa-Alto Jahuel. En el concurso participaron cuatro empresas: Elecnor, Transelec, Abengoa y Alusa; y el asombro se debió a que la propuesta económica de los españoles fue US$ 5 millones inferior a la de Abengoa, que quedó en segundo lugar.

Los diarios de ese año también cuentan que entre los operadores eléctricos llamó la atención que de los competidores, la empresa española era la única sin experiencia en el rubro de la transmisión eléctrica en Chile. 

Esa licitación, ocurrida hace más de una década, volvió a aparecer en los diarios ayer, después de que el períodico El País, de España, reveló que la compañía energética vasca Elecnor presuntamente pagó 7,4 millones de euros al ex viceministro de Energía Eléctrica venezolano Nervis Villalobos por las adjudicaciones tanto de la línea de transmisión eléctrica Ancoa-Alto Jahuel como de la planta de abastecimiento de agua de Souk Tleta, ubicada en Argelia.

Reseña El País que esto se constató gracias a las facturas emitidas entre 2010 y 2012 por Villalobos desde una sociedad que posee en Malta llamada Malta Merol Ganem Developments Limited y la transacción se hizo por supuestos servicios de asesoría. El ex viceministro habría ingresado estos honorarios en una de las 12 cuentas que manejó hasta 2015 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), principado en el que se le investiga por el blanqueo de millones de dólares. 

La factura por la asesoría a Elecnor en la línea de transmisión eléctrica chilena fue por 3,5 millones de euros. El costo de este proyecto ascendía a 124,7 millones de euros (US$ 186,6 millones), y preveía la construcción, operación y mantenimiento de los 258 kilómetros de recorrido entre la subestación Ancoa, ubicada en la Región del Maule, y la subestación Alto Jahuel en la Región Metropolitana, en un plazo de 39 meses.

En El Mercurio del 25 de noviembre de 2009 se enumeraba que entre las empresas que competían en la licitación, Transelec operaba varias líneas, mientras que Alusa en ese momento estaba construyendo la línea nueva Charrúa-Nueva Temuco, y Abengoa, ya había fabricado infraestructura de transmisión en suelo nacional, pese a que para el momento no estaba operando ninguna línea en el país. Elecnor, por su parte, recién estaba llegando a Chile con este proyecto. 

Se trata de un nuevo hallazgo en las investigaciones contra Villalobos, quien aparece en las listas de “jerarcas del chavismo” al menos desde 2015. La justicia no tenía en el radar la conexión con Chile. Según fuentes consultadas por El Líbero, el ex viceministro es un experto en conseguir negocios a terceros, lo cual habría hecho a cambio de millones de dólares.  

El aterrizaje de Elecnor en Chile ocurrió el mismo año en que las compañías españolas Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) y Elecnor firmaron un acuerdo en Caracas -en presencia del fallecido Presidente venezolano, Hugo Chávez-, por 2.000 millones de dólares para construir una planta de generación termoeléctrica. Además de Chávez, en este acto estuvo presente el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; el presidente de PDVSA Gas, Ricardo Coronado; el presidente de Iberdrola Ingeniería y Construcción, Ramón de Miguel, y el director internacional de Desarrollo Energético de Elecnor, Germán Junquera.

Precisamente, en la investigación que actualmente se lleva a cabo en Andorra aparecen dos documentos que conectan a Villalobos con Elecnor. De acuerdo con El País, se trata de cartas firmadas en 2009 y 2011 por Junquera, donde asegura:

 “Nervis Villalobos colabora, asesora y gestiona proyectos para Elecnor S. A. y empresas de su grupo, en el mercado eléctrico en Latinoamérica”. 

Pese a esto, la empresa vasca respondió al diario español desmarcándose de cualquier nexo con el ex ministro venezolano, y dicen que los contratos en Chile y Argelia se lograron “sin contar ni con los servicios ni con la intermediación de ningún agente comercial”.

Tiempos de cambios

El negocio coincide con una relación cordial entre los gobiernos de Michelle Bachelet y Hugo Chávez, en la que ambos mandatarios compartieron en encuentros internacionales. Como Jefa de Estado de Chile visitó Venezuela en abril de 2007, donde instruyó la negociación de un Protocolo de Enmienda al Convenio de Seguridad Social, suscrito en 2001. Fue en marzo de 2009, en Santiago, cuando se efectuó una reunión final para acordar definitivamente un texto; aunque finalmente el protocolo fue firmado por los cancilleres de entonces Mariano Fernández y Nicolás Maduro en la isla venezolana de Margarita. 

En 2009 incluso se había confirmado una visita de Hugo Chávez a Chile, invitado por Bachelet. El venezolano dijo que la Presidenta lo había llamado para pedirle que incluyera a Santiago en su gira a Brasil y Argentina. No obstante, ese viaje no se concretó debido al cambio de sede de la cumbre de la Unasur.

Eran tiempos de cambios. Para el año 2009 el Ministerio de Energía aún no existía. Las bases de la licitación para el primer circuito de la Línea Ancoa-Alto Jahuel las elaboró la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el concurso corrió por cuenta de la Dirección de Peajes del Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) del Sistema Interconectado Central (SIC) y se publicaron el 22 de mayo de 2009.

En ese entonces, la Presidencia de la CNE la ejercía Marcelo Tokman (PPD), quien deja el cargo en 2010 para convertirse en el primer Ministro de Energía de Chile, tras concretarse la separación de este gabinete del Ministerio de Minería (Santiago González, del Partido Radical ocupaba esta última cartera). 

Por otra parte, la composición de la mesa directiva de la CDEC -ahora Coordinador Eléctrico Nacional– también estaba experimentando cambios entre 2008 y 2009. A partir de un decreto publicado en agosto de 2008, el Directorio ya no estaría integrado por representantes directos de las empresas de energía; sino que en adelante, pasó a estar constituido por representantes elegidos por cada uno de los cinco segmentos que definía el decreto: propietarios de centrales eléctricas cuya capacidad instalada total fuese inferior a 300 MW (2 directores); propietarios de centrales eléctricas con capacidad instalada igual o superior a 300 MW (3 directores); propietarios de instalaciones de transmisión troncal (2 directores ); propietarios de instalaciones de subtransmisión (2 directores) y clientes libres abastecidos directamente desde instalaciones de un sistema de transmisión (1 director). Marcelo Bobadilla fue el primer presidente del Directorio en esta nueva era.

De esta forma el Directorio pasó a tener a «una función más bien de supervisión y visión estratégica”, según se lee en el libro conmemorativo de los 15 años de existencia de los Centros de Despacho Económico de Carga, publicado en 2014.

Fuentes ligadas al tema energético explican que para el año en el que se decidió la licitación que favoreció a Elecnor, el CDEC tenía la responsabilidad de analizar el sistema eléctrico nacional y sugerir obras en función de las necesidades identificadas. Luego, la CNE decidía si se acogían estas sugerencias, pero finalmente en ese tiempo la responsabilidad de definir las licitaciones recaía en el Gobierno, pues la CDEC estaba sometida a las consideraciones de la autoridad de turno y su rol era más técnico. 

Desde el Ministerio de Energía no emitieron comentarios ya que el tema es anterior a su creación, mientras desde la Comisión Nacional de Energía dijeron que las adjudicaciones de obras de transmisión de aquella época no las hacía la CNE sino el CDEC-SIC de la época.

El 25 de noviembre de 2009 se conoció a través de un comunicado que Elecnor se había adjudicado el desarrollo de la línea de transmisión Ancoa-Alto Jahuel. No obstante, esto no apareció en el Diario Oficial hasta el 13 de abril de 2010, cuando se divulgó una resolución del Ministerio de Energía con fecha del 8 de marzo de 2010.

Una vez publicado esto, Elecnor constituyó el 4 de mayo de 2010 la sociedad anónima abierta Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A., a quien el 10 de mayo de ese año le cede todos los derechos, permisos, prerrogativas y obligaciones derivadas del proyecto de la Línea Ancoa-Alto Jahuel, situación que fue reconocida por el Ministerio de Energía en diciembre de 2012. 

Finalmente la Presidenta Michelle Bachelet encabezó la inauguración de la Línea Ancoa-Alto Jahuel el 21 de octubre de 2015, acompañada del entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco. «Nos complace como gobierno ver los avances que ha tenido nuestra agenda de energía. En el sector de energía hemos generado un ambiente de diálogo, confianza y certidumbre, hemos relevado el carácter estratégico que tiene este sector y hemos sido capaces de terminar con el frenazo de las inversiones», dijo la Jefe de Estado.

A diferencia de este proyecto en Chile, en Venezuela la construcción y la puesta en marcha de la central, denominada Antonio José de Sucre, no avanzó en los tiempos prometidos (4 años). De acuerdo con la rendición de cuentas del Ministerio de Energía venezolano en el año 2015, la Construcción de la Planta de generación Termoeléctrica Antonio José de Sucre llevaba 45,66% de ejecución en el avance físico del proyecto y 56,26% de avance financiero, pese a que debió ser entregada en su totalidad en el año 2013. Además, una comisión designada por la Asamblea Nacional para estudiar la crisis eléctrica en ese país, concluyó que hubo sobreprecio en la obra, pues el Ejecutivo le asignó a dedo 2 millardos de dólares, cuando según su investigación el costo real de una obra de esa envergadura debió haber sido 1,33 millardos de dólares.

Otra investigación de El País, publicada en el año 2018 da cuenta de que, según los documentos manejados en la investigación en Andorra, la energética vasca firmó un acuerdo con Villalobos que contemplaba una comisión de un 4,5 % del contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Juan Manuel Valdez en Güiria. El dato figura en un auto de procesamiento del pasado día 13 de septiembre de 2018 en causa por blanqueo y cobro de comisiones a 28 personas, entre las que figura Villalobos.

El bajo perfil de un asesor

Nacido en el estado occidental de Zulia en 1967, Nervis Villalobos escaló con agilidad en las esferas del poder. Con un bajo perfil político, este ingeniero eléctrico perteneció al círculo cercano de Rafael Ramírez Carreño, ex ministro de Petróleo (2002-2013) y ex presidente de PDVSA (2004-2013), quien ahora está en Italia tras ser solicitado por la justicia venezolana, y a petición del propio Nicolás Maduro, por su presunta participación en hechos de corrupción. “Entiendo que tanto (el ex jefe de seguridad de PDVSA, Rafael) Reiter como Nervis Villalobos están en juicio. No me aventuro a asomar alguna opinión en torno a un caso que se está ventilando en tribunales. Esperemos a ver qué determina la justicia”, dijo en una entrevista concedida a un diario venezolano, en junio, tras ser consultado por casos de corrupción en que estarían involucrados sus colaboradores.

Según Ramírez, el ex Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero figuró como una especie de lobista con empresas en España. “Esa información me la dio Delcy Rodríguez cuando ella era canciller. Que él estaba intercediendo por capitales españoles, y le ponemos comillas, para ‘ayudar al país”, denunció. 

La ruta del poder de Villalobos comenzó en la estatal Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven). En esta empresa alcanzó cargos gerenciales, pero fue en el chavismo que consiguió convertirse en director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas y, posteriormente, viceministro de Energía Eléctrica. Estuvo encargado de planes de incremento de la generación eléctrica, incluso en su currículo se definió como “el artífice del plan de desarrollo del sector eléctrico del 2006 de Venezuela”, el cual “sirvió de base” para otras “políticas energéticas en ese país”.

Pero fue denunciado por irregularidades en varios proyectos eléctricos. De ahí que el mismo ex Presidente Chávez pidió destituir de la cartera a Villalobos, en 2007. Lejos de ser procesado penalmente por la justicia de su país, el ex funcionario venezolano expandió sus negocios, autoproclamándose “asesor internacional independiente en materia energética en grandes empresas” y realizando “estudios de mercados energéticos y de planificación energética en América Latina” entre 2006 y 2015. Se desempeñó como director técnico de la compañía Enersia Technology & Innovation.

Su expansión internacional coincidió con el inicio de una interminable crisis eléctrica en Venezuela, producto de la desinversión y malversación de fondos. Hace seis años se instaló, junto a su familia, en Madrid, España, donde compró una casa de casi 7 millones de dólares. Pero la Fiscalía venezolana, dirigida entonces por Luisa Ortega Díaz (actualmente en el exilio por oponerse a Maduro), acusó al ex viceministro por delitos asociados a corrupción y ordenó su arresto. De acuerdo con fuentes vinculadas a esta investigación se estuvo “a punto” de capturarlo, pero escapó de las autoridades. Meses después de esto, un tribunal declaró la nulidad absoluta de las medidas de privación de libertad, y el poderoso ingeniero salió librado de la justicia.  

Tras investigaciones por un plan de sobornos relacionado con PDVSA, Villalobos fue detenido en octubre de 2017, en España, y por una orden de arresto de Estados Unidos. Así, en septiembre de 2018, fue procesado por un juzgado en Andorra por su supuesta participación en blanqueo de capitales. Según la policía del Principado, el ágil asesor movió cerca de 124 millones de euros a través de una decena de depósitos bancarios.  

Además de Elecnor, el ex viceministro asesoró a Técnicas Reunidas y Duro Felguera, y otras empresas internacionales. Villalobos quedó en libertad provisional con medidas cautelares, es decir: presentación cada 15 días ante los tribunales y prohibición de salida del país, según una nota del portal Al Navío.

Habla la voz del exilio: "No le veo futuro a la III República a pesar de Juan Carlos I" a

ENTREVISTA A LUDIVINA GARCÍA 30/08/2020  En pleno franquismo, en los años más duros de la posguerra, Ludivina García se educó en un colegio en el que todas las semanas honraban la bandera republicana y cantaban el himno de Riego, que, aunque nunca fue oficial, fue el que la gente popularizó durante la Segunda República. En las clases les enseñaban la historia de España y leían a Lorca, a Machado… Ludivina vivía en “un oasis”, como lo llamaban. Lejos de España, muy lejos de España, en México, una enorme colonia de exiliados republicanos educó a sus hijos en la nostalgia de España, el país del que tuvieron que salir tras la Guerra Civil. Llevaban tantas heridas, tantos desgarros, tanta pena, que de lo único que no hablaban era de la tragedia. Ludivina García Arias  Ludivina García Arias (Morelia, México, 13 de diciembre de 1945) creció con la convicción de que un día vendría a España para resolver la duda que tantas vueltas le daba a la cabeza: había nacido en México, amaba México, pero extrañaba a España, añoraba Asturias, la tierra de sus padres. Quería saber si era mexicana o española y, para eso, algún día tenía que venir a España. Cumplió su sueño, volvió a España para estudiar en la Complutense y, en la clandestinidad de los años 70, se afilió al PSOE, y lo representó luego en todas las instituciones, desde la local hasta la europea, pasando por el Congreso de los Diputados. Allí estaba sentada en el golpe de Estado de Tejero. Coincidiremos que, si alguien puede hablar hoy de la república en España, son estos hijos de los exiliados republicanos que, como su padre, que murió en 1968 sin haber podido volver a vivir en su país, conocieron todas las formas de sufrimiento antes de instalarse en aquel refugio de México.

PREGUNTA.- Se hace difícil imaginar cómo crece una niña en un entorno así, con padres exiliados que le hablan maravillas de un país al que, tras una Guerra Civil, no pueden volver.

RESPUESTA.- En mi casa no se hablaba de la guerra, entre otras cosas porque cada vez que salía el tema, mi madre se echaba a llorar. Lo he comentado con muchos de mis compañeros de México y me han contado lo mismo, no se hablaba de la guerra, se hablaba de la república, de sus ciudades, de las comidas, de sus paisajes… Los temas dolorosos se rehuían. Enriqueta Tuñón Pablos, que también nació en México, porque toda la familia Tuñón de Lara eran, como sabe, muy republicana, entre comunistas y socialistas, lo define muy bien cuando dice que vivíamos en una burbuja. Una burbuja republicana en México, como en el colegio Luis Vives, en el que estábamos todos, cuando honrábamos la bandera de México y cantábamos el himno y, luego, la de la república, y también cantábamos el Himno de Riego con la letra que le hizo el profesor de historia, Marcial Rodríguez:

 “De nuevo España resurge, tan alto y tan grande es su honor, que en el hombre es un timbre de gloria, nacer y sentirse español”. 

Y en mi casa… Cada tarde, cuando mi padre regresaba de trabajar, nos sentaba en el salón, debajo de un cuadro con un paisaje de Asturias, ponía música de Albéniz, y empezaba a contarnos cosas de la historia de España o nos recitaba poemas de Lorca, de Machado... De la guerra mundial sí hablaba también, pero de la Guerra Civil, jamás. Tantos años han pasado, pero me sigo emocionando cada vez que oigo a Albéniz.

P.- Imagino que, con los años, sí conocería usted cada detalle del pasado de su padre en la República y en la guerra.

R.- Mi padre, Ismael García Lombardía, era maestro dentro de una familia de maestros de escuela de Asturias. El golpe militar, en julio del 1936, le pilló en Madrid porque quería presentarse a unas oposiciones. Digo esto porque en Oviedo vivía con mi abuelo, ya mayor y enfermo, con lo que le había pedido a su hermano que se quedara unos días con él, para cuidarlo mientras estaba fuera, en Madrid. Todos eran gente muy involucrada en los movimientos asociativos de trabajadores, además de militantes del Partido Comunista. En fin, que los fascistas fueron a buscarlo a la casa en la que estaba mi abuelo y a quien se encontraron fue a su hermano; lo fusilaron, estaba casado con tres niños pequeños, y mi abuelo murió, poco después, en un bombardeo. Hay que imaginarse lo que supuso eso para mi padre, saber que detuvieron a su hermano cuando iban buscándolo a él… Nunca hemos sabido dónde los enterraron.

P.- Su padre, luego, combatió en la guerra en varios frentes con el Ejército Republicano y, finalmente, se exilió a México.

R.- Combatió en varios frentes y, en febrero de 1939, viendo que la República se derrumbaba, se marchó a Francia. Allí, como a todos los republicanos que llegaban, lo internaron en un campo de concentración, primero en Argelès. Tras varios años, pudo conseguir un pasaje para América en un barco en el que viajaban, además de doscientos españoles, muchos judíos que huían del horror del nazismo.

"Hay que imaginar lo que supuso eso para mi padre, que detuvieran a su hermano cuando le buscaban a él. Nunca hemos sabido dónde los enterraron"

Llegaron a Nueva York y, como llevaban la fama de rojos peligrosos, los metieron en un tren y los mandaron para México. Durante toda su vida, mi padre siempre repetía lo que le dijo un funcionario de inmigración al llegar a la frontera de México, en Laredo: 

‘señor, ¿ve usted esta raya en el suelo? Pues puede traspasarla porque dice mi general Cárdenas que, a partir de este momento, es usted libre de ir a donde quiera y a trabajar donde pueda. Sea usted honrado”. Nunca olvidó aquel gesto de grandeza, por eso el cariño eterno que le tenemos a México.

P.- Usted nace allí, unos años después, en 1945, y no sé cuándo, a qué edad, comienza a sentir la extrañeza de que le hablasen continuamente de España, como un paraíso perdido o una frustración.

R.- Sí, esto es curioso porque mis padres llegaron a México por motivos muy distintos, mi padre como exiliado político y mi madre, que era una campesina asturiana, por el exilio económico, la emigración de las zonas más pobres de España, fundamentalmente de Asturias y de Galicia. Mi madre trabajaba en uno de los comedores de refugiados que habían organizado los españoles para acoger a los que iban llegado, y allí conoció a mi padre.

P.- ¿Cuándo viaja usted por primera vez a España?

R.- Mi madre quiso volver en 1957, para ver a mi abuela; llevaban más de veinte años separadas. Vinimos con mi padre a Europa pero, al llegar a la frontera, mi padre se quedó en Francia y nosotras nos fuimos a Asturias, a Fresnedo. Recuerdo que llegamos a la aldea en un taxi, llovía y estaba anocheciendo. Al entrar en la casa, casi en penumbra, sólo se divisaban algunas siluetas.

Mi madre se fue hacia mi abuela y se fundieron en un abrazo que parecía que no terminaba hasta que, de repente, aquellas bombillas cogieron más vigor, iluminaron más la sala y, estupefacta, mi madre se dio cuenta que una de aquellas siluetas era un cura con sotana. Se quedó mirándolo, lo señaló y nos dijo, ‘niños, nos vamos’. El sacerdote, al momento, le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, que entendía ese reencuentro entre una madre y una hija después de tanto tiempo. Con posterioridad, casi al final del franquismo, volví de nuevo y ya hice mi vida aquí.

P.- Decía antes que no se quería hablar de la guerra, pero, además de por el dolor que sentían, quizá tampoco querían reproducir en el exilio los enfrentamientos que hubo entre socialistas, comunistas, anarquistas, que acabaron todos conviviendo en el exilio.

R.- Naturalmente. Todos ellos, además, siempre pensaron que un día regresarían a España y ninguno quería envenenar ese sentimiento mutuo con disputas políticas. Sobre todo, tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, todos sintieron que se les había dado la razón, que ellos lucharon en el bando correcto contra el ejercito franquista. También las Naciones Unidas condenaron el régimen franquista, con lo que todos estaban convencidos del fin de la dictadura. Pero no, aquella ‘euforia democrática’ internacional se fue enfriando y algunos no volvieron jamás. Pero bueno, lo que preguntaba, que era tan firme la idea de convivir, sin reavivar disputas políticas, sobre todo porque también, por la emigración económica, había muchos españoles conservadores.
 Le contaré una anécdota que lo define bien: un empresario catalán, Arturo Mundet, había hecho fortuna con un refresco de manzana, muy famoso en México, Sidral Mundet, y abrió un espacio recreativo, con piscina, boleras, canchas de tenis, al que íbamos todos. Colocó en un mástil la bandera de España, roja, amarilla y roja, y aquello provocó una vez un conflicto. ¿Sabe lo que hizo? Pues Mundet decidió que, en adelante, la bandera de España iba a ser sólo una banda roja y otra amarilla. Porque había que convivir, claro…

P.-. ¿Qué piensa cuando oye decir que Puigdemont es un exiliado?

R.- Pues pienso que es mentira, que el exilio es algo muy distinto a fugarse de un país para eludir la acción de la Justicia de un país democrático, y subrayo esto último: huye de una justicia democrática. Eso, además de que, seguramente, todavía vive en un país europeo con dinero de los fondos públicos españoles… En fin, que me duele que se diga y que se propague por los medios, con lo que el término exilio pierde todo sentido.

P.- En su decisión de afiliarse al PSOE en la clandestinidad, cuando vuelve a España, ¿cuánto había de reivindicación de le memoria de todos aquellos republicanos, como su padre, que murieron en el exilio sin poder volver? No sé, imagino esa rabia interior…

R.- Cuando volví en el 1970, la mayor parte de la oposición al régimen de Franco, ya fueran comunistas o liberales, eran todos republicanos. Me casé con un asturiano, Juan Luis Rodríguez-Vigil, mi exmarido, y ambos teníamos muy claro que queríamos afiliarnos al Partido Socialista. Teniendo en cuenta que Franco vivía aún, el número de afiliados era importante, unas quinientas personas en Asturias, muchos de ellos que ya habían sido detenidos y torturados años atrás. Lo que más me impresionó al conocerlos es que era gente de un talante democrático impresionante. A pesar de todo lo que habían sufrido, no tenían ningún rencor político y lo que querían para España era una democracia abierta y tranquila, sin venganzas. Me impactó muchísimo, me maravillaba.

P.- Dice usted que todos, derechas e izquierdas, eran republicanos. ¿Cómo se produce la evolución de los republicanos de la clandestinidad hacia la aceptación de la monarquía parlamentaria?

R.- Todos nos sentíamos republicanos y la imagen que se tenia de Juan Carlos era la que correspondía en aquel momento, era el sucesor que había designado Franco. Es decir, la imagen nunca podía ser buena por su complicidad evidente con el régimen franquista. Lo que ocurrió es que, a medida que fue desarrollándose ese proceso tan complejo y difícil como fue la Transición, Juan Carlos comenzó a aparecer como una figura necesaria para aquello a lo que aspirábamos, una democracia tranquila. De forma que cuando llegaron las Cortes Constituyentes, que ya representaban a la soberanía popular, el PSOE, que había perdido aquellas elecciones, presentó en la comisión parlamentaria, antes de llegar al pleno, un voto particular sobre el modelo de Estado en defensa de la república. La votación se perdió porque sólo lo apoyaron los diputados del PSOE, ni los nacionalistas vascos ni los catalanes, a excepción de un diputado de Esquerra Republicana. Este dato es fundamental y no entiendo cómo el PSOE no lo recuerda a menudo. La monarquía parlamentaria no es una imposición del franquismo sino un acuerdo parlamentario y su titular, Juan Carlos, tuvo que ganarse su espacio durante la Transición.

P.- Y a usted, personalmente, por su vida, por su memoria, por padre, ¿le costó aceptar la monarquía y renunciar a la república?

R.- Entonces, y ahora, porque yo sigo considerándome republicana, lo que antepusimos fue la necesidad de la convivencia en España. Es cierto que, también en aquellos años, muchos preguntaban que por qué no se sometía a la Corona a un referéndum aparte, que por qué iba en el mismo paquete que la Constitución, pero ya le digo que la votación se realizó entre los representantes de la soberanía popular y, sobre todo, que lo fundamental y prioritario era avanzar y aprobar la Constitución que garantizaba en España una democracia plena. 
Sucede, además, que Juan Carlos tuvo su propio referéndum, y también lo ganó: fue en el golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981. Y me explico. Pasado el 23-F, se organizaron manifestaciones en toda España en defensa de la libertad. Yo estaba en la organización de la de Asturias y recuerdo en aquella multitud que comenzaron a llegar los autobuses de las cuencas mineras y empezaron a gritar ‘¡viva el Rey! ¡viva el Rey!’ Me dije, este hombre se ha ganado hoy la Corona, éste ha sido su referéndum. Yo estaba allí, en el Congreso, cuando entró Tejero, y en los días sucesivos nos reunimos con militares que, nerviosos aún por lo que había ocurrido, nos dijeron que en los cuarteles lo que imperaba aquel día no era la Constitución sino la palabra del rey. Por eso se paró el golpe de Estado, gracias a Juan Carlos, y a mí no me cabe la menor duda.

P.- ¿Como hija de un exiliado republicano, se siente identificada con quien pide hoy una república en España?

R.- A ver, desde el punto de vista meramente teórico, el hecho de contar con la más alta institución del Estado, la jefatura del Estado, que se transmite por filiación, encierra una evidente contradicción democrática. Pero la realidad es mucho más compleja que un mero análisis teórico y en el caso de España, además de que este asunto, como le decía antes, ya se debatió y de decidió democráticamente, lo fundamental es que la monarquía parlamentaria es garantía de estabilidad.
 ¿Me identifico con los republicanos de hoy? 
Ya le digo que yo me siento republicana y cuando he ido a reuniones de algunos partidos o colectivos que piden la III República me he dado cuenta de que cada uno de ellos defiende la necesidad de un estado republicano según su programa político. Los republicanos de hoy no buscan el interés general de España. Lo que no he visto en todos estos años es un movimiento republicano que sea una alternativa a la monarquía parlamentaria, ese bloque teórico no existe. Por tanto, le veo un escaso futuro.

P.- ¿Incluso después de lo sucedido con don Juan Carlos, los escándalos tras su abdicación?

R.- Lamentablemente, el propio Juan Carlos, después de su valiosa aportación en las primeras décadas de la democracia, se ha convertido, como persona, no como jefe del Estado ni como rey, en un obstáculo para la monarquía parlamentaria. Espero que todas las dudas que existen sobre su comportamiento se aclaren en los tribunales de justicia, que es lo que debe suceder en una democracia como la española. Lo que no se puede pretender es que esa responsabilidad se traslade también a su hijo, Felipe VI. Lo que no se puede hacer es mezclar debates, y en lo que se refiere al modelo de Estado lo que tenemos que pensar es que el desarrollo de la democracia en España no ha sido diferente con la monarquía a como pudo haber sido con una república. Por lo tanto, no hay motivos para generar inestabilidad política, social y económica, mucho más en estos momentos tan graves por la pandemia del coronavirus. No logro entender que haya partidos y personas que se dicen republicanos y no les importe lo que supondría para España esa inestabilidad en estos momentos…

P.- Es habitual oírle decir a dirigentes de Podemos que el PSOE traicionó a la república en la Transición. Podemos, que es el socio de gobierno del PSOE de Pedro Sánchez. ¿No echa usted de menos que los dirigentes de su partido reivindiquen los valores de la Transición con más énfasis, incluso con más convencimiento?

R.- Algunos hablan de la Transición como si aquello hubiera sido la reunión de cuatro o cinco personas sentadas en una mesa de camilla… Y no, claro, fue algo mucho más complejo y se alargó durante varios años, hasta que se aprobó la Constitución, el rey cedió al pueblo español todo el poder que había heredado de Franco y se consolidaron los derechos y libertades.
 ¿Hubo que ceder en la Transición? 
Pues naturalmente, todos cedieron para que se pudiera alcanzar un acuerdo, pero es que en eso consiste una democracia, en esa capacidad de diálogo y de entendimiento para progresar. Nadie traicionó a nadie. Y fueron los propios represaliados, aquellos que habían sufrido torturas o el exilio, los primeros que aceptaron y defendieron que se alcanzase un acuerdo para abrir esta etapa de democracia, que es única en la historia de España.

P.- ¿Es usted de las socialistas que está inquieta por la presencia de Podemos en el Gobierno, tal y como decía Pedro Sánchez antes que pactar con Pablo Iglesias?

R.- Desde las movilizaciones del 15-M, siempre he recelado de Podemos. Recuerdo que, entonces, me acercaba a las concentraciones para ver de qué iba todo aquello y me sorprendía la demagogia y la ligereza con la que repetían que los partidos políticos que habían obtenido millones de votos en las elecciones no los representaban, como si a ellos los hubieran elegido alguien… En fin, que no, que no me gusta Podemos ni que gobierne en coalición con el PSOE. Pero esa ha sido la mayoría de izquierda que salió de las urnas.

Nota del autor.

Ludivina García Arias (Morelia, México, 13 de diciembre de 1945)​ es una profesora y política socialista méxico-española, diputada al Congreso de España y al Parlamento Europeo en tres ocasiones respectivamente.

Hija de exiliados españoles en México, víctimas de la represión franquista, se formó en el Instituto Luis Vives de Ciudad de México. Después se licenció en Filosofía y Letras, especializada en Historia universal, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Regresó a la tierra de origen de sus padres en España, Asturias, al final de la dictadura. Trabajó como profesora de enseñanza secundaria en Oviedo, y allí se incorporó como militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la clandestinidad en 1972. Durante la Transición democrática participó activamente en la reorganización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y de la Unión General de Trabajadores de España (UGT), varias veces desmantelados durante la dictadura. En 1976 fue elegida secretaria de Emigración de la dirección confederal de UGT (1976).
En la I Legislatura (1979-1982), fue elegida diputada al Congreso por la circunscripción de Asturias; en la siguiente convocatoria de 1982 renovó el escaño. Durante estos primeros siete años en la cámara baja, fue vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores y del Defensor del Pueblo (1979-1982), secretaria de la Comisión de Exteriores (1982-1986), formó parte de la Asamblea de Parlamentarios encargada de redactar el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias (1983) y fue miembro de la Comisión de Control sobre Radiotelevisión Española (1984-1986). 
Fue de nuevo elegida diputada en la VII Legislatura (2000-2004), última de la presidencia del ejecutivo de José María Aznar, durante la cual ocupó la vicepresidencia primera de la Comisión de Exteriores, fue vocal de la de Infraestructuras y miembro de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria.

Entre el final de la II Legislatura (1986) y las elecciones generales de 2000, fue diputada del Parlamento Europeo elegida en tres convocatorias consecutivas (elecciones de 1987, 1989 y 1994), al tiempo que fue miembro de la dirección federal del PSOE (1995) y de su Comité Federal (1998-2000). Durante los tres mandatos en el Parlamento Europeo fue vicepresidenta de la Delegación para las relaciones con las Naciones Unidas (1988-1989), presidenta de la Delegación para las relaciones con la República Checa y Eslovaquia (1990-1995) y miembro de la delegación para las relaciones con los países del sudeste asiático (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de la Asamblea Paritaria del Convenio concertado entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Unión Europea (1995-1999). De 1987 a 2000 fue presidenta de la Asociación Europea de Municipios Mineros (EURACOM) y preside la Asociación de Descendientes del Exilio Español.

Diputado de España por Asturias (1980-1982)
Diputado de España por Asturias (1982-1986)
Eurodiputado por España (1986-1989)
Eurodiputado (1987-2000)
Eurodiputado por España (1989-1994)
Eurodiputado por España (1994-1999)

Diputado de España por Asturias (2000-2004)

Argentina, la justicia y el franquismo.-a

Querella.

La querella argentina contra los crímenes del franquismo es una denuncia presentada ante un tribunal penal argentino por los crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
El caso fue abierto por la jueza Maria Romilda Servini de Cubría, en base al principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad; comenzó con dos denuncias realizadas el 14 de abril de 2010 por diversas organizaciones humanitarias argentinas y españolas junto a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, Inés García Holgado y Darío Rivas, hijo de Severino Rivas Barja, alcalde socialista de Castro de Rei asesinado en 1937 por falangistas.​ 
La querella recibió el apoyo de Amnistía Internacional,​ que en el informe de 2012 Casos cerrados, heridas abiertas​ denuncian que no se ha llevado a cabo una investigación judicial exhaustiva en España para descubrir la verdad sobre las circunstancias que rodean los abusos cometidos durante la dictadura franquista.
 En apoyo de la denuncia, también se creó la red ciudadana Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), que reúne a numerosas organizaciones y consejos.​ También recibió el apoyo de los parlamentos del País Vasco, Cataluña y Andalucía y de la Cámara de Diputados de Argentina.​ 
El Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición pidió que "la colaboración con los procedimientos de la corte de justicia españoles en el exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los juzgados españoles".
 De acuerdo con el gobierno español, los crímenes juzgados "ya prescribieron en España", y también colidían la ley de amnistía española de 1977. Según la jueza, se trata de "crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, este crimen no prescribe".

Opinión de Jueza.

En el juzgado de Servini de Cubría no son muy optimistas sobre el futuro de la causa (“nos golpearon mucho y nos pusieron muchas trabas”). Para que no acabe archivada con el paso del tiempo, España debería cambiar su actitud y tener un criterio coherente respecto de la justicia universal, advierte la magistrada:

“El futuro depende de que España colabore. O que pidan esta causa y la investiguen allá. Acá hay declaraciones, hay prueba. Pero el problema es que a los jueces españoles no les dejan investigar”. 

Hasta ahora, a España ni siquiera se le ha movido una ceja por los rapapolvos que ha recibido de la ONU, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional por su inmovilismo en este asunto.  Por eso le pide a Pedro Sánchez que haga lo propio: 

“Tiene que dejarnos investigar y tratar de calmar los ánimos en su propia nación porque no es cierto que esté todo el mundo tranquilo. La gente ha sufrido y aún sigue sufriendo. Hay que buscar y, en la medida de lo posible, ir entregando los restos (de las víctimas) a los familiares”.

 Para la jueza, no se trata de abrir heridas ni de despertar rencores. “Las heridas –sostiene– están ahora abiertas”.

Opinión personal.

Es muy tarde para actuar, ya que han pasado mas de 45 años de muerte de Francisco  Franco, y los presuntos  victimarios , si es que esta vivos  son en su mayoría muy ancianos, y para probar estos delitos, tardarías décadas de investigación y procesos, ya que los testigos, las victimas y los victimarios en su mayoría están muertos hace décadas.

Juez Federal №1 de Buenos Aires. María Romilda Servini, antes conocida como María Romilda Servini de Cubría, (San Nicolás de los Arroyos, 1 de diciembre de 1936) es una abogada y juez argentina a cargo del Juzgado Federal n.º 1 de Buenos Aires. Nació en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, en una familia de clase media alta. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde en 1958 conoció a Juan Tomás Cubría.​Un año después se casaron, tuvieron un hijo y él fue designado agregado militar en Río de Janeiro, donde la pareja vivió dos años. Tiene dos hijos, Eduardo Cubría y Juan Carlos Cubría.​Fue operada del corazón por obstrucciones arteriales mediante angioplastia coronaria con stent por el cardiólogo intervencionista Luis M. De la Fuente en el Instituto del Diagnóstico. Cuando volvieron al país, Servini de Cubría terminó sus estudios como escribana y ejerció esa labor durante el año 1966 en escribanías de la provincia de Buenos Aires.​Cuando tuvo a su segundo hijo decidió terminar la carrera de Derecho junto a su hermano, quien también se había anotado. Realizó la carrera judicial desde el cargo más bajo hasta llegar a su primer cargo como funcionaria al ser nombrada «defensora oficial». En ese cargo fue que tuvo su primera causa relevante, ya que le tocó defender a la expresidenta Isabel Perón quien había sido apresada y procesada por distintas causas criminales por la dictadura cívicomilitar (1976-1983) que en ese momento se hallaba en el poder.​ Luego de que Isabel Perón fue derrocada por la Dictadura, su marido, quien era capitán de la Fuerza Aérea, fue pasado a retiro por decisión del brigadier Ramón Agosti. Posteriormente fue nombrada «juez de menores», y allí se habría encargado de varios casos de apropiación de niños siendo la primera en restituir a los menores a la familia de los desaparecidos. En los años 1980 fue jueza subrogante en un juzgado de instrucción de mayores. Allí, fue la jueza del caso del clan Puccio. Secuestro de niños Fue investigada por haber entregado menores en adopción de manera irregular, al igual que el ya renunciado juez Mitchell: Servini manifestó que todos recibían menores «en la misma cantidad». Yomagate El 19 de noviembre de 1990, el entonces presidente Carlos Menem la nombró jueza nacional en lo criminal y correccional n.º 1 con competencia electoral, tenia 54 años. Tuvo a su cargo la causa denominada Yomagate, donde se acusaba a Amira Yoma ―cuñada del presidente― de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Al respecto se le ha imputado el haber manejado políticamente la investigación de dicha causa cajoneando un pedido de la Justicia española, más específicamente del juez Baltazar Garzón para que se encarcelara y extraditara a la por entonces cuñada del presidente de la Argentina. En 1992 presentó un amparo judicial para que se censurase al cómico Tato Bores por una sátira que él realizaría en su programa humorístico. La justicia civil falló en su favor y la orden de no nombrarla se aplicó al conocido humorista. En respuesta, un coro de famosos (que incluía a Mariano Grondona, Alejandro Dolina, Susana Giménez, China Zorrilla, Magdalena Ruiz Guiñazú, Luis Alberto Spinetta, Ricardo Darín, Victor Hugo Morales y los integrantes de Soda Stereo, entre otros) le dedicaron una canción que decía «La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay». Asesinato del general chileno Carlos Prats El 9 de noviembre de 1999, Servini de Cubría interrogó a Michael Townley ―exagente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional)―.10​En ese momento, Townley tenía 56 años (nació el 9 de diciembre de 1942), y por primera vez no solo confesaba cómo asesinaron al general Carlos Prats y su esposa, sino también cómo huyó de Chile en 1973 para eludir la justicia luego del asesinato de un obrero en las instalaciones del Canal de TV de la Universidad Católica en Concepción, durante el Gobierno de Salvador Allende.​Un antecedente que poco después le daría el pase inmediato para integrar los escuadrones secretos de la DINA. Represión en 2001 El 20 de diciembre de 2001, la jueza Servini de Cubría dirigió la represión policial desde la comisaría segunda junto al Fino Palacios apersonado en la propia Plaza de Mayo. Demanda a Google y a Yahoo En 2008, la jueza interpuso un recurso para que se bloqueara el acceso a cualquier información e imágenes de la magistrada existentes en los buscadores Google y Yahoo que no tuviera su consentimiento. Sin embargo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal decidió desistimar el pedido. Reforma Judicial 2013 En junio de 2013 la jueza Servini de Cubría dictó la sentencia "Rizzo" que declaró inconstitucional la reforma del consejo de la magistratura llamada "democratización de la justicia" por el oficialismo. La sentencia fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema. Rapto de bebés durante el franquismo En septiembre de 2013, Servini de Cubría abrió una causa para investigar el alegado «robo de bebés» ocurrido, según los querellantes, durante el franquismo en España. El 31 de enero de 2014 fueron recibidas las primeras denuncias de españoles residentes en España tras la habilitación del consulado de Argentina en Madrid para estos fines. Asunción 2015 En diciembre del año 2015, Servini de Cubria, a resultas de una acción iniciada por la alianza Cambiemos, dictó una sentencia declarativa que estableció la hora de finalización del mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de comienzo del presidente Mauricio Macri.  En 2017 María Romilda Servini abandonó el juzgado federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Mientras salía a denunciar presiones de parte del Gobierno para que tome esa decisión.

Dolores Delgado García (Madrid, 9 de noviembre de 1962)​ es una fiscal y política española, actual fiscal general del Estado desde febrero de 2020. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Ministerio Fiscal, destinada en las fiscalías del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Fiscalía Especial Antidroga y en la Audiencia Nacional, donde ha trabajado desde 1993 como experta en terrorismo yihadista. En junio de 2018, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la nombró ministra de Justicia y ex officio Notaria Mayor del Reino del Gobierno de España, cargo que ocupó hasta su cese en enero de 2020. Tras esto, el Gobierno la nombró Fiscal General del Estado, cargo que ocupa en la actualidad. Nació en Madrid en 1962 Se licenció en derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y cursó posteriormente un máster impartido por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid y la Universidad Complutense.​  Contrajo matrimonio en 1986 con Jordi Valls, con quien ha tenido dos hijos. Ganó una plaza de fiscal por oposición en 1989. Conocida como «Lola»,​ ha trabajado como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (1989-1993),​ en la Fiscalía Especial Antidroga,​ y, desde 1993, en la Audiencia Nacional. Próxima a Baltasar Garzón,​ es experta en la lucha contra el terrorismo yihadista. En 2013 se mostró en contra de la entrega a Suiza del informático francoitaliano Hervé Falciani.12​ Delgado, que participó como fiscal en el caso de Adolfo Scilingo, se ha mostrado contraria a recortes al principio de justicia universal. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales, en abril de 2018 se convirtió en vocal del Consejo Fiscal. Fue escogida por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para formar parte de su nuevo consejo de ministros, constituido tras la moción de censura contra Mariano Rajoy que salió adelante el 1 de junio de 2018. Felipe VI sancionó mediante Real Decreto de 6 de junio su nombramiento como titular de la cartera de Justicia;​ Delgado tomó posesión del cargo —que también conlleva el título honorífico ex officio de «Notaria Mayor del reino»— el 7 de junio en La Zarzuela. En septiembre de 2018 fue reprobada en el Senado con los votos de Partido Popular y Ciudadanos por no ser suficientemente contundente a la hora de defender al juez Pablo Llarena ante los tribunales belgas. El 9 de octubre de 2018 fue reprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular por sus «perversas amistades» con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y también por su relación con el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El 24 de octubre de 2019, fue una de los representantes del gobierno en funciones en la exhumación de Francisco Franco, ejerciendo como Notaria Mayor del Reino, dando fe de la extracción sin incidentes del féretro con los restos del dictador en su interior. El 22 de noviembre de 2018 fue reprobada de nuevo por la Cámara Baja, siendo ésta la segunda vez (tercera con la reprobación del Senado), por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión a los líderes separatistas encarcelados. Cesó como ministra de Justicia el 13 de enero de 2020, siendo sustituida por Juan Carlos Campo. Fiscal General del Estado Tras la formación del nuevo gobierno resultante de los pactos derivados de los resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, éste la propuso como candidata a Fiscal General del Estado el mismo día de su cese como minstra. El 16 de enero de 2020, el Consejo General del Poder Judicial avaló su nombramiento como Fiscal General por 12 votos a favor y 7 en contra.24​ Uno de los principales argumentos en contra de su nombramiento, y al que se sostuvieron la mayoría de los que lo rechazaron, fue que no había solución de continuidad entre su puesto como miembro del Gobierno y su nombramiento como fiscal general, lo que podría hacer percibir a la ciudadanía una falta de independencia del Ministerio Fiscal. La candidata a fiscal general compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2020, con el objetivo de que la cámara baja valorase su idoneidad. En su comparecencia, Delgado —cuestionada su idoneidad debido a su anterior cargo ministerial— rechazó tal extremo y afirmó que su paso por el Gobierno había sido un factor que había «enriquecido» su perfil. Prometió el cargo ante el rey de España, Felipe VI, el 26 de febrero.

El 14 de abril de 2010 varias denuncias apelaron al principio de jurisdicción universal para pedir en Buenos Aires la investigación al régimen de Franco por "genocidio" y crímenes contra la humanidad. Darío Rivas entra, emocionado, a un juzgado de Buenos Aires. Es el 14 de abril de hace 10 años y el hijo de un asesinado por el fascismo español está, a 11.000 kilómetros de su Galicia natal, dando el primer empujón a la única causa abierta en el mundo para juzgar los crímenes del franquismo: la querella argentina. Una década después, el proceso sigue vivo, sumando testimonios y denuncias. Aquel día de 2010 le acompañan las denuncias de Inés García Holgado, con varios familiares ejecutados por los golpistas, y de una decena de asociaciones. Apelaban al principio de jurisdicción universal para reclamar a la Justicia argentina que investigara el "genocidio" consumado contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Muertos en fosas y cunetas, bebés robados, presos esclavos… Las querellas, que ya suman varios centenares, solicitan seguir la pista a las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Pero han encontrado hasta ahora el boicot de España. El muro de la impunidad franquista sigue fuerte. Aunque con grietas. Porque la causa 4591/2010 acumula desde entonces grandes victorias, como la declaración por primera vez de decenas de víctimas ante un juez. La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1, María Servini de Cubría, ha recogido testimonios tanto en suelo argentino como en suelo español –y también por videoconferencia– para apuntalar centenares de querellas, incluidas de algunas instituciones públicas. Esas palabras nunca antes pronunciadas ante un magistrado han conseguido poner nombre y apellidos a presuntos criminales en un procedimiento penal: los de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina o del policía franquista y torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. La querella suma hitos como la exhumación de Timoteo Mendieta y otras decenas de represaliados que estaban en fosas comunes. Y también algunas pérdidas. Como la dificultad continuada de avanzar en la investigación por los regates del Estado español. O las desapariciones de referentes dentro de sus filas, como el propio Darío Rivas, hace un año. También se fueron Ascensión Mendieta y María Martín, el abogado Carlos Slepoy o, en mitad de la pandemia de la COVID-19, el ex preso del franquismo Chato Galante. El comienzo Coincidía aquel 14 de abril de hace una década con el día de la proclamación en 1931 de la Segunda República Española. Darío Rivas (Castro de Rei, Lugo, 1920 – Buenos Aires, 15 de abril de 2019) era el primer firmante de la Querella Argentina al denunciar el asesinato por los golpistas al poco de estallar la guerra civil de su padre, Severino, alcalde republicano de su localidad natal. Rivas falleció a punto de cumplir 100 años sin encontrar justicia. Aunque sí logró exhumar el cuerpo de su padre en 2005 en un paraje de Portomarín. Inés García Holgado sumó al proceso la desaparición forzada de uno de sus tíos y otros dos "fusilados". Las demandas, para determinar los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, apelan a los autos de 2008 en los que el juez Baltasar Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. Nacía así el único proceso abierto en el mundo, una causa que sigue creciendo y acumula miles de casos. "En el oscuro manto de impunidad que cubre España, hace diez años se abrió una pequeña grieta que poco a poco se va agrandando y dejando pasar, tras 40 años de oscuridad, un poco de esa luz que es la justicia", resume Alejandro Lerena, abogado de la Querella Argentina. Una década "de esperanza", dice. El juicio al franquismo, vivo "Si no creyera en la justicia universal no estaría acá", declaró la jueza Servini a eldiario.es en uno de sus viajes a España. Porque la causa continúa. "A día de hoy se han unido más de 330 querellas en nombre de incontables víctimas, así como numerosas denuncias en los Consulados Argentinos de diferentes países", subraya Lerena. La corte de Buenos Aires "sigue investigando en la actualidad las graves violaciones de derechos humanos cometidos en España" por los golpistas de Franco. "Cuando los tribunales españoles decidieron bloquear cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo, a las víctimas sólo les quedó la opción de la jurisdicción universal", explica el letrado. El mismo "recurso jurídico", afirma, "que pocos años antes había permitido a los tribunales españoles juzgar, entre otros, los crímenes cometidos por las dictaduras argentina o chilena". El país austral "mantiene la esperanza de completar ese camino de ida y vuelta contra la impunidad" que impulse "la apertura en España de procedimientos penales contra los crímenes del franquismo". El boicot de España Los regates de España a la persecución argentina del franquismo han sido continuados. La Fiscalía General del Estado llegó a paralizar en 2014 las declaraciones judiciales de víctimas y cargos franquistas. El Gobierno de Mariano Rajoy negó la detención de exministros de la dictadura alegando que las órdenes de Interpol no son vinculantes. El Estado español incumple las obligaciones y tratados internacionales que obligan el arresto y posterior extradición de los imputados por la Justicia argentina. El firme bloqueo alude a la supuesta prescripción de los delitos y la aplicación de la preconstitucional Ley de Amnistía del 77. Desde el inicio de la investigación, cada fisura abierta por Servini en el muro de la impunidad franquista ha sido cerrada con urgencia por España. "En estos años las autoridades judiciales y políticas españolas han puesto todas las trabas posibles al desarrollo del procedimiento", en palabras del abogado Alejandro Lerena. La querella "sigue avanzando y los pasos dados hasta hoy son muy importantes". Como lo fue la declaración en la Audiencia Nacional. Y las citaciones a querellantes en sedes judiciales españolas, incluso por videoconferencia. "Yo tenía tres años, sacaron a mi madre de casa y la fusilaron", contaba entonces Antonio Narváez en Sevilla (83 años). Y Antonio Martínez (81), que perdió a su padre, ejecutado y arrojado a una fosa común: "ese día llevaban un camión lleno para el cementerio". O la toma de testimonios a finales de 2013 por la jueza Servini, en vivo, con el viaje a Argentina de un grupo de 16 españoles para ofrecer su testimonio en el tribunal de Buenos Aires. "Estoy contenta pero agotada", dijo a Efe Merçona Puig Antich, que relató la detención, juicio sumarísimo, sentencia de muerte y ajusticiamiento por garrote vil de su hermano Salvador el 2 de marzo de 1974. Criminales (presuntos) con nombres y apellidos Cuando la Justicia argentina ordenó en 2014 la detención de 19 altos cargos del franquismo, ponía por primera vez nombre y apellidos a investigados por crímenes contra la humanidad. Como el político de extrema derecha y destacado miembro de la dictadura José Utrera Molina, imputado por convalidar con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich. Otro de los acusados es el exministro Rodolfo Martín Villa. Está acusado de delitos de homicidio agravado durante la Transición por matanzas como las de los Sanfermines del 78 y los sucesos de Vitoria. La jueza argentina lleva seis años intentando sentar en el banquillo al único investigado en la querella argentina dispuesto a declarar. El último capítulo quedó cerrado en falso este año. La magistrada viajaría a España para tomar declaración indagatoria a Martín Villa el 20 de marzo en la embajada argentina en Madrid. Un plan frustrado, de momento. "La solicitud de asistencia fue remitida por las autoridades argentinas el 28 de enero y se encuentra todavía pendiente de contestación, lo que debería acontecer en breve plazo", respondía en marzo a eldiario.es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Y Billy el Niño. El ex-policía Antonio González Pacheco está acusado de torturas cuando era miembro de la Brigada Político Social de la dictadura de Franco. El Congreso aprobó desclasificar las medallas, premios y condecoraciones tras la hoja de servicios que publicó en exclusiva eldiario.es. Los juzgados españoles están archivando las denuncias presentadas por sus víctimas. Mientras, Billy el Niño continúa libre. Timoteo Mendieta, Lorca y los desaparecidos Argentina ha pedido al menos cuatro veces a España que abra fosas comunes. La única que salió adelante fue el caso de Timoteo Mendieta en Guadalajara. Su hija Ascensión logró rescatar sus huesos de la tierra. "Muchas gracias a todos por venir a este acto tan triste", declaraba en el entierro de su padre, en julio de 2017. Solo dos años más tarde fallecía la hija de Timoteo. Ambos yacen, juntos, en el Cementerio Civil de La Almudena (Madrid). La lucha de Ascensión facilitó además que en la excavación arqueológica en Guadalajara fueran recuperados en total los restos óseos de 50 víctimas del franquismo. En total, hasta 105 personas han sido exhumadas gracias al proceso en Argentina. La justicia de ese país también investiga el asesinato del poeta Federico García Lorca. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó la denuncia en abril de 2016. El caso quedó incorporado a la causa múltiple abierta en Buenos Aires por crímenes contra la humanidad. En este tiempo un puñado de instituciones públicas, sobre todo ayuntamientos, han presentado demandas. Y los consulados argentinos en suelo español han recibido numerosas querellas. El impulso a las denuncias de particulares y asociaciones ha venido en muchos casos unido al trabajo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA). Son varios los desaparecidos de la Querella Argentina. Los impulsores que han ido quedando en el camino. Los que ya no verán los cabos que quedan por atar. Como el autor de la primera firma, Darío Rivas, el abogado experto en Derechos Humanos y miembro del equipo de la querella, Carlos Slepoy y el ex preso Chato Galante, entre otros perdidos estos años. Estos, como los otros, alimentan con su recuerdo la pelea de muchos españoles por encontrar justicia. Aunque para ello haya que cruzar el mar.

20/08/2020  La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dejado sin efecto una orden firmada en el 2016 por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina por crímenes franquistas entre 1976 y 1978. La decisión de Delgado se ha materializado en una nota remitida a todos los fiscales jefes de España con el objetivo de evitar poner trabas a los procedimientos que requieren cooperación jurídica internacional. La última palabra sobre una comparecencia será del juez al que le toque admitir o no la diligencia. En el caso concreto de la querella argentina, supondrá dar cumplimiento al convenio bilateral de cooperación en materia de justicia penal ya existente entre los dos países, por el que las peticiones que vayan llegando se estudiarán de forma individualizada, atendiendo a si se ajustan o no al documento. La decisión de la Fiscalía de no oponerse a las diligencias que puedan practicarse puede tener trascendencia de cara a la última citación realizada en este asunto por la titular del juzgado criminal y correccional federal 1 de la República Argentina, María Servini, que ha fijado para el próximo 3 de septiembre el interrogatorio por vía telemática del exministro Rodolfo Martín Villa, imputado en este proceso. En todo caso, la última palabra sobre una comparecencia de estas características –que ha sido fijada y finalmente paralizada durante los últimos años– será del juez al que le toque admitir o no la diligencia. La juez Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976 en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

Jueves, 20 de Agosto de 2020 El principio de Justicia Universal Guiño de España para que Argentina investigue los crímenes del franquismo Lo decidió la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, quien anuló una disposición de 2016 que obstaculizaba los procedimientos que implicaran cooperación jurídica internacional. España dejará de poner trabas a la investigación de la Justicia argentina sobre los crímenes cometidos por el franquismo. Aunque no lo verbalizó de ese modo, es lo que decidió la Fiscal General del Estado español, Dolores Delgado, quien este jueves anuló una disposición de 2016 que obstaculizaba los procedimientos que implicaran cooperación jurídica internacional. Delgado, ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez y cuyo nombramiento como Fiscal General fue cuestionado porque la oposición la considera “poco imparcial”, envió una nota a los fiscales jefes de toda España para que dejen de oponerse a querellas como la que el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de la jueza argentina María Servini, lleva adelante contra los abusos cometidos por el franquismo. La decisión de la fiscal Delgado llega a dos semanas de la declaración que la jueza Servini espera poder tomarle, por videoconferencia, al ex ministro de la Transición Rodolfo Martín Villa, imputado en la causa como responsable de los crímenes de Vitoria, en el País Vasco, en 1976, y de otros delitos de lesa humanidad. Los hechos La declaración indagatoria a Villa será el 3 de septiembre por “delitos de homicidio agravado” durante la Transición. La jueza Servini investiga si los asesinatos de Vitoria y lo que la historia reciente española conoce como “los Sanfermines del ’78”, donde un estudiante recibió un tiro en la frente y hubo más de 150 heridos, fueron hechos puntuales o si fueron parte de “un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Si se comprobaran los crímenes de lesa humanidad que se le imputan al ex ministro Villa, la pena podría ser de prisión perpetua. En 2014, Servini había ordenado su detención, pero el ex ministro logró esquivar el pedido de extradición. “Viendo de lo que me acusan, estoy muy tranquilo”, dijo hace tres años, cuando el rey Felipe VI lo condecoró por haber sido parte del Parlamento que integró las Cortes Constituyentes en 1977. Entre los doce delitos por los que se lo acusa, está la masacre de Vitoria del 3 de marzo del ’76:  cinco obreros fueron asesinados por la Policía Armada que golpeó e hirió a más de cien personas luego de arrojar gases lacrimógenos en la iglesia de Gasteiz, en Vitoria, donde los obreros se habían reunido. Martín Villa era, por entonces, ministro de Relaciones Sindicales del gobierno cuyo presidente era Carlos Arias Navarro. En enero de 1976, cerca de seis mil trabajadores iniciaron una huelga para protestar en contra de los topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después convocaron, por tercera vez, a la huelga general del 3 de marzo, donde la represión del franquismo asesinó y reprimió. “Tenía 20 años y estaba trabajando en una empresa que no estaba en huelga pero salíamos solidariamente a las movilizaciones. Era una jornada valorativa de la huelga. La Policía intencionalmente dejó que se llenara la iglesia y luego conminó a que saliera la gente. El cura les dijo que era una reunión pacífica. Se calcula que había entre cuatro y cinco mil personas. La Policía acordonó la iglesia y lanzó gases lacrimógenos. Aquello se convirtió en un infierno” Recuerda para Clarín Andoni Txasko, miembro de la Asociación de las Víctimas del 3 de Marzo, que fue reprimido al día siguiente y quedó casi ciego. En Argentina​ Txasko estuvo en Buenos Aires en 2013 para declarar ante la jueza Servini y volvió a Argentina en febrero de este año. “Fue un gran alivio haber podido hablar y declarar en la causa. La Transición no ha sido pacífica y modélica, como algunos creen, sino que ha sido sangrienta. Hubo más de 600 muertos”, dice el hombre que perdió la vista del ojo derecho por los golpes policiales pero cuyo certificado de invalidez sólo señala “accidente no laboral”. La causa argentina que intenta develar lo que le sucedió a Txasko y a otras víctimas de la mano dura durante la Transición ya cumplió diez años: en abril de 2010 el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez-Esquivel, y dos damnificados por los abusos del franquismo que vivían en Argentina, Inés García Holgado y Darío Rivas, se presentaron en un juzgado de Buenos Aires para presentar una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo. “La decisión de la fiscal Delgado es una noticia positiva pero estamos esperando saber más -dice a Clarín Txasko, que hoy tiene 65 años y es un referente entre las víctimas del franquismo-. Hay que ver si esta decisión deja sin vigor la anterior disposición fiscal, pero no sabemos hasta dónde va a llegar ésta. Es vergonzoso porque los jueces siguen aplicando la amnistía y la prescripción para los delitos de lesa humanidad.” -¿Cómo se siente ante el hecho que la única investigación sobre la represión que usted sufrió la esté llevando adelante otro país? -Es vergonzoso que un país que se dice democrático y que ha asumido la legislación internacional en material de derechos humanos, sea incapaz de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad e impida que otros los juzguen. En 2013 estuve declarando en Buenos Aires. Es una frustración muy grande cuando la jueza ha decretado órdenes de detención para declaraciones indagatorias y fue el Consejo de Ministros de España el que no permitió. -¿Cuál es su reclamo? -No pretendemos que gente como Martín Villa o represores nonagenarios vayan a la cárcel, pero sí que pasen a la historia con la responsabilidad que tuvieron en aquellos crímenes y no como los adalides de la libertad y de la democracia. La Justicia española se ha reído siempre de nosotros. La burla fue total. -¿Por qué lo califica de “burla”? -Estuvieron recorriendo juzgados hasta que nuestro reclamo cayó en la jurisdicción militar que determinó el sobreseimiento de los sumarios porque se decía que, aunque se habían producido delitos de homicidios y de lesiones, no se sabía a ciencia cierta quiénes habían disparado. Es una burla tremenda. Hay grabaciones de los policías que se interceptaban por frecuencia modulada en las que ellos mismos reconocían que habían participado en la paliza, que se había producido una masacre. Querían darle un escarmiento al movimiento huelguístico que se estaba dando en Vitoria y no querían que se extendiera a otros lugares del Estado español. La Transición no era pasar de una dictadura extrema a una democracia por arte de magia. Es frustrante que haya tenido que ser Argentina, en base al principio de justicia universal, la que haya abierto una causa contra los crímenes del franquismo. -En todos estos años, ¿usted siguió los pasos de los represores? -Siempre hemos querido que se supiera la verdad. La versión oficial está totalmente tergiversada y manipulada. Nosotros queríamos que los hechos se recogieran tal cual como sucedieron y que los responsables fueran juzgados. Y luego, buscar una reparación moral y económica. Pero nos hemos chocado con un muro de impunidad por parte del Estado español. -¿Cree que ese comportamiento sistemático del Estado español cambiará con el actual gobierno de coalición? -Es nuestra esperanza. Del llamado régimen del ’78, los verdugos han salido favorecidos y las víctimas nunca han sido reconocidas.