Rafael Escorza Henríquez
'Ramiro' llega a jefatura militar del FPMR y ordena muerte de Guzmán y secuestro de Edwards.
Mauricio Hernández Norambuena fue clave en la política de ajusticiamientos que impulsó el Frente a inicios de los años 90 en contra de agentes civiles y militares de la dictadura. Esto dividió al grupo y motivó la reacción del gobierno de Patricio Aylwin, creando así la 'Oficina', organismo que buscó desarticular al FPMR.
Como se dijo en la primera parte de esta serie, tras la muerte del jefe de operaciones del FPMR, Roberto Nordenflicht, el comandante Aurelio, en un ataque al aeródromo de Tobalaba en 1989, asumió esas funciones el comandante Ramiro y redobló de inmediato los ataques del FPMR-A con una ola de atentados explosivos, asaltos a bancos y otros objetivos.
El 21 marzo de 1990, apenas diez días después de que Patricio Aylwin asumiera la Presidencia de la República, dos frentistas –Ricardo Palma Salamanca, y Raúl Escobar Poblete, Emilio- intentaron asesinar al ex comandante en jefe de la FACh, general (r) Gustavo Leigh, y al ex director de Inteligencia de esa institución, Enrique Ruiz Bunger. En el comunicado de la Dirección Nacional del Frente, mediante el cual se atribuyeron el hecho, advirtieron:
“El FPMR no permitirá el perdón ni el olvido a los crímenes cometidos en contra de miles de nuestros compatriotas”.
Ramiro había formado una unidad de elite para acciones militares complejas. Será conocida como la Fuerza Especial, El FPMR-A en el documento "Búsqueda de un Nuevo Proyecto para el FPMR", señaló que ese año "creamos una pequeña fuerza especial encargada de realizar las operaciones más calificadas: ajusticiamientos, ataques de mayor envergadura, obtención de dinero, cuya actuación alarmó a los aparatos represivos y al gobierno de la Concertación",
El 10 de agosto del 90, Palma y Emilio acribillaron al ex coronel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), Luis Fontaine Manríquez, implicado en el asesinato mediante degollamiento de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, en marzo de 1985. Lo interceptaron sorpresivamente en la esquina de Santa Isabel con el Pasaje Raulí, a poca distancia de la Posta Central, mientras se desplazaba en un taxi con su secretaria.
Poco después, en el editorial del N° 49 de la revista El Rodriguista que editaba el FPMR-A, se afirmó que, "es moralmente incuestionable y urgente iniciar los juicios patrióticos por la dignidad nacional en contra de todos los ciudadanos que gestaron, ampararon y ejecutaron asesinatos políticos, desapariciones y torturas durante la dictadura". A continuación presentaron una lista, que comenzaba con los cuatro miembros de la Junta de Gobierno en 1973, pasaba por el ex director de la DINA, Manuel Contreras, y concluía con el senador Jaime Guzmán Errázuriz.
En medio de un creciente debate interno entre los militaristas y los políticos, un importante porcentaje de la masa de rodriguistas comenzó a optar por desertar e intentar reinsertarse, otros tantos empezaron a realizar asaltos con el propósito del lucro personal, en un fenómeno que sería conocido como "los descolgados", esos que hacían operaciones para sus bolsillos.
En ese contexto, emergieron las primeras fracciones del Frente: el Destacamento Patriótico Raúl Pellegrín, y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Cuestionaban que se había disminuido la calidad y cantidad de acciones armadas.
Pugna entre dos bandos
Los comandantes Eduardo y Bernardo empezaron a insistir en la necesidad de replantear la estrategia del Frente, orientándola al plano político y social. Y comenzaron a conspirar al interior de la organización para imponer su propuesta. También conversaron con el PS-Salvador Allende, una radicalizada fracción socialista que encabezaban Jaime Durán y Robinson Pérez, para formar en conjunto un espacio político y social abierto: "Movimiento Pueblo que Lucha, Triunfa", lo denominaron.
Fue así como la Dirección Nacional del FPMR resolvió, en diciembre de 1990, iniciar un proceso de reflexión y debate interno denominado "Consulta Nacional". A lo largo de ese verano se realizó la discusión. Sin embargo, las estructuras dependientes de Ramiro, resolvieron no participar. Los jefes argumentaron problemas de seguridad y compartimentación, mientras los militantes a su cargo ignoraban la existencia del proceso.
De cara a ese escenario, los acuerdos adoptados por la estructuras rodriguistas en forma mayoritaria se inclinaron por una redefinición de la "Guerra Patriótica Nacional", no desechándola como estrategia, pero vaciándola casi por completo de su componente militar. Además, se planteó la generación democrática, mediante procedimientos indirectos, de los diferentes niveles de mando, incluida la Dirección Nacional.
A fines de marzo de 1991 se reunieron los comandantes. Apablaza Guerra, el comandante Salvador presentó un borrador sintético de los acuerdos. Habló, en forma ambigua, de "crisis de desarrollo" del Frente. Algunos objetaron que el documento no reflejara rigurosamente el debate efectuado.
En el trabajo "Rescatando Nuestra Historia" se explicó que "si bien es cierto que ese evento permitió detectar mejor los problemas existentes, estuvo lejos de superarlos. Caracterizamos el momento que vivía el Frente como una 'crisis de desarrollo', cuadro que estaba muy lejos de representar la situación en que nos encontrábamos, que era de carácter político-ideológica".
Los "comandantes" acordaron que se redactara una nueva versión, y reunirse otra vez para sancionarla. Antes que eso ocurriera, casi un mes después -el 1 de abril de 1990- el país fue conmovido por el asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz. Ramiro había decidido tirar el mantel.
Mauricio Hernández abortó el proceso de debate interno, frente a la inminencia de la imposición de un enfoque que no compartía. Para tales efectos, resolvió ejecutar al fundador de la UDl, sin que mediara un acuerdo de la Dirección Nacional y usando la Fuerza Especial a su cargo.
La coordinación general fue entregada por Hernández a Mauricio Arenas Bejas, el comandante Joaquín y el asesinato congeló el proceso abierto por la "Consulta". El objetivo estaba cumplido. Un cuadro rodriguista en esos días, Domiciano Soto Tejías, apodado El Taza, contó después a la periodista Paula Afani:
"Yo estaba con el comandante Salvador y nos sorprendió la noticia".
En una entrevista publicada por el diario La Nación el 17 de abril de 1997, Bernardo dijo que, junto con Eduardo, representaron “una posición política en la historia del Frente que se enfrentó política e ideológicamente a nuestros detractores". Añadió que "fui uno de los que impulsó el consultivo nacional... pero cada vez que se iban a dar a conocer las conclusiones, se cruzaban acciones descabelladas, como el asesinato de Guzmán", el cual calificó como "un verdadero suicidio político, cometido a nuestras espaldas".
(Para revisar en detalle el asesinato del senador de la UDI, ver Interferencia del 4 de noviembre de 2018 )
Una señal interna
En El Rodriguista N° 63, de diciembre de 1993, el comandante Salvador señaló que la Consulta no dio los frutos esperados porque, entre otros factores, "hubo quienes evaluaron que nos estábamos tratando de insertar en el sistema que criticábamos y optaron por seguir con acciones armadas, al margen de la Dirección. Además, la compartimentación, buena para la clandestinidad, obró en contra de la Consulta".
Luego de su detención, producida ese mismo año en la zona de Curanilahue, el comandante Ramiro dijo:
"Si nos preguntan hoy, reconocemos que el momento político (de atentar contra Guzmán) no fue el adecuado. Pero entonces teníamos otros problemas internos".
El asesinato de Guzmán fue una señal exclusivamente para el interior del FPMR. No hubo "post-misión", es decir, un "parte operativo" o comunicado oficial que se atribuyera públicamente la responsabilidad, como había sido el invariable modus operandi de la organización. Cundió el estupor y el desconcierto en el mundo frentista.
Se inició una investigación interna para identificar si existían rodriguistas involucrados: nunca se conocieron los resultados. Se elevaron cuestionamientos que criticaron la "oportunidad" del hecho, considerando que poco antes el Presidente Patricio Aylwin había dado a conocer el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Con todo, nadie puso en duda la legitimidad del asesinato.
Como consecuencia del atentado, el 19 de abril de ese año, el gobierno de Patricio Aylwin formó el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, que fue conocido como "La Oficina".
Por fin, a las alturas de agosto, cuando se logró reunir toda la Dirección Nacional del Frente, Ramiro admitió su responsabilidad intelectual. No obstante, aseguró que antes de realizarlo lo informó a los comandantes Salvador y Gabriel, también conocido como Diego o, simplemente, El Chele: Juan Maco Gutiérrez Fischman, ex yerno del dirigente cubano Raúl Castro.
Hasta hoy, rodriguistas que participaron en diferentes niveles de dirección en el Frente sostienen que Galvarino Apablaza y Juan Gutiérrez no tuvieron mayor participación en el crimen, pero que solidarizaron con Ramiro, tomando en consideración que su liderazgo era fundamental para mantener cohesionado al FPMR.
El hecho de desconocer la acción implicaba una inmediata ruptura, pues Hernández fue explícito en que no aceptaría algo así, y controlaba los mejores cuadros militares y la casi totalidad de las estructuras de aseguramiento logístico.
El debate continuó con una intervención de Salvador, en la que planteó la necesidad de restablecer la actividad del Frente y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad.
El secuestro de Cristián Edwards
Todos los "comandantes" estaban enterados de que ex militantes de la izquierda político-militar cooperaban entusiastamente con "La Oficina" y que la Policía de Investigaciones les seguía los pasos. Se necesitan recursos y Ramiro tenía una propuesta.
El plan de Mauricio Hernández consistió en secuestrar a Cristián Edwards del Río, hijo del propietario de la cadena de diarios El Mercurio, empresa en la que se desempeñaba como gerente de medios regionales.
La iniciativa fue aprobada por toda la Dirección Nacional. La misión fue ejecutada el 9 de septiembre por la Fuerza Especial, es decir, por los mismos militantes controlados por Ramiro que habían actuado contra Jaime Guzmán.
Aquel día, en un subterráneo de los estacionamientos del edificio Plaza Lyon, en la calle Coyancura en Providencia, tres frentistas encapuchados tomaron por sorpresa a Cristián Edwards cuando éste se retiraba de su trabajo. Envuelto en un saco de dormir, lo introdujeron en un vehículo y se perdieron por las calles de Santiago. La noticia se dio a conocer a través de los medios de comunicación sólo quince días después de ocurridos los hechos.
Durante su cautiverio, los frentistas utilizaron con Edwards los mismos métodos aplicados en secuestros anteriores: mantenerlo encerrado en un cubículo de tres metros de largo por 1.50 metros de ancho y 2.10 metros de alto, construido especialmente para el efecto en un inmueble del pasaje Vicente Huidobro de Macul, propiedad del matrimonio formado por los frentistas Rafael Escorza Henríquez y María Cristina San Juan. Además era distraído con música permanente y sin luz natural para desorientarlo respecto al paso del tiempo.
El 1 de febrero de 1992, casi cinco meses después de haber sido secuestrado, Edwards finalmente fue liberado con el previo pago de un millón de dólares. Algunas fuentes han asegurado que la suma habría ascendido a cinco millones de dólares. Las negociaciones entre los secuestradores y la familia Edwards se realizó mediante una serie de anuncios clasificados publicados en El Mercurio en los días que duró el cautiverio y la mediación del sacerdote Renato Poblete, encargado del Hogar de Cristo.
Ramiro fue detenido en la Octava Región en la localidad de Curanilahue en 1993 y fue condenado a doble cadena perpetua. Tres años más tarde protagonizó, junto con otros tres frentistas, una espectacular fuga al ser rescatado de la cárcel en la denominada Operación Vuelo de Justicia.
Inmediatamente después de la fuga viajó a Cuba y en 1997 se confirmó que se encontraba en la isla cuando llamó por teléfono a su hermana desde La Habana a Valparaíso. Luego de desavenencias con el gobierno de Fidel Castro, en 1998 debió abandonar Cuba; viajó a Nicaragua, El Salvador y posteriormente, si bien no se sabe por cuánto tiempo, a Colombia. Allí se integró a las FARC y como ellos le respetaban su grado militar, entrenó y llegó a tener bajo sus órdenes a una columna de la guerrilla de ese país. Más tarde siguió rumbo a Uruguay, Argentina -donde habría contactado a otros frentistas- y luego a Brasil, estableciéndose definitivamente en la ciudad de Sao Paulo.
En 2 de febrero de 2002, Mauricio Hernández fue detenido junto a otras seis personas en la localidad brasilera de Serra Negra, acusado del secuestro y posterior cautiverio del empresario brasileño Washington Olivetto en 2001. Fue condenado y estuvo recluido en la Penitenciaría Federal de Mossoró, en la Penitenciaría de Seguridad Máxima de Catanduva y en la Penitenciaría de Seguridad Máxima de Avaré en Brasil, donde cumplió parte de la condena de 30 años que recibió de la justicia brasileña. Pocos días después, concedió una entrevista al diario Estado de Sao Paulo en la cual criticó duramente las condiciones en que se encontraba detenido. Durante todo este periodo fue sometido a un régimen carcelario denominado "disciplinario diferencial", lo que implicaba estar recluido en una celda de 2x3 metros durante 23 horas del día, con una hora de patio en solitario, además de estar sábado y domingo las 24 horas encerrado.
Durante su período cumpliendo condena en Brasil, Hernández Norambuena estuvo en contacto con miembros del cartel criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), se tornó una figura muy cercana y un mentor para el líder del PCC Marcos Willians Herbas Camacho (conocido como Marcola). Ha sido apuntado por periodistas, estudiosos y miembros de los aparatos de seguridad pública brasileños como el mentor intelectual de los atentados terroristas ejecutados por el PCC en el año de 2006 y el que introdujo prácticas terroristas como atentados con bomba, incendio de autobuses y asesinatos políticos en los grupos criminales brasileños.
El reciente 19 de agosto de este año fue trasladado de la Penitenciaría de Seguridad Máxima de Avaré para la cárcel de la Policía Federal de Brasil en São Paulo, debido a la decisión del presidente de Brasil Jair Bolsonaro de aceptar el pedido de extradición hecho por la justicia chilena, llegando a Chile el día siguiente.
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