El rastro que dejó en Chile el ex viceministro de Energía venezolano investigado por corrupción.-a

Nervis Villalobos Cárdenas (Maracaibo, Venezuela, 1967)

De acuerdo con una investigación publicada por el diario español El País, Nervis Villalobos habría cobrado 7,4 millones de euros a la compañía energética vasca Elecnor por conseguir adjudicaciones de la planta de abastecimiento de agua de Souk Tleta en Argelia en 2008 y la línea de transmisión eléctrica Ancoa-Alto Jahuel en Chile 2009. Ese mismo año, Hugo Chávez pactó con un consorcio, en el que también participaba Elecnor, la construcción de una planta de generación termoeléctrica. Eran además tiempos en que los mandatarios Michelle Bachelet y Hugo Chávez mantenían una estrecha relación.

Sorpresa causó en el año 2009 el anuncio de que el grupo español Elecnor había ganado la licitación para el desarrollo de la línea de transmisión Ancoa-Alto Jahuel. En el concurso participaron cuatro empresas: Elecnor, Transelec, Abengoa y Alusa; y el asombro se debió a que la propuesta económica de los españoles fue US$ 5 millones inferior a la de Abengoa, que quedó en segundo lugar.

Los diarios de ese año también cuentan que entre los operadores eléctricos llamó la atención que de los competidores, la empresa española era la única sin experiencia en el rubro de la transmisión eléctrica en Chile. 

Esa licitación, ocurrida hace más de una década, volvió a aparecer en los diarios ayer, después de que el períodico El País, de España, reveló que la compañía energética vasca Elecnor presuntamente pagó 7,4 millones de euros al ex viceministro de Energía Eléctrica venezolano Nervis Villalobos por las adjudicaciones tanto de la línea de transmisión eléctrica Ancoa-Alto Jahuel como de la planta de abastecimiento de agua de Souk Tleta, ubicada en Argelia.

Reseña El País que esto se constató gracias a las facturas emitidas entre 2010 y 2012 por Villalobos desde una sociedad que posee en Malta llamada Malta Merol Ganem Developments Limited y la transacción se hizo por supuestos servicios de asesoría. El ex viceministro habría ingresado estos honorarios en una de las 12 cuentas que manejó hasta 2015 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), principado en el que se le investiga por el blanqueo de millones de dólares. 

La factura por la asesoría a Elecnor en la línea de transmisión eléctrica chilena fue por 3,5 millones de euros. El costo de este proyecto ascendía a 124,7 millones de euros (US$ 186,6 millones), y preveía la construcción, operación y mantenimiento de los 258 kilómetros de recorrido entre la subestación Ancoa, ubicada en la Región del Maule, y la subestación Alto Jahuel en la Región Metropolitana, en un plazo de 39 meses.

En El Mercurio del 25 de noviembre de 2009 se enumeraba que entre las empresas que competían en la licitación, Transelec operaba varias líneas, mientras que Alusa en ese momento estaba construyendo la línea nueva Charrúa-Nueva Temuco, y Abengoa, ya había fabricado infraestructura de transmisión en suelo nacional, pese a que para el momento no estaba operando ninguna línea en el país. Elecnor, por su parte, recién estaba llegando a Chile con este proyecto. 

Se trata de un nuevo hallazgo en las investigaciones contra Villalobos, quien aparece en las listas de “jerarcas del chavismo” al menos desde 2015. La justicia no tenía en el radar la conexión con Chile. Según fuentes consultadas por El Líbero, el ex viceministro es un experto en conseguir negocios a terceros, lo cual habría hecho a cambio de millones de dólares.  

El aterrizaje de Elecnor en Chile ocurrió el mismo año en que las compañías españolas Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) y Elecnor firmaron un acuerdo en Caracas -en presencia del fallecido Presidente venezolano, Hugo Chávez-, por 2.000 millones de dólares para construir una planta de generación termoeléctrica. Además de Chávez, en este acto estuvo presente el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; el presidente de PDVSA Gas, Ricardo Coronado; el presidente de Iberdrola Ingeniería y Construcción, Ramón de Miguel, y el director internacional de Desarrollo Energético de Elecnor, Germán Junquera.

Precisamente, en la investigación que actualmente se lleva a cabo en Andorra aparecen dos documentos que conectan a Villalobos con Elecnor. De acuerdo con El País, se trata de cartas firmadas en 2009 y 2011 por Junquera, donde asegura:

 “Nervis Villalobos colabora, asesora y gestiona proyectos para Elecnor S. A. y empresas de su grupo, en el mercado eléctrico en Latinoamérica”. 

Pese a esto, la empresa vasca respondió al diario español desmarcándose de cualquier nexo con el ex ministro venezolano, y dicen que los contratos en Chile y Argelia se lograron “sin contar ni con los servicios ni con la intermediación de ningún agente comercial”.

Tiempos de cambios

El negocio coincide con una relación cordial entre los gobiernos de Michelle Bachelet y Hugo Chávez, en la que ambos mandatarios compartieron en encuentros internacionales. Como Jefa de Estado de Chile visitó Venezuela en abril de 2007, donde instruyó la negociación de un Protocolo de Enmienda al Convenio de Seguridad Social, suscrito en 2001. Fue en marzo de 2009, en Santiago, cuando se efectuó una reunión final para acordar definitivamente un texto; aunque finalmente el protocolo fue firmado por los cancilleres de entonces Mariano Fernández y Nicolás Maduro en la isla venezolana de Margarita. 

En 2009 incluso se había confirmado una visita de Hugo Chávez a Chile, invitado por Bachelet. El venezolano dijo que la Presidenta lo había llamado para pedirle que incluyera a Santiago en su gira a Brasil y Argentina. No obstante, ese viaje no se concretó debido al cambio de sede de la cumbre de la Unasur.

Eran tiempos de cambios. Para el año 2009 el Ministerio de Energía aún no existía. Las bases de la licitación para el primer circuito de la Línea Ancoa-Alto Jahuel las elaboró la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el concurso corrió por cuenta de la Dirección de Peajes del Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) del Sistema Interconectado Central (SIC) y se publicaron el 22 de mayo de 2009.

En ese entonces, la Presidencia de la CNE la ejercía Marcelo Tokman (PPD), quien deja el cargo en 2010 para convertirse en el primer Ministro de Energía de Chile, tras concretarse la separación de este gabinete del Ministerio de Minería (Santiago González, del Partido Radical ocupaba esta última cartera). 

Por otra parte, la composición de la mesa directiva de la CDEC -ahora Coordinador Eléctrico Nacional– también estaba experimentando cambios entre 2008 y 2009. A partir de un decreto publicado en agosto de 2008, el Directorio ya no estaría integrado por representantes directos de las empresas de energía; sino que en adelante, pasó a estar constituido por representantes elegidos por cada uno de los cinco segmentos que definía el decreto: propietarios de centrales eléctricas cuya capacidad instalada total fuese inferior a 300 MW (2 directores); propietarios de centrales eléctricas con capacidad instalada igual o superior a 300 MW (3 directores); propietarios de instalaciones de transmisión troncal (2 directores ); propietarios de instalaciones de subtransmisión (2 directores) y clientes libres abastecidos directamente desde instalaciones de un sistema de transmisión (1 director). Marcelo Bobadilla fue el primer presidente del Directorio en esta nueva era.

De esta forma el Directorio pasó a tener a «una función más bien de supervisión y visión estratégica”, según se lee en el libro conmemorativo de los 15 años de existencia de los Centros de Despacho Económico de Carga, publicado en 2014.

Fuentes ligadas al tema energético explican que para el año en el que se decidió la licitación que favoreció a Elecnor, el CDEC tenía la responsabilidad de analizar el sistema eléctrico nacional y sugerir obras en función de las necesidades identificadas. Luego, la CNE decidía si se acogían estas sugerencias, pero finalmente en ese tiempo la responsabilidad de definir las licitaciones recaía en el Gobierno, pues la CDEC estaba sometida a las consideraciones de la autoridad de turno y su rol era más técnico. 

Desde el Ministerio de Energía no emitieron comentarios ya que el tema es anterior a su creación, mientras desde la Comisión Nacional de Energía dijeron que las adjudicaciones de obras de transmisión de aquella época no las hacía la CNE sino el CDEC-SIC de la época.

El 25 de noviembre de 2009 se conoció a través de un comunicado que Elecnor se había adjudicado el desarrollo de la línea de transmisión Ancoa-Alto Jahuel. No obstante, esto no apareció en el Diario Oficial hasta el 13 de abril de 2010, cuando se divulgó una resolución del Ministerio de Energía con fecha del 8 de marzo de 2010.

Una vez publicado esto, Elecnor constituyó el 4 de mayo de 2010 la sociedad anónima abierta Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A., a quien el 10 de mayo de ese año le cede todos los derechos, permisos, prerrogativas y obligaciones derivadas del proyecto de la Línea Ancoa-Alto Jahuel, situación que fue reconocida por el Ministerio de Energía en diciembre de 2012. 

Finalmente la Presidenta Michelle Bachelet encabezó la inauguración de la Línea Ancoa-Alto Jahuel el 21 de octubre de 2015, acompañada del entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco. «Nos complace como gobierno ver los avances que ha tenido nuestra agenda de energía. En el sector de energía hemos generado un ambiente de diálogo, confianza y certidumbre, hemos relevado el carácter estratégico que tiene este sector y hemos sido capaces de terminar con el frenazo de las inversiones», dijo la Jefe de Estado.

A diferencia de este proyecto en Chile, en Venezuela la construcción y la puesta en marcha de la central, denominada Antonio José de Sucre, no avanzó en los tiempos prometidos (4 años). De acuerdo con la rendición de cuentas del Ministerio de Energía venezolano en el año 2015, la Construcción de la Planta de generación Termoeléctrica Antonio José de Sucre llevaba 45,66% de ejecución en el avance físico del proyecto y 56,26% de avance financiero, pese a que debió ser entregada en su totalidad en el año 2013. Además, una comisión designada por la Asamblea Nacional para estudiar la crisis eléctrica en ese país, concluyó que hubo sobreprecio en la obra, pues el Ejecutivo le asignó a dedo 2 millardos de dólares, cuando según su investigación el costo real de una obra de esa envergadura debió haber sido 1,33 millardos de dólares.

Otra investigación de El País, publicada en el año 2018 da cuenta de que, según los documentos manejados en la investigación en Andorra, la energética vasca firmó un acuerdo con Villalobos que contemplaba una comisión de un 4,5 % del contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Juan Manuel Valdez en Güiria. El dato figura en un auto de procesamiento del pasado día 13 de septiembre de 2018 en causa por blanqueo y cobro de comisiones a 28 personas, entre las que figura Villalobos.

El bajo perfil de un asesor

Nacido en el estado occidental de Zulia en 1967, Nervis Villalobos escaló con agilidad en las esferas del poder. Con un bajo perfil político, este ingeniero eléctrico perteneció al círculo cercano de Rafael Ramírez Carreño, ex ministro de Petróleo (2002-2013) y ex presidente de PDVSA (2004-2013), quien ahora está en Italia tras ser solicitado por la justicia venezolana, y a petición del propio Nicolás Maduro, por su presunta participación en hechos de corrupción. “Entiendo que tanto (el ex jefe de seguridad de PDVSA, Rafael) Reiter como Nervis Villalobos están en juicio. No me aventuro a asomar alguna opinión en torno a un caso que se está ventilando en tribunales. Esperemos a ver qué determina la justicia”, dijo en una entrevista concedida a un diario venezolano, en junio, tras ser consultado por casos de corrupción en que estarían involucrados sus colaboradores.

Según Ramírez, el ex Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero figuró como una especie de lobista con empresas en España. “Esa información me la dio Delcy Rodríguez cuando ella era canciller. Que él estaba intercediendo por capitales españoles, y le ponemos comillas, para ‘ayudar al país”, denunció. 

La ruta del poder de Villalobos comenzó en la estatal Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven). En esta empresa alcanzó cargos gerenciales, pero fue en el chavismo que consiguió convertirse en director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas y, posteriormente, viceministro de Energía Eléctrica. Estuvo encargado de planes de incremento de la generación eléctrica, incluso en su currículo se definió como “el artífice del plan de desarrollo del sector eléctrico del 2006 de Venezuela”, el cual “sirvió de base” para otras “políticas energéticas en ese país”.

Pero fue denunciado por irregularidades en varios proyectos eléctricos. De ahí que el mismo ex Presidente Chávez pidió destituir de la cartera a Villalobos, en 2007. Lejos de ser procesado penalmente por la justicia de su país, el ex funcionario venezolano expandió sus negocios, autoproclamándose “asesor internacional independiente en materia energética en grandes empresas” y realizando “estudios de mercados energéticos y de planificación energética en América Latina” entre 2006 y 2015. Se desempeñó como director técnico de la compañía Enersia Technology & Innovation.

Su expansión internacional coincidió con el inicio de una interminable crisis eléctrica en Venezuela, producto de la desinversión y malversación de fondos. Hace seis años se instaló, junto a su familia, en Madrid, España, donde compró una casa de casi 7 millones de dólares. Pero la Fiscalía venezolana, dirigida entonces por Luisa Ortega Díaz (actualmente en el exilio por oponerse a Maduro), acusó al ex viceministro por delitos asociados a corrupción y ordenó su arresto. De acuerdo con fuentes vinculadas a esta investigación se estuvo “a punto” de capturarlo, pero escapó de las autoridades. Meses después de esto, un tribunal declaró la nulidad absoluta de las medidas de privación de libertad, y el poderoso ingeniero salió librado de la justicia.  

Tras investigaciones por un plan de sobornos relacionado con PDVSA, Villalobos fue detenido en octubre de 2017, en España, y por una orden de arresto de Estados Unidos. Así, en septiembre de 2018, fue procesado por un juzgado en Andorra por su supuesta participación en blanqueo de capitales. Según la policía del Principado, el ágil asesor movió cerca de 124 millones de euros a través de una decena de depósitos bancarios.  

Además de Elecnor, el ex viceministro asesoró a Técnicas Reunidas y Duro Felguera, y otras empresas internacionales. Villalobos quedó en libertad provisional con medidas cautelares, es decir: presentación cada 15 días ante los tribunales y prohibición de salida del país, según una nota del portal Al Navío.

El cisne negro de Piñera.-a

Los abogados constitucionalistas suelen decir que se produce un momento en la historia que lleva a la necesidad de redactar una nueva Carta Magna, instante al que se le llama momento constitucional y varios lo consideran indispensable para que ocurra el cambio. Sin duda, el estallido social del 18 de octubre produjo esa necesidad, que llevó claramente a una ventaja amplia a favor del Apruebo. Pero el coronavirus mandó dicho estado de ánimo a cuarentena, como a miles de chilenos. Los datos epidemiológicos muestran que puede ser largo el período de aislamiento y, con ello, vendrá una especie de enfriamiento del fervor social. La misma ansiedad de varios por aparecer primeros dando una solución y una nueva fecha, puede crear la sensación de que la élite política está más preocupada de aparecer en la foto de la Constitución que de la salud pública. El matemático y filosofo Nassim Taleb escribió en el 2007 un libro llamado El Cisne Negro: el impacto de lo altamente improbable. En él se habla de cómo los hechos que no son previstos en modo alguno, cambian completamente la agenda y el sentido de la historia. Taleb dice que los analistas financieros, y por extensión los políticos, suelen cometer lo que él llama el error de la confirmación: una subvaloración crónica de la posibilidad de que el futuro se salga del camino inicialmente previsto. Bajo esa línea de pensamiento, el coronavirus es un perfecto Cisne Negro. Hasta hace poco eran más o menos obvios dos hechos que muy pocos discutían: en primer lugar, un marzo violento que iba a traer un recrudecimiento de las protestas sociales, con una presión muy fuerte hacia la renuncia o salida del Presidente; el segundo, era el resultado del plebiscito del 26 de abril, donde había claridad del triunfo de la opción Apruebo y la conversación instalada era por cuánto y qué iba a pasar con la segunda papeleta. Ambas incertezas eran importantes en la configuración de la Convención Constituyente. Pero no todo son buenas noticias para la derecha. El coronavirus pondrá en tensión los sistemas públicos y, como se ha visto en Europa, quienes poseen sistemas de bienestar más desarrollados serán capaces de manejar mejor la pandemia y sus efectos económicos. El neoliberalismo también quedará con serios problemas para respirar después de la epidemia. Las empresas, si no cambian el modo en que se relacionan con las personas –lo que necesariamente implica compartir utilidades, pagar más impuestos y hacer planes de valor compartido en serio y no pantomimas armadas para páginas sociales–, serán las propias sepultureras del capitalismo. En medios de comunicación abundaban las selfies de rostros que se veían escribiendo la nueva Constitución. También en los sectores más a la izquierda se cebaban las manos con otra cabeza del Gobierno que podía caer. La expresión del ministro Mañalich respecto a que el plebiscito constitucional corría peligro fue atacada por muchos, diciendo incluso que La Moneda quería por secretaría mantener la actual Constitución. Por desgracia, esta vez el ministro tenía razón. Hoy no hay dos voces al respecto, el plebiscito no tiene ninguna condición de efectuarse el 26 de abril. Las fechas disponibles para su reemplazo no parecen buenas y no generan el consenso necesario. Por un lado, hacerlo en las cercanías de la elección municipal obliga a los alcaldes a pronunciarse sobre el tema, haciendo más difícil la tarea para el rechazo. Otra fecha anterior –incluso mantener la actual si no hay acuerdo– tendrá el problema de la alta abstención y, por tanto, la discusión sobre el cambio constitucional partirá coja en legitimidad. Y respecto a la movilización social, a los mismos manifestantes que aplaudían con fervor en redes sociales, hoy les exigen que permanezcan en casa. Los abogados constitucionalistas suelen decir que se produce un momento en la historia que lleva a la necesidad de redactar una nueva Carta Magna, instante al que se le llama momento constitucional y varios lo consideran indispensable para que ocurra el cambio. Sin duda, el estallido social del 18 de octubre produjo esa necesidad, que llevó claramente a una ventaja amplia a favor del Apruebo. Pero el coronavirus mandó dicho estado de ánimo a cuarentena, como a miles de chilenos. Los datos epidemiológicos muestran que puede ser largo el período de aislamiento y, con ello, vendrá una especie de enfriamiento del fervor social. La misma ansiedad de varios por aparecer primeros dando una solución y una nueva fecha, puede crear la sensación de que la élite política está más preocupada de aparecer en la foto de la Constitución que de la salud pública. El coronavirus no solamente puede provocar efectos horribles como en Italia, con el drama de cerca de 3 mil fallecidos por la enfermedad, sino que ralentizará la economía chilena a niveles de los ochenta. Aunque la tecnología permite el teletrabajo y en general en Chile las empresas han cumplido dicha disposición, no tenemos una economía del conocimiento, sino extractiva y muy intensiva en mano de obra no calificada, que saldrá del mercado en el momento en que esté todo cerrado. Ello provocará, obligatoriamente, un alza del desempleo y contracción de la economía. En un artículo publicado en Mirada Semanal, Osvaldo Rosales hace una comparación con la crisis subprime y concluye que habrá un impacto mayor en lo cuantitativo y más profundo en el tiempo. En ese escenario, la discusión constitucional pasará a segundo plano en las familias. Los partidarios del Rechazo tendrán una oportunidad de oro para decir que los recursos destinados a escribir una nueva Constitución puedan destinarse a hospitales, seguro de desempleo, apoyo a las pymes, suministros médicos y tantas otras cosas que la gente reclamará. Pero no todo son buenas noticias para la derecha. El coronavirus pondrá en tensión los sistemas públicos y, como se ha visto en Europa, quienes poseen sistemas de bienestar más desarrollados serán capaces de manejar mejor la pandemia y sus efectos económicos. El neoliberalismo también quedará con serios problemas para respirar después de la epidemia. Las empresas, si no cambian el modo en que se relacionan con las personas –lo que necesariamente implica compartir utilidades, pagar más impuestos y hacer planes de valor compartido en serio y no pantomimas armadas para páginas sociales–, serán las propias sepultureras del capitalismo. Carlos Correa B. 19 marzo, 2020

La teoría del cisne negro

Un cisne de la especie Cygnus atratus, desconocido en Occidente hasta el siglo xviii.

La teoría del cisne negro o teoría de los sucesos del cisne negro es una metáfora que describe un suceso sorpresivo (para el observador), de gran impacto socioeconómico y que, una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección (haciendo que parezca predecible o explicable, y dando impresión de que se esperaba que ocurriera). Fue desarrollada por el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb.

Antecedentes

Los sucesos tipo cisne negro fueron descritos por Nassim Nicholas Taleb en su libro de 2007 (revisado y completado en 2010), El cisne negro. Taleb se refiere a casi todos los grandes descubrimientos científicos, hechos históricos, y logros artísticos como cisnes negros -sin dirección e inesperados. Señala como ejemplos de sucesos cisne negro: Internet, la computadora personal, la Primera Guerra Mundial y los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El término cisne negro fue una expresión latina, cuya referencia conocida más antigua proviene de la descripción de algo que hizo el poeta Juvenal, que es: rara avis in terris nigroque simillima cygno (6.165), cuya traducción en español significa "un ave rara en la tierra, y muy parecida a un cisne negro". Cuando la frase fue acuñada, se presumía que el cisne negro nunca existió. La importancia del símil radica en su analogía con la fragilidad de cualquier sistema de pensamiento.
La frase de Juvenal era una expresión común en el Londres del siglo xvi como una declaración de imposibilidad. La expresión de Londres deriva de la presunción del Viejo Mundo de que todos los cisnes deben ser blancos, porque todos los registros históricos de los cisnes informaron que tenían plumas blancas. En ese contexto, un cisne negro era imposible o por lo menos inexistente. Después de que una expedición holandesa, dirigida por el explorador Willem de Vlamingh en el río Swan, en 1697, descubrió cisnes negros en Australia Occidental, el término se transformó para denotar que una imposibilidad percibida podría ser refutada más tarde. Taleb señala que en el siglo xix John Stuart Mill utilizó la falacia lógica del cisne negro como un nuevo término para identificar la falsificación.

En concreto, afirma Taleb6​ en el New York Times:

Lo que aquí llamamos un "cisne negro" es un suceso con los tres atributos siguientes: En primer lugar, es un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo. En tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible.
Me detengo y resumo el triplete: rareza, impacto extremo y retrospectiva (aunque no prospectiva). Una pequeña cantidad de "cisnes negros" explica casi todo en nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones, a la dinámica de los acontecimientos históricos, hasta los elementos de nuestra vida personal.


La identificación de un suceso de cisne negro

Basado en los criterios del autor:

El suceso es una sorpresa (para el observador).
El suceso tiene un gran impacto.

Después de su primer registro, el suceso se racionaliza en retrospectiva, como si pudiera haber sido esperado (por ejemplo, los datos pertinentes estaban disponibles, pero no se contabilizaron).

Rebelión, violencia y caos social: qué hay detrás del malestar general en Chile.-a

En esta nota reproducimos el prólogo de “Pensar el malestar: la crisis de octubre y la cuestión constitucional” (Editorial Taurus), nuevo libro del premiado historiador chileno, que busca comprender, más allá de consignas y análisis de ocasión, el origen de lo que se dio en llamar el “estallido social” del país andino Por Carlos Peña 7 de marzo de 2020 Al momento de terminar este ensayo han transcurrido más de noventa días desde lo que la prensa —con más imaginación que análisis— denominó «estallido social». Poco a poco la ciudad ha ido recuperando su quehacer habitual. Sin embargo, la normalidad es ahora distinta. Incluye protestas cotidianas en la plaza Baquedano y movilizaciones de toda índole; tiendas y pequeños negocios familiares blindados en espera de un ataque; muchachos y muchachas aún envueltos en la épica del combate callejero; grafitis que transmiten insultos varios o deseos insensatos y absurdos; chalecos reflectantes que dirigen el tránsito a cambio de una propina; carpas en el bandejón central de la Alameda habitadas por personas que han sustituido la actitud del desposeído por la displicencia de quien decidió vivir al margen; suspensiones de los test de admisión a las universidades luego de la protesta de jóvenes enardecidos; la funa y los gestos agrios sustituyen, por momentos, al diálogo democrático en el Congreso; los ritos y las actuaciones juveniles movilizan y contagian a quienes miran la protesta; profesionales burgueses asisten al fenómeno con entusiasmo, viendo en él un respiro a la impersonalidad de la organización en que se ganan la vida; políticos, periodistas, columnistas, estrellas de matinal, rectores, futbolistas, escritores y dirigentes de toda índole miran una y otra vez el teléfono para cerciorarse de que las opiniones que han emitido merecen el aplauso en vez de la repulsa que tanto temen. En general se observa, por aquí y por allá, una nueva actitud de las personas quienes, de pronto, parecieron descubrir que los dispositivos que producen el orden en la sociedad no eran más que fantasías. Frente al paseo Ahumada, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, un taxista se encuentra detenido a metros de una pareja de carabineros, los mismos que en septiembre le habrían cursado un severo parte. Ahora el taxista, con su sillón levemente reclinado, espera pasajeros al compás de una batucada callejera mezclada con el murmullo del comercio ambulante. Al tomar el taxi y preguntarle al conductor —un hombre que debe ser abuelo y un trabajador honrado— cómo era que podía estar estacionado allí, contestó:  “es que después del 18 de octubre todo está permitido”. El taxista resumió, espléndidamente, lo que pudiera llamarse el clima social de Chile. “Todo está permitido”. Los sociólogos denominan a este fenómeno “anomia”. Esta no sería otra cosa que la ausencia de normas, la falta de una orientación compartida de la conducta que alimenta, a la vez, una falsa sensación de libertad y una inevitable frustración. Y es que la permisión total no es, como se puede comprobar en estos mismos días, equivalente a la libertad sino, tarde o temprano, a la angustia. Como saben los psicoanalistas, cuando todo está permitido, no es la satisfacción lo que espera, sino la frustración permanente. Dostoievski fue quien dijo que si Dios no existía entonces todo estaba permitido; pero la verdad, como observó después Lacan, parece ser la opuesta: allí donde todo se permite, la satisfacción es la que está prohibida. Y es que los deseos ilimitados, esos que la subjetividad abriga, no se pueden satisfacer. Por eso Durkheim observó, en sus estudios sobre la educación, que uno de los peores efectos de la anomia era lo que denominó, con expresión inmejorable, "el mal del infinito». Entregados a expectativas múltiples sin un significado que las oriente, los seres humanos experimentan no la felicidad, sino la frustración. ¿Cómo y por qué pudo ocurrir esto en el país que días antes del 18 de octubre presumía ser un oasis en la región? Si se toman por ciertas las reacciones inmediatas de esos días, la causa del fenómeno sería la injusticia y, en especial, la incuestionable desigualdad que afecta a la sociedad chilena. Por debajo del bienestar y el consumo, dice este diagnóstico, las personas experimentarían profundas diferencias que poco a poco alimentaron un malestar que acaba por expresarse como un estallido; la sociedad chilena abrigaba tanta injusticia, se sugiere, como un globo inflado con entusiasmo hasta que de pronto no resistió más. Había, pues, que remediar la injusticia para que la calma retornara. Pero para hacer eso era imprescindible, se dijo, cambiar la constitución, verdadera camisa de fuerza de la estructura social chilena que impedía los cambios. Una revisión de los datos muestra que la sociedad chilena es, por supuesto, desigual, aunque no la más desigual de la región. Tampoco ella carecía de un impulso para irla remediando. En 1989, el 49 por ciento de los chilenos, según las mediciones de entonces, vivía bajo la línea de la pobreza y tenía un ingreso per cápita de menos de cuatro mil dólares. Y si la pobreza de entonces se hubiera medido con la metodología de hoy, los pobres habrían alcanzado más del 60 por ciento. Hoy, en cambio, está por debajo del 9 por ciento y la pobreza extrema bajo el 3 por ciento. El ingreso per cápita, en tanto, ha aumentado a más de 24 mil dólares. El consumo de los bienes que la sociología llama “estatutarios”, es decir, aquellos que son símbolos de un estatus social determinado —como cierto tipo de autos y ropa—, se ha expandido masivamente.  Hoy en Chile existe un millón de estudiantes universitarios. Y los provenientes de familias pertenecientes al 60 por ciento más pobre estudian de forma gratuita en universidades públicas o privadas. El 90 por ciento de las familias chilenas tiene acceso a internet y, de estas, el 87 por ciento cuenta con una red 4G. Según el último reporte del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), el 60 por ciento de los chilenos pertenece a grupos medios a los que se podría caracterizar, siguiendo una observación de Tocqueville, como poseídos por la “pasión por el consumo”. La desigualdad medida por el famoso índice Gini (según el cual el cero indica igualdad absoluta) disminuyó desde 52.1 el año 1990, a 46.6 puntos en la actualidad. Bajo este indicador Chile es más igualitario que Brasil, México, Colombia o Costa Rica —que a su lado parecen hoy una taza de leche—. Y si se corrige por cohortes —si se mide la desigualdad en las generaciones observó Sapelli—, se llega a la conclusión de que las más jóvenes son mucho más iguales que las viejas. Si se compara a la generación nacida en 1960 con la generación de 1990, la mejora en ese indicador es de veinte puntos. Sí, no cabe duda. Chile es un país desigual y hay que hacer esfuerzos para remediarlo; pero atribuir a la desigualdad la conducta social de los últimos meses, reduciéndolo todo, como si ella fuera una simple reacción ante lo que se vive como injusticia, no parece intelectualmente correcto. Parece más bien una forma de desviar la mirada de algo que no se comprende y que, sin confesarlo, se teme. Es probable que en esa explicación a la conducta de estos meses, y a los acontecimientos de octubre, se estén confundiendo las razones justificatorias de una acción, con las causas que la desatan. Justificar una acción consiste en esgrimir razones para considerarla correcta; explicar una acción, en cambio, supone identificar las causas probables de su ejecución. Usted puede justificar una acción ignorando sus causas o puede identificar sus causas sin saber si la acción del caso es correcta o no. En esta línea, es posible afirmar que una cosa son las causas de la conducta social que se ha denominado “estallido socia”» y otras las razones que la hacen correcta o no. Detenerse solo en esta última dimensión, como si los fenómenos sociales estuvieran siempre causados por razones normativas, significa incurrir en lo que Hegel llamaría la “falacia del alma bella”. Un alma bella, para el filósofo alemán, era quien creía que la moralidad abstracta es la que conduce el mundo. En términos más sencillos, el alma bella es la que cultiva el buenismo: la convicción de que el saber moral resuelve los problemas y la ignorancia de lo que es correcto es la que los causa. Seguramente ha contribuido a la confusión de esos dos planos el esfuerzo que se ha puesto, desde el punto de vista de la lucha política, por adscribir un sentido al fenómeno. Es propio de la lucha política, y parte del juego por el poder, asignar el sentido que coincide con las propias preferencias normativas a los fenómenos sociales. Es lo que ocurrió luego de los acontecimientos de octubre. Los violentos hechos del 18 fueron seguidos por una marcha formidable en la que se yuxtaponían innumerables demandas: por momentos pareció una muchedumbre de solitarios, cada uno con sus reivindicaciones que, por unas horas, encontraban el abrigo de los otros. No había en ella ni orgánica que la condujera ni programa ideológico o reivindicativo que orientara sus peticiones. Pronto hubo, sin embargo, una atribución de sentido proveniente de los actores políticos cuyo punto central fue la demanda por una nueva constitución. La fuerza emocional del momento y la diversidad de quejas y demandas encontró, de pronto, un sentido. Pero es obvio que la gente no se movilizó para lograr un cambio constitucional —apenas dieciocho meses antes no endosaron esa demanda y la mayoría ahora indignada en vez de votar prefirió quedarse en su casa—, sino que esto último fue una adscripción posterior que acabó confiriendo sentido a la protesta. Que existan razones normativas para el cambio constitucional —las hay— es una cosa, pero que ellas sean causa de la protesta es otra muy distinta. Los seres humanos —y lo mismo vale para los movimientos sociales— necesitan conferir sentido a lo que hacen; aunque el sentido, como ha ocurrido en este caso, suele ser ex post a la acción: una profecía al revés. En Chile el cambio constitucional parece inevitable y es, además, como se arguye hacia el final en este ensayo, necesario. Las sociedades crecientemente complejas requieren reconstruir reflexivamente, y a un nivel cada vez más abstracto, los vínculos que el proceso modernizador ha desvanecido —como predijo Marx— en el aire. También parece necesario hacer arreglos para trazar mejor la línea que divide las desigualdades correctas (las que son producto del esfuerzo personal) de las incorrectas (las que son heredadas o producto del privilegio). Nada de lo anterior, sin embargo, debe conducir a la simpleza de aseverar que porque el malestar adquirió un sentido, este último haya sido la causa que lo produjo. El tema de cuáles sean los factores que produjeron un fenómeno como ese —y que, lo más probable, cuando estas páginas se estén leyendo continúe— sigue pendiente y nada aconseja ahorrarse el esfuerzo de comprender sus causas. Y este es el objetivo de este apresurado ensayo. Revisar la literatura disponible para ver qué explicaciones generales poseería el fenómeno que Chile ha experimentado. Hacer el esfuerzo de explicar, siquiera en términos teóricos, por qué una sociedad cuyo bienestar se había venido incrementando entra, de pronto, en una espiral de protesta hasta el extremo de experimentar, como el taxista del paseo Ahumada, que después del 18 de octubre todo está permitido. Por supuesto una explicación general, como las que estas páginas indagan, debe ser completada con estudios más pormenorizados. Pero estos requieren ideas y conjeturas más generales que permitan orientarlos. Al llevar adelante esa tarea se descubre que los procesos de modernización capitalista, como los que el país ha experimentado, suelen estar acompañados de movimientos sociales que en vez de reivindicar mejoras puramente materiales, reclaman también la posibilidad de definirse a sí mismos y definir, culturalmente, el mundo en que se desenvuelven. Quizá ahí radica la extraordinaria y abigarrada cantidad de mensajes rabiosos que contienen las paredes donde junto a reivindicaciones materiales hay otras (más tofu, menos carne; más lesbianas y menos pacas; Piñera a la horca; los árboles serán liberados) de más difícil satisfacción. Esos movimientos sociales son como rendijas por las que se asoma una de las dimensiones de la modernidad: la subjetivación de la vida, el ansia por definirse a uno mismo en un mundo que, sin embargo, para alcanzar el bienestar material debe cultivar su otra dimensión, tecnificada y fría. La democracia, que es la práctica que en las sociedades humanas sirve para curar esa sensación de ajenidad en un mundo cada vez más racionalizado, se encuentra sin embargo con el problema de que en el mundo moderno ya no parece haber un piso desde el cual puedan inferirse orientaciones normativas para la vida en común. La ambivalencia de la modernidad —a saber, la racionalización de la vida y a la vez el anhelo de vivir plenamente desde la subjetividad— está acompañada de la idea de que no hay fundamentos, distintos a la subjetividad, para sentar las bases de la vida en común. Sin embargo, la existencia de una comunidad política supone que esa base común exista y ese es el sentido —y la dificultad— que debe encarar un proceso constituyente como el que en Chile se ha iniciado. De esos tres problemas —los movimientos sociales y la crisis; la carencia de fundamentos para la vida compartida y la ambivalencia de la modernidad; y la cuestión constitucional— se ocupan las páginas que siguen. Es probable que en el esfuerzo de comprender esos fenómenos parte de las discrepancias que se observan en Chile se disipen.

 Estallido social

El fantasma que recorre América Latina no es el fantasma del comunismo, sino el de los estallidos sociales. En su libro ¿Ya es Mañana?, el politólogo Ivan Krastev cuenta que “en la última década… más de noventa países de todo el mundo han sido testigos de importantes protestas masivas. Millones de personas han logrado organizar numerosas y duraderas iniciativas al margen de los partidos políticos y con desconfianza hacia los medios de comunicación, con pocos cabecillas visibles y evitando casi siempre la organización formal”. En la existencia de todas ellas, las redes sociales han jugado un rol insoslayable.

Chile lo vivió en octubre de 2019 y, pandemia mediante, dio pie al proceso constituyente en que hoy nos encontramos. Bolivia tuvo el suyo por esos mismos días, cuando Evo Morales fue acusado de manipular los resultados electorales. Se le denominó “La Revolución de los Pititas”, como bautizó el propio Evo a quienes protestaban en su contra bloqueando las calles con esos cordeles delgados que por acá llamamos “pitas”. En noviembre del mismo año explotaron en Colombia y tras 18 meses en que la peste sumergió “el paro”, este volvió en 2021 a propósito de un proyecto de reforma tributaria que quiso implementar el gobierno de Iván Duque. En Perú tuvo su amago cuando el Congreso derrocó al presidente Vizcarra, pero la renuncia del efímero Manuel Merino, más la toma providencial y momentánea del poder por parte de Francisco Sagasti, aplacó la protesta. Ya veremos lo que sucede con el recién electo Pedro Castillo.

Hace una semana la ola llegó a Cuba. Las circunstancias que en cada uno de estos países justifican los estallidos en cuestión, son muy distintas. En unos reaccionan frente a la segregación y la desigualdad generadas por el modelo neoliberal y en otros, como Cuba, contra el totalitarismo y las carencias de una Revolución agotada. El dato globalizado es que la gran transformación tecnológica en curso cambió profundamente nuestras relaciones políticas. Hoy los miembros de la comunidad se relacionan sin necesidad de intermediarios y en los márgenes de cualquier autoridad.

Cuando comencé a frecuentar la isla para escribir mi libro Viaje al fin de la Revolución, a comienzos de 2015, luego de que Barack Obama y Raúl Castro aparecieran en televisión -uno desde Washington y el otro desde La Habana-, comprometiéndose a reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países tras medio siglo de Guerra Fría, los cubanos apenas tenían internet. Si querían acceder a wifi debían pagar U$ 2 por unas tarjetas que se vendían en las oficinas de ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones, y que les permitía una hora de navegación, cuando el sueldo oficial no superaba los U$ 30 mensuales. Los sitios en que había señal se contaban con los dedos de las manos y como varios de ellos eran hoteles en los que sólo entraban sus huéspedes o quienes consumían en sus restaurantes, los habaneros que podían adquirirlas se instalaban en las cunetas de sus calles aledañas para conectarse. Desde ahí se comunicaban con los parientes en el extranjero y no era raro encontrarse con escenas conmovedoras, abuelas haciéndole morisquetas a sus nietos recién nacidos o llorando al recibir malas noticias.

La apertura que se vivió desde entonces hasta el fin del gobierno de Obama, en 2017, no sólo agilizó la actividad económica con la llegada de capitales extranjeros, la construcción de hoteles de lujo, el ingreso de marcas exclusivas –”Cuba está convertida en el paraíso de la moda, por eso quise venir aquí”, declaró Giorgio Gucci- y el impulso a la iniciativa de pequeños emprendedores, sino que también nacieron medios online como On Cuba, El Estornudo, Progreso Semanal, El Toque y otros en los que, aunque tímidamente, grupos de veinteañeros comenzaron a desarrollar un periodismo en los márgenes del control estatal, al mismo tiempo que se multiplicaban los espacios con wifi y “los computines” ideaban mecanismos para conectarse sin pagar.

Desde entonces hasta ahora, llegaron a Cuba el 3G y el 4G, lo que ha permitido a muchos de sus habitantes participar desde sus smartphones de las redes sociales y establecer vínculos y organizaciones hasta hace menos de un lustro inimaginables.

Actualmente, la situación económica es calamitosa. Donald Trump se encargó de volver a fojas cero toda la apertura e intercambio que se consiguió bajo el gobierno de su antecesor. Desaparecieron los cruceros y se detuvo el puente aéreo que durante los años de Obama se estableció entre Florida y La Habana. Cerraron muchos de los restaurantes y negocios que entonces se echaron a andar y el Covid acabó por arruinar el negocio turístico. Desde entonces hasta ahora terminó de salir de escena la generación histórica de los barbudos: murió Fidel, renunció Raúl y de la vieja guardia sólo quedan circulando por ahí Machado Ventura y Ramiro Valdés, a quien ese domingo abuchearon en las calles. Los nuevos, con Díaz Canel a la cabeza, han procurado endurecer los controles sobre esa prensa joven y, en lugar de agilizar el proceso de transformaciones e incorporación a las democracias occidentales, tras ratificar una nueva constitución el año 2019, asumieron como lema el “Somos Continuidad”, retomando la línea ortodoxa y obstinada de un sistema político y económico que más parece administrar su muerte que otra cosa. Esos herederos del régimen no le merecen ningún respeto a la población. Los Castro podían ser queridos u odiados, pero no menospreciados, como ellos.

El último capítulo en la preparación de esta “tormenta perfecta”, como algunos en la isla llaman a la conjunción de acontecimientos previos a este estallido que no parece destinado a durar un día, comenzó con la huelga de hambre del colectivo artístico San Isidro tras la detención de uno de sus integrantes en noviembre de 2020 y la corriente de solidaridad que generó en el mundo cultural cubano. Después vino la canción Patria y Vida -como respuesta al lema revolucionario Patria o Muerte- del popularísimo grupo musical Gente de Zona, que comenzó a ser tarareado en las calles como gesto de sublevación.

Este mes la pandemia ha alcanzó sus mayores niveles de contagios y muertes. No quedan medicamentos y el sistema de salud está según unos al borde del colapso y, según otros, enteramente colapsado. Las colas para conseguir comida son eternas y cotidianas -hay los que se ganan la vida como “coleros”, haciéndolas por otros-, y las diferencias de acceso empiezan a ser escandalosas entre quienes cuentan con divisas y aquellos que no. Hay quienes aseguran llevar semanas comiendo solamente arroz. Más allá del cruel bloqueo, lo cierto es que hoy Cuba incluso importa el azúcar.

La gota que rebalsó el vaso fue el regreso de los apagones. Para los cubanos significan la vuelta al Período Especial de los años 90, cuando se comían hasta los gatos por la falta de alimentos en que los dejó el fin de la Unión Soviética. La Revolución Cubana nunca maduró; ha sido siempre una especie de adolescente que pide plata a otros -URSS, Venezuela, las remesas enviadas por los exiliados- para financiar su “rebeldía”. Pero si el año 1994 salió Fidel en persona a detener las protestas que se produjeron en El Malecón, y lo consiguió, esta vez, cuando Díaz-Canel pretendió remedarlo en San Antonio de los Baños, donde empezaron las manifestaciones antes de expandirse por más de 50 localidades a lo largo y ancho de la isla, fue recibido con insultos. Desde distintos ángulos le gritaban “¡Singao!” (en Cuba el verbo “singar” remite al acto sexual).

Así como en otros países de América Latina se intentó culpar al Castro-Chavismo de orquestar sus protestas locales, en Cuba, como ya es costumbre, de inmediato responsabilizaron al imperialismo. El gobierno llamó a los revolucionarios a recuperar las calles. Aunque matizó sus declaraciones al día siguiente, lo cierto es que salieron los boinas negras y llegaron a distintos barrios guaguas repletas de policías con ropa de calle, palos y bates de béisbol para controlar a los sublevados. La represión más efectiva allá suele operar de civil. A esos grupos organizados que le caen encima a los manifestantes se les llama “brigadas de reacción rápida”. Yo las vi muchas veces actuar en contra de las Damas de Blanco. Hay quienes dicen haber visto a algunos de sus miembros exhibiendo armas, pero al respecto no abunda la información confiable. El único muerto reconocido por la oficialidad provendría de la Guinera, del municipio habanero de Arrollo Naranjo, donde un grupo de vecinos intentó asaltar a pedradas su comisaría.

Toda las noticias que nos llegan provienen de videos grabados por la población y echados a correr desde teléfonos celulares. Ese domingo 11 el gobierno cortó la internet y los datos móviles, pero muchos continuaron dándolos a conocer apoyándose en el sistema de VPN. Los hay que muestran radiopatrullas volteados, gente gritando “¡Libertad!”, “¡Ya no tenemos miedo!” y otras consignas por el estilo. Todo mensaje de texto que contuviera frases como ésas, además de “comunismo”, “protesta” o “SOS.Cuba” fue interceptado a partir de esa tarde por las autoridades, de modo que no llegara a sus destinatarios. El lunes, muchos de sus emisores fueron detenidos en sus casas y el viernes, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió su liberación y agregó: “Es especialmente preocupante que entre ellas haya personas presuntamente incomunicadas y personas cuyo paradero se desconoce”.

Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Tras el estallido del domingo, han sido pocos y pequeños los piquetes que han continuado con las protestas. Reina, más bien, un silencio y un vacío inusual para esas calles caribeñas.

 Podría tratarse del comienzo del fin o derivar en un cambio de la malla dirigente sin terminar con el régimen. También podría restaurarse el orden con mano dura.

Es siempre riesgoso augurar el futuro, pero en tiempos que corren a tanta velocidad -¡no lo sabremos nosotros, los chilenos!- lo extraño sería que todo continuara igual. No es sólo un régimen el que podría estar terminando, sino una época.

Los gastos reservados y doña Javiera Blanco.-a

Según la acción judicial ingresada hoy, en el mal uso de estos dineros de la policía uniformada "también se incluyó en este conjunto de beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de recursos públicos, entre los años 2006 y marzo de 2010, a la Subsecretaria de Carabineros, Sra. Javiera Blanco Suárez, conforme consta en los antecedentes de la carpeta de investigación". Fue en diciembre de 2018 cuando Javiera Blanco declaró como testigo por el millonario fraude en Carabineros. Fue en esa oportunidad, también, cuando la exsubsecretaria de Carabineros aseguró no haber recibido asignaciones de gastos reservados pese a los seis testimonios con los que contaba la fiscal Patricia Cerda que la vinculaban al uso irregular de esos fondos. Blanco -exministra de Justicia y exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE)- fue mencionada, de hecho, por decenas de personas como una de las principales artífices de la red en la que altos mandos de Carabineros hicieron rendiciones falsas de recursos públicos para luego enviarlos a la Contraloría como gastos reservados. Con esos antecedentes bajo el brazo, es que hoy el CDE presentó una querella en contra de la exsubsecretaria y de también el exgeneral director Eduardo Gordon; el exgeneral director Gustavo González Jure; el exgeneral director Bruno Villalobos; el exgeneral Iván Wipple; el exgeneral Flavio Echeverría; el oficial Aladino Alfaro (exjefe de gabinete de la subsecretaría de Carabineros); el oficial Carlos Carrasco (exdirector del Hospital de Carabineros); de Fernando Pérez; el abogado Ismal Verdugo; el oficial en retiro Jorge Serrano; la oficial en retiro Lilian González; el oficial en retiro José Manuel Hernández; el oficial en retiro Patricio Reyes; el oficial en retiro Rodney Weber; y el oficial en retiro Rolando Salvo. Lo que se señala en el documento de 57 páginas que se presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía es que la acción fue presentada por la responsabilidad que le asiste a los mencionados en el delito reiterado de malversación de caudales públicos y por falsificación y/o uso de instrumento público falso. Ambos previstos y sancionados en el Código Penal. Se agrega, también, que esto no va en perjuicio de que otros ilícitos puedan ser acreditados durante la investigación. La fiscal Cerda lleva meses indagando, según se explica en la acción judicial, la “asignación, distribución y posterior rendición de los gastos reservados otorgados por Ley de Presupuestos de la Nación a Carabineros de Chile correspondientes al presupuesto de los años 2006 a 2016”. De acuerdo a la querella, “se sustrajeron cuantiosos caudales públicos, destinando gastos reservados en moneda nacional y extranjera a fines no previstos por el legislador y/o a instituciones, entidades y/o funcionarios públicos a quienes la ley no les asignó tales recursos, como ocurriera con Altas reparticiones o reparticiones de Carabineros de Chile cuyas funciones no son operativas o tácticas, como la Dirección de Salud, de Personal, de Justicia, Dirección de Finanzas, la Subsecretaria de Carabineros, entre otras, entre los años 2006 a 2010”. Uno de los últimos antecedentes que se supo sobre esto fue que la PDI estaba analizando el patrimonio de exdirectores de Carabineros y sus esposas con el objetivo de determinar si los antecedentes patrimoniales de las exautoridades tienen “justificación económica”, con la información declarada ante el SII. De acuerdo a los antecedentes que hay en la causa, “la sustracción de caudales públicos se verificó a través de las siguientes maniobras financieras y contables ilícitas: En primer lugar, se producía intervención de distintos funcionarios del Departamento IV ‘Contabilidad y Finanzas Dirección General de Carabineros’ y del Departamento I, ‘Presupuesto y Finanzas’, que recibían los montos correspondientes a gastos reservados en moneda nacional y extranjera transfiriéndolos al Departamento IV, donde, en segundo lugar, se elaboraba un listado de distribución ilícita de los montos de gastos reservados entre las altas reparticiones o jefaturas de la Institución”.  La querella luego agrega que “junto a lo anterior, también se incluyó en este conjunto de beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de recursos públicos, entre los años 2006 y marzo de 2010, a la Subsecretaria de Carabineros, Sra. Javiera Blanco Suárez, conforme consta en los antecedentes de la carpeta de investigación. Todo lo anterior se plasmaba en planillas Excel que incluían el grado, cargo y monto otorgado. Estas listas eran propuestas al Director de Finanzas, quien por último las presentaba al General Director de la época, el que, en definitiva, determinaba a quiénes se destinaba el dinero de gastos reservados con abierta y evidente infracción dolosa a la disposiciones legales que regulaban el uso de gastos reservados”. La acción judicial luego agrega que “consecuentemente, mediante la entrega mensual de gastos reservados improcedentes, a través de sobres contenedores de dineros efectivo, la querellada Mónica Javiera Blanco Suarez, valiéndose de su calidad de Subsecretaria de Carabineros, recibió pagos improcedentes en su calidad de funcionario público, entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, una suma total no inferior a $47.300.000.-, cifra que configura, a su respecto, el monto sustraído”.

Biografía

 Javiera Blanco

Mónica Javiera Blanco Suárez (Santiago, 1 de agosto de 1972)​ es una abogada y política chilena.

Se desempeñó como subsecretaria de Carabineros (2006-2010) y ministra de Estado del segundo gobierno de Michelle Bachelet, en las carteras de Trabajo y Previsión Social (2014-2015) y Justicia y Derechos Humanos (2015-2016). Fue consejera del Consejo de Defensa del Estado de Chile entre 2017 y 2018. En 1973, cuando tenía sólo un año, su familia se mudó a los Estados Unidos, tras el golpe de Estado. A su regreso a Chile, estudió en el Colegio Mariano de Schoenstatt.
Luego ingresó a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) (1991-1996), titulándose de abogada en 1998,​ y posteriormente realizó un magíster en Gestión y Políticas Públicas por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile (2002-2003).​ Es diplomada en Reforma Procesal Penal, Juicio Oral y Litigación, de la Universidad Diego Portales (1999), y diplomada en Metodología de la Investigación de la Facultad de Economía de la PUC (1998).
Ha sido profesora en instituciones de educación superior como la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Escuela de la Policía de Investigaciones de Chile y la Academia Judicial. Posee varias publicaciones académicas en revistas nacionales e internacionales sobre los temas de justicia y seguridad.
Asimismo, ha realizado varias consultorías internacionales para Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en países como Panamá, El Salvador, Uruguay, Guatemala, Honduras, y México. Asimismo, impulsó el Taller de entrenamiento en Análisis Delictual impartido a la Fiscalía General de Colombia.

Carrera política y pública

En 1998 ingresó a trabajar como investigadora a la Fundación Paz Ciudadana, donde asumió como gerente de Proyectos en 2001.​ Participó en tres oportunidades en el International Visitor Program, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre los años 2003 y 2011.
El 1 de septiembre de 2006 fue nombrada subsecretaria de Carabineros en el primer gobierno de Michelle Bachelet,​ siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo. En ese cargo fue presidenta de la Comisión Ejecutiva del Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías Uniformadas (CECIPU) y designada secretaria ejecutiva de la mesa latinoamericana de cooperación policial para Haití. Cesó en ese rol el 11 de marzo de 2010, con el fin del mandato presidencial de Bachelet.
En 2010 fue designada directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana. En ese rol integró una serie de Consejos gubernamentales entre los años 2010 y 2013. Fue miembro de la Comisión de Seguridad del Instituto de Ingenieros de Chile entre 2011 y 2013, y miembro del Foro Judicial entre los años 2011 y 2012. También integró el Consejo Asesor en Políticas de Seguridad Municipalidad de Peñalolén, entre los años 2005 y 2012.

Ministra de Bachelet

La entonces ministra Blanco defendiéndose de una acusación constitucional.

El 11 de julio de 2013 fue anunciada como vocera del comando de Michelle Bachelet para la elección presidencial de ese año, renunciando a su cargo en la Fundación Paz Ciudadana.​ Tras el triunfo de Bachelet en la elección, el 24 de enero de 2014 la presidenta electa anunció que Blanco sería la ministra del Trabajo y Previsión Social de su segundo gobierno, que inició el 11 de marzo de 2014.
En su gestión se aprobaron 14 proyectos de ley, entre ellos, la Ley de trabajadoras de casa particular y el fin del denominado «multi RUT», y se impulsó la modificación a los derechos colectivos del trabajo mediante el proyecto «de modernización de las relaciones laborales», el que finalmente fuera aprobado el año 2016. Expuso en el Plenario de la Conferencia Internacional del Trabajo, organizada por la OIT en Ginebra, Suiza, en junio de 2014.
Dejó su cargo como ministra del Trabajo el 11 de mayo de 2015, con motivo del cambio de gabinete de ese día, siendo sucedida por Ximena Rincón, mientras tanto Blanco asumió la cartera de Justicia —posteriormente renombrado como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos—, en reemplazo de José Antonio Gómez quien, a su vez, asumió en el Ministerio de Defensa.
En su gestión se aprobaron nueve proyectos de ley, entre ellos, la creación de Subsecretaría de Derechos Humanos.[cita requerida] Entre los años 2015 y 2016 también debió asumir labores de vocería en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Cesó en su cargo como ministra de Justicia el 19 de octubre de 2016.

Consejera del CDE

Fue designada como consejera del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE), cargo que asumió el 1 de febrero de 2017​ y ejerció hasta octubre de 2018.

Reconocimientos

Ha sido elegida en cinco oportunidades como Mujer Líder en Chile, y el año 2007 como Joven Líder. También recibió el premio Energía de Mujer, 2016, entregado por Enersis.

Controversias

En 2008, siendo subsecretaria, habría recibido un llamado del senador PPD Guido Girardi, luego de ser multado por conducir a exceso de velocidad por la Ruta 68, quejándose de un «trato inadecuado» de Carabineros.
Su designación como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) causó controversia debido a su rol en el gobierno de la presidenta Bachelet. La presidente Bachelet enfrentó las críticas, afirmando que «la calificación profesional de Javiera Blanco va a ser un aporte a la labor del consejo», y que los consejeros «se inhabilitan» ante conflictos de interés o responsabilidades propias en los casos en los que participa el CDE. Sin embargo, cesó en el cargo en 2018.
Actualmente enfrenta investigaciones del Ministerio Público por las irregularidades durante su gestión como Ministra de Justicia y Subsecretaria de Carabineros. Fue sobreseída por las irregularidades en las contrataciones en Gendarmería,​ sin embargo, sigue siendo indagada por mal uso de recursos públicos del programa "Ascar" del Sename y por su posible participación en el fraude de Carabineros.

lunes 09 marzo de 2020 Fraude en Carabineros: peritajes arrojan archivo que salpica a exautoridades por gastos reservados Por Luciano Veloso Una serie de peritajes realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), instruidos por la Fiscalía, arrojaron como resultado una serie de archivos asociados a gastos reservados donde aparecen nombres de exautoridades. La PDI aplicó un filtro, a través del explorador de archivos de Windows, en soportes tecnógicos de algunos de los principales imputados en el caso, como Flavio Echeverría, exdirector de Finanzas de la institución, según consignó El Mercurio. El resultado arrojó documentos donde aparecen nombres de exgenerales directores de Carabineros que ostentaron el cargo entre 2002 y 2010, altos oficiales y siete exsubsecretarios de la institución, entre otros. Por ejemplo, el archivo de 124 páginas “COMPROBANTE STGO.MARZO 2007.DOC”, corresponde a “62 comprobantes de egreso del Departamento IV de Contabilidad y Finanzas de Carabineros de Chile, por la suma de 520.590.000 correspondientes a gastos reservados del mes de marzo de 2007, con los pies de firma del coronel (I) Jaime P. Paz Meneses, jefe Secc. Fondos Fiscales; 62 certificados a nombre de las siguientes personas”. Entre los nombres aparecen los de ex generales directores de aquella época, además de otros altos oficiales que, años más tarde, ocuparon dicho cargo. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra todos ellos, atribuyéndoles delitos de malversación de caudales públicos y falsificación o uso de documentos públicos falsos. Se trata de los ex generales directores Eduardo Gordon, Gustavo González Jure, Bruno Villalobos e Iván Wipple. Además de ellos, también aparecen siete exsubsecretarios de la institución, sin embargo, por ahora solo está querellada Javiera Blanco. El CDE le atribuye los mismos ilícitios que a los exgenerales. Sin embargo, ella y el resto de los subsecretarios han negado en reiteradas ocasiones haber recibido cualquier dinero por dicho concepto. En el peritaje, se aplicó un filtro de 17 palabras claves, como “asesor”, “rendición de reservados”, “gastos”, entre otras, lo que arrojó centenares de documentos con cada palabra que se buscó en dichos soportes, incluidos documentos de 2002, hasta octubre de 2010. Del mismo modo, se hallaron “archivos en formato Excel que hacen referencia a egresos por concepto ‘cuenta interna’ donde se individualizan a las siguientes personas”. Dicho listado se asocia con 11 personas que serían civiles.

Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) a

Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) fue un grupo armado chileno de ultraizquierda que representaba la vía insurreccional al socialismo. Se formó en agosto de 1968.Durante el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, este grupo no abandonó la vía armada al socialismo.

Ronald Rivera Calderón había sido expulsado de las Juventudes Comunistas de Chile y del MIR, por sus críticas a estos partidos, a los que consideraba aburguesados, y junto a su hermano Arturo Calderón y a otros antiguos miembros de las Juventudes Comunistas fundó la VOP. En octubre de 1969, este grupo asaltó la sucursal del Banco Nacional del Trabajo en la avenida Santa Rosa, y las sucursales del Banco Osorno y La Unión.

Los integrantes de la VOP fueron indultados por el presidente Salvador Allende. Sin embargo este grupo fue crítico del gobierno de Allende, al que consideraban reformista y un obstáculo para lograr la revolución socialista. En mayo de 1971 la VOP asaltó el supermercado Montemar y asesinó al cabo de Carabineros Tomás Arnaldo Gutiérrez.​ El 8 de junio de 1971, un comando de la VOP asesinó a balazos al exministro del Interior del expresidente Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Zujovic, como ajusticiamiento por la masacre de Puerto Montt en 1969, donde fueron asesinados por carabineros un grupo de pobladores que ocuparon un terreno ilegalmente.Allende dio órdenes a la policía de atrapar a los integrantes de la VOP. La investigación concluyó con la localización del grupo en el sector de Vivaceta, el 13 de junio de 1971, donde algunos integrantes fueron cercados por la policía. Finalmente Ronald Rivera murió acribillado el mismo 13 de junio de 1971,​ y su hermano Arturo se suicidó.

Heriberto Salazar, integrante de la VOP, intentó un ataque suicida contra el cuartel de la policía de Investigaciones, haciendo explotar un cartucho de dinamita, matando a tres policías.1​

Carlota Vallebona, ex guerrillera de la VOP, rompe 48 años de silencio: “Fuimos un instrumento de la Unidad Popular”

09.10.2019

Este miércoles se presentó en el barrio Brasil el libro "Si no aprendemos a luchar juntos, nos matarán por separado. Mi vivencia en la Vanguardia Organizada del Pueblo", escrito por Carlota Vallebona (67) junto al historiador Felipe Guerra Guajardo. El libro es una biografía novelada sobre algunas de las vivencias de la ex revolucionaria –que asaltó bancos y participó en el asesinato de Pérez Zujovic–, hoy refugiada política en Noruega. Se trata de la primera publicación de Editorial Tempestades, fundada por Francisco Solar, ex Caso Bombas, al igual que Guerra. Pero esa es otra historia. Aunque Carlota sigue desconfiando de los medios de comunicación, conversó en su paso por Chile en exclusiva con El Desconcierto.

“Huye solo, tienes más posibilidades sin mí. Yo estaré bien”, fue el último diálogo de Carlota Vallebona con Ronald Rivera, arriba del techo de una de las casa de seguridad del movimiento revolucionario VOP, en calle Coronel Alvarado Nº 2711.

Así relata ella la última vez que vio con vida a su pareja aquella madrugada del domingo 13 de junio de 1971. Según la información oficial ese día su primer amor, luego de cinco horas de enfrentamiento contra carabineros, detectives, militares del regimiento Buin y aviones de la Fuerza Aérea, fue baleado en el techo de una casa al intentar escapar del cerco policial en el sector del Hipódromo Chile, en un operativo que buscaba dar con los sospechosos de asesinar a sangre fría a Edmundo Pérez Zujovic (demócrata cristiano y exvicepresidente del gobierno de Eduardo Frei Montalva), el martes de esa misma semana. Así el gobierno de la Unidad Popular ponía fin a este grupo armado.

En 1969, Carlota se preparaba para ser monja y poder ayudar a los pobladores de su natal Arica. Pronto, tendría que cambiar su nombre por uno eclesiástico y cortar su largo cabello negro para llevar el hábito religioso. Y si bien en el futuro cambiaría su nombre, comenzaría a llevar su pelo extremadamente corto y ayudaría a los más pobres, lo hizo en la clandestinidad, bajo la chapa de Natacha y de la mano de su compañero Ronald (alias Antonio o Manuel Campillay), uno de los líderes de la VOP. Se conocieron cuando él todavía integraba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y fue enviado desde Santiago con la misión de buscar un paso seguro entre Arica y Tacna, para poder ingresar armas y tener una vía de escape del país ante cualquier eventualidad. 

Ahora Carlota ya no participa activamente de ningún grupo político. Mira de lejos sus funciones en la VOP y los dos períodos en que estuvo detenida: en el gobierno de Salvador Allende y en la dictadura de Augusto Pinochet. Actualmente participa en actividades sociales y solidarias en una iglesia de Bergen, Noruega (donde reside como refugiada política desde 1977), y en las noches se sube a un carrito eléctrico y recorre la fría ciudad buscando gatos abandonados para darles agua y comida.

–Aparte de la iglesia, ¿participa en otra organización?

–Trabajo con los animales. Hace casi 30 años, cuando me cambié al centro de Bergen, llegaban gatitos en muy mal estado y empecé a darles comida. Todas las noches yo voy por las calles de Bergen, en un carrito que me entregó el Estado noruego, repartiendo comida a los gatos. Les llevo sus porciones listas.

–¿Y usted tiene gatos?

–Dos. Una está media inválida, se llama Lota. Y la otra se llama María Celeste.

–Me causa curiosidad que el nombre que usted elige para operar en la clandestinidad es el mismo nombre que le pone a su hija.

–Ella está feliz con el nombre. Y en Noruega a la gente le encanta que se llame Natacha. Ella es concejal de la Socialdemocracia en Noruega, que es el partido de los trabajadores. Mi hija dice: los temas de los sindicatos los obtuve del pecho de mi madre. Y fíjate que cuando me encontraba con los muchachos del Pedagógico de la Universidad de Chile, mi nombre era Joaquín. Nunca se lo conté a mi hija, pero mi nieto se llama Joaquín. Son cosas que no se pueden explicar.

–¿Queda algo de Natacha en usted?

–Soy la misma de antes. No he cambiado un pelo de lo que he pensado siempre. Sigo siendo revolucionaria, sigo pensando que la situación del pueblo chileno tiene que cambiar para bien y no ha cambiado nada. 

–¿Qué le pareció el país cuándo llegó?

–Venía del aeropuerto y vi las casas callampa. Es lo mismo que dejé hace más de 40 años, está la misma situación de pobreza y desigualdad. Los compañeros que cayeron muertos, torturados, toda la represión y el trabajo que quisimos hacer los jóvenes de los años 60 y 70, no sirvió de nada. Ves a la gente viviendo en los hoyos de la ribera del río, solo con carpas, es terrible.

–¿Cómo recuerda el inicio de la relación con Ronald Rivera, fundador de la VOP?

–En las tardes, después del colegio, me iba a la iglesia porque vivía para poder ser monja. Me empecé a dar cuenta que vives aquí y no ves lo que está pasando en la población que se instaló al lado de tu casa. Las monjas iban a las poblaciones callampa, hablaban de Dios y decían que no podías ir con cosas materiales, porque después la gente te iba a esperar por esas cosas. Me daba remordimiento de conciencia porque a los pobladores no les servía de nada que fuera a hablar de Dios si no podía ayudar de forma práctica también. Y en ese momento conozco a Ronald, que desde el primer momento quería que fuera su compañera y prepararme políticamente. 

–Se hizo conocida públicamente después del asesinato de Edmundo  Pérez Zujovic y pese a aparecer en todos los medios de comunicación, no habló con la prensa en casi 50 años. ¿Por qué decide hablar ahora?

–Fuera de todo lo feo que dijeron de mí, me molestó que no se preocuparan de corroborar la información, tiraban todo lo que Investigaciones decía. Y también era un problema ideológico muy fuerte, porque en el libro cuento que nosotros fuimos un instrumento de la Unidad Popular, trabajamos con el director de Investigaciones Eduardo Paredes (cuyo nombre en la clandestinidad era Doctor Linares). Entonces si salía hablando que en el asesinato de mi compañero estaba metido un tipo de alto perfil de la UP, que él nos había entregado documentos y todo, era darle alimento a la derecha. Y eso no me gusta, porque a pesar de que fui torturada por la izquierda, sigo siendo de izquierda.

El libro está disponible en la librería del GAM, Metales Pesados, El Lago Budi, en Santiago; y En El Blanco de Valparaíso

–¿Por qué cree que fueron utilizados?

–Al comienzo no hilé tan fino, pensé que todo era una maniobra individual de Paredes y que Allende no tenía nada que ver. Pero después supe que Allende tenía una amistad bien estrecha con él. Así que creo que Allende trató de usar todos los medios para mantenerse en el poder. Para eso tenía que pactar con la DC y Edmundo Pérez Zujovic  era un problema para cerrar ese acuerdo.

–Las violaciones a los DD.HH en Chile están principalmente asociadas a la dictadura de Pinochet. Pero usted y otros miembros de grupos armados revolucionarios fueron torturados en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende.

–En todos los gobiernos de Chile se ha torturado. En el gobierno de Allende me golpearon, me patearon, me dejaron sin comer y todo eso estando embarazada. Probablemente la dictadura batió récords, ya que fueron mucho más sangrientos, pero eso no quita que en los tiempos de la Unidad Popular se practicó la tortura, y lo peor es que fue entre lo mismos compañeros. 

–También relata un intento de violación de un miembro del MIR. Y sus compañeros, sabiendo lo ocurrido, le piden que siga trabajando en esa misión conjunta. ¿Cómo recuerda eso?

–Fue una experiencia bien fea que nunca imaginé. Pensaba que todos eran como Ronald, entonces me llevé bastantes decepciones, incluso con los exiliados chilenos en Europa. A veces, cuando me enojo, me digo a mí misma: estuvo bien que nos hicieran bolsa, porque estos dirigentes hubieran echado a perder a un país. Pero también he encontrado compañeros que son extraordinarios. Es un poco difícil ya que encuentras a individuos que no entienden que el poder, en la parte que estés, no es tuyo. Es para hacer un buen trabajo por el pueblo. Pero esas personas la ideología, la consecuencia obrera, no la tenían, porque muchos de los universitarios se hicieron revolucionarios porque estaba de moda. Entonces las chiquillas se volvían locas por ellos y era choro ser mirista.

–¿Qué labores cumplía usted en la VOP?

 –No te puedo contestar a esa pregunta, me pondría la soga al cuello. 

Nuestro Ronald era muy cuidadoso de que yo no tuviera más información de la que debía. Por cosa de seguridad mía también. Creo que me salvó la vida, porque a Ronald lo mataron para que no hablara. El miedo que él tenía, porque nosotros teníamos una relación muy linda, nos queríamos mucho, y el temor de él era que me torturaran delante de él. Se preguntaba si él podía aguantar eso. Eso es lo que me decía a mí, no puedes hablar, no puedes decir esto o lo otro. Te digo que nadie que yo conocía cayó conmigo. No cayó nadie. El que nos vendía armas, el que nos contaba las cosas, nadie, toda esa gente está libre hasta el día de hoy. Porque si yo hubiera dicho en ese momento que vi a Paredes, que era el director de Investigaciones, oye, él pasó las cosas, me matan. De eso ten por seguro. Y la otra cosa que me salvó de que no me pusieran corriente, es que me creyeron que yo no sabía nada, porque me veía muy niña. Me presionaron bastante, pero vieron que yo no largaba nada pa afuera, entonces creyeron que yo no sabía nada. Llegaron a unas atrocidades horribles. 

–¿Cuál es el análisis de la vida política y de la vía armada que decidió tomar?

–Por supuesto que cometimos errores. Cuando planificas una expropiación estudias los minutos, las tareas que tiene que hacer cada persona, pero no cuentas cómo puede reaccionar la víctima. Y en esa parte se falló, porque en casi todos los casos las víctimas reaccionaron. Por ejemplo en el Banco Panamericano, el carabinero no paraba de disparar. Fue duro, yo viví la parte en que Ronald llegaba a la casa y había muertes.

–Esos son errores de planificación en los robos. Ahora le pregunto si hubo algún error en optar por la vía armada como opción política.       

–Las expropiaciones tenían un fin, que era financiar la guerrilla. Y el dinero había que ir a buscarlo a los bancos, porque ellos son los que roban el dinero a los pobres.

–¿Sigue pensando que la vía armada es una buena opción?

–No creo, porque hicimos asaltos y distintas cosas para cambiar la sociedad a través de la lucha armada, pero (silencio) no nos fue bien. Nos metieron presos, nos torturaron  y nos mataron. Ahora, cuando es el día del joven combatiente mi corazón se pone triste, así que escribo en el Facebook: “Por favor chiquillos no salgan a la calle a que los maten. Busquen otra alternativa porque ya han muerto demasiado chicos buenos”. No vale la pena que sigan muriendo jóvenes, hay que buscar otra alternativa, hay que buscar otra forma.

Carlota Velladona, ex VOP; Pablo Morales ex Mapu Lautaro, 12 años preso en los gobiernos de la Concertación; Dagoberto Pérez Videla, hijo de Sergio Pérez y Lumi Videla, militantes del MIR; Felipe Guerra, Editorial Tempestades, ex Caso Bombas.

–¿Cómo ve la política chilena hoy día?

–Lamentablemente escucho el discurso de (José Antonio) Kast en la radio, que tiene mucho apoyo. Igual que (Joaquín) Lavín. Entonces es muy probable que entre los dos se peleen el futuro gobierno. Así que no veo esperanza, esta cosa se va a ir a un hoyo porque no veo alternativas en la izquierda, no escucho a nadie que se la juegue y que diga las cosas que el pueblo quiere escuchar. Es bien triste el panorama. Solo rescato a (Gabriel) Boric. Él es directo y combativo. 

–En el 2012 se levantó un memorial en homenaje a Edmundo Pérez Zujovic en Vitacura. ¿Sabía eso?

–No, solo sabía que tiene una avenida. Pero acá en Chile es así, la sociedad premia a gente que no lo merece y se condena a los que verdaderamente se la juegan. Porque la sociedad está hecha así, pero a mí no me parece que el tipo merezca un monumento ni mucho menos, ya que tuvo una línea bastante dura cuando fue ministro de Frei.

–¿Se arrepiente de algo?

–No (silencio). Mira, la verdad es que sí. De lo único que me arrepiento es de no haber ido con Ronald ese día. Por supuesto que nos habrían matado a los dos, pero al menos habrían tenido más trabajo al tener que sacar dos cadáveres.

Lanzamiento libro: sábado 19 de octubre, a las 17:00 horas, en Punitaqui #2793. Población Nuevo Amanecer (ex Nueva La Habana), La Florida.