 La Comisión de la Interpol decidió eliminar de sus registros a la ciudadana francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, conocida como "Comandante Ana", presunta involucrada en el asesinato del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. El juez chileno Mario Carroza evalúa que Verhoeven fuera autora intelectual del asesinato. Por eso emanó una orden de captura internacional contra ella. Pero tras la resolución de la Interpol, la mujer ya no podrá ser detenida por el organismo. El Estado alemán y el indio ya habían negado la extradición de la ciudadana francesa a Chile. Basada en esto, la sospechosa recurrió de queja ante la Comisión de Interpol el pasado 19 de octubre. Acusó que mantener vigente la orden de aprehensión en su contra vulneraba los reglamentos internacionales. El oficio De acuerdo a la información entregada por La Tercera, el 4 de diciembre llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago una comunicación oficial de la Comisión para el Control de los Ficheros que mantiene ese organismo. En ella decía que sacaba de sus bases de datos la “alerta roja” que hasta hace algunos días pesaba en contra de la exintegrante del FPMR. Según se lee en el oficio, al que accedió Reportajes de La Tercera, Interpol decidió eliminar los archivos de peticiones de captura en contra de Verhoeven. Ahora la ciudadana, que reside en París, podrá transitar libremente sin el riesgo de ser detenida. “Después de haber considerado todos los elementos (incluyendo la información de su Oficina Central Nacional de Interpol el 17/10/2018), la comisión concluyó que los datos otorgados no reúnen los criterios indicados en las reglas de Interpol” y que los archivos respecto de ella “deben ser eliminados”. Especial atención puso la Comisión de Interpol para adoptar esta medida en los rechazos a extraditarla dos veces. Una fue por “falta de proporcionalidad” por las penas que arriesga en Chile y la otra, “por razones humanitarias”. Biografia  Luego de que por segunda vez el gobierno francés se opusiera a la extradición de la supuesta ex frentista a la justicia chilena por el asesinato de Jaime Guzmán, otros ex miembros del grupo extremista así como ex policías señalan las dudas y sospechas sobre una supuesta vinculación de la mujer con los servicios de inteligencia galos. Y, por primera vez, el ex director de Investigaciones Nelson Mery entrega su visión del caso de la "comandante Ana". Carlos Saldivia Fue en su casa de Saint Herblain, cerca de la costa de Nantes, donde Marie Emmanuelle Verhoeven, la supuesta "comandante Ana" del FPMR, celebró, el primer fin de semana de agosto, su regreso a Francia, luego de que el 25 de julio un tribunal de Nueva Dehli - después de 30 meses de detención en una cárcel india- negara la extradición solicitada por la justicia chilena por su eventual rol en el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán. En la celebración participaron sus dos hijos, Kevin y Nikolai, su nieta recién nacida, hermanos y amigos. La supuesta ex frentista fue favorecida por la intercesión, ante la justicia de la India, del gobierno francés, que arguyó "razones de salud y amenazas de muerte en el penal de Tihar" para pedir su liberación. No era, sin embargo, la primera vez que su extradición a Chile era evitada. En enero de 2014 la mujer había sido detenida en el aeropuerto de Hamburgo, en Alemania, en virtud de una orden de captura internacional pedida por nuestro país. Esa vez, la Audiencia Territorial de Hamburgo rechazó la extradición. Quienes conocen a Verhoeven aseguran que no fueron ajenas a esa decisión gestiones personales del ex Primer Ministro del Presidente Hollande, Jean Marc Ayrault, uno de sus amigos en el socialismo francés y quien, como alcalde en Nantes, la casó con su segundo esposo, el chileno Ítalo Retamal, en 1985. Ahora, el episodio en la India y el papel jugado por el gobierno galo reflotaron viejas sospechas que rondan la figura de la mujer, cuyo hermano, Dennis Verhoeven, es señalado como un alto oficial de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) que -según fuentes de inteligencia- habría servido en Argelia y Líbano. Derechamente, hay quienes también han atribuido a "la francesa" la condición de agente de su país. Uno de los primeros en plantearlo fue el comisario (r) René Cocq, quien junto al ex comisario de la PDI Jorge Barraza siguió por años a la mujer y logró obtener una fotografía de ella junto al ex líder del FPMR, Sergio Galvarino Apablaza, el "comandante Salvador", hoy radicado en Argentina. "La imagen la obtuvimos a la salida de un Tavelli en Andrés de Fuenzalida. Sospechábamos que no solo trabajaba como encargada de inteligencia del Frente, sino que también entregaba información a otro servicio como "La Oficina" o la inteligencia francesa. Ella contó que un hermano trabajaba en la DGSE, y además ella trabajó como asistente del secretario de Estado de Defensa de Francois Mitterrand, Francois Autain", relata el ex polícía, quien exhibe un documento que lo acreditaría. Firmado por Autain, el papel (datado en 1985) es una carta de recomendación en que "la señora Emmanuelle Retamal, nacida Verhoeven" es descrita como una "preciada colaboradora de mi gabinete", que "siempre ha hecho prueba de dinamismo". Pero no solo Cocq recela del apoyo parisino a la mujer. "No deja de llamar la atención por qué Francia ha evitado dos veces que sea extraditada a Chile, es muy raro eso. Yo tengo mi tesis, pero me la reservo. Nunca tuve antecedentes de que fuera informante de 'La Oficina' en todo caso", dice el ex director de Investigaciones Nelson Mery, quien en este reportaje acepta por primera vez abordar el tema. En tanto, chilenos que la conocieron de cerca y que suscriben la tesis de su supuesto vínculo con la inteligencia francesa aseguran que habría sido enviada, a fines de la década de 1970 o principios de la de 1980, a Nicaragua, bajo la cobertura de periodista, y que conoció allá a chilenos frentistas y militantes del MIR. De hecho, un ex mirista que participó en la guerrilla sandinista y quien pide reserva de su nombre, asegura que ella vivía en Managua con otras dos europeas en el barrio Las Colinas, identificada como "La Goelane". Allí, sostiene, habría trabado amistad con Apablaza y con Juan Gutiérrez Fischmann (el "Chele"), más tarde fundadores del FPMR. Tras esa experiencia habría sido enviada a Nantes, donde conoció a su segundo esposo, el chileno con quien llegaría a Santiago. Fuentes de la PDI afirman que Verhoeven llegó a Chile en 1985, a los 25 años. Dos meses antes, se había casado con Ítalo Retamal, que apenas tenía 18 años, y vinieron junto al hijo mayor de ella, Kevin Pele, entonces de 8. Un familiar francés confirma que en 1986 nació su segundo hijo, Nikolai Retamal Verhoeven, y que llegaron a vivir donde sus suegros, en Quinta Normal. Los padres de Retamal habían vuelto a Chile meses antes que la pareja e ignoraban el romance. "Silvia, la suegra de Marie, nunca tuvo una buena relación con ella, la encontraba muy extraña e interesada. Le llamaba la atención que hubiera conocido a frentistas en Nicaragua como fotógrafa y que su padre, Alain Verhoeven, ex gerente de IBM, fuera un hombre de derecha", señala una fuente cercana a la mujer. Con sus recomendaciones, y luego de trabajar para el Gobierno de Mitterand, Verhoeven consiguió ocupación como profesora de francés y música en La Girouette. Detectives que la investigaron dicen que habría estudiado piano cuando niña igual que su hermano. Otros sostienen que "como todo espía francés, parte de su instrucción incluía tocar un instrumento para ocultar su identidad". Según un ex miembro del FPMR, al nacer su hijo, le pidió a su suegro que le arrendara un departamento en Brasil con Huérfanos. El inmueble se habría usado como sala de reuniones de la cúpula del Frente y era pagado por el grupo. "Un día le explicó a Retamal que, por instrucciones del FPMR, él debía abandonar el inmueble. Pero la verdad es que se emparejó con 'Manuel', otro frentista, dice un cercano, y poco más tarde con Mauricio Hernández Norambuena, y nunca más dejó que Retamal viera a su hijo. Incluso él la demandó y los abuelos también para poder visitar al niño", señala un cercano. En los 80, Verhoeven comenzó a trabajar en la Cepal como consultora, viajando a países como Colombia, Perú y Ecuador, y luego asesoró a John Pace, funcionario de Derechos Humanos de la ONU. El 24 de enero de 1991, Verhoeven y Juan Gutiérrez Moya -que algunos creeen era "Manuel"- crearon la empresa ICCO, Innovación Comunicación y Comercio Limitada, con un capital de 7 millones de pesos, la cual -dice el Diario Oficial- estaba dedicada a "venta por mayor de productos no clasificados", cuyo domicilio correspondía a una parcela de 5.000 metros cuadrados, en calle Las Chilcas Sur 8541, en Lo Cañas. Paralelamente, siguió colaborando con la Cepal hasta 1992. Con el regreso de la democracia, dejó el tema de los derechos humanos y se especializó en "delincuencia y reinserción de reos". Según quienes la conocieron, a Verhoeven la caracterizaba la audacia. "Un día llegó a la oficina de Nelson Mery, ya que conocía a Rodrigo de Artiagabeitía, asesor de prensa de Mery, y le dijo que estaba preocupada porque Nikolai había visto en la casa de su ex pareja, bajo una mesa, fusiles automáticos, y pidió protección", señala Cocq. Mery reconoce que se la presentó De Arteagabeitía y que ordenó a Inteligencia Policial darle seguridad. El detective asignado para cuidarla fue Juan Cabezas. "Pero poco después dijo que el policía la incomodaba porque era de inteligencia y pidió cambiarlo; ahí conoció a Barraza, que era de una unidad operativa", precisa Mery. Barraza -en ese entonces era jefe de la BIOC, la unidad encargada de indagar al FPMR- declaró ante la justicia que le pidió a Coqc que lo acompañara a la reunión "para tener un testigo" y que en esa cita participó también De Artiagabeitía. Tras varios encuentros, Barraza concluyó que ella era del FPMR y, como no tenía orden de captura emanada de los tribunales, aceptó intercambiarle información. "A ella le interesaba saber quién de la cúpula del Frente era informante de la Oficina", señala el comisario Cocq. Barraza, para engañarla, le dijo que le daría el nombre, pero que le presentara a "Salvador". Ella arregló la cita en la heladería de Providencia, pero aunque Barraza no llegó, una operación policial logró obtener las referidas fotos, y por huellas dactilares de los vasos se confirmaron sus identidades. Cocq asegura que, en 1992, el director Mery le ordenó a Barraza que escoltara a Verhoeven hasta el paso Los Libertadores para "ayudarla a salir del país, pese a una orden de arraigo, por la custodia de su hijo". Para ello, el comisario -quien no quiso hablar sobre el caso- envío al detective Jaime González y pidió al jefe de frontera que se le permitiera salir de Chile, con Nikolai, aun cuando no tenía permiso del padre. En 1996, a causa de esto, Barraza fue procesado por desacato. Cocq habló sobre Verhoeven en sus tres declaraciones ante el ministro Carroza. Y manifiesta que reveló detalles de dos episodios. El primero, un relato que dice haber oído de ella, según el cual en 1989 se le hizo un "juicio sumario" al frentista "Popeta", identificado como Luis Arriagada, ayudista de Cecilia Magni y Raúl Pellegrini, líderes frentistas muertos en Los Queñes. En ese supuesto juicio, efectuado en la casa de Lo Cañas, y donde el "comandante Ramiro" (Mauricio Hernández Norambuena) habría oficiado de fiscal, se habría dictado sentencia de muerte al "acusado", quien desde entonces se encuentra desaparecido. Otra versión, sin embargo, indica que "Popeta" murió años antes. El segundo incidente Cocq lo sitúa en 1994, cuando asumió como jefe de la escolta del entonces director nacional de Gendarmería, Claudio Martínez. Según declaró, llevaba pocas semanas en su puesto cuando, a principios de ese año, fue por un café junto al teniente Juan Pérez Vilaza al primer piso del edificio de la Dirección Nacional de Gendarmería. En la puerta del ascensor se encontró con Marie Verhoeven, a quien había interrogado por última vez dos años antes. Al preguntarle a Pérez quién era la atractiva mujer del ascensor, éste le confirmó que se trataba de "una sicóloga francesa que asesoraba a Gendarmería, haciendo trabajo social a frentistas en la cárcel de San Miguel". Ahí cumplían condena Mauricio Hernández, Ricardo Palma Salamanca, Patricio Ortiz y Pablo Muñoz Hoffmann. Los cuatro rodriguistas permanecieron en esa prisión hasta el 22 de febrero de 1994, cuando fueron trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad, desde donde escaparon, colgando del canastillo de un helicóptero, a fines de 1996. Cocq informó al entonces director de Gendarmería, Claudio Martínez (PS) quién era la francesa y su supuesta relación con la dirección del FPMR, Apablaza y Hérnandez Norambuena. "Martínez se mostró muy sorprendido", asevera. El ex director de Gendarmería ratifica la versión, pero con matices: "Me enteré por Cocq de ella. Él pidió una audiencia y llegó con el teniente Pérez. Me dijo que conocía a Verhoeven, porque había sido informante de la PDI; me dijo que habló con su jefe del tema, pero no me informó que era del FPMR. Eso yo lo supe después de que declaré ante el entonces ministro en visita, Alfredo Pfeiffer. Ella llegó recomendada por la periodista Odette Magnet (hoy agregada de prensa en Bolivia e hija del ex embajador de Chile en Perú)". Según explica Martínez, Verhoeven pasó la entrevista de admisión, pero por tener título de sicóloga en una Universidad de Bélgica, fue contratada a honorarios. "Le expliqué cómo había llegado al subsecretario de Justicia, Marcos Sánchez, y fue despedida de Gendarmería en 1994", dice. Y asegura que, tras la revelación de Cocq, indagó en detalle el trabajo de Verhoeven en los recintos carcelarios y que preguntó a Mery sobre ella. "Se me confirmó que ella había sido informante de Investigaciones. Descubrimos que pasaba demasiadas horas con Ramiro, en la cárcel de San Miguel, adonde ella llegó luego de que el jefe de seguridad, Edmundo Letelier, me la recomendó para trabajar con los frentistas. Por eso se le desvinculó. Lamentablemente, el coronel Letelier se suicidó hace algunos años", cuenta Martínez. En cambio, Mery afirma que "jamás le habría dado a Martínez antecedentes sobre identidad de informantes ". En 1999 Verhoeven protagonizó una última sorpresiva aparición en "territorio chileno": se la vio durante una recepción organizada en la Embajada de Chile en París para agasajar al entonces Presidente Eduardo Frei. Según Barraza la habría invitado el agregado de prensa de la embajada André Jouffé, amigo de Arteagabeitía. Jouffé afirma que su nombre nunca estuvo en las listas de invitados y que Barraza manipuló la situación. "Barraza inventó una historia. La lista de invitados la hacía el embajador con el encargado de Protocolo, yo solo invitaba al círculo de periodistas mas íntimo, escritores y cineastas. He tratado de ubicar a Barraza para que me dé explicaciones de dónde inventó este cuento pero se ha negado", expresa Jouffé. Y agrega: "La señora aquella fue acompañante de uno de los invitados oficiales. Invitación personal jamás tuvo, porque me hubiesen preguntado en la puerta. Quizás Verhoeven ingresó con otro nombre. Cuando las invitaciones eran para una pareja, aunque no casados, siempre se anunciaba a Monsieur Gutiérrez y Madame". |
Comentario de la prensa.
La francesa Emmanuelle Verhoeven, reclamada por Chile por el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán en 1991, aseguró que la guerrillera “comandante Ana”, como muchos la llaman, es una “creación de la extrema derecha”. En una entrevista a Efe en Nueva Delhi, donde tiene abierto un proceso de extradición a Santiago, insiste en que su contacto con los asesinos de Jaime Guzmán, principal autor de la Constitución impuesta por el dictador Augusto Pinochet en 1980, se limita al tiempo que trabajó en una prisión chilena.
La supuesta “comandante Ana”, que residió en Chile entre 1985 y 1995, trabajó en una cárcel durante 1994, cuando se encargó de asegurar los derechos de los presos que iban a ser trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. “Saben que no estuve involucrada (en el asesinato), pero creen que quizás sé algo porque estuve con los presos políticos”, indica. Entre los prisioneros estaban los frentistas Ricardo Palma Salamanca, actualmente prófugo y quien se cree que se encontraba en Cuba, y Mauricio Hernández Norambuena, hoy condenado por secuestro en Brasil. “Todas las veces aceptaron la responsabilidad del asesinato de Guzmán y (me) explicaron que fue una reivindicación política porque el señor Guzmán era parte de la dictadura”, detalla. Salamanca, señala, reconoció que “mató (a Guzmán) con el fusil” y le contó que, tras ser arrestado, fue “torturado” hasta que habló. Norambuena, por su parte, le reveló que fue el jefe operacional del asesinato del senador. “Nunca hablaban de la responsabilidad de todo el FPMR, sino que decían que eran de la rama autónoma”, que persistió en la violencia tras la dictadura, puntualiza Verhoeven. Durante aquel año, la supuesta ex guerrillera visitaba a los presos tres veces por semana y hablaban de “todo” tipo de cosas: de música, de la transición o de política, explica. Añade que ellos, interesados tanto por asuntos del exterior como “si habían hecho nuevas estaciones de metro”, le “preguntaban más” a ella que a la inversa.
No obstante, mantiene que “nunca” vio esa prisión y que para entonces ya había regresado a Francia tras perder “sin explicación” su trabajo en 1995. Dice que se enteró de la operación por la televisión y que, tras la fuga, no volvió a tener noticias de los dos frentistas. Sólo tras su traslado a la Cárcel de Alta Seguridad, agrega, fue contactada por la hermana de Salamanca a petición de los guerrilleros, que estaban “un poco preocupados” por su seguridad. De Verhoeven se ha dicho también que recibió entrenamiento subversivo en Cuba y que se encontró con miembros del FPMR en Panamá y Nicaragua. Reconoce que ha visitado los tres países, en el caso de Cuba para un congreso, y las naciones centroamericanas para realizar trabajos voluntarios, pero asegura que las fechas de sus viajes confirman que esas teorías “no son posibles”. También niega tener “relación alguna” con “La Oficina”, un organismo estatal de inteligencia en los años 90 con el que algunos la vincularon entre alegaciones de que fue una doble agente. Preguntada por un vídeo difundido por medios chilenos en el que supuestamente aparece con el frentista Galvarino Apablaza, defiende que ni siquiera la Justicia chilena lo contempla como prueba por ser un “montaje”. No le resulta extraño que existan vídeos secretos de ella en los años 90, cuando también la “seguían” por la calle, ya que fue “la primera civil en acceder al interior de la cárcel” en la que trabajaba. Todas estas alegaciones son, en su opinión, “pistas falsas” que “la gente termina por creerse” como ocurre, dice, cuando un país afirma que tiene “armas químicas”. Verhoeven se muestra optimista de cara a su proceso judicial en la India y confiesa que teme que le hagan “algo muy malo” si es extraditada. “El único terrorismo que conoce Chile -resalta- es el terrorismo de Estado, con torturas, desapariciones y mucha gente exiliada”. |
La denuncia ante la ONU de la francesa acusada por Chile de participar en asesinato de Jaime Guzmán.
Marie-Emmanuelle Verhoeven denunció ante el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional múltiples violaciones a sus derechos cometidas por el Estado chileno a lo largo del proceso judicial que ha enfrentado en India, tras ser falsamente acusada de ser la "comandante Ana". Mientras la derecha chilena todavía se lame las heridas que le dejó la decisión de Francia de entregar refugio político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, otro caso relacionado con la muerte de Jaime Guzmán –éste basado en falsas acusaciones– llega a instancias internacionales. El pasado mes de febrero, la francesa Marie-Emmanuelle Verhoeven, a quien jueces y políticos se empeñaron en identificar como “la comandante Ana”, presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en contra del Estado chileno, al que acusa de “acoso, humillación y violación de sus derechos”. El vínculo de esta ciudadana francesa con Chile se remonta a 1985, cuando llegó al país con sus dos hijos y su compañero. Trabajó varios años bajo el amparo de Naciones Unidas y en 1994 fue designada por la Dirección Nacional de la Administración Penitenciaria para observar, como psicóloga, las condiciones de detención de los presos políticos. Fue entonces que coincidió en la cárcel con los ex combatientes del FPMR acusados de haber participado en el asesinato del senador pinochetista el 1 de abril de 1991. Culminada esta etapa, en 1995 regresó a Francia, donde transcurrieron 19 años de su vida con total normalidad. Hasta 2014. Entonces el juez de instrucción Mario Carroza, a cargo del caso Guzmán, puso en marcha una operación internacional para detenerla al considerar que podría haber sido parte del aparato de inteligencia del FPMR en el momento de la muerte del senador. El primer intento de extradición fue en Alemania, sin éxito. El país germánico declaró “ilegal” la solicitud para entregarla, por lo que la estrategia chilena se centró en perseguirla en otros países, fuera de Europa. En febrero de 2015, un viaje de Maire-Emmanuelle –conocida en Francia como Emma– para un retiro budista propició el escenario para ello. Fue arrestada nuevamente en Sunauli, pueblo fronterizo entre Nepal e India, y permaneció 16 meses en prisión preventiva, pasando incluso por una huelga de hambre de 27 días. En julio de 2017 llegó, finalmente, su liberación definitiva y pudo regresar a Francia. Desde entonces intenta recuperar su vida y pasar página de la “persecución” de la cual ha sido víctima. Hace unos meses, publicó su primer libro, escrito en la cárcel de Thiar, y ya está trabajando en el segundo. Pero más allá de dar a conocer públicamente su traumática experiencia, Emma quiere ahora cerrar este capítulo de su vida con un acto de justicia y reparación ante instancias internacionales. “Evitar la colaboración judicial” En el recurso presentado –una comunicación individual– Verhoeven acusa a Chile de incumplir el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de Naciones Unidas, ratificado por el país el 27 de mayo de 1992: “Sometió a la demandante a la privación de libertad, acoso, humillación y violación de sus derechos fundamentales garantizados por el PIDCP”, subraya el texto. Marie-Emmanuelle Verhoeven, que también ha presentado un recurso en contra del Estado indio, insiste que Chile nunca recurrió “legalmente” a Francia para su extradición y que en 27 años –desde la presunta comisión de los supuestos actos– “nunca fue notificada oficialmente de la existencia de un procedimiento en su contra en Chile, ni se la convocó en Francia para ser escuchada, como testigo o sospechosa, a través de una solicitud de colaboración judicial mutua”. En una entrevista con El Desconcierto, Carroza aseguró haber solicitado una comisión rogatoria a Francia y que tanto ella como el gobierno francés lo rechazaron. Fuentes judiciales conocedoras del caso aseguran que la estrategia de Chile se basó en “evitar la colaboración judicial” con Francia todos estos años. En su lugar prefirieron “abusar del derecho internacional y esperar que Marie-Emmanuelle estuviera fuera, arrestarla y pedir su extradición desde un tercer país”, señalan. Como no lo consiguieron en Europa –explican las fuentes–, “probaron en India, un país con pocos lazos culturales con Chile, y que desconoce su historia y la de América Latina”. Las irregularidades Verhoeven denuncia ante la ONU que Chile violó cinco de los derechos recogido en el PIDCP. En primer lugar, asegura haber sido víctima de “arresto y detención arbitrarios e ilegales” (artículo 9.1) en Alemania e India. Unas operaciones que –dice– “sólo fueron posibles gracias a las acciones de las autoridades chilenas”. En este sentido, cita la primera orden de detención en Alemania, el 27 de enero de 2014, extrañamente, emitida dos días después de su captura. La francesa se refiere, también, a una segunda solicitud de extradición que la Embajada Chilena en India emitió el 24 de marzo de 2015. Aunque los jueces de la Corte Suprema de Chile ya se habían pronunciado a favor de que fuera entregada, el embajador reiteró la petición a través de una “nota verbal” en la que hacía referencia a un Tratado de Extradición de finales del siglo XIX, cuando India aún era colonia británica. La presión diplomática de Chile a base de “notas verbales” –que son documentos meramente diplomáticos, no judiciales– se repitió de nuevo, así lo denuncia Emma en su recurso. La segunda fue emitida luego de que el Tribunal Superior de Nueva Delhi dictaminara que su encarcelamiento había sido ilegal y que, por ley, no podía exceder de 60 días. Pese a que la justicia india ordenó su liberación, las gestiones de la Embajada chilena, con apoyo de la UDI, impidieron su excarcelación y alargaron el presidio por diez meses más. En julio de 2016 fue puesta en libertad bajo fianza tras pagar casi $10 millones de pesos. La ley de Extradición india de 1962 prevé un período de detención de hasta dos meses. Sin embargo, Verhoeven permaneció 16 meses en preventiva en la cárcel de Thiar. “Chile violó la ley india. También violó las reglas de la diplomacia internacional y el derecho internacional al procurar que la demandante permaneciera encarcelada durante mucho tiempo en la India”, establece el recurso. También se alargó más de lo debido el proceso judicial al que fue sometida. El PIDCP (artículo 14.3) establece el derecho a un juicio “sin demora debida”, pero Emma fue liberada más de dos años y cinco meses después de su detención. “Las tácticas dilatorias de Chile han llevado a una demora excesiva en la decisión final de la justicia india”, subraya la denuncia. La francesa, además, acusa al Estado chileno de interferir en su libertad de movimiento (artículo 12) hasta diciembre de 2018, cuando la Comisión de Control de Archivos de Interpol (O.I.P.C) le notificó la cancelación de su orden de detención internacional. “Las autoridades chilenas interfirieron deliberadamente en su libertad de movimiento, ya que ésta [Marie-Emmanuelle] podría haber sido escuchada en el marco de una solicitud de cooperación judicial formulada por Chile a Francia, desde su regreso al territorio francés en 1995”, sostiene el documento. Verhoeven, quien asegura haber sido perseguida “por razones políticas”, señala la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia (artículo 14.2); y de su vida privada y familiar, su honor y reputación (artículo 17.1). “Las acciones de Chile obligaron a la demandante a ser detenida fuera de su país de residencia habitual y lejos de sus dos hijos desde enero a junio de 2014 y desde febrero de 2015 a julio de 2017, es decir, casi tres años en total”, apunta el documento. Asimismo, insiste que durante el tiempo de permanencia “forzada y duradera” en India, no pudo presenciar el nacimiento de su nieta ni tampoco la muerte de su padre. Funcionarios “coludidos” La comunicación individual que Emma dirige a la ONU pone especial énfasis en las “maniobras y presiones” de las autoridades chilenas sobre las autoridades indias, incluso la autoridad judicial, “a pesar del principio de separación de poderes”, dice. La francesa apunta al diputado de la UDI Issa Kort, conocido por señalar públicamente a los supuestos implicados en la muerte de Jaime Guzmán, por haber emitido “declaraciones intimidatorias” sobre ella en la prensa. Explica que eso motivó al Estado francés a solicitar a la Oficina Central de Investigaciones (CBI) de India medidas para su protección durante el período de libertad condicional. Kort habló sobre las presiones de su partido y de la embajada chilena a funcionarios indios en un artículo publicado por este medio hace casi dos años. Las negó y aseguró haber actuado en coordinación con el Estado de Chile. Su perfil de Twitter da cuenta de un viaje a India en febrero y marzo de 2015 para apoyar al gobierno chileno en el procedimiento de extradición. La “colusión” entre chilenos y funcionarios indios fue detallada en una carta que la francesa envió a la ministra de Asuntos Exteriores india enero de 2018. La misiva menciona que el fiscal general se opuso “sin ningún fundamento legal” a que Francia pudiera ser parte del procedimiento en el Tribunal Supremo indio, además del “silencio y desprecio” de la Secretaría de Extradiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) de India cada vez que recibía una “nota verbal” procedente de Francia, mientras ejecutaba “inmediatamente” las órdenes de las “notas verbales” recibidas desde Chile. Los descargos contra el MAE también apuntan al entonces subsecretario de Extradición, Rajeev Ranjan, y a su “consciente e ilícita connivencia” con el embajador de Chile del momento, Andrés Barbé. En la misiva se hace referencia, además, a otra de las irregularidades que Verhoeven denuncia en su recurso internacional: la creación de un supuesto Tratado de Extradición entre India y Chile dos meses y medio después de su arresto, aunque –dice– “hasta la fecha no existe en Chile”. La primera solicitud ordenada por la Embajada de Chile por “nota verbal” fue el 24 de marzo de 2015, en base a un Tratado de Extradición entre Chile y Reino Unido fechado en 1897, cuando India era aún un protectorado británico. Sin embargo, el acuerdo no fue ratificado una vez India se independizó, tal y como exige la Ley de Extradición de 1962 del país asiático. De hecho, incluso la Corte Suprema de Chile afirmó en una sentencia dictada apenas días antes –el 9 de marzo– que no existía un tratado vigente entre ambos países. Sin embargo, el gobierno de India publicó la conformidad a la vigencia del tratado con Chile el 29 de abril, más de dos meses después de la detención de Marie-Emmanuelle, pese a que nunca fue ratificado por el Parlamento indio, tal y como requiere la ley. “Cocinaron un tratado después de mi arresto. Cuando eres capaz de hacer eso es porque tienes gente involucrada a niveles más altos. Luego empezamos a ver protocolos y leyes que no se respetaban. Entendimos que era todo una gran fabricación, porque no tenían posibilidad de la extradición, el caso está vacío”, concluyó Emma en el artículo antes mencionado de El Desconcierto. Un fallo simbólico, pero vergonzoso Pese al poco interés de la prensa chilena en la liberación y regreso de Marie-Emmanuelle Verhoeven, los medios galos han dedicado páginas a explicar la historia de su compatriota. El escrito ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido una forma de tomar cartas en este asunto y buscar justicia. Emma solicita al organismo internacional que ordene a la República de Chile “tomar todas las medidas para poner fin a las violaciones del PIDCP y prevenir futuras violaciones”. Consciente de que el daño que le provocaron no se puede reparar, su objetivo ahora es que no se repita la historia. Si el Comité admite el recurso presentado, abrirá una investigación que podría durar entre un y dos años. En caso de fallar a favor de la francesa, las consecuencias para el Estado chileno serían meramente simbólicas, pero supondrían otra vergüenza en materia de memoria histórica y derechos humanos que el país tendría que tragarse ante la comunidad internacional. Otra más. |
Francesa acusada de participar en asesinato de Jaime Guzmán: «Chile prefirió ir a cazarme que solicitar cooperación jurídica a Francia» 15.05.2019 Marie-Emmanuelle Verhoeven habla en exclusiva para El Desconcierto para contar los detalles del recurso que ha presentado contra el Estado chileno ante Naciones Unidas por «persecución judicial arbitraria» y detalla las consecuencias de su encarcelamiento en India. Muy crítica con el actuar del juez Carroza, asegura que nunca existió una carpeta investigativa robusta de su caso y que «todo fue un montaje». Mientras intenta devolver la normalidad a su vida, buscará justicia y reparación. Sin embargo, sabe que el proceso será largo y difícil: «Pensaba que la libertad sería suficiente, pero sola no alcanza para reparar», dice. Vive con el propósito de retomar su vida en Francia y cerrar una tormentosa historia que le arrebató 16 meses de libertad. En ese tiempo, Marie Emmanuelle Verhoeven se perdió la muerte de su padre y el nacimiento de su nieta. Su historia empezó en 2014 en Alemania, donde fue arrestada por primera vez y requerida por la justicia chilena. Emma, como la conocen en Francia, había pasado diez años de su vida en Chile (1985-1995), pero desde hacía más de una década vivía su vida en su país con total normalidad. Aquella primera detención se produjo por las sospechas del juez Mario Carroza de que podía ser la “comandante Ana”, una supuesta ex combatiente a quien habían señalado como parte del aparato de inteligencia del FPMR cuando asesinaron al senador pinochetista Jaime Guzmán. Ella siempre lo negó y lo calificó de “mentira histórica”. Según Marie-Emmanuelle, el único contacto con miembros del Frente se produjo durante su época de psicóloga en la cárcel de Alta Seguridad, en 1994, como trabajadora del penal. Sin embargo, la fijación en contra de su persona por parte de la justicia y autoridades chilenas fue constante. El plan de Chile con los germánicos falló, por lo que un año después aprovecharon un viaje de Emma para un retiro espiritual en India y repitieron la operación. Esta vez sí resultó. Entre órdenes extraditorias de los jueces y “notas verbales” de las embajadas, pasó un año y medio entre rejas. El desenlace final llegó a finales de 2018, cuando Interpol eliminó la alerta roja en su contra, luego de que en julio de 2017 su detención y encarcelamiento fueran declarados ilegales por la justicia india. Desde entonces dedica su tiempo a recuperarse física y mentalmente, a pasear su perro por la playa y a jugar con su nieta, que ya tiene cuatro años. Entre todo esto, dos objetivos a las vista: escribir su segundo libro –el primero lo redactó desde la cárcel– y trabajar para que avance su recurso en la justicia internacional. En febrero presentó una “comunicación individual” ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusando al Estado chileno de violar varios de sus derechos y de “perseguirla” judicialmente de forma arbitraria: “No quiero impunidad, quiero ir hasta el final”, asegura. En una extensa entrevista exclusiva con El Desconcierto por Skype, Marie-Emmanuelle Verhoeven explica las motivaciones de la demanda internacional y cómo enfrenta el proceso de recuperar su identidad, su salud y su día a día. marie emmanuelle verhoeven / Facebook ¿Cómo se encuentra, después de tantos meses lejos de los suyos y conviviendo con la incertidumbre? El regreso a Francia ha sido como una doble condena. Primero hubo el período del encarcelamiento, luego la persecución, y uno sueña mucho con el regreso. Pensaba que la libertad sería suficiente y sí, es extraordinaria, pero sola no alcanza para reparar. Estoy en un momento extremadamente complejo. Ni yo misma imaginaba el trauma real y verdadero que provocaría todo esto. Lo llaman choque postraumático porque el acoso y el estrés ha sido demasiado largo. Cuando uno ha sido encarcelado y perseguido por algo que no ha hecho, el cerebro en algún momento explota y eso es lo que me pasó. Desde enero estoy con tratamiento médico, pero estoy bien para ir superando esto poco a poco. ¿Cómo fue ese estallido que sintió? Pensaba que el regreso iba a ser mucho más fácil. Cuando regresé, ya no tenía que luchar, había pasado este momento de acción intensa. Entonces todo volvió, todo. En la noche revivía lo que me había pasado en la cárcel. No podía dormir y enfermé. Sin embargo, todo el mundo dice que ese proceso es completamente normal. La violencia, lo que trae violencia a la vida de uno, provoca una ruptura en algún momento. Los médicos comparan esta situación con una toma de rehenes, y en mi caso en realidad, me habían tomado como rehén. ¿A qué se dedica ahora? Cuando regresé, trabajé en la edición de mi primer libro, que fue publicado en noviembre en la India, en inglés, y en enero en Francia. Y trabajé mucho en las demandas. Además de la que he puesto en contra de Chile, hay otra denuncia por detención arbitraria, también en la ONU, en contra de la India, y otra en los tribunales civiles [de Nueva Delhi], para obtener reparación por daños y perjuicios. A fines de enero tuve que dejar de trabajar y estoy en convalecencia hasta septiembre. Libro Marie-Emmanuelle Verhoeven Portada del primer libro de Marie-Emmanuelle. «Mi carpeta estaba vacía» Sobre la demanda que presentó en la India, ¿en qué se basa? La presenté ante el Tribunal Superior de Justicia de Delhi. La base jurídica de la argumentación es una demanda por »procesamiento malicioso» [procesamiento arbitrario]. Son 6.000 páginas en las que denunciamos la colusión entre India y Chile, y demuestra que India actuó de manera consciente y maliciosa. El »procesamiento malicioso», existe también en Estados Unidos, y se refiere a cuando un Estado persigue a alguien haciendo actos ilegales. En ella menciono también los chancullos chilenos y burócratas indios. Escribí una carta a la ministra de Asuntos Exteriores de India sobre esto. También exijo reparación por daños y perjuicios. ¿Podría detallar algún episodio para entender esta colusión entre funcionarios de ambos países? Primero [el diputado UDI] Issa Kort fue a negociar con las autoridades indias mientras él formaba parte de la oposición y ni siquiera era Gobierno. Luego, y tal como se lo escribí a la ministra, un funcionario público que era subsecretario para Extradiciones, el señor Rajib Rajan, recibía órdenes directamente en su teléfono del embajador de Chile. Soy testigo de eso y no soy la única, por eso lo puedo decir. Sólo hace falta revisar los registros telefónicos. Esa información llegó hasta varios tribunales, y nunca se ha desmentido. De hecho, el cónsul estaba ahí y lo perturbó mucho ver esto. Me dijo: ‘y es embajador de Chile’. En varias audiencias Chile intentó manipular documentos, mandaron las ‘notas verbales’, que no se fundamentan en nada, pero –curiosamente– fueron aceptadas a pesar de no tienen ningún valor jurídico. Incluso, el hecho de que un funcionario público de bajo nivel pueda estar en contacto directo con un embajador en un caso judicial en el cual él mismo figura como testigo. ¿Sobre la parte de la reparación, en qué se basa la demanda? Estoy segura de que muchas cosas no pueden ser reparadas. Cada vez que voy a visitar la tumba de mi padre pienso, ‘ya es demasiado tarde, no alcancé a verlo, yo no estuve’. Cuando veo a mi nieta de cuatro años, me acuerdo que me perdí dos años y medio de su vida. Espero el reconocimiento de que mis derechos fueron violados, que hay personas que hicieron algo mal. La idea es evitar que se pueda repetir. En mi desgracia, igual tuve mucha suerte: conocí a personas de excepción, abogados quienes trabajaron gratis por mí, fueron a todos los tribunales. Pero otros se encuentran solos cuando les pasa algo así y es terrible. Son vidas destruidas. Sobre el recurso («comunicación individual») presentado ante el Comité de DD.HH. de la ONU, ¿cuáles son las principales acusaciones que hace en contra del Estado chileno? La principal demanda es por persecución judicial arbitraria, no se fundamentó en ningún elemento válido y fue ilegal porque todo lo que se hizo fue cuando estaba viajando. Los hechos que supuestamente se me imputaban datan del 1991. Chile hubiera podido solicitar a Francia cooperación jurídica, pero nunca lo hizo. Prefirieron ir a cazarme, porque es caza en territorio extranjero, donde uno está solo y no puede defenderse. Tenemos todos los documentos que demuestran que Chile nunca pidió cooperación internacional con Francia. El juez Mario Carroza explicó en una entrevista con este medio que se solicitó una comisión rogatoria, pero que usted se negó y el gobierno francés también. ¿Miente el juez Carroza? Para solicitar cooperación jurídica internacional y que sea aceptada, hay que presentar carpetas investigativas muy extensas. Mi carpeta estaba vacía. Yo en Francia nunca estuve en la clandestinidad, siempre he vivido en la legalidad. Cuando regresé en el 1995, entré a trabajar, tenía una dirección, aparecía en la guía telefónica. Era muy fácil encontrarme. Si Chile no ha presentado ningún documento oficial solicitando colaboración judicial o comisión rogatoria y le anularon la alerta roja de Interpol, ¿en este momento, usted es requerida por el juez Carroza? Nunca se han contactado conmigo. Ya no me acuerdo en qué año fue que mandaron una carta para interrogarme, pero luego no siguieron con los trámites. Creo que en una oportunidad los franceses recibieron una carta, en 2010, diciendo que los chilenos querían interrogarme, pero contestaron que para esto tenían que elaborar una carpeta, hacer una solicitud formal por las vías legales. Y hoy en día, ¿Chile tiene alguna acción en su contra vigente? El juez Carroza, en 2018, leyó públicamente la lista de las personas que estarían involucradas en el caso Guzmán, y yo no estaba en esa lista. ¿Podría poner algún ejemplo de la «arbitrariedad» de su «persecución»? En Alemania me detuvieron con una orden de detención ilegal porque no fue emitida por un juez. El juez emitió la orden de detención dos días después [de detenerme]. Luego, tal como lo dice la Corte Suprema de Chile, en India no existe tratado de extradición con Chile porque no había sido ratificado por ambos parlamentos, entonces inventaron uno. Otro ejemplo, el 21 de septiembre del 2015 el Tribunal Superior de Delhi dice que todo es ilegal y que hay que liberarme, pero entonces Chile manda una nota verbal para solicitar de nuevo mi detención. Y no me liberaron. ¿Qué tiempos tendrá este recurso? La duración respecto de su admisibilidad es alrededor de un año. En relación a la decisión final, no lo sé exactamente, creo que entre 3 y 5 años. Durante el procedimiento, van a solicitar información complementaria el Estado chileno. Teníamos la opción de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el proceso era muy largo, podía durar hasta diez años. Y además soy francesa, entonces era muy complejo. «Una oportunidad para hacer propaganda» marie emmanuelle verhoeven ¿Antes de la primera detención en Alemania en 2014, sospechó alguna vez que la querían detener? Creo que fue en 2010, que viajé a Brasil y me detuvieron. Me preguntaron si conocí a personas del FPMR, pero no me hablan del caso Guzmán. Yo expliqué que había trabajado [con ex combatientes del FPMR]. Entonces me dejaron ir. No existía una orden de detención internacional y hasta fines de 2013 pude viajar sin problemas. Los brasileños dijeron ‘no calza’ y seguimos viajando con mis hijos. ¿Cómo interpreta que, finalmente, dejen de vincularla con el caso Guzmán en un momento en el que Francia tomó protagonismo por la extradición y asilo político de Ricardo Palma Salamanca? La justicia chilena, el juez Carroza y todos los demás, saben que todo esto es un montaje. Ahora que puedo expresarme públicamente ya no me pueden decir nada, porque no hay nada en la carpeta investigativa. Lo dijo también el juez Cerda, que no hay ni un elemento que me vincule con el caso Guzmán. ¿Por qué cree que la tomaron a usted como víctima de este montaje que acusa? Creo que me vincularon con el caso porque, en algún momento, por trabajo estuve en contacto con algunos presos y creen que quizás sepa algo. ¿Qué? No lo sé, porque no sé nada. Y en esta locura neonazi, yo fui una buena oportunidad para ellos para hacer propaganda. Además, no estaba [en Chile], entonces podían contar todo lo que querían. ¿Cree que tiene que ver con su ideología, con una forma de persecución ideológica? Siempre fui de izquierda y siempre voy a ser de izquierda, en un sentido un poco antiguo de la palabra. Cuando estaba en Chile todo el mundo lo sabía, y sabían que era cercana a personas de izquierda. Si hubiera sido de derecha, no hubiera ocurrido nada de esto. Pero creo que está ligado realmente a mi trabajo con los presos. ¿Cuál ha sido el rol de las autoridades de los tres estados? En India recibí el apoyo de un senador [y ex ministro] Subramanian Swamy, muy de derecha pero con principios. Siempre ha denunciado temas de corrupción. Él ha escrito el prólogo de mi libro y explica, justamente, que los funcionarios indios fueron como los secuaces de Chile. Sabemos que algunos chilenos que estaban en India –no el Estado– tenían contacto con funcionarios [indios] y tenían en sus manos mucha plata. La carta que mandé a la ministra de Asuntos Exteriores de India tuvo el efecto de una bomba, porque le di todos lo nombres y toda la información. Después de eso hubo muchos funcionarios que fueron reubicados de sus puestos de trabajo. ¿Ha echado de menos recibir apoyo de representantes políticos de su país o de Chile? Francia estuvo presente permanentemente, tanto en la detención de Alemania como en India. Los franceses, como yo, al principio decían que era un tema de justicia. Al principio, yo quería una salida por la vía de la justicia, no quería una solución diplomática porque sabía que no había hecho nada. Los franceses siempre estuvieron presentes. Por ejemplo, el senador Olivier Cadic o el ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Jean Marc Ayrault, que fue muy activo. Pero yo quería hacer las cosas yo misma, entonces escribía yo directamente. Escribí a los ministros, a la presidenta de Chile y al primer ministro de India, que me dio protección de la policía cuando estuve en libertad condicional. Respecto de Chile, mi única respuesta es que cada uno vive con su propia conciencia. Chile dentro de América Latina fue el país que más ayuda internacional recibió en la dictadura, en momentos muy difíciles. Me acuerdo de cosas que se hacían en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Por eso digo que cada uno hace lo que quiere con su consciencia. Me arreglé sola en eso y, además, hay otro punto importante: soy mujer, y eso es algo a considerar. Explíquenos. Es mucho más fácil atacar a una mujer. Más fácil y mediocre. Más feo también. Para mí, enfrentar eso fue difícil. La mujeres sufren mucho, no sé cómo explicarlo. La cárcel de las mujeres en la India es un lugar muy duro, son personas totalmente excluidas de la sociedad. Se las cuida a ellas menos que a los hombres. «Era evidente que Francia no extraditaría a Palma Salamanca» marie emmanuelle verhoeven / Facebook En los artículos publicados en Francia, hay una entrevista de 31 de julio de 2017 publicada en Le Parisien, tras su liberación, en la que el medio da derecho a réplica de la entonces embajadora chilena en Francia, Marcia Covarrubias, quien expone su versión de los hechos. Ella dice que usted fue puesta en libertad por razones de salud, no porque el proceso fuera ilegal. Para cerrar un caso de extradición, no se puede entrar en el fondo, tiene que quedarse en la forma. Hay tres razones [por las que se cerró]: la primera es porque Alemania dijo que era ilegal; la segunda es porque soy francesa y qué tiene que ver Chile con Francia; y la tercera porque, efectivamente, mi estado de salud estaba cada vez peor. Cuando ella hizo eso, Le Parisien después le escribió de vuelta para poner las cosas claras porque el diario había tenido acceso a la orden de liberación de India. La extradición de Palma Salamanca tuvo mucho impacto en Chile, porque primero Francia se negó a extraditarlo y luego le entregó refugio político. ¿Cómo vivió esta noticia? ¿Cómo cree que afecta a la imagen de Chile a nivel internacional? No solo la justicia francesa no ha ido a favor de Chile, tampoco la justicia belga, la suiza, la española y la justicia de Inglaterra. Chile nunca ha tenido acceso a la extradición por este caso y otros que tienen que ver con la dictadura. En Francia no hablaron casi nada sobre esto. Para mí, era evidente que Francia nunca lo extraditaría, era imposible. Lo que leí es que Chile trató de ingerir en este asunto. Lo intentaron conmigo en Alemania y cuando lo hicieron los jueces alemanes llamaron a mi abogada de noche para decirles que esto nunca antes había pasado. Chile no sabe y no respeta la ley internacional ni las leyes de los otros países. Creo que la justicia chilena sabía perfectamente que Francia no iba a extraditar a alguien que hizo su declaración bajo tortura. Me sorprendió la velocidad tan rápida en lo que se resolvió. ¿Cree que su caso pudo haber influido en la resolución sobre Palma Salamanca? No, mi caso, no. Pero sí estoy segura de que las autoridades francesas fueron sorprendidas por la manera como los chilenos manejaban sus casos. Creo que Issa Kort no fue muy bien recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Francia. Mirando hacia el futuro, ¿qué proyecta a partir de ahora? Si hay una cosa que aprendí es que en la vida no puedes saber lo que te puede pasar mañana: por eso disfruto cada día. Trato de explicar eso y nadie me entiende, pero intento disfrutar cada día con mi nieta y con mi perro. Cuando tenga la cabeza más tranquila voy a ver qué hago. Tengo 60 años, ya no tengo 20, y la recuperación será diferente. Estoy terminando ahora mi segundo libro. ¿Cómo quiere cerrar este episodio? Este caso está cerrado. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Era importante, para mí, ir hasta el final del procedimiento. A partir de ahora, queda en manos de la justicia. La única cosa que me va a perturbar para siempre, hasta que me muera, es pensar que mi papá se murió con una tremenda angustia y que no tuvo un final de su vida tranquilo. Es muy difícil vivir con eso. También te puede interesar: «Caso Guzmán: La travesía de Marie Emmanuelle Verhoeven por recuperar su identidad» |
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