Nacionalismo catalán V.-a

Segunda República y Guerra Civil (1931-1939)

La proclamación de la «República Catalana» y la recuperación de la Generalidad

Proclamación de la Segunda República en Barcelona.

Un mes antes de la celebración de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, cuyo resultado condujo a la proclamación de la Segunda República Española, se fundó en Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya, que iba ser el partido hegemónico en Cataluña durante la Segunda República Española, de la misma forma que la Lliga Regionalista lo había sido durante el reinado de Alfonso XIII. En Esquerra Republicana confluyeron Estat Català liderado por Francesc Macià —aunque un sector del partido no le siguió y mantuvo su nombre—, el Partit Republicà Català, con Lluís Companys a la cabeza y el llamado Grup de L'Opinió por el nombre del semanario (L'Opinió) que lo aglutinaba. El líder indiscutible del nuevo partido era l'Avi Francesc Macià, cuyo carisma fue clave para el rotundo triunfo de Esquerra en las elecciones municipales, especialmente en Barcelona donde se presentó en solitario —consiguió 25 concejales, frente a los 12 de la Lliga Regionalista y a otros 12 de la candidatura republicana-socialista—.

El 14 de abril, alrededor de la una y media de la tarde, Lluís Companys salió al balcón del Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza de San Jaime que en esos momentos no estaba muy concurrida, para proclamar la República e izar la bandera republicana.
 Alrededor de una hora después y desde el mismo balcón, donde ya ondeaba también la senyera catalana, el líder de Esquerra Francesc Macià se dirigió a la multitud concentrada en la plaza y proclamó, en nombre del pueblo de Cataluña, «L'Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques». Así pues, antes de que se proclamara la República en Madrid, Macià daba por constituido un Estado catalán y definía la forma de Estado de la nueva República «ibérica» como federal o confederal. A media tarde Macià se dirigía de nuevo a la multitud pero esta vez desde el balcón de la Diputación de Barcelona, situado enfrente del Ayuntamiento, para comunicarles que había tomado posesión del gobierno de Cataluña, afirmando a continuación que «d'aquí no ens trauran sino morts» ('de aquí no nos sacarán sino muertos'). A continuación firmó un manifiesto en el palacio de la Diputación en que proclamaba de nuevo el «Estat Català» bajo la forma de «una República Catalana», que pedía a los otros «pueblos de España» su colaboración para crear una «Confederació de Pobles Ibèrics».
 Inmediatamente Macià empezó ejercer el poder y destituyó al capitán general Despujols, nombrando en su lugar al general Eduardo López Ochoa y designó nuevo gobernador civil de Barcelona a su compañero de partido Lluís Companys. Asimismo nombró a los miembros de su gobierno, dominado por la Esquerra Republicana de Cataluña, en el que incluyó a un representante del Partido Republicano Radical y otro del PSOE, pero ninguno de la Lliga Regionalista —en la calle algunos gritaban "¡Visca Macià i mori Cambó!"—147​ Macià llegó a ofrecerle una cartera a la CNT, pero la organización anarcosindicalista rehusó participar alegando su tradicional apoliticismo.

Una tercera declaración de Macià, por escrito como la segunda, se produjo a última hora de la tarde, cuando se supo que la República había sido proclamada en Madrid y el rey Alfonso XIII abandonaba el país, en la que, después de hacer referencia al Pacto de San Sebastián, se proclamaba «La República Catalana com Estat integrant de la Federació Ibèrica».​ «En realidad, la actuación de Macià no iba encaminada a una ruptura con España, proclamando la independencia, sino a provocar desde una situación de fuerza el cumplimiento de lo acordado en San Sebastián, la concesión inmediata de una amplia autonomía, que quería federal».

La proclamación de la República Catalana obligó al Gobierno Provisional de la Segunda República Española a enviar a tres ministros (los catalanes Marcelino Domingo y Lluis Nicolau d'Olwer, más Fernando de los Ríos) para que se entrevistaran en Barcelona con Francesc Macià. El mismo día de su llegada, el 17 de abril, se llegó al acuerdo de que Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la “República Catalana” a cambio del compromiso del Gobierno Provisional de que presentaría en las futuras Cortes Constituyentes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña, previamente «aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes», y del reconocimiento del gobierno catalán que dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre de Gobierno de la Generalidad de Cataluña recuperando así «el nombre de gloriosa tradición» de la centenaria institución del Principado que fue abolida por Felipe V en los decretos de Nueva Planta de 1714. La nueva Generalidad asumiría las funciones de las cuatro diputaciones catalanas y sería la encargada de organizar una Asamblea con representantes de los Ayuntamientos hasta que no fuera elegida por sufragio universal.
 Casi todos los partidos políticos catalanes aceptaron el acuerdo, excepto Estat Català, que acusó a Macià —su antiguo líder— de traidor, y el Bloque Obrero y Campesino, un grupúsculo comunista recién creado, que afirmó que el Gobierno Provisional de Madrid había «aplastado la República Catalana, cuya proclamación fue el acto revolucionario más trascendental llevado a cabo el día 14».

El día 26 de abril el presidente del Gobierno Provisional Niceto Alcalá-Zamora fue aclamado en el viaje que realizó a Barcelona. Tres días después el gobierno provisional aprobaba un decreto que establecía la legalidad del uso catalán en los parvularios y en las escuelas primarias, que fue acogido con entusiasmo.149​ Sin embargo a los pocos días se produjo el primer conflicto entre la Generalidad y el Gobierno Provisional cuando el Ministerio de la Gobernación consideró una invasión de sus competencias el decreto publicado el 3 de mayo en el primer número del “Butlletí de la Generalidad de Cataluña” en el que se reorganizaban las instituciones de la Generalidad y se nombraban unos comisarios de la misma en Gerona, Lérida y Tarragona. Un delegado de la Generalidad tuvo que viajar a Madrid para delimitar las competencias entre la Generalidad y el gobierno central.

El Estatuto de Autonomía de 1932

Acto de homenaje a Rafael Casanova en 1931 presidido por Francesc Macià, presidente de la Generalidad de Cataluña.

Tal como había acordado Macià con los tres ministros del Gobierno provisional, la Generalidad convocó a los ayuntamientos catalanes para que eligieran a los 45 miembros —uno por cada partido judicial— de la Diputación Provisional de la Generalidad de Cataluña. Gracias al retraimiento de la Lliga Regionalista, que había sido derrotada en las municipales del 12 de abril, Esquerra consiguió una holgada mayoría. Nada más constituirse el 9 de junio, la Diputación nombró una comisión de seis miembros para que redactara el anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Se reunieron en el santuario de Nuria y en pocos días lo acabaron, presentándolo el 20 de junio. Tras la aprobación por la Diputación Provisional el proyecto de estatuto fue sometido a referéndum a principios de agosto, obteniendo el 99% de votos positivos, con una participación del 75% del censo —las mujeres no pudieron votar, pero casi medio millón enviaron sus firmas de adhesión al mismo, al igual que unos 100.000 emigrantes que no figuraban en el censo—. En la provincia de Barcelona 175.000 personas votaron a favor y sólo 2.127 en contra. Macià entregó el texto a Niceto Alcalá Zamora, presidente del Gobierno Provisional, y éste lo presentó el 18 de agosto a las Cortes Constituyentes.

El llamado Estatuto de Nuria respondía a un modelo federal de Estado y rebasaba en cuanto a denominación y en cuanto a competencias a lo que ya había sido aprobado de la futura Constitución de la República —el «Estado integral» respondía a una concepción unitaria, no federal—.
​ El Estatuto creaba una ciudadanía catalana, declaraba como lengua oficial únicamente el catalán, abría la posibilidad de que se incorporaran a Cataluña otros territorios, como Valencia y Baleares, y hasta determinaba las condiciones en las que los jóvenes catalanes debían cumplir el servicio militar. Al presentar el proyecto los representantes catalanes argumentaron que en el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 se reconoció el derecho de autodeterminación de Cataluña.

Entre enero y abril de 1932 una comisión de las Cortes adecuaron el proyecto de Estatuto de Cataluña a la Constitución, lo que irritó a los diputados nacionalistas catalanes —uno de ellos llegó a afirmar que «habían sido engañados»—​. Pero aun así el proyecto encontró una fuerte oposición entre todos los sectores de la cámara, incluidos los intelectuales liberales como Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset y los diversos grupos republicanos y el socialista que apoyaban al gobierno. Así la autonomía catalana «se convirtió en un regateo constante que se tradujo en un progresivo diluir de sus contenidos» y «las sesiones borrascosas se multiplicaron con el paso de los días empujando a una sensación de desaliento progresivo en numerosos sectores del catalanismo, que veían rotas sus expectativas de un ensamblaje amigable dentro de la República».​ En la oposición al proyecto de Estatuto destacaron la Minoría Agraria y los diputados de la Comunión Tradicionalista que ya se habían separado de los diputados del PNV de la Minoría vasco-navarra, y que impulsaron una amplia movilización callejera «antiseparatista».

Tras cuatro meses de debates interminables, sólo el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo de agosto de 1932 provocó que se acelerara la discusión del Estatuto, que finalmente fue aprobado el 9 de septiembre por 314 votos a favor —todos los partidos que apoyaban al gobierno, más la mayoría de los diputados del Partido Republicano Radical— y 24 en contra —y unas 100 abstenciones—.​ El presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora lo firmó el día 15 de septiembre en San Sebastián.​ Según Gabriel Jackson, «Manuel Azaña arriesgó la vida de su Gobierno y su prestigio personal en la aprobación del Estatuto... Para Azaña, como inteligente nacionalista español... el Estatuto era un juego calculado en la construcción de una España unida por mutuos intereses y no por la fuerza militar».

El Estatuto era menos de lo que los nacionalistas catalanes habían esperado «pero cuando el presidente del Consejo de ministros fue a Barcelona para la ceremonia de presentación, lo recibieron con una tremenda ovación».​ En realidad el Estatuto de Nuria sufrió una modificación a fondo durante su tramitación parlamentaria, ya que desaparecieron las referencias a la autodeterminación —el único recuerdo que quedó fue la afirmación de que «Cataluña se constituye como región autónoma», «como si el reflexivo indicara que lo hacía por propia y única voluntad»—​, los impuestos directos siguieron siendo competencia exclusiva del Estado, así como la legislación social, un tema irrenunciable para los socialistas, pero el resultado final fue una «solución de transacción, que no siendo totalmente satisfactoria para nadie se demostró estable y punto de coincidencia de izquierdas y derechas en Cataluña».

El Estatuto aprobado provocó la decepción entre muchos sectores pues se había eliminado del proyecto originario la referencia a la soberanía —la frase «el poder de Cataluña emana del pueblo» fue eliminada; la definición de Cataluña como «estado autónomo» fue sustituida por la de región autónoma—, se había impuesto la cooficialidad del castellano suprimiendo la posibilidad de dirigirse a los poderes estatales en catalán, se habían recortado las competencias exclusivas de la Generalidad, sobre todo en materia de enseñanza, orden público y administración de justicia, etc. Un grupúsculo comunista definió el Estatuto como «la subordinación catalana al imperialismo español», lo que «dejando de lado el maximalismo léxico, debía compartir una parte importante del electorado, al percatarse de las limitaciones a que era sometida la tan largamente reivindicada autonomía». Además la lentitud en el traspaso de las competencias del Estado central a la Generalidad y la infrafinanciación de los servicios transferidos, lo que generó un progresivo déficit en el presupuesto catalán, contribuyeron a incrementar la decepción. Pero a pesar de todo el Estatuto fue considerado «un instrumento útil para avanzar en el diseño de una legislación propia».

Las primeras elecciones al Parlament tuvieron lugar dos meses después y fueron ganadas por Esquerra Republicana de Cataluña —coaligada con la minoritaria Unió Socialista de Catalunya, una escisión del PSOE en 1923, que era prácticamente inexistente en Cataluña—, seguida a mucha distancia de la Lliga Regionalista, que al año siguiente adoptaría el nombre de Lliga Catalana y que se presentó en coalición con la Unión Democrática de Cataluña, nacida a finales de 1931 como resultado de la confluencia del sector del carlismo catalán favorable a la autonomía —a la que se oponía el grueso de la Comunión Tradicionalista— y del sector confesional y más nacionalista catalán, encabezado por Manuel Carrasco Formiguera, del Partit Catalanista Republicà —surgido a su vez de la reunificación en marzo de 1931 de Acció Catalana y de su escisión Acció Republicana de Catalunya, y que en 1933 adoptaría Acció Catalana Republicana—.

A las elecciones también se presentó una coalición monárquica integrada por la carlista Comunión Tradicionalista y los alfonsinos Peña Blanca y Renovación Española, que formarían al año siguiente Derecha de Cataluña, radicalmente opuesta a la autonomía de Cataluña y a la República. Quedaron fuera del Parlamento los grupúsculos comunistas Partit Comunista Català, vinculado al PCE, el Bloque Obrero y Campesino y la Esquerra Comunista —estos dos últimos grupos se fusionaron en 1935 para formar el POUM, liderado por Andreu Nin. Tampoco entraron en el Parlamento los grupos independentistas Partit Nacionalista Català, Nosaltres Sols! —traducción literal del Sinn Fein irlandés— y Estat Català-Partit Proletari —que a partir de 1934 pasó a llamarse Partit Català Proletari y que en 1936 seria uno de los grupos fundadores del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), junto con la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista Català y la federación catalana del PSOE—.

Tras el triunfo de Esquerra Republicana en las elecciones al Parlamento Francesc Macià fue confirmado como presidente de la Generalidad.​ Estuvo en el cargo hasta su muerte en diciembre de 1933. Le sustituyó Lluís Companys que formó un Gobierno de concentración de izquierda integrado por Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, Unió Socialista de Catalunya y un sector de Estat Català, con Josep Dencàs en la conselleria de Gobernación.

Poco después, en enero de 1934, se celebraron las elecciones municipales de Cataluña de 1934 en las que la coalición formada por Esquerra Republicana de Catalunya, Acció Catalana Republicana, Unió Socialista de Catalunya y el Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra consiguió las alcaldías de las principales localidades catalanas, a excepción de Gerona, Vich y Olot. En Barcelona Carles Pi i Sunyer se convirtió en el nuevo alcalde de la ciudad.

El conflicto de la ley de contratos de cultivos y la Revolución de octubre de 1934

El 21 de marzo de 1934 el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad de los diputados presentes —los de la Lliga Catalana, nueva denominación de la veterana Lliga Regionalista, se ausentaron— la Ley de Contratos de Cultivo que garantizaba a los rabassaires la explotación de las tierras que tenían arrendadas durante un mínimo de seis años y que les daba el derecho a acceder a la propiedad de las parcelas que hubieran estado cultivando ininterrumpidamente durante más de dieciocho años.

La ley se encontró con la oposición frontal del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que agrupaba a los más importantes propietarios agrarios, y de la Lliga, que pidió al gobierno del Partido Republicano Radical presidido por Ricardo Samper, al que la Lliga y la CEDA apoyaban en las Cortes, que recurriese la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, cosa que hizo el 4 de mayo. El recurso se basaba en una presunta invasión de competencias estatales, lo que puso en evidencia a la Lliga pues ésta «anteponía la defensa de los intereses económicos de sus votantes potenciales a la de las potestades autonómicas, contradiciendo el deseo expresado en su declaración programática de 1933 de aspirar a "una fórmula de autonomía mucho más amplia"».

El 8 de junio de 1934 el Tribunal de Garantías, por 13 votos a 10, declaró incompetente al Parlamento de Cataluña sobre el tema y anuló por tanto la ley. La respuesta catalana fue la aprobación por el Parlamento de una ley virtualmente idéntica el 12 de junio.166​ Se generó así una grave crisis política entre Madrid y Barcelona —incluyendo la retirada de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña de las Cortes Españolas, a la que sumaron los del PNV en muestra de solidaridad— y una considerable exacerbación nacionalista, que favorecía las actividades paramilitares y la propaganda separatista de las Joventuts d'Estat Català, dirigidas por Josep Dencàs. El Partido Comunista de Cataluña reivindicó «la lucha por el ilimitado derecho de la nación catalana de disponer por sí mima hasta su separación completa del Estado opresor español».

Sin embargo, como ninguno de los dos gobiernos quería iniciar una nueva confrontación, representantes de los mismos negociaron a lo largo del verano la introducción de enmiendas en el reglamento que tenía que desarrollar la ley. Pero el acuerdo alcanzado entre Samper y Companys se rompió cuando a principios de octubre se constituyó en Madrid el nuevo gobierno presidido por Alejandro Lerroux y del que formaban parte tres ministros de la CEDA. Inmediatamente se inició la Revolución de Octubre de 1934, en la que Companys fue uno de los protagonistas con la Proclamación del Estado Catalán.

Hacia las 8 de la tarde del sábado 6 de octubre —al día siguiente del inicio de la huelga general revolucionaria en Cataluña convocada por la Alianza Obrera— Companys anunció que el Gobierno de la Generalidad rompía toda relación con «las instituciones falseadas» de la República —como habían hecho ya todos los partidos republicanos de izquierdas al conocerse la entrada en el gobierno de la CEDA— y a continuación proclamó, como en el 14 de abril de 1931, «el Estado catalán en la República Federal Española» como una medida contra «las fuerzas monárquicas y fascistas... que habían asaltado el poder».​ A continuación propuso la formación de un Gobierno Provisional de la República que tendría su sede en Barcelona.​ Sin embargo esta ruptura de la legalidad no tenía ninguna conexión con la revolución obrera que estaba en marcha, como lo probó el hecho de que la Generalidad se negó a armar a los revolucionarios e incluso actuó contra ellos.
​ Tampoco fue un acto secesionista, por lo que la actitud de Companys «sólo puede explicarse por la voluntad de frenar una auténtica revolución social, poniéndose al frente de un pronunciamiento político que asumía su dirección y la desactivaba, y por la necesidad de evitar la pérdida de control por la ERC de los sindicatos, en especial el agrario, que constituía una de sus principales fuentes de votantes. La actuación se justifica también por la presión de los distintos grupos de la izquierda marxista e independentista a favor de una defensa radical de los acuerdos del Parlament».

La falta de planificación —a pesar de que el conseller de Gobernació, Josep Dencàs, movilizó los escamots, las milicias de la Esquerra, y a los Mozos de Escuadra— y la pasividad con que respondió la principal fuerza obrera de Cataluña, la CNT, hizo que la rebelión catalana se terminara rápidamente el día 7 de octubre por la intervención del Ejército encabezado por el general Domingo Batet, cuya moderada actuación evitó que hubiera muchas más víctimas —murieron ocho soldados y treinta y ocho civiles—. Batet sería condecorado meses después con la Gran Cruz Laureada de San Fernando.

El president y los consellers de la Generalidad fueron encarcelados, menos Dencás que consiguió escapar, y el Estatuto de Autonomía fue dejado sin efecto y todos los órganos de la administración autonómica fueron suspendidos y sustituidos temporalmente por un control militar. Finalmente, las Cortes aprobaron una ley el 2 de enero de 1935 que acordaba la suspensión indefinida del Estatuto de Cataluña —la derecha exigía su derogación definitiva— y la recuperación por la Administración central de las competencias transferidas a la Generalidad. La Lliga participó en el Consell de la Generalidad designado por el Gobierno, «lo que confirmó su imagen de cómplice de los enemigos de la autonomía y alejó de ella a sectores de clases medias, pese a que paralelamente, desde finales del mismo octubre, denunciara al Gobierno central por aprovechar la situación creada para suprimir o recortar las facultades autonómicas, sosteniendo que "no se debe castigar a un pueblo por los errores de sus gobernantes". En nombre de la Lliga, el vicepresidente del Parlamento catalán, A. Martínez Domingo, impugnó ante el Tribunal de Garantías la ley de 2 de enero de 1935, que vaciaba de contenidos a la Generalidad».

Asimismo el gobierno de Lerroux desató «una dura oleada represiva con la clausura de centros políticos y sindicales, la supresión de periódicos, la destitución de ayuntamientos y miles de detenidos, sin que hubieran tenido una actuación directa en los hechos», lo que evidenció «una voluntad punitiva a menudo arbitraria y con componentes de venganza de clase o ideológica».

La victoria del Front d'Esquerres y el restablecimiento de la Generalidad

En las elecciones generales de febrero de 1936 triunfó el Frente Popular lo que supuso la formación de un gobierno de republicanos de izquierda presidido por Manuel Azaña. La primera decisión que tomó fue conceder la amnistía a los condenados por la Revolución de Octubre de 1934, que era el primer punto del programa electoral del la coalición.

Gracias a la amnistía también pudieron salir de la cárcel los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña, una media que fue acompañada de inmediato por un Decreto de 1 de marzo que reanudaba las funciones del Parlamento y reponía en su puesto a Lluís Companys como presidente de la Generalidad de Cataluña y a sus Consejeros.174​ De esta forma se satisfacía la principal reivindicación del Front d'Esquerres, la versión del Frente Popular en Cataluña, que había obtenido el 59% de los votos, gracias en parte a que la CNT esta vez no había hecho campaña a favor de la abstención, pues también buscaba la amnistía para sus presos. Asimismo respondía a la nueva sensibilidad de los partidos republicanos y de izquierda respecto a la cuestión regional, que se tradujo en la aparición de propuestas de autonomía para otras regiones —Cambó llegó a decir: «hoy en España hay la moda estatutista»—, y que pudieron comprobar los miembros del Gobierno catalán cuando fueron aclamados en todas las estaciones de ferrocarril que recorrieron los trenes que los llevaron de vuelta a Barcelona desde las cárceles donde habían estado más de un año presos.175​ Companys al volver a Barcelona pronunció una frase que se haría célebre: «Volveremos a luchar, volveremos a sufrir, volveremos a vencer».

Una de las primeras decisiones que tomó el Consell Executiu de la Generalidad de Cataluña fue, de acuerdo con el gobierno central, empezar a aplicar la polémica Ley de Contratos de Cultivo. Y por otro lado el tono reivindicativo de los partidos políticos nacionalistas catalanes fue aumentando hasta rebasar en algunos casos los límites del Estatuto. Manuel Carrasco Formiguera de la Unió Democràtica de Catalunya dijo que «Cataluña ha de luchar hasta conseguir constituirse políticamente, como nación que es, en Estado independiente que con toda libertad pueda hacer las alianzas y confederaciones que crea convenientes», mientras que Joan Comorera de la Unió Socialista de Catalunya, que poco después se integraría en el nuevo Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), dijo que «debemos luchar por la República Socialista Catalana federada con la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas y hermana de la URSS».

La Guerra Civil

El fracaso del golpe de Estado de julio de 1936 en Barcelona tuvo como consecuencia que el poder efectivo en Cataluña pasara a las organizaciones obreras, y fundamentalmente a la anarcosindicalista CNT-AIT. El gobierno de Lluís Companys se vio obligado a pactar con los cenetistas la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que teóricamente estaba subordinado a la Generalidad, pero que se convirtió en el organismo que en la práctica detentaba el poder real. Surgió así una dualidad de poderes Generalidad-Comité de Milicias que sólo fue formalmente superado cuando el 26 de septiembre Companys logró que el Comité de Milicias fuera disuelto y los anarquistas entraran a formar parte del gobierno de la Generalidad en el que también se integraron los comunistas estalinistas del PSUC y los comunistas antiestalinistas del POUM.
El único partido favorable a la República que quedó fuera del gobierno de la Generalidad fue Estat Català, que también había sido excluido del Comité de Milicias, debido a «su histórico enfrentamiento con los cenetistas y por la escasa simpatía que generaba en las filas de la ERC, que le veía como su principal oponente». Por su parte la Lliga Regionalista, que en contra de lo que se dijo no había participado en los preparativos del golpe militar, acabó dando su apoyo económico y personal al bando franquista debido a la revolución social que se desencadenó en la zona republicana y a la persecución que sufrieron sus militantes y dirigentes.

La exclusión de Estat Català estuvo relacionada con el confuso complot de noviembre de 1936 que pretendió sustituir a Companys al frente de la Generalidad por el presidentes del Parlamento Joan Casanovas —firme partidario de recuperar el control del orden público entonces en manos de las milicias cenetitas— y que fue organizado por el secretario general de Estat Català, Joan Torres Picart. El objetivo al parecer era proclamar la independencia de Cataluña bajo la protección francesa y quizá inglesa y a continuación declararse neutral en la guerra civil española. «Casanovas y otros protagonistas del supuesto complot siempre negaron su veracidad, que está en oposición con la salida de Barcelona el 19 de noviembre de una columna de mil hombres de Estat Català hacia el frente de Madrid, para contribuir a su defensa, y con la ratificación de Casanovas en la presidencia del Parlament el 8 de agosto de 1937».

El nuevo gobierno de la Generalidad, en el que se había integrado la CNT, la fuerza política y social dominante en aquellos momentos, amplió notablemente sus competencias asumiendo el control del orden público, la economía —con la creación de las industrias de guerra, y el decreto de colectivizaciones que legalizaba la socialización de multitud de empresas llevada a cabo en las primeras semanas de la guerra, además de intervenir las delegaciones de Hacienda y del Banco de España—, la justicia y el ejército —con la creación de una Consejería de Defensa—, por lo que durante los primeros diez meses de la guerra Cataluña se constituyó en una especie de Estado casi independiente. En enero de 1937 Companys declaraba a un diario francés: «En realidad ya somos una federación… El futuro no podrá desmentir las conquistas federalistas, construidas sobre la base de la resistencia y el factor de la victoria». La situación cambió radicalmente tras los hechos de mayo de 1937 y el traslado del gobierno de la República a Barcelona en octubre.

El lunes 3 de mayo de 1937 un destacamento de la Guardia de Asalto por orden de la Generalidad de Cataluña intentó recuperar el control sobre el edificio de la Telefónica en la plaza de Cataluña de Barcelona, en poder de la CNT desde las jornadas "gloriosas" de julio de 1936. Varios grupos anarquistas respondieron con las armas y el POUM se sumó a la lucha. En el otro bando, la Generalidad y los comunistas y socialistas unificados en Cataluña bajo un mismo partido —el PSUC— hicieron frente a la rebelión, que ellos mismos habían provocado, y la lucha se prolongó varios días. Barcelona se llenó de barricadas y hubo cuatrocientos muertos y mil heridos según el recuento oficial.
 El gobierno republicano con sede en Valencia envió a Barcelona un primer contingente de dos mil guardias de asalto —que en los días siguientes alcanzaría la cifra de cinco mil— respondiendo a la petición de ayuda que formuló el Presidente de la República, Manuel Azaña, que entonces tenía su sede oficial en el Palacio de Pedralbes en Barcelona. También salió para Barcelona una delegación encabezada por dos de los cuatro ministros anarquistas, Juan García Oliver y Federica Montseny, y por el secretario del Comité Nacional de la CNT Mariano Rodríguez Vázquez, que nada más llegar hicieron un llamamiento a sus correligionarios en favor de un alto el fuego «por la unidad antifascista, por la unidad proletaria, por los que cayeron en la lucha». El viernes 7 de mayo la situación pudo ser controlada por las fuerzas de orden público enviadas desde Valencia, ayudadas por militantes del PSUC. 181​ Para la Generalidad supuso la pérdida de sus competencias en materia de orden público y defensa que fueron asumidas directamente por el nuevo gobierno de la República presidido por el socialista prietista Juan Negrín, que se formó tras la caída del gobierno de Francisco Largo Caballero el 17 de mayo.

Negrín se marcó como objetivo convertir al Ejército Popular Republicano en una fuerza armada capaz de ganar la guerra o al menos conseguir una paz "digna", para lo que era necesario reconstruir la autoridad del Estado republicano en todos sus ámbitos,182​ incluida la recuperación por el gobierno central de todos los poderes, con la justificación de que la dirección de la guerra así lo reclamaba. A ello obedeció el traslado del gobierno de Valencia a Barcelona en octubre de 1937, cuando terminada la Campaña del Norte la República perdió toda la franja cantábrica. A partir de ese momento los conflictos entre los dos gobiernos con sede en Barcelona fueron en aumento sobre todo cuando el gobierno republicano asumió el control de la administración de justicia y de la industria de guerra y suprimió la Consejería de Defensa. Ya el 11 de septiembre de 1937 el presidente del Parlamento de Cataluña Canasanovas denunció la «política de absorción» que estaba sufriendo la Generalidad de Cataluña y reclamaba una «política de dignidad», recordando que «cuando el Gobierno central no existía, la acción de Cataluña suplió la acción del Estado». Casanovas fue más lejos al proponer desde Perpiñán una paz rápida que acabara con «el martirio de Cataluña» y la celebración de un referéndum sobre el «derecho de autodeterminación», lo que provocó la furiosa respuesta de Negrín.

La Generalidad perdió así toda capacidad de gestión, lo que influyó en la baja moral de resistencia de la población de Cataluña. Como dijo Lluís Nicolau d'Olwer: «Si Franco nos quita el Estatuto y la República no lo respeta, ¿para qué luchamos?». Como respuesta a la política de Negrín, el presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys, cuyo mandato fue prorrogado por el Parlamento hasta el final de la guerra, y el lehendakari José Antonio Aguirre, refugiado en Barcelona tras la ocupación franquista del País Vasco, hicieron gestiones ante los gobiernos de Francia y Gran Bretaña para conseguir la mediación de los dos países que pusiera fin a la guerra y garantizara la continuidad de los respectivos estatutos, pero la iniciativa no dio ningún resultado.

Nada más ocupar Lérida el 5 de abril de 1938, a donde sus tropas llegaban «en plan de conquistadores de un territorio que no era España», el generalísimo Franco derogó el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 «en mala hora concebido», cumpliendo así su compromiso de imponer «una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española». En un artículo publicado en El Norte de Castilla cuatro días después Francisco de Cossío escribió: «Ya no queda ni ezquerra [sic] ni lliga, ni derechas, ni izquierdas, ni catalanes templados, ni catalanes radicales…, esto se acabó… La guerra se hizo para esto y se gana para esto».​

Tras la derrota republicana en la batalla del Ebro (julio-noviembre de 1938), el 23 de diciembre de 1938 empezó la ofensiva final sobre Cataluña del ejército franquista desde el oeste y desde el sur sobre un ejército republicano muy inferior en hombres y medios que se batía en retirada. Huyendo de los bombardeos y temerosa de las represalias, mucha población civil comenzó a pasar en enero a Francia. El 26 de enero de 1939 las tropas de Franco entraban en Barcelona prácticamente sin lucha. El 5 de febrero ocupaban Gerona.186​ Al día siguiente las principales autoridades republicanas, encabezadas por el Presidente Azaña, cruzaban la frontera seguidos de un inmenso éxodo de civiles y militares republicanos que marchaban al exilio. El día 9 hacía lo mismo el presidente del gobierno, Juan Negrín, pero en Toulouse cogió un avión para regresar a Alicante al día siguiente acompañado de algunos ministros con la intención de reactivar la guerra en la zona centro-sur. El 11 de febrero habían cruzado la frontera las últimas tropas republicanas y toda Cataluña estaba en poder del bando sublevado.​ El 5 de febrero Antoni Rovira i Virgili había formulado su «juramento del exilio»:

En medio del presente desolado y trágico, pongo mi esperanza en los días que vendrán, en la lengua que persistirá. No me desaliento, no renuncio, no deserto.

El periodista y escritor Agustí Calvet Gaziel escribió:

Res no ha quedat en peu del que era nostre: ni el govern, ni les institucions, ni la cultura, ni la llengua, ni tan sols la senyera. Només ens resta, com un bocí trossejat i sense ànima, la nostra vençuda terra catalana

Nada ha quedado en pie de lo nuestro: ni el gobierno, ni las instituciones, ni la cultura, ni la lengua, ni tan solo la bandera. Tan solo nos queda, como un pedazo troceado y sin alma, nuestra vencida tierra catalana.