La gestión de Nicolás Maduro, ha salido reprobada en la evaluación que ha hecho la ONG Transparencia Venezuela, que define como «cleptocracia» el sistema de robos y corrupción que se ha instalado en las 576 empresas estatales y de servicios, lo que compromete la vida de los venezolanos.
Lo grave es que la nómina de los empleados de las empresas públicas consume el 8,6% del presupuesto ordinario de la nación venezolana sin trabajar. En los últimos años estas empresas han recibido más de 500.000 millones de dólares, «sin contar los recursos asignados vía fondos parafiscales», desangrando los pocos ingresos que le entran al país por sus exportaciones petroleras.
El estudio de Transparencia Venezuela, de unos 1.300 folios, llevó dos años hacerlo y contó con aliados de Argentina, Brasil y México. Su equipo de investigadores reveló que las empresas estatales y los ministerios son opacos y cerrados, «no dan información ni cifras ni permiten que les revisen los libros contables».
Empleados anónimos
Pese a las dificultades para investigar a fondo y auditar las empresas la ONG ha logrado avanzar con el aporte de empleados anónimos. De las 576 empresas «se analizaron 160 de cuatro sectores que impactan la calidad de vida de los venezolanos: el agroalimentario, hidrocarburos, minería y metalurgia y servicios públicos. El 74,4% presenta denuncias públicas por corrupción y malas prácticas».
El conjunto de empresas públicas adquiridas durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha presentado resultados negativos, se encuentran quebradas, insolventes y sus balances están en rojo. Fueron adquiridas por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones.
Mercedes De Freites, directora ejecutiva de Transparencia, afirmó que la «madre» de toda la corrupción de las empresas estatales es Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por haber financiado la corrupción del resto de las empresas públicas.
Puso como ejemplo los sobreprecios. En 2010 Chávez aprobó un decreto de emergencia eléctrica que le permitió a las estatales Corpoelec, Pdvsa y el Ministerio de Energía Eléctrica, todas ellas dirigidas por una sola persona, Rafael Ramírez, adquirir equipamiento sin licitaciones.
«La investigación determinó que entre 1999 y 2014 se destinaron 37.691 millones de dólares para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones, se descubrió un sobreprecio de 23.033 millones de dólares, el 157%».
(Los responsables como Nervis Villalobos se encuentran presos en Madrid).
De Freites mencionó a la contratista argentina IMPSA en las irregularidades del desfalcó eléctrico.
«Por eso tenemos apagones y fallas eléctricas», añadió.
Aseguró que el régimen de Maduro se ha servido de la crisis para enriquecerse, «es una oportunidad para robar por la escasez de alimentos y medicinas, y también para traficar con los dólares preferenciales en las importaciones».
Mercedes De Freites considera que el sector privado de contratistas y proveedores «se ha pervertido en su relación con el régimen, mediante el chantaje». También es grave la presencia militar en el 70% de las empresas.
El hambre como negocio
El ingeniero Rodrigo Agudo señaló el régimen ha hecho del hambre un negocio, monopolizando y oficializando la producción, la estatización, la distribución, la corrupción y la militarización de las 42 empresas estatales dedicadas al sector agroalimentario. La nómina se ha cuadriplicado y sin embargo la producción ha caído a sus más bajo niveles.
El ciclo de la escasez de alimentos comenzó en 2014, siguió con el desabastecimiento en 2015, continuó con el hambre en 2016, con la desnutrición en 2017 y el caos en 2018.
«Los militares con su empresa AgroFAN se apropian de la mayor parte de la producción de alimentos y no le dejan nada a los civiles», dice Agudo.
La investigación de la ONG Transparencia concluyó que el año clave en el declive de las empresas estatales fue 2008. La ola de expropiaciones iniciada poco antes por Hugo Chávez y la implantación del llamado Primer Plan Socialista, provocó que la mayoría de las empresas productoras de bienes y prestadoras de servicios comenzaran a colapsar.
«En 2018, una década después, ese deterioro compromete seriamente la vida de los venezolanos«
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