El batallón Atlacatl y la masacre de El Mozote (El Salvador) a

Masacre de El Mozote 

Masacre de El Mozote es el nombre que reciben un conjunto de masacres contra población civil cometidos por el batallón Atlácatl (formado por la CIA en la Escuela de las Américas, en Panamá) de la Fuerza Armada de El Salvador, durante un operativo de contrainsurgencia, realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán, en El Salvador.

Según las investigaciones posteriores de la Comisión de la Verdad (organismo de la ONU creado para investigar los hechos de violencia cometidos durante la Guerra civil salvadoreña) aproximadamente 985 hombres, mujeres y niños campesinos salvadoreños fueron asesinados en El Mozote y los cantones aledaños. Se la considera no solo el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales, durante la Guerra Civil de El Salvador, sino también la peor masacre del Hemisferio Occidental en tiempos modernos.

Los hechos de El Mozote

La dictadura salvadoreña realizó una acción antiguerrillera en el norte de El Salvador, denominada Operación Rescate. En ella participaron el batallón Atlácatl, participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera. 
En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del batallón Atlácatl del ejército salvadoreño llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de insurgentes del FMLN. El Mozote era una pequeña población rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, una casita conocida como el Convento, que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela. A su llegada, los soldados ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente,[cita requerida] advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera. Los soldados permanecieron en el aldea durante toda la noche.
A la madrugada del 11 de diciembre de 1981, los soldados volvieron a reunir a la población entera en la plaza. Separaron a los hombres y ancianos de las mujeres y de los niños, y los encerraron en grupos separados: en la iglesia al primer grupo y en una casa al segundo.​ Durante toda la mañana procedieron a interrogar mediante torturas a los pobladores. Cada hombre, mujer y niño, al terminar la sesión de tortura, era ejecutado.
El mismo 11 de diciembre de 1981, los soldados mataron a más de veinte personas en el cantón La Joya; el día 12, unas treinta personas en el caserío La Ranchería; el mismo día, por unidades del batallón Atlácatl, los moradores del caserío Los Toriles; y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando.
En El Mozote y en los demás caseríos fueron asesinadas más de quinientas personas identificadas, y varios centenares de víctimas que no han podido ser identificadas.
De estas masacres existe el relato de testigos que las presenciaron, así como de otros que posteriormente vieron los cadáveres, que fueron dejados insepultos. En el caso de El Mozote, fue plenamente comprobada, además, por los resultados de la exhumación de cadáveres practicada en 1992, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A pesar de las denuncias públicas del hecho, de las fotografías de Susan Meiselas y de un enorme cúmulo de pruebas, las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente la existencia de la masacre.
El Ministro de la Defensa y el Jefe del Estado mayor han negado a la Comisión de la Verdad tener información que permita identificar a las unidades y oficiales que participaron en la Operación Rescate. Han expresado que no existen archivos de la época.
El presidente de la Corte Suprema ha tenido una injerencia parcializada y política en el proceso judicial iniciado sobre la masacre en 1990.

Los hechos en los cantones cercanos a El Mozote

El 12 de diciembre de 1981, los soldados del batallón Atlácatl se desplazaron al cantón Los Toriles, a 2 km de El Mozote. Varios de los habitantes del cantón intentaron escapar. Igual que en El Mozote, los hombres, las mujeres y los niños fueron obligados a salir de sus hogares, alineados en la plaza, separados en grupos por edad y género, interrogados mediante tortura y ejecutados. Miembros del batallón Atlácatl realizaron acciones similares repetidas en los cantones de La Joya, el 11 de diciembre, Jocote Amarillo y de Cerro Pando, el 13 de diciembre.
Anteriormente, el 9 de diciembre, después de un enfrentamiento entre los soldados del Gobierno y los guerrilleros, una compañía del batallón Atlácatl entró en el pueblo de Arambala. Obligaron a los pobladores a salir a la plaza del pueblo, separaron a los hombres de las mujeres y de los niños. Encerraron a las mujeres y a los niños en la iglesia y ordenaron a hombres a permanecer en la plaza. Ataron a los hombres y los acusaron de ser colaboradores de la guerrilla, los torturaron y se los llevaron en camiones. Los pobladores de Arambala solo encontraron los cuerpos de tres de los secuestrados.
El 10 de diciembre, otra unidad del batallón Atlácatl ocupó el cantón Cumaro, donde también obligaron a los habitantes a salir a la plaza del cantón y los interrogaron pero nadie fue asesinado en esa población.

La búsqueda de justicia

El 27 de enero de 1982, un mes y medio después de la masacre, el periódico New York Times (de Nueva York) publicó una nota del periodista Raymond Bonner, corresponsal de ese periódico en América Central, con fotografías de Susan Meiselas, que aseguraba que en El Mozote se había cometido una gran matanza de civiles indefensos, y que el principal responsable era el ejército.
Ese mismo día, otro reportaje, obra de la periodista mexicana Alma Guillermoprieto, apareció en el periódico Washington Post y afirmaba que una masacre de grandes proporciones se había llevado a cabo en un pequeño caserío del norte de Morazán, y los pocos supervivientes aseguraban que la única responsable era la Fuerza Armada salvadoreña. Alma Guillermoprieto recogió el relato de una campesina de unos 30 años, Rufina Amaya, que había sobrevivido a la masacre.
Raymond Bonner y Alma Guillermoprieto fueron tildados de mentirosos3​4​ por la Casa Blanca y por legisladores del Congreso estadounidense, que pocos días después, el 1 de febrero de 1982, aprobaron un nuevo aumento en la ayuda estadounidense al Gobierno salvadoreño. El conservador periódico Wall Street Journal también puso en duda la veracidad de la información.
El Gobierno salvadoreño, por su parte, negó la masacre durante años. Los presidentes de la Junta Revolucionaria (1979-1982), Álvaro Fortín Magaña (1982-1984) y José Napoleón Duarte (1984-1989) negaron rotundamente los rumores de una matanza en El Mozote y los atribuyeron a periodistas de tendencia comunista, deseosos de perjudicar la imagen de El Salvador.
El 26 de octubre de 1990, un campesino llamado Pedro Chicas Romero, que perdió a toda su familia en la masacre, presentó una denuncia, asesorado por la ONU, ante la justicia de El Salvador. El 30 de octubre de 1990, la Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se alega la responsabilidad internacional de la República de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de 765 personas, ejecutadas extrajudicialmente durante el operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas de El Salvador en los cantones de La Joya y Cerro Pando y los caseríos de El Mozote, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles en el mes de diciembre de 1981.
Alfredo Cristiani (1989-1994) continuó negando la existencia de la masacre hasta 1992, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense empezó a hacer excavaciones en el lugar. Altamente experimentados por su labor exhumando víctimas de la dictadura militar argentina (1976-1983), los antropólogos argentinos desenterraron numerosas osamentas y estudiaron, entre otros datos, los orificios de bala, la trayectoria de las balas, las fracturas que mostraban los huesos y la posición en que quedaron los cuerpos, y tras rigurosos análisis, corroboraron todo cuanto había relatado Rufina Amaya a la periodista Alma Guillermoprieto en 1982.
El 6 de marzo de 2007, falleció Rufina Amaya​ sin haber visto justicia para sus cuatro hijos, su esposo y sus vecinos asesinados en El Mozote.
El Gobierno de El Salvador ya no niega la masacre, pero afirma que los archivos militares de aquella época se han extraviado o han desaparecido, y que es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la masacre, y que aunque se lograra determinar responsables, estos están amparados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, y que, por lo tanto, no pueden ser juzgados. No obstante, esta ley de punto final fue declarada inconstitucional en julio de 2016. 

Reconocimiento del Estado salvadoreño

El 16 de enero de 2012 ―en el marco del veinte aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec y en nombre del Estado y en su calidad de comandante general de la fuerza armada salvadoreña― el presidente Mauricio Funes pidió perdón a los familiares de las víctimas por los hechos ocurridos durante la masacre, y mencionó como responsables de la matanza al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, el lugarteniente José Azmitia y el teniente coronel Natividad de Jesús Cáceres, causando un cierto nivel de repudio dentro de la Fuerza Armada. Además anunció una serie de medidas para la reparación moral y económica en favor de los habitantes del asentamiento, y su reconocimiento como “Bien Cultural” del país.El 2 de junio de 2019 fue retirado el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel militar de San Miguel por orden directa del recién juramentado presidente Nayib Bukele.

Declaración de ex soldados 

"Los que estaban ahí no tenían armas. ¡Si solo eran mujeres, niños y ancianos!", dijo el testigo clave Sol. "No denuncié esto antes porque si lo hacía, me mataban", dijo el testigo clave Juan. En un hecho sin precedentes, dos exsoldados del Batallón Atlacatl aceptaron, 38 años después, que participaron en un operativo de exterminio de población civil. Ambos exsoldados comparecieron en el juicio sobre la masacre de El Mozote,  para colaborar con la Fiscalía en contra de los oficiales militares acusados de planificar y dirigir el operativo. 

5 Noviembre 2019

Dos exsoldados del Batallón Atlacatl decidieron colaborar con la justicia y se convirtieron, el viernes 1 de noviembre, en testigos protegidos de la Fiscalía, ofreciendo su testimonio contra los que fueron sus oficiales superiores y contra quienes conformaban el alto mando militar de El Salvador al inicio de la guerra civil. 

Los exsoldados dijeron que participaron en la masacre de El Mozote, el operativo militar que en diciembre de 1981 acabó con la vida de 989 personas, en su mayoría niños. Aquella se convirtió en la más sangrienta masacre de toda la guerra civil salvadoreña (1980- 1992). 

Sus testimonios sobre los días del operativo, las horas, la forma de transportarse, las unidades militares involucradas o la forma de ordenar a la gente en el caserío El Mozote antes de matarlas coinciden con los testimonios de decenas de víctimas que ya han declarado en el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Además refuerzan hechos históricos como el asesoramiento de militares estadounidenses al Batallón Atlacatl o el uso de fusiles M 16, tal como lo describen los peritajes balísticos practicados en El Mozote.

Los exmilitares señalaron por nombre a varios imputados del caso: al coronel Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, segundo al mando del Atlacatl cuando ocurrió la masacre, al general Mauricio Isaac Duke Lozano, al coronel Ernesto Méndez Rodríguez y al coronel José Mario Godínez Castillo. Además, mencionaron a otros militares que participaron en la operación pero que ya fallecieron como el coronel Domingo Monterrosa Barrios, comandante del batallón Atlacatl, el coronel Luis Ángel Pérez Reyes y el capitán Salvador Mauricio Alvarado Guevara. Aunque estos tres últimos no están en juicio, ya habían sido identificados antes, por la querella o por el juzgado, como partícipes de la operación.

Los señalamientos directos a los imputados suponen un  punto de inflexión de un caso reabierto en 2016 y que lleva ya tres años en la etapa de Instrucción, la fase judicial en la que se ofrecen pruebas y se determina si hay suficientes elementos para ir a un juicio. 

Los testigos “Juan” y “Sol”, según la Fiscalía, son “testigos directos de la ejecución del plan de operación militar que se implementó en el caserío el Mozote y lugares aledaños”, de acuerdo con un escrito presentado al Juzgado el 13 de septiembre de este año. Sus testimonios sirven para “establecer la existencia de la masacre y la participación de las personas responsables”.

Esa segunda parte es la clave. Hasta ahora todos los testimonios han servido para acreditar los hechos, y la comisión de los diferentes delitos por los que los oficiales están acusados. Pero, aparte del fallecido coronel Monterrosa, ningún oficial había sido señalado directamente de participar por un testigo. Si no se puede comprobar el rol de cada uno en el plan, una condena es imposible. El testimonio de soldados que participaron en la masacre es algo que cambia el escenario.

Jorge Guzmán, el juez a cargo del proceso, valiéndose de las leyes vigentes en 1981, así como de las actuales, ha configurado un proceso de instrucción alargado, sui generis, que promete estrenar dos grandes hitos históricos. 

Uno es el testimonio de los exsoldados del Atlacatl, a quienes el juzgado y la Fiscalía llegaron a identificar tras un proceso complicado. El otro es la consecución de los archivos militares que documenten la orden de realizar un operativo que terminó en exterminio. Por años en El Salvador se dijo que los archivos no existían y los soldados que participaron en la masacre parecieron desvanecerse, anónimos. Pero este viernes 1 de noviembre se resquebrajaron ambas mentiras. No solo dos soldados testificaron sino que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que abrirá los archivos militares aún más allá de las peticiones judiciales que ya recibió.

Parece el principio del fin de la fase de Instrucción del juicio por El Mozote. Las respuestas de los testigos “Juan” y “Sol” constituyen relatos inéditos para la reconstrucción del crimen, pero también para la historia de El Salvador. 

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”Me van a preguntar referente a la masacre de El Mozote, en Morazán, en diciembre de 1981”, dijo “Juan”, oculto tras un biombo de madera y a través de un aparato que distorsionaba el timbre de su voz para darle una de ultratumba. Los dos exmilitares declaran bajo un seudónimo y su identidad solo es conocida por la fiscalía y por el juez. En los interrogatorios judiciales, los testigos tienen que dar respuestas cortas a preguntas concretas. Este relato utiliza solo las respuestas de clave Juan para recrear la historia que contó al tribunal.

«Fue en los primeros días de diciembre. Unos días antes, yo estaba en la sede del Batallón Atlacatl en Opico, La Libertad. Ingresé el 1º de marzo de 1981. Estaba ahí porque se ganaba un poco más que donde estaba antes, en la Segunda Brigada de Infantería. 

Yo estaba en la segunda compañía. Eran seis compañías. Cada compañía era de 160 hombres. El comandante del Batallón Atlacatl era mi coronel Monterrosa y el segundo al mando era Natividad de Jesús Cáceres. 

Mi capitán Mauricio Isaac Duke Lozano nos reunió. Él era un hombre peche (delgado), alto, blanco y colocho. Nos dijeron que nos montáramos a los camiones. Yo me monté la mochila al lomo y me monté a uno de los ocho camiones. Vinimos aquí a San Francisco Gotera. La compañía se bajó a comprar y a comer algo. Los jefes entraron al cuartel. De los que entraron me acuerdo de Pérez Reyes y Alvarado Guevara. Estuvieron como 45 minutos. Cuando ellos vuelven a salir me ordenaron que me montara al camión. Me puse la mochila al lomo y fuimos a Perquín. Allá dormimos en el monte.  

A las nueve de la mañana del siguiente día nos volvieron a formar para salir de vuelta. Estaba el sargento Julio César Vásquez Martínez y el sargento Martínez Martínez. Empezamos a caminar de vuelta. No sabía adónde íbamos. No sabía a qué íbamos. Llegamos a pie por unas veredas que iban para El Mozote. Llegamos entre las 11 de la mañana y las 12. 

Los soldados se pusieron a hacer grupos y yo me quedé cuidando las mochilas. Aparte de los grupos, lo demás de la unidad tenía una orden periférica, cuidando el terreno que era plano y montañoso.

El teniente Alvarado Guevara dijo que formaran grupos porque iban a matar a la gente. Él llevaba órdenes de Monterrosa y Monterrosa recibía órdenes del Estado Mayor. Un soldado, un cabo o un oficial no se puede ordenar él solo. Alvarado Guevara dijo que sacaran a la gente a los corredores y los patios de las casas. A otros grupos le dijeron que empezaran a matarlos. Vi disparando al cabo Martínez Callejas, al cabo Remberto Reyes López y a Saúl Moreno Granada.

Yo estaba como a cincuenta metros cuidando los equipos. En las mochilas llevábamos munición, ropa, y comida para tres días, aunque el que era comelón se lo comía el mismo día. Cargábamos un fusil M 16. El uniforme era verde olivo y llevaba un parche del indio Atlacatl y otra cosita celeste del uniforme. Llevaba un casco de fibra y acero.

Yo veía a la gente. Niños de entre dos a siete años, señoras y señores vestidos humildemente. Los soldados del Atlacatl las mataron a balazos. Después de que las matan, nos ubican de nuevo. Las personas quedaban ahí. Empezaron a quemar las casas de teja y bahareque con fósforos.

No denuncié esto antes porque si lo hacía, me mataban. Además no había tenido la oportunidad. Como soy pobre y solo trabajando paso. Yo les dije que era una injusticia con las criaturas. Pero no podía hacer nada para evitarlo porque yo no era el jefe de ellos. 

Yo estuve en El Mozote dos días y dos noches. Después nos vinimos de vuelta a la pista de San Francisco Gotera, como tres horas de camino. Ahí llegaron los camiones». 

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Llegar hasta esta mañana de confesiones ha sido un camino sinuoso y cuesta arriba. Por mucho tiempo, los soldados del Atlacatl que participaron en El Mozote han existido en cualquier parte menos en los tribunales. Víctimas de la masacre hablan de hombres anónimos en un bus o a quienes encontraron tiempo después, lejos de Morazán, y les contaron lo que habían hecho. Pero al preguntar por sus nombres o ubicaciones la respuesta era vaga: no sé qué se hizo.

Sofía Romero, testigo de la masacre en el caso judicial, dice que a ella un soldado del Atlacatl le contó lo que había pasado poco tiempo después de ocurrido, a finales de diciembre del 81 o al principio de enero del 82 según recuerda. Así es como se enteró que a su padre, quien había sido sacristán de la iglesia, lo torturaron antes de matarlo porque lo acusaron de prestar la llave de la iglesia para que los guerrilleros celebraran misa. A su madre, los soldados la obligaron a cocinarles tortillas antes de matarla. A una de sus hermanas la llevaron a una colina para violarla, como sucedió con muchas mujeres jóvenes. El soldado que le contó esto dijo a Sofía que, después de que la violaran, él ofreció a su hermana salvarla y llevársela a vivir con él. Pero la joven lo rechazó: “mátenme”, le dijo. Sofía dice que ese soldado “vive ahí por San Miguel” y que si uno lo viera le daría lástima por su condición física. “Todo lo que uno hace lo paga aquí”, reflexiona Sofía.

Las respuestas vagas no han venido solo de los sobrevivientes. Hace tres años, un mes después del reinicio del juicio, la presidencia de Salvador Sánchez Cerén respondió al tribunal que no existía documentación sobre la “Operación Rescate”, el nombre del operativo que culminó en la masacre de El Mozote. La negativa se superó con una nómina que proveyó el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). En febrero de 2019, el tribunal entregó a la Fiscalía una lista de unos 480 soldados.

Como los testigos tienen régimen de protección, no hay forma de asegurar que los contactaron a partir de esa lista. La Fiscalía mantuvo en sigilo sus avances con esas diligencias. Pero las cosas se aceleraron hace dos meses. El 5 de septiembre, la Fiscalía pidió a la Unidad Técnica Ejecutiva del sector Justicia (UTE) que concediera medidas de protección a los testigos claves “Juan” y “Sol”. La UTE las concedió el 9 de septiembre. El 13 de septiembre, los fiscales presentaron al juez Guzmán un escrito para pedirle autorización de que Juan y Sol declararan bajo protección. Los fiscales creen que ellos son “indispensables para acreditar la forma como ocurrieron los hechos ya que son testimonios fehacientes de personas que observaron algunos acontecimientos de los hechos investigados”. 

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“Fui citado a declarar sobre la masacre de El Mozote”, dijo “Sol” en la tarde del 1 de noviembre, en las mismas condiciones que clave Juan: oculto y con voz de terror.

«Fue el año 81, entre el 11 y el 14 de diciembre. Yo estaba de alta en la primera compañía del Batallón Atlacatl, en el cantón Sitio del Niño en La Libertad. Ingresé el 1 de marzo del 81. Eran nueve compañías.

El comandante, coronel Domingo Monterrosa Barrios, nos dijo que íbamos a un operativo. Empecé a preparar el equipo, la mochila y un fusil M 16. Nos subimos a los camiones, un aproximado de  60 camiones, una parte eran de la Fuerza Armada, otra de Caminos (una antigua unidad gubernamental de reparación de calles) y otra parte de la extinta Guardia Nacional. Salimos rumbo a Morazán. 

Paramos en la Tercera Brigada de San Miguel. Desconozco por qué. El comandante y los demás jefes se bajaron y entraron a la brigada. Estuvieron como una hora. Estaba el coronel Monterrosa Barrios, el mayor Natividad de Jesus Cáceres, el capitán Ernesto Méndez Rodríguez, el teniente (Ángel Román) Sermeño Nieto, el teniente Carlos Fernando Herrera Carranza y muchos más que no me recuerdo.

Cuando salieron, el oficial que venía, el teniente Carlos Fernando Herrera Carranza le dijo al motorista que íbamos a Gotera. Entrando a la cabecera departamental estaba esperándonos el coronel Crucito le decían, el comandante de aquí. El coronel Monterrosa Barrios se puso a platicar una media hora con ese señor Crucito. Nosotros estábamos arriba de los camiones. 

Cuando los jefes se subieron a los vehículos, salimos rumbo a Perkín. Llegamos al río Torola, los comandantes de compañía nos bajaron de los camiones. Solo recuerdo al capitán Méndez Rodríguez. Él nos dijo que íbamos a caminar por la carretera hasta Jocoaitique. Éramos unos 1500. Caminamos unas cuatro horas.

En el desvío de Jocoaitique nos empezaron a disparar, supuestamente la guerrilla. Nos cubrimos y comenzamos a disparar también. Ese intercambio duró como media hora. De ahí se quedó calmado. Luego buscamos donde dormir. 

Al día siguiente en la madrugada, como a las 3 de la mañana, salimos en marcha rumbo al Mozote. Un grupo iba por la calle y los demás por el monte. Llegamos como a las seis de la mañana.

Íbamos como 150. En las cercanías de El Mozote tuvimos un enfrentamiento con la guerrilla. Estuvimos como ocho horas. Luego entramos al caserío y la guerrilla se retiró.

Monterrosa y Cáceres nos ordenaron que había que registrar las casas minuciosamente y recoger a la gente en un solo lugar. Reunimos a la gente. Eran mujeres, ancianos y niños. En el caserío los tendieron en la iglesia católica, que estaba al centro. A otros en casas aledañas al templo. Las niñas eran como de 10 años para abajo. Los niños estaban vestidos algunos en calzoncillo y pantaloncito. Las niñas en vestidito. Unos sin zapatos. La gente permaneció ahí recogida como tres días más.

El coronel Monterrosa dijo que del Estado Mayor iban a venir a interrogar a las personas. Así fue. Venían todos los días en la mañana dos helicópteros y en la tarde se iban. Se bajaron unas seis personas, unos de civil y otros de verde olivo como soldados. Esos eran los investigadores, así nos habían dicho: que el Estado Mayor iba a decidir que les iba a pasar a las personas. Yo estaba como a tres cuadras pero pasaba cerca de donde ellos, atrás de las casas, cuando iba a traer agua. Nos llevaban alimentación por helicóptero. El responsable de la alimentación era el mayor Godínez Castillo.

Al final, cuando se fueron los helicópteros se empezaron a oír disparos y gritos de niños y de mujeres. Era que los estaban matando.

Decían: ‘¡Ay, no!’.

Se oían muchos disparos. No le puedo decir cuántos porque son bastantes. Después vi que agarraron fuego las casas. Fueron los soldados porque solo ellos andaban ahí con los oficiales encargados de ellos. Los que estaban ahí no tenían armas. ¡Si solo eran mujeres, niños y ancianos! 

No sé quién dio la orden pero si ellos eran los encargados de venir a investigar, de ahí ha de haber salido. De ninguna manera podía pasar sin conocimiento del Estado Mayor. Todos los operativos que se hacían eran autorizados.

No había habido oportunidad de contar esto, como ahora, y tenía miedo de que nos asesinen también. Pero ya que la Fiscalía me citó, vine con gusto».

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Como ha pasado en cada testimonio previo, los abogados defensores de los militares cuchichearon y sonrieron cuando escucharon la palabra guerrilla salir de la boca del testigo Sol. 

“El interrogatorio está perfecto como fue la realidad. Dice que tienen un enfrentamiento grotesco de ocho horas. Siendo militar, un enfrentamiento de ocho horas es algo monumental. La fuerza militar que cuidaba El Mozote era enorme”, dijo después de la audiencia el abogado Roberto Girón Flores. “Después de un enfrentamiento de ocho horas, ¿cuántos cadáveres quedaron? ¿Dónde están enterrados esos cadáveres que quedaron? ¿Dónde están los niños, mujeres y ancianos que cayeron en esos combates?”, se preguntó.

Tras escuchar que un testigo describió un enfrentamiento, Girón Flores buscó atribuir todas las muertes a ese hecho. Pero su conclusión es inexacta: el testigo dijo que hubo un enfrentamiento antes de entrar al caserío y describió cómo, en el momento de las ejecuciones, las víctimas estaban desarmadas. 

Aunque es la primera vez en el juicio que un testigo describe enfrentamientos con la guerrilla previos a los asesinatos de civiles, la información no es nueva. Ya en 1991 un informe de Tutela Legal, querellante del caso, afirmaba que el 10 de diciembre de 1981, miembros de la primera compañía del Atlacatl, justamente bajo el mando del capitán Méndez Rodríguez “sostuvieron combates con la guerrilla en el lugar conocido como El Portillón, en Arambala”. El dicho del testigo Sol confirma esta narración. 

Girón Flores es defensor del coronel Natividad Cáceres, oficial ejecutivo del Atlacatl en el momento de la masacre y otros dos imputados: el general Carlos Cáceres Flores y el coronel Luis Landaverde Barrera. Hace unas semanas, Girón Flores y su bufete fracasaron en su intento de promover un antejuicio contra el juez del caso El Mozote.

La defensa cambió radicalmente de estrategia en su tratamiento al testigo Juan y al testigo Sol. Con Juan fueron muy intensos, y el testigo terminó aportando en el contrainterrogatorio detalles que no había contado en su primera intervención. Por ejemplo, fue a preguntas del abogado defensor, Rodolfo Garay Pineda, que Juan contó que había “trabajado con asesores norteamericanos” y que había recibido entrenamiento de ellos. Garay Pineda le preguntó al testigo si recordaba “el himno del batallón Atlacatl”, como una forma de tratar de sembrar duda sobre su pertenencia a esa unidad. El testigo dijo que no lo recordaba.

A Sol, en cambio, nadie le preguntó. “Sobre la mención de mi defendido hay demasiadas incongruencias que creo que ya no valía la pena hacerle una pregunta” explicó Fernando Godínez, defensor del mayor Godínez Castillo. Otro abogado defensor, Néstor Pineda, dijo que “cualquier inexactitud es favorable porque contribuye a dudas razonables a favor de los indiciados”.

Sol dijo que el Atlacatl tenía nueve compañías, aunque para 1981 tenía seis. Para el fiscal Julio César Larrama, este tipo de contradicciones “no son de fondo ni le restan credibilidad al testimonio”. Larrama es el jefe de la unidad fiscal que investiga crímenes de guerra. “No vamos a ignorar que era una zona de constantes combates.  Pero ha quedado claro que al momento de que se ejecutan a las personas, el enfrentamiento había cesado. No estaban armados cuando los ejecutaron”, dijo Larrama. 

David Morales, querellante particular y exprocurador de derechos humanos, dijo que el relato de Sol sobre helicópteros aterrizando cuando el ejército ya había tomado el caserío El Mozote coincide con el informe de Tutela Legal de 1991 y con el peritaje de la experta Terry Karl que consta agregado al proceso. Para Morales, ese hecho “involucra directamente a Guillermo García y Rafael Flores Lima”, exministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor respectivamente. 

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A las 8:59 de la mañana, un minuto antes de la hora a la que los abogados habían sido convocados, el defensor Néstor Pineda presentó un escrito para intentar suspender la audiencia. El abogado Rodolfo Garay Pineda protestó por el uso de una ley nueva, como la de protección a víctimas y testigos, para un caso que empezó en 1990. Lisandro Quintanilla planteó un incidente para argumentar que los testigos protegidos en realidad debían ser copartícipes y, por lo tanto, testigos criteriados. El juez declaró inadmisible el escrito de Pineda y no cedió a las peticiones Quintanilla y Garay.

Lo que por mucho tiempo los militares, y ahora sus abogados, no querían que pasara ha comenzado a pasar. 38 años más tarde, los soldados han empezado a declarar contra sus superiores.