La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): persecución y resistencia
La política anticatalanista y la disolución de la Mancomunidad de Cataluña
La Lliga Regionalista apoyó inicialmente el golpe de Estado de Primo de Rivera fundamentalmente porque dio crédito a las promesas descentralizadoras que había hecho el general, aunque esas expectativas se desvanecieron muy pronto. En la misma mañana del golpe Primo de Rivera se manifestó complacido por los discursos pronunciados en catalán durante la inauguración de una exposición del mueble en Montjuïc, llegando a decir que él mismo se hallaba «catalanizado por el cariño que tengo y que visto que me tiene Cataluña» y finalizando su discurso con un «viva a Cataluña».
En el Manifiesto del 13 de septiembre que justificó el golpe, Primo de Rivera ya hizo referencia a la «descarada propaganda separatista» y sólo cinco días después el Directorio militar promulgaba el Decreto contra el «separatismo», que castigaba con severas penas «los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuantos tiendan a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto», y que serían juzgados por tribunales militares, tal como establecía la Ley de Jurisdicciones de 1906. Se prohibía izar u ostentar «banderas que no sean la nacional», «la difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza», el uso del catalán «en los actos oficiales de carácter nacional o internacional» y se obligaba a las corporaciones locales y provinciales a llevar los libros de registro y de actas en castellano.
En los meses y años siguientes se aplicó esta política –cuyo lema acuñado por el propio Primo de Rivera era España una, grande e indivisible- que pretendía eliminar la especificidad de Cataluña, para «neutralizar y contrarrestar por la acción del gobierno la labor de desespañolización que con constancia se viene haciendo por ciertos sectores políticos en Cataluña». Así se clausuraron centros políticos «separatistas», y se encarcelaron a los militantes de los partidos nacionalistas catalanes, incluidos algunos sacerdotes.
Cualquier manifestación popular de la identidad catalana fue suprimida. Se prohibió izar la señera, cantar el himno de Els Segadors o usar el catalán en actos oficiales, y se limitó el baile de sardanas —las multas podían llegar a las 5.000 pesetas—106. Se castellanizaron de forma arbitraria los nombres de calles y pueblos —a veces cayendo en el ridículo: la plaza de Sant Vicenç de Sarrià se convirtió en San Vicente Español—, se obligó a publicar en castellano los anuncios de las obras teatrales y se persiguieron a entidades culturales y sociales como el Centre Catalá, los Pomells de Joventut (una institución religiosa), el Ateneo Barcelonés, el Ateneo Enciclopédico Popular, la Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, las bibliotecas populares, las sociedades excursionistas, musicales y deportivas, los Juegos Florales (que pasaron a celebrarse en Francia) o los cursillos escolares en lengua catalana. También el F.C. Barcelona, el Orfeón Catalán, el Instituto de Estudios Catalanes, el Colegio de Abogados de Barcelona o la Universidad Industrial vieron limitadas sus actividades. Asimismo se prohibió a los comerciantes que anunciaran sus productos en catalán y en enero de 1928 se ordenó a la prensa que no tradujera al catalán las «notas oficiosas» del Directorio civil. Con motivo de un viaje del rey a Barcelona, el gobierno prohibió la ejecución pública de la sardana La Santa Espina por haberse convertido «en himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones, escuchando su música con el respeto y reverencia que se tributan a los himnos nacionales».
Una Circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria del 27 de octubre de 1923 impuso la enseñanza exclusiva en castellano —se recordaba a los inspectores la obligación «de enseñar la lengua castellana en sus respectivas escuelas y de dar la enseñanza en el mismo idioma» vigilando estrictamente a los maestros en este punto—, otra de final de año prohibía la enseñanza del catalán en los centros mantenidos por el Estado y una tercera, del 15 de febrero de 1924, facultó a los inspectores de educación para que pudieran suspender de empleo y sueldo a los maestros que incumplieran la norma e incluso clausuraran los centros escolares, tanto públicos como privados, donde éstos trabajaran. De esta política represiva de cualquier manifestación de la identidad catalana ni siquiera se libró la Iglesia. Decenas de sacerdotes fueron detenidos acusados de «separatismo», otros fueron alejados de Cataluña –incluido el obispo de Barcelona Josep Miralles que fue trasladado a la diócesis de Mallorca- y la Academia Católica de Sabadell fue clausurada.
Cuatro años más tarde un decreto de diciembre de 1928 prohibió a las escuelas enseñar ninguna asignatura que no estuviera incluida en el programa oficial aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública, lo que suponía dejar fuera del currículum la historia y la cultura catalanas.
La política de persecución del catalanismo generó numerosos conflictos con diversas instituciones y entidades que se resistían a aceptarla (Ateneo Barcelonés, Ateneo Enciclopédico Popular, Orfeón Catalán, Orfeón Graciense, CADCI, Fútbol Club Barcelona, etc.), y más de un centenar de ellas acabaron siendo clausuradas temporal o definitivamente. Fue también el caso de algunas sedes de la Lliga Regionalista y de su periódico La Veu de Catalunya. También fueron suspendidos temporalmente otros periódicos como La Vanguardia, La Publicitat, La Nau, El Matí o Las Noticias, y revistas de humor o publicaciones infantiles.
A iniciativa de Ángel Ossorio y Gallardo y de Eduardo Gómez Baquero, en marzo de 1924 más de un centenar de intelectuales castellanos por primera vez en la historia firmaron un manifiesto de solidaridad con la lengua catalana, redactado por Pedro Sáinz Rodríguez.
Sin embargo, la alta cultura en catalán no fue tan perseguida. Como ha destacado el historiador Josep M. Roig i Rosich, «un sermón publicado en catalán era objeto de persecución y hasta de encarcelamiento, mientras que la Historia Nacional de Catalunya de Rovira i Virgili se publicaba sin trabas».108 Así surgieron nuevas editoriales dedicadas exclusivamente al libro en catalán como Barcino, Llibreria Catalonia o Proa —en 1930 se publicaron 308 nuevos títulos—. También aparecieron nuevos diarios en catalán —Barcelona pasó de dos en 1923 a 15 en 1930— y revistas, como la Revista de Catalunya, Mirador y La paraula cristiana.
La política anticatalanista de la Dictadura culminó con la disolución de la Mancomunidad en 1925. Dos años antes Primo de Rivera había nombrado al líder de la españolista Unió Monárquica Nacional, Alfonso Sala Argemí, conde de Egara, presidente de la Mancomunidad, en sustitución del catalanista Josep Puig i Cadafalch que había dimitido en señal de protesta por la política anticatalana de la Dictadura. Pero a los pocos meses comenzaron las tensiones entre Sala y Primo de Rivera a causa de que el dictador comenzó a cuestionar la existencia misma de la Mancomunidad, porque según él, podía constituir el embrión de «un pequeño Estado», «capaz de dañar a España».
La aprobación del Estatuto Provincial de 1925 supuso la supresión de facto de la Mancomunidad, cuyas competencias ya habían sido recortadas por el Estatuto Municipal de 1924, lo que provocó la dimisión de Alfonso Sala el 22 de abril de 1925.125126 El nuevo presidente de la Diputación de Barcelona, José María Milá Camps, conde de Montseny, pasó a presidir la Comisión gestora interina de los servicios coordinados que fue la encargada de liquidar los últimos asuntos de la Mancomunidad.
Tras la desaparición de la Mancomunidad, las declaraciones de Primo de Rivera sobre la cultura, la identidad, el idioma y las instituciones de Cataluña fueron creciendo en virulencia, manifestándose totalmente contrario a cualquier tipo de autonomía regional. Como ha señalado la historiadora Genoveva García Queipo de Llano, "Primo de Rivera ofendió no sólo a grupos políticos sino a la totalidad de la sociedad catalana".127 Así se fue produciendo un distanciamiento cada vez mayor entre Cataluña y la Dictadura, aumentando progresivamente los conflictos.
La resistencia a la Dictadura y el renacimiento del catalanismo: la «Catalunya endins»
Uno de los sectores que primero y de forma más firme reaccionó contra la política de la Dictadura fue el Colegio de Abogados de Barcelona que se negó a obedecer la orden de que la Guía Judicial anual en la que aparecían todos los abogados colegiados se publicara en castellano, y no en catalán. Para poner fin al conflicto del Colegio de Abogados de Barcelona con la Dictadura de Primo de Rivera, después de dos años en que ninguna de las dos partes cedía, la Dictadura recurrió a la fuerza y en marzo de 1926 destituyó a la Junta de gobierno del Colegio y desterró a sus miembros fuera de Cataluña, sustituyéndola por una Junta afín. Pero dos meses después se vio obligada a dejarles volver a Barcelona, aunque la Junta no sería repuesta en sus funciones hasta después de la caída de la Dictadura —el resto de sus colegas colegiados rindieron un homenaje en marzo de 1930 a los miembros de la Junta que «supieron mantener el prestigio y la dignidad del Colegio de Abogados»—-.
Los que se oponían a la política anticatalanista aprovecharon los pocos márgenes de libertad que dejaba la Dictadura. Una de las protestas más sonadas fue la que tuvo lugar el 14 de junio de 1925 durante un partido amistoso de fútbol en homenaje al Orfeó Català entre el FC Barcelona y el Club Esportiu Júpiter en el que la Marcha Real fue pitada. Diez días después, el gobernador civil, el general Joaquín Milans del Bosch, suspendió indefinidamente las actuaciones del Orfeó y clausuró el Camp de Les Corts por seis meses. Además el presidente del FC Barcelona, el suizo Hans Gamper, fue obligado a dejar el cargo y a abandonar España por un tiempo.
Otra forma de resistencia fue llevar el «caso catalán» ante los organismos internacionales. Con ese fin Acció Catalana redactó un manifiesto que fue presentado en la sede de la Sociedad de Naciones (SdN) en Ginebra en el que se denunciaba la represión que estaba sufriendo Cataluña y pedía la celebración de un referéndum a favor de la autonomía catalana bajo la supervisión de esa organización internacional. La iniciativa tuvo poca repercusión, pero le siguieron otras. La política anticatalanista de Primo de Rivera también topó con la Iglesia católica de Cataluña, cuyos obispos encabezados por el arzobispo de Tarragona, Francisco Vidal y Barraquer, y por el obispo de Barcelona Josep Miralles, se negaron a ordenar a los párrocos que predicaran en castellano.132 La decisión de Primo de Rivera «de suprimir el empleo de la lengua catalana, incluso en la liturgia, pronto convirtió al clero catalán —como iba a suceder con el clero vasco y la Iglesia catalana bajo el franquismo— en el campeón de las libertades regionales y de la autonomía cultural», afirma Shlomo Ben Ami.
Sin embargo, como ha destacado Eduardo González Calleja, «la persecución oficial a la cultura catalana se tradujo paradójicamente en un renacimiento de la cultura autóctona gracias a la iniciativa privada y al mecenazgo particular» en el fomento de «actividades diversas, como las conferencias en los Ateneos populares, las sociedades excursionistas, las corales o las asociaciones religiosas. El papel de la Iglesia fue muy relevante, ya que la prohibición del uso del catalán afectó a la liturgia, y puso al clero catalán en primera línea de la defensa de las libertades regionales y de la autonomía cultural. Todo ello generó la aparición de una cultura indiscutiblemente catalana, donde el intelectual tuvo en lo sucesivo un protagonismo político significativo, al hacer de su actividad un arma eficaz de afirmación política nacional». Algunos intelectuales sintetizaron esta política con la consigna Catalunya endins! ('Cataluña hacia dentro'), en el sentido de que «Cataluña se recluyó en ella misma para afirmarse y poder catapultarse hacia delante».
Las cuatro columnas que representaban las cuatro barras de la bandera catalana, obra del arquitecto Puig i Cadafalch para la Exposición Internacional de Barcelona (1929). |
Las cuatro columnas en la actualidad vistas desde el Palacio de Montjuic. |
La oposición política a la Dictadura: el complot de Prats de Molló
La implantación de la Dictadura de Primo de Rivera supuso la desaparición como asociaciones legalmente constituidas de los partidos políticos nacionalistas catalanes y la prohibición de todos los actos que pretendían organizar. En el caso de Acció Catalana, el presidente Jaume Bofill i Mates, líder del ala moderada de Acció, se exilió voluntariamente en París asumiendo la dirección Lluis Nicolau d'Olwer,136 pero el sector más republicano y más socialmente avanzado de Acció, encabezado por Antoni Rovira i Virgili, se fue distanciando de la organización, creando en 1927 un periódico propio La Nau, del que surgiría poco después de la caída de Primo de Rivera un nuevo partido llamado Acció Republicana de Cataluña.
En cuanto a la otra fuerza política que había asumido el liderazgo nacionalista catalán, Estat Català, el golpe de Primo de Rivera reafirmó su apuesta por la vía insurreccional.138 Para financiar el plan de invasión desde la Cataluña francesa ideado por el líder de Estat Català Francesc Macià se emitió un empréstito, llamado empréstito de Pau Claris, por valor de cerca de nueve millones de pesetas, y entre abril y agosto de 1925 milicianos de los escamots, establecieron varios depósitos de armas en las cercanías de la frontera franco-española. Macià llegó a viajar a Moscú en octubre de 1925 para recabar el apoyo del gobierno de la URSS y de la Komintern pero la ayuda económica (400.000 pesetas) y logística, nunca llegó. Mientras tanto grupos clandestinos de Estat Catalá y de Acció Catalana organizaron el llamado complot de Garraf en junio de 1925, un atentado fallido contra los reyes de España que se iba a llevar a cabo cuando su tren atravesara los túneles de la costa de Garraf.
A mediados de 1926 Macià decidió llevar a cabo la invasión de Cataluña con un pequeño ejército integrado por escamots.142 Durante los preparativos entró en contacto con un grupo de exiliados italianos encabezado por el coronel Riciotti Garibaldi, nieto del héroe de la unificación italiana, pero éste era un agente doble al servicio de la policía política de Mussolini, por lo que a través de él parte del plan llegó a conocimiento de Primo de Rivera.
Francesc Macià (derecha) con su abogado (izquierda) a punto de abandonar París tras el juicio por el fracasado complot de Prats de Molló. |
Macià dio la orden de movilización el 29 de octubre y se instaló en una casa de campo cercana a Prats de Molló. Pero la policía francesa estaba sobre aviso y no tuvo muchas dificultades para detener cerca de la frontera española a la mayoría de los hombres comprometidos en la invasión —más de un centenar— entre los días 2 y 4 de noviembre. Macià junto con otros 17 detenidos fue juzgado en París en enero de 1927 siendo desterrado a Bélgica.
A pesar del fracaso, el complot tuvo un amplio eco internacional lo que provocó, según Eduardo González Calleja, que cobrara «una inesperada dimensión épica» y diera «origen al persistente mito de l'Avi [Macià], precisamente en el momento de más baja popularidad de la Dictadura y sus cómplices en Cataluña». Macià desarrolló a partir de entonces una febril actividad propagandística de la «causa catalana». En diciembre de 1927 inició un viaje por América Latina, que culminó en Cuba, donde en octubre de 1928 convocó una autodenominada Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán, de la que surgiría el Partit Separatista Revolucionari Català y que aprobó la Constitución Provisional de la República Catalana. En la Asamblea se decidió también que el método de lucha seguiría siendo el «alzamiento armado de los catalanes», aunque tras el fracaso del golpe de Estado de enero de 1929 encabezado por el político conservador José Sánchez Guerra, Macià decidió abandonar el proyecto de realizar una nueva invasión y apostó por organizar una insurrección en el interior de Cataluña, vinculada a las diversas conspiraciones antidictatoriales y antimonárquicas que entonces se estaban tramando.
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