Mártires y masacre de la UCA.-a

Urnas que contienen grama manchada con la sangre de los sacerdotes asesinados,
en la Sala Memorial de los Mártires del Centro Monseñor Romero de la UCA.

Se denomina por el nombre genérico mártires de la UCA a 8 personas que fueron asesinadas el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ubicada en la ciudad de San Salvador (El Salvador), por un pelotón del batallón Atlacatl de la fuerza armada de El Salvador bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, en la administración del presidente de Alfredo Félix Cristiani.​ Todo ello ocurrió en el marco de la Guerra Civil salvadoreña.

Los jesuitas eran partidarios de un acuerdo negociado entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la organización guerrillera que había luchado contra el gobierno durante una década. Los asesinatos atrajeron la atención internacional a los esfuerzos de los jesuitas y aumentaron la presión internacional para un cese al fuego, lo que representa uno de los puntos clave que condujeron a un acuerdo negociado para la guerra.

Antecedentes

Para un sector ultra-conservador de los mandos militares en el ejército salvadoreño, los padres intelectuales jesuitas que ejercían la alta dirección y cátedra dentro del Alma Mater eran considerados sospechosos de sostener la teología de la Liberación, por lo que se suponía que serían aliados de la guerrilla izquierdista del FMLN, y por lo tanto, subversivos para el control político, cuyas amenazas hacia los mismos se venían gestando desde mediados de la década de 1980, pero que se aunarían en el año 1989.

El 3 de marzo de 1989, en un campo pagado del grupo ultra- derechista "Cruzada pro Paz y Trabajo" ataca a los que llama "grupo de cerebros satánicos conducidos por Ellacuría" y "perros comunistas" que están arruinando al país. El 14 de marzo del mismo año hace explosión una granada colocada dentro de la planta eléctrica de la UCA.

Entre el 16 y 20 de abril un campo pagado del Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador acusa al P. Segundo Montes de defender el uso de minas por parte del FMLN. Un comunicado de prensa de ARENA llama al sacerdote Segundo Montes "inhumano e inmoral". En ese mismo mes el coronel Juan Orlando Zepeda, comandante de la Primera Brigada da Infantería, afirmaba que la UCA es un refugio de los líderes terroristas y que en ella se planifica la estrategia de ataques contra los salvadoreños. El 28 de ese mismo mes ocurre una nueva explosión con tres bombas en la imprenta de la UCA y en el portón de entrada junto a ella.

El 3 de julio del mismo año. el presidente Alfredo Cristiani recibe una carta abierta por parte de la organización "Cruzada pro Paz y Trabajo" en la que piden la captura y juicio sumario de los sacerdotes Ignacio Ellacuría y Segundo Montes, a los que considera responsables de toda la destrucción de la infraestructura y de todos los viles asesinatos cometidos en nombre de la teología de la liberación y de la doctrina marxista-leninista que intentan imponer. Para el 22 de julio, se da una tercera explosión con cuatro bombas en la imprenta de la UCA.

Entre los días 11 y 15 de noviembre la Radio emisora Cuscatlán emite ciertos mensajes con amenazas de muerte dirigidas contra los jesuitas de la UCA, contra Mons. Rivera Damas y contra Mons. Rosa Chávez. Se emiten amenazas explícitas como "Ellacuría es un guerrillero, que le corten la cabeza" o "Deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas". Para el 13 de noviembre, el rotativo La Prensa Gráfica informa la realidad de las amenazas retransmitidas por la cadena nacional de radio en las que se afirmaba "es de suma importancia que saquen del país a los jesuitas, porque en la UCA esconden armas desde hace alrededor de diez años". Señalando estos como principal responsable al sacerdote jesuita español Ignacio Ellacuría.

Crimen

Urnas que contienen grama manchada con la sangre de los sacerdotes asesinados, en la Sala Memorial de los Mártires del Centro Monseñor Romero de la UCA.

Según el informe de la Comisión de la Verdad​ y el resumen de las acusaciones admitidas por un tribunal español contra los miembros del ejército salvadoreño que fueron condenados por el delito,4​ el ejército salvadoreño consideró el Centro Pastoral de la UCA como un "refugio de subversivos". El coronel Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa, había acusado públicamente a UCA de ser el centro de operaciones de los terroristas del FMLN. El coronel Inocente Montano, viceministro de Seguridad Pública, dijo que los jesuitas estaban "plenamente identificados con movimientos subversivos". En las negociaciones para una solución pacífica al conflicto, Ignacio Ellacuría (rector de la universidad) había jugado un papel fundamental. Muchas de las fuerzas armadas identificaron a los sacerdotes jesuitas con los rebeldes, debido a su especial preocupación por los salvadoreños que eran los más pobres y, por lo tanto, los más afectados por la guerra.

En la tarde del 15 de noviembre de 1989, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno se reunió con oficiales bajo su mando en el Colegio Militar. Les informó que el Estado Mayor consideraba que la reciente ofensiva rebelde era "crítica", que debía enfrentarse con toda su fuerza, y que todos los "elementos subversivos conocidos" debían ser eliminados. Se le ordenó eliminar a Ellacuría, sin dejar testigos. Los oficiales (miembros del batallón Atlacatl) decidieron disfrazar la operación como un ataque rebelde, usando un rifle AK-47 que había sido capturado por el FMLN.

Los soldados primero intentaron entrar por la fuerza a la residencia de los jesuitas, hasta que los sacerdotes les abrieron las puertas. Después de ordenar a los sacerdotes que se acostaran boca abajo en el jardín trasero, los soldados registraron la residencia. Después de que el teniente Guerra diera la orden de matar a los sacerdotes, Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes fueron asesinados a tiros por el soldado Grimaldi, mientras que los padres Amando López y Juan Ramón Moreno fueron asesinados por el sargento adjunto Antonio Ramiro Avalos Vargas. Más tarde, los soldados descubrieron al padre Joaquín López y López en la residencia y también lo mataron. El sargento adjunto Tomás Zarpate Castillo le disparó a Julia Elba Ramos y a su hija de 16 años, Celina Mariceth Ramos. El soldado José Alberto Sierra Ascencio le disparó a ambas mujeres nuevamente

Los soldados sacaron una pequeña maleta que contenía fotografías, documentos y 5000 dólares. Luego dirigieron fuego de ametralladoras a la fachada de la residencia, así como cohetes y granadas. Dejaron un letrero de cartón que decía "El FMLN ejecutó a quienes lo informaron. Victoria o muerte, FMLN".

El día 16 de noviembre de 1989 seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos empleadas domésticas son asesinados dentro del campus de la UCA, estos fueron colocados boca abajo, mientras eran ejecutados. En el patio central se encontraron los cuerpos de cinco de los religiosos, y en una de las habitaciones se encontraba otro de ellos. Los cadáveres de la mujer y la niña estaban en otro cuarto anexo. Los asesinos también incendian y saquean el Centro Monseñor Romero, como estratagema los autores del crimen dejaron señales y pruebas falsas simulando que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla, la cual fue descubierta como espurio sin soporte en las posteriores investigaciones.

Las víctimas fueron:

Ignacio Ellacuría S. J., español, rector de la universidad

Ignacio Martín-Baró S. J., español, vicerrector académico

Segundo Montes S. J., español, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA

Juan Ramón Moreno S. J., español, director de la biblioteca de Teología

Amando López S. J., español, profesor de Filosofía

Joaquín López y López S. J., salvadoreño, fundador de la universidad y estrecho colaborador

Elba Ramos, salvadoreña, empleada doméstica.

Celina Ramos, salvadoreña, hija de Elba Ramos, de 16 años.

Todos menos Celina Ramos eran empleados de UCA. Otro residente jesuita, Jon Sobrino, estaba dando una conferencia sobre teología de la liberación en Bangkok. Dijo que se había acostumbrado a vivir con amenazas de muerte y comentó: "Queríamos apoyar el diálogo y la paz. Estábamos en contra de la guerra. Pero hemos sido considerados comunistas, marxistas, partidarios de los rebeldes, todo ese tipo de cosas".6​ Cuando el periódico estadounidense The New York Times describió a los sacerdotes asesinados como "intelectuales de izquierda" en marzo de 1991,​ el arzobispo John R. Quinn de San Francisco se opuso al uso de esa caracterización "sin calificación ni matiz". Ofreció al periódico las palabras del arzobispo brasileño Hélder Câmara: "Cuando alimento a los hambrientos, me llaman santo. Cuando les pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista".

España

En 2008, 2 organizaciones de derechos humanos, el Centro de Justicia y Rendición de Cuentas y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, presentaron una demanda en la Audiencia Nacional de España contra el expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y 14 miembros del ejército salvadoreño, alegando su responsabilidad directa por la masacre de 1989. El juez Eloy Velasco admitió esta demanda en 2009, sobre la base del principio de justicia universal.​ Ni los jesuitas ni la UCA fueron partes en esta demanda.

El juez Eloy Velasco y los querellantes particulares en el caso abierto en Madrid, España, por la masacre de la UCA entienden que, con las nuevas órdenes de arresto emitidas, las autoridades salvadoreñas deberían capturar de inmediato a cualquiera de los 18 militares acusados de la masacre a los que tengan ubicados en territorio salvadoreño.

Durante el curso de este proceso judicial, un testigo no identificado confesó su propia participación en la masacre e implicó al Alto Mando del Ejército salvadoreño y expresidente Cristiani. Las pruebas puestas a disposición de los periodistas incluyeron notas escritas a mano tomadas durante una reunión del Alto Mando Militar Salvadoreño en la que supuestamente se planeó la masacre, y tanto el Alto Mando militar como el Ejecutivo del país probablemente sabían, si no estaban directamente involucrados en estas reuniones de planificación. Los documentos desclasificados de la CIA indicaron que durante muchos años la CIA supo de los planes del gobierno salvadoreño para asesinar a los jesuitas.

El 30 de mayo de 2011, el tribunal falló contra 20 miembros del ejército salvadoreño que los declararon culpables de asesinato, terrorismo y crímenes contra la humanidad y ordenó su arresto inmediato. Esos documentos generaron una circular roja de la Interpol. El presidente Cristiani no fue incluido en el fallo. Según la justificación del fallo, el acusado aprovechó un contexto de guerra inicial para perpetrar violaciones de los derechos humanos, con el carácter agravante de la xenofobia. 5 de los eruditos asesinados eran ciudadanos españoles. La propaganda contra ellos, que preparó el contexto para el asesinato, los llamó neoimperialistas izquierdistas de España, que estaban en El Salvador para restablecer el colonialismo. Los declarados culpables enfrentan sentencias que suman 2700 años en prisión.

El fallo de la corte española especifica que los jesuitas fueron asesinados por sus esfuerzos para poner fin pacíficamente a la guerra civil salvadoreña. La planificación del asesinato comenzó cuando las negociaciones de paz entre el gobierno salvadoreño y el FMLN se rompieron en 1988. Los líderes del ejército salvadoreño estaban convencidos de que podían ganar militarmente la guerra contra el FMLN. Interpretaron los esfuerzos de Ignacio Ellacuría por las negociaciones de paz como un inconveniente que debía eliminarse.

La operación contra los jesuitas implicó la cooperación entre varias instituciones militares. Consistió inicialmente en una campaña psicológica para deslegitimar a los jesuitas en los medios, acusándolos de conspiración y cooperación con el FMLN. Posteriormente hubo redadas militares contra la universidad y la casa de los jesuitas, para planificar la operación y finalmente ocurrió la masacre, perpetrada por el batallón Atlacatl.

Los arrestos, sin embargo, no procedieron, primero porque la Corte Suprema de Justicia salvadoreña (CSJ) dijo entonces que la difusión roja solo implicaba para las autoridades locales ubicar a los acusados, no arrestarlos. Y además porque el gobierno del presidente Mauricio Funes decidió, a través de su ministro de Defensa Crnel. David Munguía Payés, dar refugio a los militares en un cuartel.

Las nuevas órdenes internacionales de arresto emitidas en Madrid son contra Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zárpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León. El defensor de los militares dijo desconocer la existencia de nuevas órdenes.

El 15 de noviembre de 2017 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la última apelación posible del ex-viceministro de Seguridad salvadoreño Inocente Orlando Montano para evitar su extradición a España. En España será la Audiencia Nacional quien le juzgue una vez extraditado. Están acusados una veintena de militares salvadoreños.

Justicia para la UCA 19.06.2020  Inocente Orlando Montano es todo menos inocente. El lunes día 8 de junio comenzó el juicio en Madrid contra el excoronel y exviceministro de Defensa de El Salvador, por su responsabilidad en los crímenes de la UCA, donde fueron asesinados el 16 de diciembre de 1989 seis padres jesuitas y dos mujeres, Elba y su hija Celina. Y, ¿saben una cosa? Me duele que este juicio sea posible por la decisión de Estados Unidos, que siempre estuvo del lado del ejército de la dictadura, de extraditar a España a Inocente Orlando Montano, toda vez que las autoridades salvadoreñas poco o nada hicieron por la extradición de los culpables reclamados por la justicia española. Eran 17 militares los extraditables, entre los cuales se encontraban los coroneles René Ponce y Guillermo Alfredo Benavides, dos de los máximos responsables, en confabulación con los también coroneles Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, entre otros. Inocente Orlando Montano fue entregado a España en agosto de 2017 tras dos años de espera en una prisión estadounidense. Desde entonces está en prisión por orden del juez Manuel García Castellón. Es cierto que Benavides terminó siendo juzgado en El Salvador y fue condenado a 30 de cárcel, siendo beneficiado por la amnistía decretada pocos meses después de firmada la paz el 16 de enero de 1992. La justicia española reclamó a Benavides por ser el jefe del operativo que ejecutó los crímenes. La Corte Suprema de justicia salvadoreña, en agosto de 2006, resolvió por unanimidad que el coronel Guillermo Alfredo Benavides no fuera extraditado a España, donde un juzgado inició su procesamiento por el crimen de los sacerdotes, pero también decidió que el coronel volviera a prisión para cumplir la condena de 30 años de cárcel que le había sido impuesta en 1992 y de la que se había librado gracias a la ley de amnistía de 1993. Todo empezó con las acusaciones radiales contra Ignacio Ellacuría y sus compañeros en aquellos días de diciembre en los que la guerrilla del FMLN cercaba la capital. Desde la emisora radio Cuscatlán, el coronel Juan Orlando Zepeda, lanzaba acusaciones contra la UCA de ser el centro de operaciones de los terroristas del FMLN. El coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública, dijo que los jesuitas estaban "plenamente identificados con movimientos subversivos". En este ambiente, en la noche del 15 de diciembre de 1989, el coronel René Ponce, en el marco de una reunión con otros cinco coroneles de la llamada Tandona, dio la orden de dar muerte a Ellacuría, sin dejar testigos, y para ello dispuso de la utilización del Batallón Atlacalt. Los conjurados asintieron. Lo cierto es que los padres jesuitas eran hombres de paz. En sus diálogos con el gobierno y con los guerrilleros siempre insistieron en el fin de la violencia y en el inicio de un proceso de diálogo que desembocara en una negociación y la firma de la paz. Además, desde la asunción de la Teología de la Liberación, se identificaban con los sectores sociales más pobres y defendían la justicia social. Lo que ocurrió después fue una farsa, se abrió un proceso judicial fraudulento y sin garantías jurídicas, orientado a proteger a los culpables. Pero a finales de 2004, abogados salvadoreños y españoles, entre ellos Benjamín Cuellar, del Instituto de DDHH de la UCA, y sobre todo la abogada Almudena Bernabeu, valenciana, y que junto a otras cuatro mujeres forman el The Guernica Group, que persigue judicialmente a dictadores, decidieron presentar una demanda en la Audiencia Nacional. Lo hicieron a finales de 2008. Para este esfuerzo se basaron en el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, De la locura a la esperanza. El resultado lo podemos valorar hoy. Lo realmente importante es que con Inocente Orlando Montano, en el banquillo de acusados se sientan las Fuerzas Armadas de El Salvador como institución. Es una lástima que numerosos militares que intervinieron en aquel crimen no sean juzgados de manera directa. Pero queda el consuelo de que para que estos tipos, su propio país, El Salvador, es su cárcel, pues salir por sus fronteras podría suponer ser detenidos por la Interpol. Las autoridades salvadoreñas, que rechazaron la extradición de hasta 17 militares de alta y media graduación, lo hicieron esgrimiendo el pobre argumento de una soberanía nacional que nunca respetaron durante la guerra y afirmando tener un poder judicial fuerte, capaz de dictar justicia. De hecho, no lo hicieron, mostrando una vez más que casi todos los militares que conspiraron y participaron en los asesinatos, son intocables. Hubo que esperar a julio de 2016 para que se derogara la ley de amnistía. Cuando se hizo, ya los conjurados, coroneles y algunos generales, y otros oficiales y suboficiales estaban a salvo por un juicio fraude y por el paso del tiempo. La amnistía ya había jugado su papel. Salvo en el caso de Benavides que años después de andar libre fue devuelto a la cárcel, como ya he citado. La votación en la Corte Suprema, para enviarlo a la cárcel fue de 11 votos contra 4. El que se sienta en el banquillo, en Madrid, Inocente (ironías de la vida) Orlando Montano estaba preso en Estados Unidos y nunca ha mostrado arrepentimiento. Como miembro de la llamada Tandona, ha protegido al resto de asesinos. Por cierto, aunque en retiro, sigue siendo coronel del ejército y supongo que cobrando. Dice el juez García Castellón que Montano fue uno de los líderes de la Tandona, una asociación de veinte oficiales en puestos claves del Ejército y del Gobierno de El Salvador "temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros a los intereses del gobierno o de la propia institución militar". Han pasado ya 30 años y nunca pagarán por lo que hicieron. La justicia para ser justicia no puede dilatarse tanto. Este es un caso más que demuestra que hace falta una justicia universal.

Uno de los asesinos de los Mártires de la UCA, en El Salvador, vive en Santiago, se nacionalizó chileno y hoy es reclamado por la justicia española. Radio Biobío informó este domingo que el exmilitar y violador de DDHH, Yusshy René Mendoza Vallecillos, nacido en El Salvador y que se nacionalizó chileno, hoy es requerido por la justicia española por haber formado parte de los Escuadrones de la Muerte que acribillaron el 16 de noviembre de 1989, a 5 jesuitas de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas, un cura salvadoreño y a una trabajadora del hogar con su hija menor de edad, quienes fallecieron a consecuencia del ataque. Mendoza Vallecillos, gracias a una ley de amnistía fue liberado en 1993.  07.06.2020  La emisora chilena, Radio Biobío, informó que «la justicia madrileña envió un exhorto internacional a la Corte Suprema, para que el exteniente del Ejército de El Salvador Yusshy Mendoza Vallecillos, declare vía teleconferencia -desde el consulado ibérico en Chile- en el juicio por la matanza de seis sacerdotes jesuitas, ocurrido en 1986. Uno de los asesinados fue Ignacio Ellacuría, uno de los principales ideólogos de la Teología de la Liberación. El exmilitar se nacionalizó chileno y hoy vive en Santiago. La historia y los documentos los revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. El reportaje indica que «en 1991 el teniente del Ejército salvadoreño Yusshy René Mendoza Vallecillos fue condenado en su país a 30 años de presidio por su participación -junto a otros militares- en la matanza de seis sacerdotes jesuitas de nacionalidad española, su asesora del hogar y una niña menor de edad, ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Calas. Sin embargo, en 1993 una Ley de Amnistía lo liberó. Luego de ello se trasladó a Chile. «Por esos hechos, la justicia española envió un exhorto internacional a la Corte Suprema de nuestro país para que Mendoza Vallecillos sea obligado a declarar -vía teleconferencia en el consulado ibérico en Chile- en el juicio oral por terrorismo y crímenes de lesa humanidad que tendrá lugar en Madrid el próximo 8 de junio». «Los antecedentes constan en la carta rogatoria que ingresó a las 12.15 pm. del pasado 4 de junio a través de un correo electrónico enviado al máximo tribunal por la Fiscalía Nacional, a los que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío». La radio indica que en Chile los antecedentes fueron derivados por la Corte Suprema a la fiscal Lya Cabello. El exmilitar, ya fue notificado de la citación. Información de agencias internacionales, a fines de enero último, señalaron que Estados Unidos había prohibido el ingreso al país de 13 exmilitares salvadoreños, a quienes involucró en la ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador en 1989. La medida afectó Yusshy René Mendoza Vallecillos y además a los exmilitares Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Angel Pérez Vásquez, y José Alberto Sierra Ascencio. Historia de Impunidad La matanza en la UCA tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992). Ese día, en el marco de una ofensiva de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), efectivos del ahora proscrito Batallón Atlacatl atacaron a los seis sacerdotes y a dos asistentes que se encontraban en un centro pastoral en las instalaciones de la UCA. Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina, menor de edad. «Estados Unidos condena todos los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar en ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por partidos gubernamentales y no gubernamentales», dijo Pompeo en un comunicado. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que aunque el gobierno de Donald Trump valora la relación actual con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para abordar los abusos de los derechos humanos y alentar la rendición de cuentas, «sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró». Al cumplirse 30 años de la masacre, centenares de salvadoreños denunciaron la impunidad que persiste sobre el caso, en el marco de conmemoraciones en la UCA. En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen. En enero de 2016, un tribunal español pidió a Interpol detener a otros 17 oficiales retirados, pero en agosto de 2017 la Corte Suprema salvadoreña dejó sin efecto la demanda. En abril de 2018 un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre. Los jesuitas acusan de ordenar la matanza a los generales en retiro Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Orlando Montano. Este último fue extraditado por Estados Unidos a España, donde permanece encarcelado por esta causa. La guerra civil en El Salvador concluyó con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y el FMLN, tras 12 años de un conflicto que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos. Quién es Yusshy René Mendoza Vallecillos Según lo que informa el website memorial de los mártires de El Salvador, al momento de los hechos el Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos tenía 26 años, se graduó de la Escuela Militar el mismo año que el Tte. Espinoza, 1984, y fue destinado a la Brigada de Artillería. El 1 de septiembre de 1987 pasó a la Escuela Militar como jefe de sección. Fue con el Tte. Espinoza al curso para oficiales salvadoreños en la Academia de Infantería en Fort Benning, a comienzos de 1982. En 1988, regresó a Fort Benning para participar en el curso de comandos. Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. También se le acusó de haber participado en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar. Aunque negó su responsabilidad, las principales pruebas contra él las dio en su confesión extrajudicial. Según ésta, el Cnel. Benavides le ordenó acompañar al Tte. Espinoza, sin decirle en qué consistía la misión a la cual lo enviaba. Cuenta cómo vio a los hombres del Tte. Espinoza rodear el edificio en el que residían los jesuitas, registrándolo todo, y cómo vio a dos mujeres sentadas en una cama. Después, escuchó disparos tiro a tiro. Otros de los imputados le atribuyen un papel mucho más activo, pues dicen que fue él quien entregó el AK-47 al soldado Amaya Grimaldi y también impartió órdenes. Aunque negó ante el juez haber dicho lo que figura en su declaración extrajudicial, sí admitió su participación en la quema de los libros de registros, por orden, según él, del subdirector de la Escuela Militar, Tte. Cnel. Camilo Hernández, «para dar cumplimiento a una orden de carácter permanente». El jurado, inexplicablemente, lo encontró culpable de uno solo de los asesinatos, el de la joven de quince años Celina Ramos. El juez Zamora lo condenó también por los dos delitos que no pasaron a consideración del tribunal del jurado. Pasó a cumplir su condena de treinta años en el penal de Santa Ana, de donde salió, junto con el Cnel. Benavides, el 1 de abril de 1993, beneficiado por la amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa unos días antes. Después de ello y según lo relatado por la Biobío, Mendoza Vallecillos vino a Chile a vivir y se nacionalizó chileno «cumpliendo todos los trámites formales, de acuerdo a los documentos del Registro Civil». Nota El Tte. Mendoza, de 26 años, se graduó de la Escuela Militar el mismo año que el Tte. Espinoza, 1984, y fue destinado a la Brigada de Artillería. El 1 de septiembre de 1987 pasó a la Escuela Militar como jefe de sección. Fue con el Tte. Espinoza al curso para oficiales salvadoreños en la Academia de Infantería en Fort Benning, a comienzos de 1982. En 1988, regresó a Fort Benning para participar en el curso de comandos. Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. También se le acusó de haber participado en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar Aunque negó su responsabilidad, las principales pruebas contra él las dio en su confesión extrajudicial. Según ésta, el Cnel. Benavides le ordenó acompañar al Tte. Espinoza, sin decirle en qué consistía la misión a la cual lo enviaba. Cuenta cómo vio a los hombres del Tte. Espinoza rodear el edificio en el que residían los jesuitas, registrándolo todo, y cómo vio a dos mujeres sentadas en una cama. Después, escuchó disparos tiro a tiro. Otros de los imputados le atribuyen un papel mucho más activo, pues dicen que fue él quien entregó el AK-47 al soldado Amaya Grimaldi y también impartió órdenes. Aunque negó ante el juez haber dicho lo que figura en su declaración extrajudicial, sí admitió su participación en la quema de los libros de registros, por orden, según él, del subdirector de la Escuela Militar, Tte. Cnel. Camilo Hernández, "para dar cumplimiento a una orden de carácter permanente". El jurado, inexplicablemente, lo encontró culpable de uno solo de los asesinatos, el de la joven de quince años Celina Ramos. El juez Zamora lo condenó también por los dos delitos que no pasaron a consideración del tribunal del jurado. Pasó a cumplir su condena de treinta años en el penal de Santa Ana, de donde salió, junto con el Cnel. Benavides, el 1 de abril de 1993, beneficiado por la amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa unos días antes.

Sentencia en España sobre asesinato de los jesuitas.